No son incompatibles bien público y rentabilidad

Análisis I Perspectiva

264 empresarios brasileños acompañaron a su Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en la reciente visita a la Argentina. Falhaban, lo cuestionaban por las concesiones que le viene haciendo al Gobierno de Buenos Aires. Siempre bullangueros y joviales.
La comunión de los políticos argentinos con los hombres de negocios compatriotas no es tan fluida, sobre todo desde que el matrimonio Kirchner viene ocupando el sillón presidencial.
Tanto Néstor como Cristina amonestan en público a los que expresan opiniones que no les gustan, cuando no les aplican escarmientos reglamentarios que afectan su desenvolvimiento.
El titular de Shell Argentina podría escribir un libro al respecto.
Así y todo, los empresarios nacionales buscan el modo de insertarse en la corriente internacional que las propias corporaciones propician, tratando de irritar lo menos posible a los funcionarios: involucrarse en la agenda pública, no sólo a través de las acciones de responsabilidad social, sino de la participación en las políticas que les atañe como actores sociales.
Pero el Estado sigue siendo un referente ineludible para la iniciativa privada por la injerencia que asumió en la regulación de la economía, sobre todo con renovados bríos a partir del estallido de la crisis en 2001.
Encomendada por Mercado, Giacobbe y Asociados realizó esta encuesta entre dueños de empresas y ejecutivos de primera línea para medir no sólo la compenetración con las cuestiones públicas que afectan a la sociedad, sino el compromiso que existe en transmitirlas a oídos de un Gobierno que no se caracteriza por su permeabilidad para escuchar.
De todos los principales temas sociopolíticos consultados, la crisis energética ocupa el primer plano y es el factor que más rentabilidad consume, según las respuestas obtenidas: 84,5% la señaló como “residente” de la atención pública nacional durante los próximos años.
La otra cuestión que inquieta a los ejecutivos de empresas, aunque pertenezca más a la coyuntura, es la crisis política que se desató tras la controversia entre Gobierno y campo por las retenciones: 72,9%.
Pero no hay que olvidar que el detonante fue económico y enfrentó al poder político con empresarios de un sector productivo excluyente, como el rural.
Por el momento, paradójicamente, los conflictos gremiales no aparecen como amenazas significativas en la agenda empresarial. Son señalados por 48,3% de los consultados. Mencionan antes dos rangos de inseguridad: la pública, representada por el delito, y luego la jurídica.
Sin embargo, podría interpretarse que en la incertidumbre política, en todo caso, se hallan incluidos los conflictos gremiales latentes, porque el pacto entre la Casa Rosada y la CGT parece ser, por el momento, la valla de contención a reclamos salariales que se generan en las bases y son diluidos en la etapa dirigencial.
El acento puesto en el delito entre los cinco principales temas sociopolíticos del país remite a una consideración más personal que de ponderación pública. Para 69,5% es el principal motivo de desvelo, seguido de cerca por la educación pública, el exiguo semillero de la oferta de mano de obra que se recorta en el futuro.
La inseguridad jurídica, la crisis energética y la política, en niveles más o menos parecidos, son los asuntos que más requieren de su atención.
 
Crisis energética

Sin embargo, lo que más temen para la salud de sus balances es la crisis energética, con 84% de las respuestas. Los CEO son los más convencidos de la influencia del factor energético en la rentabilidad.
Latentes asechanzas, en segundo término, para las ganancias son los conflictos gremiales (77,8%) y, por supuesto, que la mayor conciencia en ese sentido la tienen los llamados ejecutivos relevantes, como presidentes o directores generales.
Por eso atisban permanentemente el panorama político, del que dependen en gran medida; 75,5% lo admitió así.
La inestabilidad jurídica sigue instalada al punto que la reconocen 72,9% de los consultados, entre los que se destacan los CEO.
Y bastante más lejos se recorta el tipo de cambio, 64,9%, motivado por el reciente retraso del dólar, sobre el que ningún miembro del Gobierno dio las explicaciones macroeconómicas que lo sustentaron.
En cambio, en 76% de los casos, depositan en lo que suceda con la paridad cambiaria la rentabilidad por venir para el conjunto de las empresas. Casi a mitad de camino (46%) se queda la distribución de la renta, hoy arbitrada activamente por el Gobierno nacional.
La educación pública es una asignatura pendiente que desvela a 43,4% por sus implicaciones en la rentabilidad empresarial futura, efecto que los accionistas y miembros del directorio no accionistas parecen tener mucho más presente.
En una ponderación menor se ubica la privacidad y seguridad informática (32,6%) y 26,9% se encomienda a la desaparición de la crisis energética para mejorar sus números.
Las secuelas negativas para la rentabilidad que aparecen en las respuestas se vinculan con la turbulencia política en ciernes, en 75,2%. Le sigue inseguridad jurídica (64,9%) y más atrás vienen los conflictos gremiales (56,1%) y la crisis energética (45,8%).
Sobre todo los industriales se quejan de la relación cambiaria actual y, en especial desde los directorios, le apuntan al retraso acentuado en el mes anterior para justificar una menor renta.
La lectura de estos datos lleva a inferir que:
a)- los empresarios aún siguen ganando dinero,
b)- se esperanzan en lo que haga el Gobierno para ganar mayor competitividad en los próximos años y
c)- le atribuyen directamente las causas de que las utilidades no sean mayores.

