ANÁLISIS | Portada
Educación
Claudia Romero
La esperanza de escolaridad
En América latina existe educación de buena calidad, pero está disponible solo para algunos. Y aunque pudiera garantizarse el acceso a todos, esto no equivaldría a igualdad de oportunidades porque los logros de los alumnos están condicionados fuertemente por su procedencia socioeconómica. Nuestro desafío entonces es doble: mejorar la calidad educativa y, simultáneamente, garantizar inclusión y equidad.
La buena noticia es que la Argentina muestra aún una esperanza de escolaridad muy elevada. Este indicador, análogo a la esperanza de vida, mide la cantidad de años de estudio que cumplirá un chico de 5 años que se incorpora hoy al nivel preescolar. La Argentina, cuya esperanza de escolaridad es de 17,4 años supera a Corea, Brasil, Chile y México. Pero, ¿por cuánto tiempo más podremos sostener esta esperanza, sustentada en la potencia del gran proyecto educador del siglo 19?
Es cierto que la inversión en educación precede al desarrollo económico y social –así lo muestra la historia de los grandes países–, pero esa inversión debe ser inteligente. En los últimos años creció el presupuesto educativo en la Argentina, sin embargo no alcanza con tener más recursos, hay que usarlos mejor. Aportar más dinero no es igual a enriquecer la educación.
Para que los mayores esfuerzos presupuestarios se traduzcan en mejora educativa se requiere: racionalidad, articulación y creatividad. Aumentar la racionalidad del sistema implica tomar decisiones mejor fundadas, basadas en información y evaluación confiable, relevante y pública. Promover la articulación permite enlazar diversas políticas públicas haciendo de la escuela un centro de desarrollo. Por fin, la apuesta a la creatividad es reconocer que para muchos viejos problemas, como el modelo de escuela secundaria o la formación docente, se requerirán altas dosis de innovación.
Un sistema educativo más racional, más articulado y más creativo permitirá conservar la esperanza, condición insoslayable de toda buena educación.
Claudia Romero es, directora del Área de Educación de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).
Ignacio Vaca de Osma
Educación inteligente
La coyuntura actual impulsa a los diferentes actores de la sociedad, tanto públicos como privados a estimular una transformación que genere oportunidades de crecimiento. La economía del siglo 21, basada en los servicios y el conocimiento, ha alterado el panorama y exige habilidades y formas de aprendizaje diferentes. La inteligencia y el conocimiento rodean la manera en que el mundo opera.
En la medida en que exista un compromiso asociado entre los sectores público y privado para facilitar el acceso a la educación, capacitación y nuevas tecnologías que soporten la investigación y el desarrollo, se podrá hablar de crecimiento y desarrollo competitivo para el país.
La tecnología juega un rol importante en este contexto, ya que permite la adaptación a los nuevos desafíos e impulsa la transformación de los sectores que, como el educativo, son la base para crecer y competir de manera sostenida.
La Argentina presenta un panorama positivo. Los programas que impulsan la continuidad en la cadena formativa, la capacitación en tecnología y la ampliación de la cobertura de acceso al uso de tecnologías de la información están siendo una parte fundamental de la agenda conjunta de ambos sectores, el público y el privado.
En economías emergentes como la de nuestro país, que posee un importante posicionamiento en los mercados del mundo en materia de tecnología y grandes oportunidades para continuar creciendo, el acceso a la educación debe ser incondicional y abierto. Los procesos de formación deben incentivar la colaboración y compartir información de manera dinámica e inmediata por medio de herramientas, métodos y tecnologías basadas en el valor del conocimiento.
En la medida en que nuestro país cuente con profesionales capacitados y con el desarrollo de las competencias requeridas para enfrentar mercados en crecimiento, estaremos cada vez mejor preparados para responder a los desafíos globales en un mundo que se vuelve no solamente más pequeño, sino más inteligente.
Trabajemos en conjunto para construir una Argentina más inteligente.
Ignacio Vaca de Osma es director de Marketing, Comunicaciones y Ciudadanía Corporativa y miembro del directorio de IBM Argentina.
Javier Goñi
Poner foco en los ejes básicos
Año a año las generaciones que vienen tienen una peor calidad de educación, aunque hoy la información fluye a gran velocidad y sobreabunda. El “googleo” nos pone al alcance de la mano mucha más información de la que pudiéramos haber tenido los que nos pasamos tardes enteras haciendo investigación en bibliotecas.
No es que crea en aquello de “todo tiempo pasado fue mejor…”; por el contrario se trata de reflexionar sobre las cosas fundamentales de la educación que siento que se han perdido. Hoy, cuando se habla de educación se alude a la “cantidad de días de clases” o de “programas para incluir a más gente” –con la peligrosa tentación de caer en los típicos facilismos populistas–, o de cambios de formas o nombres de los ciclos lectivos sin ningún valor agregado real.
Y es allí donde radica el mayor problema. Hemos reducido el concepto de educación a una simple y burda acumulación de información y de cumplimiento de programas, y discutimos si están bien o están mal los contenidos de la educación sexual en lo colegios, pero no reflexionamos sobre la esencia de la educación misma.
La mediatización a la que estamos expuestos hoy lo único que hace es estimular el “reciclado” de información, muchas veces falsa, sin que haya claridad acerca de la confiabilidad de la fuente, –es más, hasta pareciera que eso no importara– sin estimular la generación de conocimiento. Eso es grave, porque nos convierte en meros receptores, casi autómatas, sin ninguna capacidad de estimulación del pensamiento
La verdadera educación debe hacer pivote sobre los ejes básicos para la formación del ser humano como los valores; la capacidad de pensar; la de analizar la información que está disponible y elaborar con ella una idea; la capacidad de combinar información para generar cosas novedosas que permitan avances a la sociedad.
Para generar un cambio en una sociedad donde pareciera que la educación se ha resumido a buscar información en Internet y hacer el “copy-paste” es necesario contar con dos elementos fundamentales: a) un verdadero proyecto educativo a largo plazo, y por sobre todo y más importante, contar con b) aquellos que lo puedan llevar a la práctica, es decir con verdaderos educadores, para que sean ellos los que tomen las riendas de la educación en lugar de los medios masivos.
Y es por aquí donde reside la clave, por donde debe empezar el cambio: debemos volver a formar educadores de primer nivel. Pero entonces, ¿quién educa a esos educadores? y he aquí otro dilema, porque los pocos buenos educadores que aún quedan no son respetados ni valorados como tales , y nos enfrentamos entonces a generaciones nuevas de educadores que no han sido formados en valores, y así sucesivamente en una espiral negativa.
