Para trabajar con la economía social, hay que capitalizarla

Por Javier Rodríguez Petersen

Daniel Arroyo

La provincia de Buenos Aires tiene unos 14 millones de habitantes, de los que alrededor de 20% (21,8% en el GBA según el Indec en el primer semestre de 2007) están por debajo de la línea de pobreza. Eso quiere decir que tiene entre 2,5 y 3 millones de pobres. Desde el 10 de diciembre del año pasado, Daniel Arroyo está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Y llegó con ideas más vinculadas a la producción que al asistencialismo y poniendo el foco en el desarrollo local y los créditos a la economía social.
Antes de integrar el gabinete bonaerense, Arroyo fue viceministro de Alicia Kirchner durante toda la anterior gestión presidencial: el 25 de mayo de 2003 asumió como secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano y de ahí pasó a la provincia el año pasado. Sobre las diferencias entre uno y otro equipo, asegura que en los dos se sintió cómodo y autónomo, pero destaca que Daniel Scioli “tiene una cabeza muy productivista” que hace que los esquemas de economía social le sean “muy amigables”.
El trabajo del ministerio es mayoritariamente “del segundo nivel”, explica el funcionario. La oficina se relaciona sobre todo con organizaciones no gubernamentales, escuelas y municipios. “La provincia de Buenos Aires –argumenta– tiene la misma cantidad de habitantes que Chile y el volumen territorial de Italia, con lo cual el ministerio no puede operar como primer piso”.
“La economía social está conformada por tres sectores: el fundacional de cooperativas y mutuales, las empresas recuperadas y 40% del sector informal que es el emprendedorismo. La economía social es mayoritaria en el número de gente aunque no lo sea en volumen económico”, destaca Arroyo entrevistado por Mercado. Según el ministro, el problema que cruza al sector es la falta de crédito. Por eso, opina que “la forma de trabajar con la economía social es capitalizándola” y que “el rol central del Estado es hacer sujeto de crédito a los casi cuatro millones de personas que están trabajando y no acceden a un préstamo bancario”.

–¿A través de qué mecanismos?
–Hemos buscado distintas formas de encararlo. El ministerio trabaja como un organismo de segundo piso: no le da un crédito a la persona directamente sino a través de una red de 139 microbancos, que son ONG o municipios, como Cáritas Quilmes o el Municipio de Moreno. Los fondeamos para que den créditos que evalúan el proyecto productivo y no las garantías. Si la persona tiene un proyecto de carpintería, si hace falta en el lugar y sabe trabajar de carpintero, se le da el crédito, con tasas subsidiadas de hasta 6% anual y la idea de ir rotando el fondo.

–¿Cómo funcionan los microcréditos?
–Cuando transferimos un fondo, 80% es fondeo para máquinas y herramientas y 20% para armar software de gestión, capacitar a un oficial de cuentas. El modelo ideal es que se vaya a cobrar a la casa y que lo haga un especialista: que cobre los 20 ó 30 pesos de la semana pero que también se tire debajo de la máquina y le diga “tu problema es que el rulemán está gastado” o “estás trabajando con este tipo de productores que no te sirve”. Es una mecánica de tutoría y cobranza.

–Un problema clásico es que el gasto administrativo hace muy chica la inversión que llega al beneficiario.
–El problema del microcrédito es que la tasa de interés es muy alta porque para 1.500 emprendedores se necesitan 300 personas dando vueltas sobre el terreno. Lo que hacemos es subsidiar la parte operativa para que esto se pueda encarar. El modelo para hacerlo bien es que se vaya a cobrar a la casa pero con un compromiso con la actividad productiva. Cuando mejor nos ha salido es cuando los tutores son estudiantes universitarios de los últimos años, porque hacen su tarea y se “recontraenganchan” con el emprendedor y se meten en el proceso productivo.