Medio ambiente
El compromiso de los empresarios con temas comunitarios, como el medio ambiente, fluye más naturalmente en la encuesta, aunque con el reconocimiento de que no siempre se materializa en una participación que vaya mucho más allá de la responsabilidad social empresaria (RSE).
La percepción de los ejecutivos de empresa es que a la opinión pública le preocupa (según 85,3% de las respuestas) primordialmente la contaminación de los recursos naturales.
La experiencia de la movilización entrerriana por la radicación de las pasteras finlandesas en la margen oriental del río Uruguay ha sido determinante en esa apreciación.
Algo más relegado aparece el agotamiento de las fuentes de energía, 78,3%, asociado más bien a la crisis que tanto temen para el abastecimiento de sus negocios, que al futuro de la humanidad.
A las cuestiones más globales, como el cambio climático y el calentamiento global (con el efecto invernadero que ocasiona) las clasifica dentro de un tema más estructural e imbricado en las acciones mundiales para contrarrestarlas.
En lo estrictamente personal, los empresarios manifiestan su propio ranking ambiental, en el que cambia el orden del análisis sobre la opinión pública: la contaminación de los recursos naturales reúne 94,3% entre el 79,8% que afirma mucha preocupación y el 14,5%, a la que le parece algo preocupante.
También el cambio climático suma una intensa inquietud (50,9%), que con 39% de los que se dicen algo afectados, suman 89,9%. Y es pareja la posición de accionistas, directores profesionales y ejecutivos relevantes.
Los que no creen que suceda nada son tan pocos, que no alcanzan ni a la mitad de los que no saben o no contestan.
El efecto invernadero es el tercer tema ambiental en orden de importancia que le asignaron las respuestas. Mucho (47%) y algo (38,5%) juntos dan 85,5% de sensibilidad personal, aunque los CEO impulsan un mayor escepticismo en la concreción del riesgo ambiental temido.
El reparto entre los mucho y los algo en la encuesta indica que hay una fuerte influencia de la propaganda corporativa en la percepción real de cada ejecutivo de empresa.
Con claridad se nota en el desglose de las respuestas el comparativamente alto porcentaje de accionistas o propietarios que no cree que se agoten las fuentes de energía. Y la relativización que campea en las propias expresiones de preocupación.
Como no podía ser de otro modo, le adjudican al Gobierno la mayor responsabilidad en la resolución de los problemas ambientales: 93,8% afirma que mucho y 4,7% poco, contra 79,3% que suman los “muchos” sobre las empresas y 17,8% los “algo”.
Y respecto del público en general, baja a 56,6% la opinión de que es mucho, frente a un mayor espacio que le confieren a “algo”: 34,9%.

Estrategias empresarias
No obstante el orden de importancia asignado en las respuestas a estos temas sociopolíticos y ambientales, 77,8% reconoce que sólo en algunos casos son considerados en las estrategias de las empresas.
En 11,4% de los casos lo son plenamente, mientras en 11,6% no.
Los presidentes son quienes resaltan el mayor compromiso en la planificación, en tanto que entre los directores profesionales se destacan los que relativizan esa preocupación.
En las empresas argentinas aún es el lobbismo la táctica preferida para afrontar los temas sociopolíticos que las afectan, con 92,8%. Cerca, con 89,4%, vienen las relaciones públicas, y luego (86,3%) la implementación de políticas de responsabilidad empresarial.
Los porcentajes son muy acordes con el estilo confrontativo de gobierno que ejerce el matrimonio Kirchner, un escrache permanente a los que intentan enfrentárseles.
La actuación pública lleva inmanente el peligro de represalias desde la cima del poder, que mueven el piso a quienes se les atreven. Hubo varios casos de gerentes de compañías de servicios que fueron removidos del cargo ante la sola sugerencia gubernamental de hacerlo.
Así aparece claramente que, en asuntos sociales y ambientales (de menor riesgo mediático), sube la proporción que reconoce haberlos incorporado totalmente y en ocasiones en la estrategia operativa: 29,5 y 41,3% respectivamente. En 17,3% de los casos la contestación fue negativa y en 11,4% dijeron estar considerándolo.