Pero no todo esta perdido, todavía hay gente preocupada, y lo que necesitamos es pasar a la acción y desde las políticas públicas hacer de la educación un tema de largo plazo. Los procesos educativos son largos (por suerte, porque así como lleva años construir, también lleva años destruir), por lo tanto todavía podemos rescatar, desde varios ámbitos, aquellos valores y elementos que permitieron el desarrollo de nuestra sociedad y, a partir de un plan de trabajo apoyado con las nuevas tecnologías, volver a establecer un sistema educativo que fue modelo en el mundo.
Es una obligación no ya para con nuestros hijos, sino para con nuestros nietos.
Javier Goñi es Ceo de Alpargatas.
Alberto Croce
Desafíos para los próximos años
Todos sabemos que no habrá futuro deseable para nuestro país que no esté acompañado por logros importantes en materia educativa. Las tareas pendientes no son pocas. Hay cuestiones que son prioritarias por su magnitud y otras por su profundidad. Los próximos años nos deben encontrar alcanzando metas en todos estos sentidos.
Entre las primeras, tenemos que lograr que todos los niños y jóvenes en edad escolar estén dentro del sistema educativo. Esto implica hoy, fundamentalmente, trabajar sobre los dos extremos del sistema: la educación inicial y la educación secundaria. Los más pequeños no cuentan hoy con suficientes establecimientos para poder garantizar su derecho a la educación. Por otro lado, más de 50% de los adolescentes, en especial de los más pobres, abandonan antes de finalizar la escuela secundaria. Son dos deudas gigantescas del sistema para con el pueblo de la nación. Pero, además, tenemos que atender a los cientos de miles a quienes no hemos podido garantizar su educación en los tiempos en que debían haberlo hecho.
También tenemos que lograr un mayor y mejor financiamiento educativo. No solo contar con más recursos, objetivo absolutamente necesario para poder responder a estos desafíos, sino lograr también una mejor distribución, sobre todo de los recursos públicos, entre provincias y sectores, en un país tan desigual.
Contar con la cantidad de docentes necesarios para cubrir las exigencias de una cobertura total de la población implica redoblar los esfuerzos por una formación docente que acompañe la “revolución educativa” que nuestro futuro requiere.
Entre las segundas, están los requerimientos que surgen de lograr calidad educativa. Se trata de una cuestión crucial. La efectiva transformación de la escuela secundaria es una de las primeras tareas pendientes en esta dirección. Pero ese esfuerzo no se debe agotar en el nivel educativo. El futuro requiere de personas que desarrollen, en la escuela, las capacidades básicas para poder enfrentar los desafíos del conocimiento y de la participación activa y positiva en la sociedad.
La participación de todos los actores en el debate y acción educativa –en particular la de los docentes, los alumnos, los padres, las organizaciones sociales– el fortalecimiento de la escuela pública para que sea opción válida y prestigiosa para todos, la desmercantilización de los procesos educativos en todo nivel, y el reconocimiento efectivo y diferencial de las escuelas de gestión social forman parte de esta importante agenda referida a las cuestiones prioritarias por profundidad.
No solo nos planteamos estos objetivos como país. Lo hacemos en conjunto con todos los países de la región, expresados en lo que llamamos Metas 2021, que serán ratificadas por todos los países en la Cumbre Iberoamericana de Buenos Aires de 2010, para abrir las puertas de un Bicentenario mejor en términos de derechos, justicia educativa y futuro para todos y todas quienes habitamos el suelo argentino.
Alberto Croce es director ejecutivo de la Fundación SES y miembro de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación.
Gustavo Iaies
A la búsqueda del círculo virtuoso
La educación argentina está sumergida en una crisis que puede observarse en las evaluaciones internacionales. Tanto los resultados de la prueba PISA, aplicada en alrededor de 60 países, como del Laboratorio de evaluación de la Unesco, aplicada a casi todos los países de América latina, nos muestran entre los países con mayor caída en los últimos años.
Esta caída se combina con una suba en las tasas de deserción, en particular en la educación secundaria: desertan más alumnos y eso no ocurre por mayores niveles de exigencia.
La sociedad reacciona al igual que con la salud y la seguridad: se refugia en las ofertas de gestión privada. Solo entre 2003 y 2006, 5,1% de las familias de los grandes centros urbanos tomó esa opción, y no exclusivamente las de quintiles más altos: 4,8% de alumnos del segundo quintil de ingresos optó por la gestión privada.
La crisis de 2002 puede ser vista como el inicio o la agudización de este deterioro, ya que el sistema educativo no ha podido contener semejante crac social.
¿Qué hacer?
Primero, asumir que tenemos un problema y queremos solucionarlo. No se observan demandas de los padres, ni de los maestros, ni de la opinión pública en general. Y hablamos de demandar, no de protestar.
Explicitar responsabilidades e incentivos para cumplirlas. Así como estamos, no pasa nada si los chicos no aprenden, repiten o abandonan la escuela, si los maestros faltan o los funcionarios no cumplen compromisos. Hay que definir claramente las responsabilidades de alumnos, padres, maestros, directores, supervisores, funcionarios y de la sociedad en general, incentivar su cumplimiento, y reconocer el mérito.
Contar con información clara y bien distribuida. Si queremos mejorar la calidad de la educación y la retención de los alumnos en la escuela, tenemos que contar con datos que nos indiquen cómo vamos, para tomar decisiones correctivas. Nuestra sociedad parece estar acostumbrándose a “imaginar” la realidad, más que a mirarla en números.
Estos son primeros pasos básicos que nos pueden ayudar a salir del círculo vicioso en el que estamos encerrados. No nos propongamos grandes cambios, nuestra sociedad no parece en condiciones de asumir grandes decisiones colectivas. Se trata de construir un círculo de la mejora en busca de la excelencia y empezar a transitarlo, lenta pero continuamente. Como lo están haciendo otros países.
Gustavo Iaies es presidente de la Fundación CEPP (Centro de Estudios en Políticas Públicas).
Axel Rivas
Educación de gestión social
La Ley 26.206 de Educación Nacional reconoció por primera vez a la educación de gestión social como una figura específica que se diferencia de la oferta estatal y de gestión privada. Las instituciones educativas de gestión social tienen una amplia y variada trayectoria que ha tendido a confluir en los años recientes a través de encuentros, redes de trabajo y la creación de un Consejo Federal de Educación de Gestión Social.