–¿Los microcréditos son similares para los tres sectores de la economía social?
–Sí, con diferentes montos. Dividimos los emprendimientos en tres: los experimentales, de la gente que nunca hizo nada y quiere arrancar, donde trabajamos con un alto componente de subsidios; los de recapitalización, en los que la tasa de riesgo es mucho más baja y trabajamos con montos de hasta $300.000; y los asociativos, de 200 personas en un determinado lugar, donde hacemos mucha evaluación del mercado y tipo de producción y hemos dado créditos de hasta un millón de pesos.
El salto de calidad de la economía social está dado por cuatro puntos: el crédito, la calidad, el aspecto impositivo y la comercialización. Hicimos un acuerdo con el Iram para que el Estado financie el primer nivel de calidad en normas ISO. En la parte fiscal, hay instancias como el monotributo social, que les permite tener factura y estar exentos de pago por un tiempo, o la Ley Alas, que en Buenos Aires exime de determinados impuestos. En la comercialización, ayudamos con ferias e instancias de apoyo con equipos especializados.

–¿Por qué el conurbano, que por volumen sí es un mercado?
–Tiene una problemática social de escala. Son 10 millones de habitantes, 40% en situación de vulnerabilidad social, y un perfil productivo no muy claro. Cuyo tiene un potencial muy evidente con la vitivinicultura; la Patagonia, con el turismo. El conurbano requiere de procesos de una escala que necesita muchos recursos y variados.

–¿Cómo fiscalizan la tarea de los microbancos?
–Hay tres instancias. Una es el control contable. La gente no recibe dinero sino las máquinas que compran los microbancos, con lo cual hay toda una tarea de administración y control de adónde y cómo van los recursos.
La segunda, que es clave, es que los microbancos estén financiando actividades estratégicas para la política social, que incluyan a los sectores más pobres y con menos habilidades. El software es estratégico para algunas regiones, pero no para el ministerio porque no va a incluir a los pibes que no estudian ni trabajan o a los (desocupados) de más de 45 años. El turismo, la actividad metalmecánica, el polo madera-muebles, sí. No somos el Ministerio de la Producción.
La tercera es un análisis por muestreo de sustentabilidad de los emprendimientos. Un proyecto sustentable es el que, pasado el año, sigue vivo y duplica el ingreso de la persona. En los proyectos experimentales tenemos 50% de sustentabilidad, y en los de recapitalización, 85%.

–Es alto…
–Es muy alto pero tiene que ver con un contexto económico favorable: cinco años de crecimiento sostenido a 9% y 4 años proyectados a 6 ó 7%. Estamos generando instrumentos financieros y de apoyo en un contexto que funciona. En 2001 no lo hubiéramos podido hacer.

–¿Qué nivel de cobranza tienen estos créditos?
–La devolución es de 90%, más alta que la de un banco. Por dos razones básicas: en los sectores más pobres hay una cultura muy fuerte de devolver y es la única forma que tienen de financiarse. Otra vez, en un contexto económico favorable, porque en un contexto desfavorable esto no cuenta.

–Usted cuestiona la entrega de bolsas de comida pero alaba a las manzaneras ¿No son casi lo mismo?
–Estamos haciendo un cambio en el Plan Alimentario. Hay 750.000 madres, y 15% de ellas son madres adolescentes, que reciben bolsones de alimento a través de las 42.000 manzaneras. Lo estamos reemplazando por una tarjeta de débito de Banco Provincia de entre $80 y 100 por mes que les permite comprar el alimento que quieran, excepto bebidas alcohólicas. Arrancamos en marzo y ya entregamos 50.000 tarjetas. Ésta es una política clarísima de desarrollo local; es transferir recursos al territorio: dejo de hacer una única compra centralizada de $600 millones y distribuyo esa plata. La mamá va a ir a comprar en el barrio y a mover la economía local.
Las manzaneras son la red social más importante de la Argentina y América latina. Hasta ahora tenían el rol de dar los alimentos. Pero también son la mujer confiable del barrio, que participa en la cooperadora o la sociedad de fomento.
Creo en el rol de las manzaneras y no en el de la entrega de alimentos. Es un esquema superado por muchas razones, pero sobre todo porque el Estado no tiene que decirle a la gente qué tiene que comer.

(*) Daniel Arroyo es licenciado en Ciencia Política de la UBA, especializado en Control y Gestión de Políticas Públicas en Flacso, profesor en cuatro universidades y coordinador de posgrados en desarrollo local y economía social.