REGISTRO |
Por eso, a modo de ayuda para entender lo que pasó, lo que quedó pendiente y lo que volverá a acecharnos más pronto que tarde, incorporamos esta sección donde se busca poner de relieve lo sustancial de lo ocurrido en las últimas semanas y permitir –al actuar como un software inteligente– destacar lo sustancial y lo que vale la pena recordar.
Como bien apuntan en este aporte, Osvaldo Cado y Nicolás Bridger de Prefinex, “pasados los peores 120 días del todavía irresuelto conflicto agropecuario, la Argentina está retornando gradualmente al cauce previo al 11 de marzo. Este ‘volver’ no nos da respiro y nos deposita automáticamente sobre los mismos problemas que existían previos a la crisis los cuales, en su totalidad, se profundizaron notablemente. En este sentido, se pueden identificar tres cuestiones de carácter estructural que deben abordarse de manera urgente e implacable, cuestiones ignoradas por la actual administración en forma flagrante generando gran incertidumbre”.
El conflicto suscitado entre el Gobierno y el sector agropecuario traspasó los límites de una simple discusión entre un sector de la economía y el Gobierno, poniendo sobre la mesa algunos puntos poco claros de la actual gestión. Uno de ellos fue la redistribución de la riqueza, asunto razonable teniendo en cuenta que más de 10 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.
DE acuerdo a esto enriquece la discusión hacer un análisis de algunas cuentas fiscales. No quedan dudas de la relevancia de las retenciones en el esquema económico del oficialismo (principalmente en la política de precios), lo que se evidencia en los números oficiales.
En 2008 se destinarán $47.000 millones a subsidios (+68% anual respecto a 2007) cuyo objeto principal es mantener estables los precios de energía, alimentos y transporte.
Con la derogación de la resolución 125, lo recaudado en concepto de retenciones estará en torno a $38.000 millones.
De haber validado el Congreso la resolución 125, y bajo el supuesto de que no había conflicto, la recaudación habría sido de $44.000 millones.
Avanza la pobreza
El modelo tal cual hoy se presenta generó en el último año y medio un millón de nuevos pobres. La inflación, sumada al ya vetusto sistema de subsidios, está funcionando con una cruda eficacia empobreciendo a las personas con ingresos bajos y transfiriendo crecientes sumas de dinero hacia las clases más acomodadas. Es preocupante la sistemática subestimación por parte de la mayoría de la dirigencia política de un fenómeno cuyas consecuencias no pueden identificarse, ni cuantificarse y que, por ende, son inabordables cuando comienzan a materializarse en lo que los Gobiernos de turno han sabido llamar “fenómenos aislados”.
El riesgo inflacionario
Aparte de las consecuencias sobre las variables sociales que se traducen con claridad en el sostenido aumento en la cantidad de pobres (la inflación es el impuesto más regresivo que puede aplicarse desde la administración pública), la evolución de los precios está erosionando gradualmente los ingresos reales de la clase media, desacelerando el consumo y con éste la actividad económica. De seguir esta dinámica, veremos una economía creciendo a tasas por debajo de 5% hacia fin del presente año y desacelerándose de manera cada vez más pronunciada. Con más de 10 millones de pobres, la Argentina no puede darse el lujo de crecer a tasas por debajo de 4%.
Cómo dilapidar energía
Quizá el problema menos urgente, pero no por ello el menos importante. Sin energía no hay crecimiento. Es más, la mera percepción de que la energía puede llegar a ser insuficiente reduce de inmediato la inversión la cual, en un lapso no mayor a 18 meses, impacta negativamente en el crecimiento. La política energética del Gobierno se limitó esencialmente a importar gasoil, gas y electricidad y a inaugurar plantas de generación eléctrica, ignorando de lleno la producción primaria de insumos energéticos. La Argentina está perdiendo gradualmente la independencia energética lo que significa también perder gran parte de la independencia económica.