Las características centrales de la educación de gestión social abarcan al menos tres puntos. Primero, constituyen proyectos educativos (escuelas o instancias no formales) con un alto grado de compromiso social, que aspiran a garantizar una oferta gratuita de calidad para los sectores sociales más vulnerables en todo el país.
Segundo, tienen un claro eje pedagógico, un proyecto propio que aglutina a los docentes, directivos y a la comunidad educativa, con diversidad de propuestas, pero con la marca común de una sólida fundamentación pedagógica y social.
Tercero, se trata de instituciones con un modelo de gobierno participativo y democrático, que se basa en el compromiso institucional de todos los actores con derechos concretos en la gestión institucional.
Luego del reconocimiento formal en la legislación educativa, el Estado nacional debería asumir un rol de liderazgo en las pautas que reglamenten la creación de un sector específico y su institucionalización, por ejemplo a través de un relevamiento a escala nacional de la oferta de gestión social existente.
Axel Rivas es director del Programa de Educación de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).
Salud
Aldo Neri
Remedios para una buena salud
Ante todo, no desesperar frente a este sistema de servicios de salud fragmentado, ineficiente, inequitativo, con grandes carencias y parejos despilfarros. La salud no solo depende de él sino, más, la calidad de nuestra vida. Además, se puede mejorar, si hay voluntad social y política. Hoy no hay.
El mercado es bueno para los televisores, los sobretodos y los tractores; aquí no sirve; peor todavía, discrimina, excluye y encarece.
Sin protagonismo del Estado no hay solución, pero el que tenemos –con un federalismo mal entendido que atomiza más–, tampoco sirve.
El futuro se construye –o debería– con universalidad de cobertura igualitaria para pobres, ricos e intermedios, porque en este campo la moral de la democracia –como en la educación– rechaza las diferencias.
También con una utilización integral de los dispersos recursos humanos y materiales para atender a la gente. Y esto presupone un marco regulatorio común al Estado y al sector privado, que se reparten aquellos recursos. Y también presupone una superación del enclaustramiento de la población, con derechos hoy condicionados según rama laboral, solvencia económica o informalidad laboral.
Más todavía, implica una organización que enfatice un servicio de salud con mucha base preventiva y de baja complejidad tecnológica, gradualista y humanizado, y que no sirva a los abusos corporativos de ganancias, poder político o relumbrones profesionales. Un paradigma tan alejado del consumismo desatinado como de la desprotección.
Y como corolario, una población mejor informada, comprometida y activa, consciente de que es también, individual y colectivamente, protagonista de su destino en salud.
¿Utopía? Quizás sí. Pero la utopía está siempre en el nacimiento de toda construcción de futuro.
Aldo Neri es médico y ex ministro de Salud de la Nación.
Pablo Giordano
Priorizar, una decisión difícil
La Argentina ha sido admirada en toda Latinoamérica durante décadas por su nivel de excelencia educativa y sanitaria. Miles de latinoamericanos se formaron en las universidades argentinas. Pero progresivamente hemos perdido el prestigio obtenido y peor aún, nada indica que la decadencia en ambas disciplinas se revierta.
Toda acción o inacción tiene responsables. En el tema que nos ocupa, ha sido el Estado en sus sucesivos Gobiernos, el culpable por ignorar a la salud y la educación como merecedoras de políticas públicas. Por el contrario, se han valido de ellas como semillero político hasta convertirlas en ámbitos partidarios de poder.
Si aceptamos que sistema significa un conjunto ordenado de elementos que contribuyen a un fin, nuestro país carece de un sistema de salud. No hay una articulación e integración armónica entre sector público, obras sociales y entidades de cobertura médica privada.
Para comenzar por lo más básico, no mejorará el nivel sanitario de la población si no existen las condiciones previas necesarias:
• Agua potable.
• Ambiente sano (saneamiento del Riachuelo).
• Red cloacal.
• Condiciones de vida segura.
• Educación.
• Trabajo.
• Vivienda digna.
En el país hay 20 millones de personas sin cloacas de las cuales ocho millones no tienen agua potable.
Es prioritario combatir la desnutrición infantil que es la usina que produce discapacitados.
Debe alentarse la complementación público-privado en salud, adoptada por países como Brasil, Chile, China, España, Inglaterra, República Dominicana y tantos otros.
Los contenidos de la formación médica de pre-grado y residencias debe ser modificada, revalorizando su componente humanístico.
Hay que legislar con realismo: prioridades en salud, calendarios de ejecución, criterios de evaluación y posibilidades de financiamiento.
Las personas deben ser corresponsables de su salud (obesidad, alcoholismo, fertilización asistida, tabaquismo y otras adicciones).
Priorizar en salud es una decisión difícil pero inevitable para extender la asistencia sanitaria a mayor número de personas, lo cual implica limitar el número de prestaciones cubiertas.
Una canasta prestacional como el programa médico obligatorio solo podrá cumplirse en todos los rincones del país mediante una prolija revisión técnica con evaluación de costo beneficio de las prestaciones que lo integran, tomando en cuenta los recursos financieros disponibles. Caso contrario, se seguirá brindando todo a unos pocos y poco o nada a la mayoría del pueblo. Tarde o temprano, la falta de recursos obligará a decidir.
Pablo Giordano es presidente de ADEMP (Asociación de Entidades de Medicina Privada) y presidente de Staff Médico.
Juan Garibaldi
Papel de la prevención
La salud es un bien que generalmente se valora cuando falta. Es decir, cuando nos sentimos mal, cuando tenemos a alguien cercano que está sufriendo, cuando estamos imposibilitados de hacer algo por estar enfermos. Es allí cuando tomamos real conciencia de lo importante que es tener salud.
Ahora bien, la salud entendida como “sistema sanitario”, como “política” o como institución (hospital), etc. también sufre el mismo mal, se “anhela” cuando falta, cuando es escaso o cuando tiene un mal funcionamiento.
La clave está en que en ambos casos miramos a la salud desde un mismo ángulo: el de la cura.
¿Qué pasaría si intentáramos ver las cosas de otra manera? ¿Cómo sería si nos ponemos a pensar que salud es también sinónimo de prevención? ¿Cuánto nos ahorraríamos en dinero, preocupación y tiempo si tomáramos conciencia de que con la adquisición de algunos hábitos saludables podemos prevenir antes que curar?