Herramientas
La tendencia que surge de la encuesta es el crecimiento de la participación empresaria en la agenda pública ambiental, así como lo fue en la social a través de RSE.
En tal sentido, la responsabilidad social empresaria fue mencionada en 55,6% de las respuestas. Entre las relaciones públicas, lobbistas y otras apenas superan 40%.
Donde los empresarios se salieron totalmente del molde de la encuesta fue en la invitación a sintetizar en tres posibilidades las tácticas y/o herramientas efectivas para mejorar la reputación de la compañía. Las repartieron en 23 opciones, con la RSE y la comunicación, publicidad y marketing como las más señaladas.
La conducta ética de los negocios, así como las técnicas de integración globales, afloran en varios ítems, en tanto el compromiso con el medio ambiente queda intercalado en el cuarto lugar.
La dispersión de los valores que apuntan a la estrategia general de reputación indican la intención de acometerla desde todos los frentes posibles y demuestran la importancia que le asignan.
Se ve que en este campo queda mucho por hacer y esclarecer para los estrategas profesionales.
En general, todas estas acciones suelen ser tercerizadas en consultoras especializadas, además de organizar soportes internos para llevarlas a cabo. La percepción de los empresarios encuestados es favorable: hay 74,9% de opiniones que van del buen desempeño al adecuado, con 6,5% que las consideran muy buenas y 15,5% deficientes.
Prevalece la construcción de imagen entre las motivaciones que se revelan en la muestra, que supera por amplio margen a la que le sigue: oportunidad para obtener ventajas competitivas, 20 puntos debajo.
La presión de los consumidores también se hace presente, con 30,5% y apenas dos puntos menos se adjudican a la influencia del público en general, en un rango similar a la opinión de contribuir al bienestar de la población.
Más lejos aparecen las cuestiones globales.
También se dispersó en 18 opciones lo que los empresarios interpretan como principal función de una empresa en la sociedad, cuando la pregunta admitía hasta tres respuestas.
Se destacaron la implementación de políticas de responsabilidad empresarial (25,6%) y la generación de empleo (20,7%) como las más mencionadas y en tercer término aparece la rentabilidad (15,8%).
Desde ahí se desgranan valores relacionados con los manuales de calidad, marketing, management. Elementos concretos como la productividad y los productos encabezan esta apertura de posibilidades nombradas.
De todos modos, la rentabilidad constituye el principal objetivo de una empresa, para 55,8% de los encuestados. Y 25 puntos más abajo se ubica la responsabilidad social en las respuestas; 40 puntos se inclinaron por este último objetivo en la óptica de los CEO.
Un escalón bastante más bajo (15,5%) ocuparon el desarrollo, la inversión, el ganar mercados, el ser emprendedores.
El efecto de las empresas sobre la sociedad fue juzgado como positivo en 73,6% de los casos y neutro, 16,3%. Negativo: 8,5%. Mientras que la creación de empleo, mencionada en 96,9% de las veces, resultó el aporte más importante que reconocen las empresas para el bienestar de la sociedad, contra 89,7% de la oferta de bienes y servicios.
La contribución al avance científico y tecnológico mereció 65% y al erario, 51,2%.

Contaminación
Los empresarios asumen que la contaminación es el daño mayor que ocasionan a la sociedad, con 67,2%. De cerca le sigue privilegiar los intereses corporativos por sobre los de la sociedad, con 63,8%.
En una escala menor transitan el deterioro del medio ambiente, la evasión impositiva, perseguir únicamente la generación de ganancias y ejercer influencias inadecuadas sobre los Gobiernos.
Casi ocho de cada diez creen que las expectativas sociales sobre la responsabilidad social empresaria irán en aumento, contra dos de cada diez que piensan en que se mantendrán o disminuirán.
Las respuestas más diversas según de donde provengan las dio la pregunta sobre la compatibilidad entre el bien público y la rentabilidad de las empresas: 58,1% las juzgaron compatibles, contra 33,6% que aclaran que en ocasiones no lo son.
Los presidentes son tajantes en la afirmativa (70-30), mientras que los directores no accionistas manifiestan que sí puede resultar incompatible, en ocasiones.
En cuanto a las mayores dificultades para cumplir los objetivos de las empresas, la inestabilidad económica se menciona como el principal, con 85% de las opiniones. La inestabilidad política se lleva 80,4%.
Y en un rango un escalón más abajo, figuran las dificultades para encontrar personal calificado, la corrupción pública, el sistema legal y jurídico y la conflictividad gremial, para cerrar con el cambio climático, pero muy lejos.