Si bien estos tres problemas pueden separarse al hacer un análisis descriptivo, están íntimamente relacionados entre sí y su solución depende de tres decisiones de política económica que, difícilmente, puedan tomarse de manera independiente. Empezando por el meollo de la cuestión, el sistema de subsidios actual, relacionado directamente con la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales y de incentivar una la inversión privada para lo cual, indefectiblemente, entra en escena la normalización de las relaciones externas, tanto diplomáticas como financieras.
Lo que hay que hacer
Es imperiosa una modificación sustantiva en el esquema de subsidios cruzados. Estos se justificaron en 2002, en medio de la destrucción de los salarios reales por la devaluación del peso. El paso del tiempo volvió a este instrumento crecientemente regresivo, cuando se muestra como aproximadamente 40% de los $34.000 millones destinados a subsidios en energía, transporte y alimentos, benefician a 30% más acomodado de la población.
La política de subsidios y precios controlados además distorsiona notablemente los incentivos, principalmente en lo que respecta a la producción de energía. La economía argentina está sustentada sobre una matriz energética que depende en gran medida del gas. Crecer al ritmo actual exige cantidades de este insumo que el país no es capaz de producir y de los que no se dispone en abundancia. Este problema, aunque heredado de una mala planificación (o escasez de) durante las décadas del 80 y del 90, se agravó notablemente durante los últimos años. Con el petróleo sucede algo similar, aunque la urgencia es menor.
Paralelamente, la dinámica inflacionaria y el congelamiento tarifario hacen crecer a un ritmo peligrosísimo estas erogaciones (+70% anual) erosionando de manera notable las cuentas públicas y la capacidad de repago. Esto no sólo implica una cada vez mayor probabilidad de default, traducido en el incremento de las cotizaciones de los credit default swaps y en un costo de endeudamiento mayor, sino también menos transferencias a las provincias (muchas de ellas ostentan números en rojo) y menos inversión en infraestructura (tal y como lo muestran los datos fiscales de junio y las estadísticas de la construcción).
En este sentido, volver al elogiable equilibrio fiscal que caracterizó a esta misma administración durante los primeros años de gestión es fundamental. La foto aún no es mala, pero la película es preocupante. El equilibrio no sólo implica gastar menos (y a un menor ritmo) de lo que se recauda, sino también presupuestar seriamente los ingresos. Lo recaudado en concepto de retenciones, dependiente directamente de los precios de los commodities, representa más de 100% del superávit primario. Estos precios han demostrado ser altamente volátiles y, si bien actualmente son altos, no debe descartarse una corrección que complique aún más la situación fiscal.
Solucionar todas estas cuestiones exige mejorar la imagen de la Argentina y, aunque menos urgente, darle una solución definitiva a la inconclusa renegociación de la deuda externa y del Club de París. El país debe volver a entrar en los circuitos financieros internacionales, el sector público y privado necesitan de crédito barato y de inversiones directas en sectores clave de la economía (energía, transporte y comunicaciones).
Son necesarias soluciones urgentes, consensuadas, planificadas y coordinadas. Pero antes es imperioso reconocer los problemas para poder resolverlos pública y explícitamente, y no a través de parches colocados a escondidas.
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Ambiente: conflicto interempresario
Es evidente que a la mayoría de los empresarios no les interesa participar demasiado activamente en asuntos públicos, por la exposición que conlleva y el riesgo de potenciales conflictos con los poderes públicos. Tal como lo revela la encuesta que se publica en la página 30. Una de las excepciones es la defensa del ambiente. Éste parece ser el caso del debate suscitado en Mendoza, más especialmente en Luján de Cuyo. Tres bodegas reconocidas, Navarro Correas, Finca La Anita y Chakana, se han dirigido al intendente Omar Parisi para solicitar su intervención debido al emplazamiento de una construcción de otra bodega (Escorihuela) que, según los firmantes, “representa una agresión al medio ambiente del área, … , y una bofetada a la situación paisajística que defendemos”. |
Ni se va Moreno ni cambian el Indec
Julio Werthein y Cristiano Ratazzi salieron abiertamente a criticar la inflación y el índice oficial que la calcula, mientras provincias, como Córdoba, aplicarán mediciones propias. La rebeldía contra la manipulación de precios se expande.