Las experiencias vividas en estos últimos días a causa de la gripe A nos indican que la prevención cumple un rol fundamental y que con la colaboración y el compromiso de toda la comunidad es posible mantener, mejorar y revertir situaciones en las que la salud se encuentra “vulnerada”.
Creo firmemente que es imperioso comenzar por prevenir. Y no lo sostengo solo como persona de manera individual sino que también lo hago como gerente general de una compañía que se esfuerza por generar conciencia preventiva en la sociedad. Clorox produce “lavandina”.
Es bajo esta concepción de “rol social de la lavandina” que la compañía trabaja en acciones que tienen como común denominador la desinfección como prevención, como modo de reducir la propagación de ciertas enfermedades.
Juan Garibaldi es vicepresidente y gerente general de Clorox para el Cono Sur.
Federico Tobar
Cómo reducir la fragmentación
El mayor problema de nuestro sistema de salud no es la falta de respuestas sino que hay demasiadas respuestas desarticuladas. Esta fragmentación permite que frente a los mismos problemas de salud, las personas reciban cuidados diferentes.
El remedio para la fragmentación consiste en asumir protecciones en salud y fijar los responsables por brindarlas. En la década de los 80 el estado de Oregón en Estados Unidos definió que todos los ciudadanos deberían recibir iguales cuidados en cantidad y calidad frente a un grupo limitado de enfermedades. Chile avanzó aún más al implementar su Aseguramiento Universal de Garantías Explícitas por el cual se definieron protocolos que establecen cómo deben ser tratadas las 56 enfermedades de mayor impacto. Ya sea que la responsabilidad primaria recaiga sobre el sistema público o el privado, todo ciudadano que padece esas enfermedades debe recibir los mismos cuidados.
El primer paso para reducir la fragmentación es que el Consejo Federal de Salud (integrado por todos los ministros de Salud de la Nación y las provincias) debe definir un conjunto acotado de enfermedades a ser priorizadas. Luego es necesario validar junto con las entidades médicas, académicas y científicas, los protocolos y guías de atención.
Pero lo más importante es designar quién es responsable por estas garantías. Los servicios públicos tienen que conocer a la población que tendrán a cargo y salir a buscarlos, en vez de permanecer a la espera de que la gente venga a demandar las prestaciones. Esto requiere que su desempeño sea evaluado y tiene como condición que se disponga de infraestructura y personal adecuados.
Una vez que el sistema público pueda garantizar tales cuidados se exigirá a los seguros que también los brinden. Será tarea de la Superintendencia de Servicios de Salud transformar el Programa Médico Obligatorio en guías de cuidados y verificar que obras sociales y prepagas los concreten en la población que tienen a su cargo.
Las garantías explícitas construirán puentes entre el sector público, las obras sociales y las prepagas. Los argentinos que padezcan los mismos problemas de salud tendrán respuestas de calidad homogénea. Más que un modelo de reforma de salud es una estrategia para construir ciudadanía.
Federico Tobar, ex coordinador general del Programa Remediar y consultor internacional en política de medicamentos.
Protección social
Eduardo Amadeo
El país que hay que transformar
Estos seis años de crecimiento a “tasas chinas”, han constituido una experiencia frustrante desde el punto de vista de la pobreza, que sin embargo deben servir para reflexionar hacia el futuro.
Nuestro país es cada vez más pobre y falto de equidad desde hace 30 años; y luego de este último período, es ya evidente que: a) con el crecimiento no alcanza para superar esas carencias; y b) que la Argentina son dos países, separados por una valla que ya parece insuperable.
El país que debemos transformar está formado por entre cinco y 10 millones de personas que arrastran pobreza profunda desde hace largo tiempo; han degradado su capital educativo y tienen un acceso limitado a la educación de calidad; trabajan en un sistema pobre para pobres sin cobertura social alguna y sus hijos están reproduciendo aceleradamente la pobreza de sus padres.
A ellos, el crecimiento no les alcanza, y son muy vulnerables a las crisis macroeconómicas y, en especial, a la inflación, que les sumergen cíclicamente en la pobreza.
Además de una razón ética básica, esta situación pone un límite a la posibilidad de crecimiento en el largo plazo y degrada, por la violencia asociada con la inequidad, las condiciones de vida de toda la comunidad.
Resolver este problema debe ser entonces un objetivo de toda mirada estratégica de la Argentina, sobre la base de un acuerdo político que sea política de Estado. Y que se concentre en cuatro dimensiones: 1) Considerar el impacto sobre la pobreza en todas las decisiones económicas, en especial en aquellas que introduzcan inestabilidad en el funcionamiento social, como la inflación; 2) Establecer un programa sostenible de largo plazo para transferir un ingreso mínimo a las familias más pobres; 3) Producir una seria reforma educativa que asegure acceso y calidad para los más pobres; 4) Generar acciones focalizadas sobre los jóvenes, que son hoy la población con mayores niveles de riesgo, en especial para la inclusión en el mercado laboral.
Una Argentina estable y en crecimiento sostenido puede cambiar este drama, pero exige voluntad, recursos y buena administración.
Eduardo Amadeo, ex secretario de Desarrollo Social de la Nación.
Daniel Arroyo
Para mejorar la situación social
Los problemas sociales en la Argentina son diversos pero se concentran en tres: la pobreza estructural que representa a 10% de la población que no cubre las necesidades mínimas de vivienda o nutricionales; la precarización laboral que refiere a 40% del sector informal de la economía (trabajo en negro o cuentapropistas) y la inclusión de los 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan.
La evolución de la pobreza se encuentra vinculada a las actividades económicas, especialmente la construcción, la industria textil, el calzado, la metalmecánica, las curtiembres y los frigoríficos, que son las que mejor incorporan a los sectores con baja calificación y que, desde 2007 en adelante, están en proceso de amesetamiento.
Sobre este diagnóstico parece necesario encarar un conjunto de políticas públicas en los próximos años que, al menos, contengan cinco aspectos:
a) Un programa progresivo de universalización de las asignaciones familiares que extienda el salario familiar a los 3.300.000 niños y jóvenes que hoy no acceden porque sus padres no están en el trabajo formal. Se trata de ir, por etapas, hacia un plan con un costo presupuestario de cerca de $4.000 millones que equipararía condiciones y crearía un nuevo derecho.
b) Una reforma del sistema educativo que revise los objetivos de la escuela secundaria y el nivel terciario y los ponga en línea con los sectores productivos estratégicos.
c) La masificación de los sistemas de microcréditos existentes que logren llegar a los casi cuatro millones de cuentapropistas que tienen tecnología atrasada y, por tanto, interactúan mal con el mercado.
d) Un “plan Marshall” con apoyo económico para rescatar a los jóvenes que están fuera del mercado y tienen dificultades de adicciones y hacinamiento. La clave aquí es generar una red de tutores creíbles para los jóvenes.
e) Una paulatina reforma de las áreas sociales estatales que permita poner en marcha políticas públicas en tiempo real, achicando la distancia entre los diseños y las acciones.
