Con respecto a la tasa de desempleo, la misma ha diminuido del mencionado 24,5%
en 2001 a 10,6% a fines de 2005 y se proyecta un valor de menos de dos dígitos
para 2006 (9,8%). La contrapartida es el crecimiento constante que ha mostrado
la tasa de empleo, que ha mostrado un ascenso continuo desde el mínimo
de 32,8% observado en mayo de 2002 hasta llegar a 42% a fines de 2006. Sin embargo,
debemos destacar que se ha reducido la elasticidad de crecimiento del producto
con respecto a la reducción del empleo, por lo que cada punto adicional
en que se incrementa el producto trae aparejado una disminución en la
tasa de desempleo menor. Desde otro ángulo, para reducir el desempleo
en 1%, se necesita de tasas de crecimiento del producto cada vez más
mayores.
También han descendido fuertemente y de manera sostenida los indicadores
de pobreza e indigencia a partir de 2003. De tomar un máximo de 54% y
27,7% respectivamente, la tasa de pobreza ha disminuido a 30,7% mientras que
la tasa de indigencia se ubica en 10,9%. Si bien estos datos parecen alentadores,
también resulta evidente que la tasa a la que caen estos indicadores
ha venido disminuyendo a partir de 2005, quizás porque los aumentos de
precios han afectado negativamente a los sectores de más bajos recursos.
En este sentido, la política de acuerdos de precios llevada a cabo por
el gobierno, si bien eficaz en mantener el IPC en valores inferiores a 10%,
no parece suficiente para derrotar a la pobreza y la indigencia.
Con respecto a la distribución del ingreso, el índice de Gini
muestra una notable mejoría, aunque, a diferencia de los indicadores
anteriores, su comportamiento no ha sido monótono. En efecto, luego del
pico de 53,7% registrado en el tercer trimestre de 2003, se produjo un fuerte
descenso hasta fines de 2004, período en el cual el índice se
ubicó en torno a 49,5%.
Claramente, la mejoría observada en los niveles de empleo formal tanto
como en los indicadores de pobreza e indigencia han contribuido de manera positiva
en la disminución de la desigualdad en la distribución del ingreso.
Sin embargo, a partir de allí se han producido altibajos en su comportamiento,
y los valores de fines de 2006 resultan levemente inferiores a los registrados
en 2004. Además, debe tenerse en cuenta que el piso del que se parte
(más de 54% en 2002) es elevado, no sólo en términos históricos
sino a escala regional.
De esta forma, surge una señal de alerta a la debe prestársele
especial atención. En efecto, si bien es verdad que el crecimiento puede
contribuir a disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso,
no es menos cierto que no existe una relación unívoca entre uno
y otra.
En otras palabras, el crecimiento ocurrido en los años 90 significó
un aumento considerable de los niveles de desigualdad. Por ello, no sería
descabellado suponer que, en busca de una mayor igualdad, el Gobierno profundice
los mecanismos distributivos (acuerdos de precios, retenciones, etc.) que repercutan
favorablemente en los sectores más pobres de la población. Sin
embargo, ello también puede generar distorsiones que atenten contra el
clima de inversiones y con ello se produzca una desaceleración de la
actividad económica. De esta forma, el Gobierno deberá maniobrar
con inteligencia para poder conjugar políticas inclusivas que permitan
sostener el proceso de crecimiento en el tiempo.
Salarios del sector público
El Gobierno ha intentado incrementar el salario real de los trabajadores con
el objetivo de aumentar su poder de compra y permitir que la bonanza económica
se expanda a los distintos sectores de la población. Si ponemos la lupa
en los empleados públicos, en términos nominales sus salarios
se vieron incrementados 46,2% entre diciembre de 2001 y el mismo mes de 2006.
De ese incremento, 16,8% se produjo entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006.
A su vez, para ver el poder de compra del salario, el índice a analizar
debe ser el del salario real. Si se observa la evolución de los salarios
reales vemos que, a diferencia de lo ocurrido con el salario de los trabajadores
registrados, el que perciben los empleados del sector público se encuentra
24% por debajo del valor de 2001. Sin embargo, el año 2006 ha significado
un avance en los salarios reales percibidos por los empleados públicos
en tanto su salario real se vio incrementado 6%. Ello fue consecuencia de la
entrada en vigor de los aumentos dispuestos en la Administración Pública
Nacional.
Con respecto a 2007, debido a la intención del Gobierno de mantener elevado
el superávit fiscal, no se prevé ningún incremento para
los empleados públicos. Sin embargo, distintas proyecciones estiman que,
tal y como ocurriera en 2006, los gastos en remuneraciones del sector público
seguramente resulten superiores a las previstas. En efecto, mientras las tasas
de crecimiento, de las exportaciones y el aumento del empleo ayuden a engrosar
las arcas del Estado, el Gobierno tendrá margen de maniobra para aumentar
las remuneraciones de los empleados públicos sin hacer peligrar el superávit
fiscal. M