La sorpresa es que dos hombres de negocios que se mantuvieron muy cerca del gobierno de Néstor Kirchner, primero, y luego del de su esposa, saltaron el cepo que impone la pareja presidencial a sus aliados para sentar posición contraria.
El presidente de Grupo Werthein, que en estos momentos libra una dura batalla con los socios italianos en Telecom, tras la fusión de ésta con Telefónica en Europa, dijo que el IPC que publica el Indec “no se corresponde” con lo que los argentinos “compramos o producimos”.
“Mi querido amigo (el secretario de Comercio Guillermo) Moreno no quiere ajustarse a las cosas que corresponden para hacer un índice que sea correcto”, se lamentó Werthein en declaraciones radiales.
El titular de Fiat Argentina, Cristiano Ratazzi, también opinó públicamente, en el hotel Sheraton, que “la inflación es un problema grave, gravísimo, sobre todo para los sectores medios y bajos”.
Ratazzi también cuestionó aspectos de la gestión de la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que en la conferencia de prensa en Olivos ratificó el rumbo económico y los manejos del secretario de Comercio Interior en el Indec. “Hay que tomar medidas serias y no medidas como las que se han visto hasta ahora”, subrayó el empresario.
Enfoques provinciales
El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, no descarta avanzar en el diagrama de una metodología propia para medir la inflación en la provincia, distinta a la que es utilizada por el Indec.
Aunque desde el Gobierno local intentaron relativizar las versiones en torno de la futura creación de un Indec provincial, lo cierto es que Schiaretti no sólo cuestiona abiertamente los números del organismo nacional, sino que además se sumaría a las posturas de provincias como San Luis –impulsora del proyecto–, Santa Fe, y La Pampa, que decidieron despegarse de esa entidad y fijar un índice de actualización inflacionaria independiente.
Casi como la tasa del megacanje de Cavallo
Una tasa casi tres veces mayor que la que cobran los organismos financieros internacionales pagará el Gobierno por los US$ 1.000 millones en Boden 2015 que acaba de comprar Venezuela. Y el problema recién empieza.
“Los bonos argentinos son rentables y tienen prestigio”, justificó el Presidente del país caribeño la decisión de adquirir una emisión de bonos de la deuda, cuyo monto se aplicará a cancelar vencimientos del canje realizado durante el default declarado en 2002.
El precio fijado fue de US$ 68,4 por el Boden 2015. El rendimiento que reconoce es de 14,87%.
Fue la estela dejada en el paso de Hugo Chávez por la Argentina, quien recibió una compensación política de Cristina Fernández de Kirchner al solidarizarse con él en la decisión de no viajar a Bolivia en apoyo de Evo Morales antes del referendo. El riesgo de ir a Bolivia lo hizo desistir de transmitirle directamente el apoyo a su crédito regional y, en todo caso, la decisión de Cristina hecha pública en rueda de prensa en la Casa Rosada, lo cubrió políticamente de la deserción.
Esta semana se acreditaron en las cuentas de muchos ahorristas cuyos fondos quedaron atrapados en el corralito, allá por 2001, US$ 2.345,7 millones del Boden 2012.
En la conducción del Banco Central afilan los instrumentos para absorber liquidez y evitar todo lo que se pueda que se vuelque hacia fuera del circuito. El cálculo hasta el presente no permite ser demasiado optimistas: en el segundo trimestre del año se fueron del país más de US$ 8.441 millones.
Esta irrefrenable tendencia a fugar capitales alienta proyectos de peligrosas consecuencias, como gravar las operaciones de compraventa de bonos y acciones para acompañar la modificación impositiva que ya se hizo sobre los fideicomisos, la cual permitirá recaudar $700 millones extras por año.