Se trata de ideas para debatir que podrían dar lugar a políticas públicas que se pongan en marcha en el corto plazo, en un contexto social que aparece como crítico para los próximos años.
Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires.
Justicia y seguridad
Gastón Chillier
El delito como fenómeno social
Las legítimas demandas que se alzan desde diferentes sectores de la sociedad cuestionan la falta de respuestas estatales para garantizar mayor seguridad. Muchos de estos reclamos no tienen pretensiones de lograr una efectiva reducción de la violencia, sino que se limitan a exigir resultados urgentes y fustigar la debilidad del Estado para incrementar controles y castigos. Estas perspectivas consideran a la ley de un modo ambiguo. Si bien la violación de las normas es la que genera las denuncias, esas mismas leyes son vistas como un obstáculo en tanto imponen límites al poder represivo estatal.
Desde posiciones más democráticas resulta fundamental incorporar al debate la visión del delito como un fenómeno social, sin que esto implique dejar de prevenir, investigar y sancionar. Es necesario comprender la inseguridad en el marco de un sistema democrático que, a lo largo de los últimos 25 años, no solo no redujo, sino que agravó las ya profundas desigualdades sociales. Solo a partir de este diagnóstico es posible dejar atrás la concepción de la seguridad como una cruzada que enfrenta a delincuentes y ciudadanos honestos.
La perspectiva sobre los derechos humanos también ha contribuido a demostrar que la inseguridad no es un fenómeno externo al Estado. No es la ausencia estatal la única causa de los delitos, sino también ciertas formas de su presencia que promueven prácticas ilegales y violentas.
Las respuestas que ensayan los poderes públicos ante los pedidos de ley y orden contribuyen además a dar forma al debate en torno a la seguridad y sus posibles soluciones. La actitud muchas veces irresponsable de distintos líderes políticos que, en lugar de promover políticas para lograr soluciones de fondo, optan por colocarse a la cabeza de los reclamos autoritarios retroalimenta un sistema excluyente. Como ya ha quedado largamente demostrado en la Argentina, este tipo de iniciativas agravan el problema de la inseguridad y generan nuevas violaciones de derechos.
Gastón Chillier es director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Diego Gorgal
Priorizar el narcotráfico
La Argentina –en los últimos 20 años– pasó de ostentar estándares de seguridad típicamente europeos ha acercarse a la media latinoamericana, que es la región más violenta del mundo. Los 1.500 delitos cada 100.000 habitantes de 1991 se transformaron en 3.500 en 2002, es decir, crecieron 133%. En otras palabras, nuestro país sufrió un proceso de latinoamericanización en sus niveles de seguridad.
No aconteció repentinamente. Antes bien, es el resultado de una serie de transformaciones sociales, económicas, institucionales y legales producidas en estas dos décadas y aún vigentes. Así como el delito no es hoy como hace 20 años, tampoco lo es la sociedad ni el Estado.
Esto implica que la solución no descansa en una medida, en una política o en una fórmula legal mágica. Por el contrario, requiere una agenda integral de corto, mediano y largo aliento.
Dicha agenda debe incluir un núcleo duro de políticas, como el involucramiento de los municipios y ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación nacionales y provinciales en la implementación de programas de prevención situacional y social del delito; la reforma en los sistemas penitenciarios; un nuevo régimen penal de la minoridad; la modernización de las fuerzas policiales, por citar algunas cuestiones. Ahora bien, hay dos políticas –generalmente soslayadas– que se reclaman como pilares de aquella agenda.
1. Reforma en la administración de Justicia. No habrá política de seguridad exitosa si no se concreta una mejora sustancial en los medios y los procedimientos con arreglo a los cuales el Estado reúne evidencia, investiga, acusa, juzga y condena al sospechado de delinquir. Si esto lo hace bien, el Estado generará disuasión. Si lo hace mal, no importa cuánto incremente el rigor de las penas o con cuánto equipamiento dotemos a la policía.
2. Reforma del sistema de seguridad interior de modo de focalizar la agenda de seguridad del Gobierno nacional en el narcotráfico. Esta es “la” cuestión estratégica y reclama el involucramiento de las fuerzas federales pero también de la AFIP, la Aduana, la UIF y Migraciones, entre otras agencias estatales. Tenemos graves vulnerabilidades que nos exponen a los riesgos que presenta el escenario regional.
No hay solución “¡llame ya!”. Solo hay estudio, consensos y trabajo sostenido en el tiempo.
Diego Gorgal es licenciado en Ciencias Politicas, profesor del Instituto de Ciencias Politicas (UCA). Ex ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Christian Gruenberg
La información, aún para pocos
Durante los últimos 10 años, se sancionaron y aplicaron leyes de acceso a la información pública con diseños diversos y desempeños dispares en 10 provincias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Poder Ejecutivo Nacional (ocho leyes y cuatro decretos). Y si bien algunos municipios también han regulado el acceso a la información, se trata de una tendencia excepcional entre los 1.152 municipios que existen en el país.
Resulta fundamental que el resto de las provincias y que la mayor cantidad de municipios posibles sancionen y apliquen normas de acceso a la información pública y se trabaje en red para comparar e intercambiar experiencias. Pero la gran asignatura pendiente es la sanción de una ley nacional que no solo regule el acceso a la información al Poder Ejecutivo Nacional, sino que incluya también al Poder Judicial y al Legislativo.
Sin embargo, la expansión del derecho de acceso a la información no solo es cuestión de legislar. También implica una segunda ola de reformas en profundidad, dirigidas hacia la inclusión de los grupos socialmente excluidos y discriminados por razones de clase, género, orientación sexual, raza, y nacionalidad, entre las principales causas de discriminación que operan rutinariamente en nuestro país.
Estos grupos necesitan y usan la información pública para poder acceder a servicios sociales básicos para sus vidas. La falta de acceso a la información pública agrava aún más la exclusión de estos grupos de los procesos de distribución de los escasos bienes públicos disponibles y los expone peligrosamente a la corrupción y al clientelismo político.
