Las alternativas al “modelo” del Gobierno

    ANÁLISIS | Portada

    Por Javier Rodríguez Petersen

    El desafío lo lanzó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hace un mes, en La Matanza, salió a defender su “modelo” y demandó a sus detractores que explicaran cuál es el “modelo alternativo”.
    El modelo oficial, según entonaron solícitos ministros, comenzó el 25 de mayo de 2003 y es –en el discurso K– el de la “redistribución de la riqueza” que permite que el país siga creciendo sin inflación ni despidos en medio de una crisis que llevó a la recesión a medio mundo y puso a la Argentina como ejemplo de lo que deben hacer los países centrales. Si hasta “parecería que Obama leyó a Perón”, como alguna vez dijo la Presidenta.
    En esa línea discursiva, lo que plantean “los otros” es volver a los 90, sumisión a las recetas del Fondo, más desempleo, peores sueldos y un nuevo estallido social.

    No hay modelo
    La primera respuesta de los que, desde izquierda y derecha, disienten con el actual esquema económico es contundente: hoy no hay modelo y el crecimiento se dio casi exclusivamente por el viento de cola, una conjunción de factores en la que los Kirchner tuvieron poco que ver.
    Entrevistado por Mercado, Lucas Llach dice del esquema K: “Siempre me resultó pomposo llamar ‘modelo’ a la mayor o menor estatura de un par de variables macroeconómicas. En su estado lavagnista, ‘el modelo’ era el superávit fiscal y el tipo de cambio real alto en un contexto de boom mundial. Si entonces ya era discutible la noción de modelo, a esta altura es realmente inaplicable. El aumento del gasto público transformó el superávit fiscal en equilibrio, el tipo de cambio real alto fue carcomido por la inflación interna y el boom mundial es ahora una gran recesión. Hoy no está clara la esencia de la política económica; su única constante es la imprevisibilidad”.
    En estos días, el ex titular del Banco Central Alfonso Prat Gay, que se autodefine como keynesiano pero a quien el Gobierno y la izquierda tildan de ortodoxo, intenta hablar poco de economía para instalar un perfil más amplio como candidato a diputado. De todos modos, en su rol de político opositor, el mes pasado afirmó a La Nación que el modelo K es el que llevó a la pobreza y el dengue. “Crecimos cinco años a 9%, pero la desigualdad es exactamente la misma que en 2002”, argumentó.
    Según escribió hace poco en su blog, el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy cree que entre 2003 y 2007/2008 lo único que hubo fue “viento de cola, tan fuerte que hasta compensó la mala praxis”. A fines del año pasado, Daniel Artana, el titular de FIEL (puesto que ocupó alguna vez López Murphy), escribió en un paper que los resultados del “modelo económico argentino” fueron “transitoriamente buenos por la confluencia de un punto de partida con altísimo desempleo y capacidad ociosa y la espectacular mejora en los términos de intercambio”.
    Coincidencia extraña, desde la izquierda, el diputado y economista de la CTA Claudio Lozano también afirma que “no existe el modelo K”. Y, en declaraciones a esta revista, asegura que “la fase de acumulación” que comenzó en 2002 fue resultado del cambio de los precios relativos por la devaluación; que “las tendencias básicas son previas a Kirchner”, y que “el cambio de etapa coincidió con un momento singular” que combinó mejores precios para los productos que exporta la Argentina con una baja de las tasas de interés a escala mundial.


    Lucas Llach

    El mito de Sísifo
    Para el legislador, la “condición de posibilidad” del crecimiento fue aquello que dejó la recesión: capacidad productiva ociosa, disponibilidad de recursos energéticos e infraestructura y reconstrucción de los márgenes empresariales y el patrimonio de empresas y bancos por la caída de los costos laborales y la confiscación de ahorros. Ese impulso empezó a agotarse, según Lozano, en 2007; la poca inversión llevó al proceso inflacionario y ahí se rompió “el vínculo virtuoso entre crecimiento y reducción de la pobreza”.
    Hay críticas a la economía kirchnerista que cruzan el arco opositor. Cuando se queja del “manejo autoritario, tozudo e irresponsable de determinados conflictos”, Lozano incluye, entre otros temas, al Indec. Coincidentemente, Llach afirma que “la destrucción de una función estatal como la producción de estadísticas confiables ha tenido un efecto devastador sobre la tasa de riesgo país porque implicó una adulteración de la unidad de cuenta utilizada para pagar buena parte de la deuda pública”.
    Como el diputado de izquierda, López Murphy y Artana incluyen en el “debe” el manejo del conflicto del campo. Y, liberales al fin, critican el “exceso de gasto” del Estado, la estatización de las AFJP y su efecto sobre el clima de negocios, y el no haber constituido un fondo anticíclico. A estos tres puntos apuntó también Miguel Ángel Broda en diciembre en un Congreso del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño en el que, además, se quejó de la renuencia a volver a los mercados financieros internacionales, otro punto en el que mostró sintonía con Artana.


    Claudio Lozano

    Otros modelos
    En artículos y entrevistas, el economista jefe de FIEL sostuvo que ante el deterioro de las cuentas públicas y la negativa a recurrir al Fondo, las opciones son bajar el gasto o encarar una devaluación; como lo primero es difícil, avizora una corrección cambiaria para mejorar los ingresos fiscales y ayudar a los sectores productivos, aunque con riesgo de inflación. En tren de proponer, en su paper de fines del año pasado pidió “normalizar el Indec, comprometer un programa coherente de política fiscal, monetaria y de ingresos” y apuntar al mercado voluntario de deuda para refinanciar parte de los próximos vencimientos de capital.
    Para López Murphy, hoy hay tres aspectos centrales a modificar. El primero es “recrear los incentivos a la producción” eliminando todas las restricciones a las exportaciones. El segundo, “mantener una política cambiaria que permita conservar la competitividad”. Y el tercero, “abolir las extravagancias impositivas” como el impuesto al cheque o las retenciones a las exportaciones, a las que califica de “anacronismos”.
    Una de las cosas que Prat Gay repitió durante tiempo como un mantra fue que el país tiene que crecer a un ritmo sustentable aunque sea más lento que el de los últimos años. Además, viene reclamando la liberación real del tipo de cambio. Más acá en el tiempo, el mimado de Lilita Carrió remachó con la propuesta de crear un subsidio universal para todas las madres con hijos menores de 18 años y abogó por “una relación inteligente con el FMI y el mundo”.
    Lozano, claro, propone una salida por izquierda: “un modelo donde la producción local con menor participación de importados abastezca el consumo popular” y un replanteo de la estrategia productiva para sustituir importaciones y agregar valor a los recursos naturales. “Esto requiere políticas distributivas dirigidas a activar el consumo de los 14 millones de pobres, reorientar el patrón productivo que obliga a que el Estado asuma la conducción del proceso de inversión, recuperar la renta petrolera y minera y privilegiar la integración latinoamericana para replantear la problemática del endeudamiento y aumentar el comercio intrarregional y la complementación productiva”.
    Para Llach, las soluciones son casi de sentido común. Él se limita a proponer “prácticas bastante generalizadas en otros países de la región y el mundo: una política monetaria de largo plazo con metas de inflación; reglas fiscales anticíclicas; el retorno a los buenos modales en la economía internacional, incluyendo la relación con organismos financieros, y mejorar el muy pobre clima de inversión, afectado por factores tan variados como la propia dialéctica contraria a sectores importantes de la economía (como el campo o las finanzas) o las políticas impositiva y tarifaria”.