Detrás de la luz y gas vienen el agua y el resto
La electricidad dio el puntapié inicial al proceso de recomposición de las tarifas de servicios públicos que desató el gobierno de Cristina Fernández. Le habrán de seguir gas, agua y transportes, y se aplicará en distintas etapas hasta marzo de 2009.
El descongelamiento de las tarifas de luz y gas sitúa la línea de corte en los bajos consumos, a fin de alinearse con el criterio de mejoras en las remuneraciones que se basa en el alza de los mínimos.
De este modo, la administración kirchnerista busca establecer un nuevo piso social, donde actúen directamente los subsidios al consumo de servicios públicos y el resto quede librado al pago de los usuarios conforme a una pirámide de tarifas consistente con la que rige para los sueldos.
Si bien el salario mínimo dispuesto arranca en $1.200 y en el mismo escalón se acomodarán a las jubilaciones básicas, el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias se llevaría de los actuales $3.346 para solteros y $4.577 para casados, a $5.900 para éstos últimos, quienes a la vez quedarán alcanzados por las asignaciones familiares.
La mejora de bolsillo que en consecuencia recibirían las escalas intermedias de los convenios laborales vendrá del lado de una menor deducción impositiva y de la incorporación de los subsidios por cónyuge e hijos para los que hayan sido desgravados.
El Ministerio de Economía intenta compensar la ausencia de $600 millones de los contribuyentes de cuarta categoría de ganancias que sean desafectados de pagarlo con la extensión del tributo a los fideicomisos financieros, incluidos los pools de siembra y excluidos los destinados a obras de infraestructura.
La estructura tarifaria que corresponderá a esta nueva estratificación social ideada por el Gobierno, en medio de un proceso inflacionario que no se refleja en los índices oficiales, mantiene los consumos mínimos congelados y aplica los aumentos progresivamente para afectar en forma proporcional a los poderes adquisitivos más altos.
Después del “no” de Cobos, repunte oficial
El día después del “no positivo” de desempate en el Senado que pronunciara el vicepresidente, Julio César Cobos, se dio un fenómeno de rebote en la confianza de la opinión pública respecto del poder que captaron las encuestas que realiza la Universidad Torcuato Di Tella con Poliarquía: subió 5% en comparación con junio la que mide la percepción sobre el Gobierno y obtuvo 1% a favor la vinculada con la Justicia, por más que no haya tenido participación en los sucesos que mantuvieron en vilo al país.
El alivio de las tensiones institucionales durante los cuatro meses largos que duró el conflicto duro con el campo pudo haber influido en el súbito repunte de la confianza en el sistema, que venía en declinación, y determinado el resultado de la compulsa.
Con la economía aletargada y permanentes alusiones a un golpe de Estado, que se cruzaron en ese lapso, el inconsciente colectivo probablemente haya recordado la situación vivida en 2001 y valorara, en consecuencia, la salida institucional ratificada en el voto “no positivo” de Cobos.
De modo que, una lectura posible de la reversión del ciclo negativo en la confianza de la gente en el Gobierno y la Justicia, sea un crédito abierto al juego de las instituciones antes que al estilo de gestión de los Kirchner.
Ambas conferencias de prensa presidenciales y la fría, aunque formal, recepción de la primera mandataria al vice Cobos después de su diferenciación del Gobierno que integra frenando el proyecto de las retenciones móviles, dan muestras de un mayor cuidado en las apariencias institucionales, aunque la realidad marche por otra senda.
El alejamiento del Poder Ejecutivo del último radical K que respondía a Cobos después de la limpieza post “no positivo”, el neuquino Horacio Quiroga, fue el saldo visible del encuentro de la cima del poder. Y la oportunidad de la convocatoria a los periodistas justo en la ceremonia central de la Exposición Rural de Palermo, que el Gobierno había boicoteado directamente, sólo trajo reminiscencias a la movilización simétrica que Néstor Kirchner organizara en el Congreso en respuesta a la convocada por la mesa de enlace agropecuaria en las inmediaciones del predio en Plaza Italia.