En Estados Unidos, después de 40 años de implementación de la ley respectiva, menos de 10% de los pedidos de información son formulados por periodistas y ONG, mientras que la mayoría son realizados por empresas o abogados. En México se detectó un patrón similar, con 10% de los pedidos formulados por periodistas, 20% por ONG y 30% por empresas. Estos mismos datos1 sugieren que, para el caso mexicano, el acceso a la información es un campo para un restringido grupo de especialistas, donde circulan mayormente varones metropolitanos de clase media-alta.
En la Argentina, según datos de un estudio comparado del Instituto para una Sociedad Abierta en 14 países (incluyendo la Argentina) se comprobó que la discriminación contra grupos socialmente excluidos afectó negativamente la cantidad de respuestas recibidas. Mientras las ONG recibieron 32% de respuestas a sus pedidos de información, los grupos discriminados solo recibieron respuestas positivas a 11% de sus pedidos. Cuando la información se desagrega por país, el caso argentino muestra los peores resultados: ningún pedido de información presentado por los grupos socialmente excluidos fue respondido.
Estos datos solo confirman lo obvio, que la asimetría de información entre el Estado y la sociedad civil se profundiza cuando la demanda de información proviene de grupos socialmente excluidos. La inclusión de estos grupos en el acceso a la información pública debería convertirse en el principal objetivo de las próximas reformas pro-transparencia.
Christian Gruenber es, investigador asociado de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).
1- Fox, J. et al. (2007) “Accountability Politics: Power and Voice in Rural Mexico”, Oxford University Press.
Silke Pfeiffer
Urgente acceso a la información
Muchas veces se me ha dicho que de la transparencia no se come. Es cierto, el hecho de que podamos acceder a más información no nos llena el estómago per se. Lo que sí, cuanto más información está disponible –sobre todo información que tiene que ver con nuestros derechos a la salud, la vivienda, la educación, y otros–, hay más posibilidad de control de que los recursos públicos se inviertan en el interés de todos.
En este sentido el país (y el mundo) ganarían muchísimo si la transparencia se convirtiera en el nuevo mantra de la cultura política y de las relaciones entre los mundos político y privado. Estoy pensando en los sistemas de contratación, los procesos presupuestarios, las subvenciones del Estado incluyendo los programas sociales, pero también en el lobby por parte del sector empresarial o de los sindicatos. Y, por supuesto, también estoy pensando en la necesidad de que las ONG rindamos cuenta sobre nuestras finanzas y de cómo estamos logrando nuestros objetivos.
Para que la provisión de la información no dependa solamente de la voluntad política de un funcionario público o de un ejecutivo, sería esencial contar finalmente con una ley nacional de acceso a la información en la Argentina, tal como ya la tienen numerosos países en este globo. Es importante que esta ley no solo regule al Poder Ejecutivo, sino que también cubra al Poder Legislativo y al Judicial. Finalmente, que se instituyan los mecanismos para su efectiva implementación.
Por cierto, hay estudios que demuestran que países con mayores niveles de transparencia se encuentran menos afectados por la crisis financiera actual. No sorprende, por ende, que la transparencia sea la prioridad N° 1 establecida en los planes de acción de organismos globales como el G-20, que se volverá a reunir dentro de poco en EE.UU. y del cual Argentina forma parte. Más vale tarde que nunca. Esperemos que no quede solo en el discurso.
Silke Pfeiffer es directora regional de Transparencia Internacional (TI) e investigadora asociada de CIPPEC.
Álvaro Herrero
El valor de la transparencia
La transparencia es un valor fundamental de las democracias modernas. Sin embargo, pocas instituciones de nuestro sistema político cumplen con los estándares mínimos en la materia. El Poder Judicial argentino –tanto a escala nacional como provincial– no escapa a dicho diagnóstico. Su marcada opacidad ha afectado su desempeño y lo ha distanciado de la sociedad. Por ello, la implementación de reformas de transparencia en el sistema de Justicia es fundamental para mejorar en el mediano y largo plazo su funcionamiento, accesibilidad, independencia y legitimidad.
Primero, es necesario garantizar la máxima publicidad en todas las instancias del Poder Judicial, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ejemplo, las cortes deben publicar sus sentencias, las estadísticas judiciales, e información sobre sus sesiones.
Segundo, se deben adoptar políticas que garanticen el acceso de la ciudadanía a la información judicial, tal como declaraciones patrimoniales de los jueces, nómina de empleados, e información sobre adquisiciones, contrataciones y ejecución presupuestaria.
Tercero, se deben implementar mecanismos que aseguren la participación de la sociedad en el sistema de Justicia, por ejemplo, a través de una mayor oralidad de los procesos, y del uso de audiencias públicas y de los amicus curiae.
Finalmente, resulta imperativo que estas reformas se extiendan también al Consejo de la Magistratura de la Nación. Es preciso profundizar su transparencia, asegurando la publicidad de sus sesiones, y publicando en Internet las transcripciones de todas sus actuaciones. Asimismo, se debe reducir la excesiva discrecionalidad de la que goza, por ejemplo, para alterar el orden de mérito en los concursos, o para suspenderlos cuando los candidatos más cercanos al oficialismo de turno obtienen bajas calificaciones. El deber de fundamentar todas las decisiones y la máxima publicidad de los actos del consejo mejorarían notablemente su desempeño.
Álvaro Herrero es director djecutivo de Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
Roberto Saba
Imparcialidad de los jueces
Demasiada gente duda de la imparcialidad de los jueces. También se ha extendido una sensación de incertidumbre jurídica incompatible con la vigencia de un Estado de Derecho. Por eso, es preciso implementar políticas que logren la mayor independencia posible de los magistrados para que sus decisiones transmitan certeza respecto de lo que la ley dice. No es una tarea fácil. Lleva años construir un Poder Judicial creíble y confiable, y solo un instante destruirlo.
La independencia de los jueces comienza a lograrse desde el proceso mismo de su designación. Cuando ese proceso es transparente y permite a la sociedad civil, a los expertos, a los juristas y a otros actores opinar sobre los candidatos propuestos por el Presidente, este los selecciona con mucho más cuidado que cuando el trámite es opaco e inaccesible para la opinión pública y la mirada experta. Un proceso transparente obliga a proponer candidatos a la magistratura que sean capaces de sortear con éxito la exigente crítica ciudadana.