Participación en el debate
Es muy poco lo que se reconoce de participación empresaria en el debate público sobre temas sociales y ambientales: 40,8% más 43,4% “algo”, opinión entre la que se destaca netamente la de los CEO.
Aun así los miembros de directorios consultados impulsan que las empresas asuman posiciones públicas en temas ambientales y sociales, lo que en total reúne 71,6% de adhesiones; mientras que otro 25,6% es de aceptación, pero con la salvedad de que sea sólo en algunos casos, donde predominan los CEO y accionistas, que prefieren manejarse con pies de plomo antes que comprometerse con políticas que no reparen en la conveniencia del día a día.
Está repartida, en cambio, la opinión acerca de por qué algunas empresas se involucran en asuntos sociopolíticos: 68,7% lo adjudica a la intención de establecer relaciones públicas, mientras que en 54,3% de las respuestas se incluye la búsqueda de mayores ganancias y en 37,7% la autenticidad de la preocupación por esos temas.
Sobresale en las dos primeras interpretaciones la de los accionistas, cuyo prisma es el de las utilidades netas.

Temas sociales y ambientales
En la participación atribuida a los presidentes en temas sociales y ambientales se destacan netamente dos posiciones parejas: 48,8% cree que en general no lo hacen y 46,5% que sí, pero eventualmente. En la contestación negativa prevalecen los accionistas, mientras en la segunda son los propios CEO quienes relativizan esa falta de aplicación.
La explicación sobre en calidad de qué participan eventual o activamente coincide en que cualquiera sea la intensidad con que lo hagan, mayoritariamente asumen la representación de las empresas. Aunque hay un pequeño matiz: entre los “de vez en cuando” aumenta el porcentaje de los que afirman involucrarse como ciudadanos privados. Es significativo, asimismo, que ningún director profesional haya fijado posición respecto de la participación activa.
Nadie creyó en el liderazgo absoluto de los empresarios en estos debates y apenas un porcentaje menor (5,6%) lo vinculó a las participaciones eventuales, donde se destaca con 70% los que proponen alguna forma de integrarse frente a 17,8% que se inclinan por un rol más activo.
La motivación cambia según la participación sea eventual o activa, ya que en esta última prevalece el bienestar general (62,5%) sobre la finalidad comercial (37,5%), la cual es prioritaria para 51,7% de los que acusan eventualidad.
La opinión de los CEO mismos marca la tendencia de cada línea de respuesta.
En cuanto a lo que cada uno realiza, más allá de lo que opine en general, es muy pareja la contestación entre los que admiten no participar y los que lo hacen eventualmente (45,7% versus 41,9%).
La posición personal difiere de la planteada como global en cuanto a que la mayoría sostiene que, sea eventual o activamente, su participación es como ciudadano privado antes que como representante de la empresa.
Se ven a sí mismos totalmente involucrados en los casos en que aducen participar activamente y no tanto cuando la política es hacerlo cada tanto. Sólo cuando se comprometen con mayor intensidad es que aparece con presencia la calificación de liderazgo.
También en las posturas más individualizadas asoma la contribución al bienestar general con más vigor, siendo las respuestas de los directores profesionales las más radicalizadas en ese sentido.
Es curioso cómo se subordina casi hasta la mínima expresión la motivación comercial de estos compromisos.

Temas sociopolíticos
No se advierte un foco demasiado preciso cuando opinan sobre los obstáculos para que los empresarios ejerzan liderazgo en el debate público de los asuntos sociopolíticos: lo atribuyen, en ese orden, a falta de tiempo, política empresarial contraria a posturas públicas en estos temas, aprensión personal a exponerse, falta de preparación intelectual para las exigencias del rol público y temor a consecuencias impositivas. Las dos últimas son mucho menos relevantes que las tres primeras, pero aparecen.
Sin embargo, los encuestados confieren influencia efectiva a las empresas sobre la política, aunque no demasiada a juzgar con que “sólo en ocasiones” reúne 57,1% contra 37,7% de las respuestas afirmativas.
Lo cual no significa que propongan una decidida acción en ese rumbo: 29,2% lo hace mientras 56,6% lo subordina a las circunstancias; 13,7% directamente no está de acuerdo.

Sinceramiento
Llama la atención el sinceramiento con que los empresarios acometen el espinoso tema del ejercicio de influencias “indebidas” sobre distintos niveles de gobierno. Prevalece el “en ocasiones sí” tanto en municipios, cuanto en provincias y nación, en torno de 70% de las respuestas, con una mayor admisión del nivel provincial.
Pero el “sí siempre” es confesado en alrededor de 20% de los casos, que sube algo al referirse al contacto municipal.
Sobre estos rasgos de sinceridad de empresarios y ejecutivos a la hora de trasmitir las opiniones hace hincapié el propio Giacobbe, un consultor habituado a procesar encuestas. Lo destaca como una muestra de naciente madurez de la sociedad, la opinión pública y los hombres de negocios.
La conclusión es que se puede ganar dinero sin afectar el bien público porque no son incompatibles.
Ahí sí se impone la presencia del Estado, ya no como parte activa, sino como árbitro de las tensiones sociales inmanentes.