El ajuste fiscal es en la pampa húmeda
Las provincias agrícolas más ricas del país dejaron de recibir aportes de la Nación, tras la fallida aplicación de retenciones móviles, y ahora descargan el peso de un ajuste fiscal sobre las industrias y beneficiarios sociales privilegiados.
El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, representa, junto con el cordobés Juan Carlos Schiaretti, a dos provincias centrales sancionadas por el Gobierno nacional con la interrupción de aportes fiscales durante el paro y la movilización agropecuarios en rechazo a las retenciones móviles.
El socialista visitó al jefe de Gabinete, Sergio Massa, para hablar de la deuda de $300 millones de la Nación en concepto de fondos provisionales, además de otras referidas a planes federales, como el II de viviendas y la construcción de escuelas que se pone en marcha en el país, por cuanto la suma total a reclamar supera los $1.000 millones.
Distinta es la disposición de la Casa Rosada para con Córdoba, agitada por días cargados de furia y violencia, porque la Legislatura de Córdoba aprobó, con mayoría de votos peronistas, el proyecto del gobernador Juan Schiaretti para implementar recortes a las jubilaciones superiores a $5.000. Se trata de una quita de entre 22% y 27%, que será devuelta con un título a cobrar en ocho años y con un mínimo interés. Además, se implementó un nuevo sistema para el cálculo de haberes.
Pese a que no adhirió a la posición de los productores que protestaban por las retenciones, la provincia de Buenos Aires atraviesa también por una turbulencia fiscal que no recibió asistencia de la caja nacional.
Aprovechó el aumento de la tarifa de electricidad anunciada por el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, para aplicarlo en la empresa provincial que suministra el servicio.
La gobernación bonaerense espera, entretanto, que la legislatura le apruebe el paquete impositivo que generaliza ingresos brutos y modifica las escalas para su liquidación. Este tributo cubrirá gran parte del déficit que arrastra la provincia.
La salida o ingreso de dólares hasta fin de año
Los cambios en el gabinete que empezaron con el propio jefe, Alberto Fernández, a quien reemplaza una figura joven bien vista dentro del mismo oficialismo y la oposición, abrieron una expectativa favorable que los indicadores económicos podrían captar.
El restablecimiento de la economía, señala el informe de julio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, dependerá ahora de la incidencia que ejerzan sobre el flujo de divisas las señales que dé el Gobierno en materia de inflación, sosiego del clima político y respeto institucional.
El saldo de este conflicto que advierte la entidad ha sido un escenario monetario con estancamiento de depósitos totales y caída en los depósitos a plazo en el segundo trimestre, “determinó que el crédito al sector privado creciera sólo 0,4% en junio, en un contexto de aumento significativo de la tasa de interés”.
Precisamente, esa contracción al crédito privado fue el punto final del proceso de transformación de salida de capitales, que se dio junto con una suave declinación de los depósitos nominales y un significativo aumento de la tasa de interés: la Badlar (bancos privados) se ubicó en 17,5% anual al promediar junio, contra 8,5% de fin de marzo pasado.
Al analizar algunas de las facetas de los efectos microeconómicos de las turbulencias en ese período, señala el IAEF que “el impacto inicial fue más severo en el interior del país que en el conglomerado urbano bonaerense, y más intenso en los sectores agropecuarios, en sus proveedores industriales y de servicios, así como en la construcción”, observándose dificultades en la cadena de pagos y una menor expectativa de siembra en el agro.
Las exportaciones del agro se han visto afectadas, con una caída interanual estimada en 10% en volumen físico en el bimestre abril-mayo. Pero lo que es peor, quedó resentida la seguridad de la Argentina como fuente de abastecimiento del resto del mundo.