En 2003 intentamos algo así para la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y hoy estamos muy conformes con la credibilidad y confianza que tenemos en ese tribunal. Un procedimiento de similares características debería tener lugar para nombrar a todos los jueces a escala federal y provincial.
Por otro lado, la incertidumbre respecto de lo que la ley y la Constitución se dice tiene que ver, muchas veces, con el carácter errático de las decisiones de los tribunales, su falta de fundamentos, o su multiplicidad en los casos de tribunales colegiados. Este problema también puede atemperarse con publicidad y un mayor y mejor debate público sobre lo que los jueces deciden. Una sociedad atenta a esas decisiones y una prensa aguda y especializada generan jueces más cuidadosos y fallos mejor fundados.
En suma, arrojar luz al proceso de designación de jueces y al de decisión judicial alimentaría la crítica y generaría más independencia y mayor certidumbre.
Roberto Saba es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo.
Instituciones políticas
Ana María Mustapic
Tres medidas para el cambio
De acuerdo con Latinobarómetro 2008, la Argentina es el país latinoamericano que, después de Bolivia y Perú, menos confianza tiene en sus partidos políticos. Asimismo, es uno de los países cuya evaluación de lo que ellos hacen es decididamente negativa. El poco aprecio ciudadano por la institución que constituye la principal fuente de reclutamiento de la clase política sugiere que uno de los esfuerzos de cambio debería tenerla en la mira.
En mi opinión, conviene prestar atención a las reglas y prácticas que estructuran el comportamiento de los partidos. Las existentes llevan a los políticos a volcar casi todos sus esfuerzos a la competencia interna. Algunos de sus resultados son el excesivo “internismo”, la gran fragmentación y la ocupación de cargos públicos de acuerdo con criterios casi exclusivamente clientelares.
Este predominio de la política competitiva en la vida de los partidos afecta, a su vez, la capacidad de la clase política de gestionar eficientemente los problemas de la sociedad.
Para modificar este estado de cosas propongo tres medidas. En primer lugar, una legislación más restrictiva en materia de creación y mantenimiento de partidos. La presencia de muchos y pequeños partidos promueve tendencias centrífugas y un exceso de jugadores con poder de veto. Un menor número de partidos atenúa esas dificultades al tiempo que contribuye a estructurar más nítidamente las opciones electorales.
En segundo lugar, la modificación de los requisitos para conformar alianzas. Uno de ellos es la prohibición de las listas espejo, esto es, la presentación de una misma lista por parte de distintos partidos.
Finalmente, la introducción de la boleta única. Con ella se garantiza igualdad de condiciones a los partidos al tiempo que se fomenta una presencia más equilibrada en la arena electoral del componente colectivo, encarado por los partidos, frente al individual, propio de los candidatos. Estas son algunas medidas posibles para comenzar a recuperar una ambición nacional que estimule a la clase política a actuar con la preocupación puesta en el bienestar de los ciudadanos y, en menor medida, en la competencia interna.
Ana María Mustapic es profesora investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella y vicepresidenta del Consejo de Administración de CIPPEC.
Martín Böhmer
Política: otra generación
La generación de la violencia política ya tiene en la bolsa un legado que la justifica. Sus miembros son los mismos que descubrieron el valor de la democracia constitucional y que lograron establecerlo hace ya un cuarto de siglo. Digo descubrieron porque, hasta bien entrada en su madurez, el doble valor de la regla de la mayoría y del respeto a los derechos era ajeno a sus desvelos morales y políticos.
En efecto, algunos porque creían elitistamente en su visión de los derechos y despreciaban la voz de la mayoría y otros porque creían llevar en sus oídos la inequívoca voz de los muchos y que los derechos de las minorías eran meros obstáculos en el camino de la felicidad general, ignoraban el proyecto de la democracia plural y respetuosa de los derechos humanos. Pero la dictadura trajo los exilios y las voces de las víctimas y, sobre ellos, la generación de la violencia se transformó en la generación de la transición democrática basada en el respeto por las promesas de la Constitución.
Sin embargo, los arreglos institucionales y las prácticas políticas no fueron modificadas de acuerdo con los nuevos valores y los gobiernos naufragaron más o menos cada siete años produciendo cada vez más pobreza, más desigualdad y más sospecha respecto de las posibilidades de éxito de la democracia constitucional entre nosotros. Hoy la generación de la transición se encuentra frente a una nueva oportunidad. Hay, en el firmamento del poder, quienes en su momento brillaron en forma excluyente y que saben lo rápido que esa luz se apaga y lo cruel de las consecuencias de estar en la oscuridad. Conocen el dolor de ya no ser.
Es por eso que hoy enfrentan un nuevo desafío que puede generar un nuevo legado. La política les ha dado la oportunidad de intentar el armado de una coexistencia pacífica entre dos partidos: el pan peronismo y el pan radicalismo. Algunos ya saben que no se puede tener todos los votos todo el tiempo pero intuyen que si logran flexibilizar la sucesión presidencial para épocas de crisis lograrán más responsabilidad en la oposición y más deliberación entre el Ejecutivo y el Congreso.
Hoy en la Argentina estas dos federaciones de partidos suman en el peor de los casos más de la mitad de los votos. Son dos partidos posibles que acuerdan en la lucha contra la exclusión y la pobreza y que descreen de ideologías contrarias a la democracia y a los derechos constitucionales.
Si la generación de la democracia suma a sus logros la estabilidad institucional, quienes pertenecemos a la generación que judicializó la política, que armó los movimientos sociales, que construyó las organizaciones de la sociedad civil y que globalizó la lucha por los derechos le estaremos eternamente agradecidos, por partida doble.
Martín Böhmer es profesor de la Universidad de San Andrés e investigador asociado de CIPPEC.
Sergio Berensztein
Nuevo diseño institucional
Hace más de 150 años que la Argentina no se da a sí misma la oportunidad de pensar qué sistema político-institucional necesita para afianzar la justicia y promover la paz interior y el bienestar general para todos los habitantes del mundo que quieran vivir en esta tierra, incluyéndonos, ciertamente, a los que ya estamos acá, amamos este país, no nos resignamos y queremos a contribuir a que mejore.
Fue Juan Bautista Alberdi el que pensó por primera y única vez, en palabras de Tulio Halperín Donghi, “una Nación para el desierto argentino”. Ese diseño tuvo muchos aciertos y algunos errores, pero fue pensado como un esquema de transición: la república posible debía dar eventualmente lugar a la república verdadera. Pues bien, es hora de construirla.
Eso supone, primero y principal, definir un nuevo equilibrio entre los poderes del Estado. Es más que evidente que el hiperpresidencialismo atrofia a la política: ni el federalismo, ni los mecanismos de frenos y contrapesos ni mucho menos la participación efectiva de la ciudadanía en la cosa pública pueden funcionar correctamente si la mayor parte de los recursos de una nación están en manos de una sola persona.
Pueden imaginarse diferentes esquemas alternativos sin necesidad de reformar la actual Constitución. Pero no hay que temerle a los sistemas parlamentarios: es cierto que con los partidos que tenemos actualmente no es sencillo imaginar un Parlamento fuerte y legitimado, pero la experiencia comparada indica que son precisamente los sistemas parlamentarios los que más oportunidades brindan para que los partidos políticos maduren y se profesionalicen en el mejor sentido de la palabra.
En segundo lugar, resulta fundamental reconstruir la capacidad del Estado para brindar bienes públicos (justicia, seguridad, educación, salud, infraestructura y cuidado del medio ambiente) y para regular de manera efectiva, aggiornada y transparente a las fuerzas del mercado. No puede haber un país equitativo y sustentable con un Estado grande, caro, corrupto e imbécil, que generalmente forma parte del problema y no de la solución.
La política pública debe estar en manos de profesionales bien formados y muy bien pagados: la Argentina es un país demasiado injusto y con demasiados pobres como para seguir dilapidando oportunidades de desarrollo, permitiendo que su reputación y su futuro estén en manos de ignorantes, mediocres, torpes, ineptos y/o corruptos. Debemos conformar una red de Escuelas de Gestión y Política Públicas que nutran a una nueva burocracia eficaz, eficiente, transparente y súper profesional.
Sergio Berensztein es director de Poliarquía Consultores y de la Maestría en Política Pública de la Universidad Torcuato Di Tella.
Rodolfo Seminario
Argentina es una obra en ejecución
Un proyecto de construcción se desarrolla en tres grandes etapas: planificación, obra y post-construcción. Las fases rara vez son estáticas. Todo el proceso es un aprendizaje que obliga a revisarlo en forma permanente. Esta adaptación solo es posible y efectiva cuando los objetivos están claros, y los esfuerzos se orientan a lograrlos.
La Argentina no es una obra de construcción, pero se le parece. ¿En qué etapa estamos? ¿Hemos planificado o ya estamos en obra?
Cuando hablamos del proyecto de país estamos en la primera etapa. Cuando las grandes líneas están definidas, ahí comenzará la segunda. Debemos comenzar a hacer. Con ajustes, sí. Sin vueltas atrás. Todo dirigido al objetivo definido.
Hace muchos años, un gran amigo de nuestro país como fue el filósofo español José Ortega y Gasset nos regaló una proclama inquietante: “Argentinos, a las cosas”. Debemos ponernos de acuerdo dónde ir y “a las cosas”.
En los últimos 80 años hemos sido una sociedad con debates encendidos y proyectos postergados. Marchas y contramarchas. Hicimos, deshicimos. Cometimos grandes errores, crecimos y retrocedimos para volver a empezar.
Ocho décadas atrás, éramos unos de los principales países del mundo. La “tierra prometida” para nuestros ancestros. El desarrollo era un objetivo. Hoy también lo debe ser. Hoy debe ser sostenible:
• El desarrollo debe perdurar en el tiempo. En perspectiva, nuestros saltos de crecimiento récord nunca alcanzan a compensar nuestras caídas abruptas. No limitemos nuestra expansión, que es imperiosa, pero garanticemos que sea sobre cimientos sólidos. Si no, habrá que remover las bases cada 10 años.
• El desarrollo debe ser respetuoso con el medio ambiente. No existe el impacto cero. Pero sociedades como los países escandinavos nos enseñan que es posible crecer y cuidar el entorno.
• El desarrollo debe ser equitativo. Nada es más nocivo para nuestro crecimiento que la desigualdad. Trabajar por la integración y la igualdad de oportunidades no es solo un imperativo ético urgente, es una necesidad para asegurar nuestro desarrollo futuro.
No nos hemos quedado quietos, pero nuestras espasmódicas acciones han estado muchas veces plagadas de contramarchas, fallos y frustraciones. El proyecto “Argentina” requiere, todavía, mucha planificación, definiendo así el objetivo de país pero… ¡no podemos parar la obra! Debemos trabajar, como se dice en la jerga de la construcción, en fast track.
Si compartimos el objetivo, fijamos el rumbo dentro de márgenes acotados, el enorme esfuerzo colectivo que estamos necesitando tendrá sentido. Los resultados como las obras; nos perdurarán en el tiempo y para bien de todos.
Rodolfo Seminario es presidente del grupo SYASA.
María Inés Tula
Representar, pero mejor
Estos 25 años de democracia cumplidos en la Argentina en octubre de 2008, nos permiten trazar un balance sobre el funcionamiento de las instituciones políticas durante este período.
La primera buena noticia es que lograron resistir los embates de varias crisis políticas. Tanto el valor de la democracia como el papel central de sus instituciones nunca se han puesto siquiera en duda. No obstante, una mirada efectuada con el aumento de una lupa nos muestra a las instituciones con algunas trabas para su fortalecimiento. Sobre las debilidades del sistema actual es que se proponen las siguientes ideas con el fin de afianzar su proceso de consolidación y mejorar la representación política.
1- Restituir el equilibrio y control entre poderes para garantizar el funcionamiento de las instituciones republicanas de gobierno. En esta dirección, el Congreso Nacional debe volver a ocupar el lugar central que le corresponde en su función de legislar y controlar. Limitación del Ejecutivo en tareas legislativas cuando estas no son sustentadas por su excepcionalidad en períodos críticos.
2- Generar las condiciones para una equitativa competencia política. Apoyar las leyes electorales que sean el fruto del diálogo y del consenso político partidario. Incentivar los proyectos que tengan como fin garantizar la participación de las minorías. Estimular las legislaciones que busquen promover el acceso de las mujeres en los cargos públicos representativos.
3- Eliminar toda acción o práctica política que burle la decisión soberana de los ciudadanos al ejercer su derecho al voto. Las “candidaturas testimoniales” (aquellos que van como candidatos pero no tienen intención de asumir en el cargo para el cual se postulan) y los “legisladores tr
