A Lula le resulta cada día más difícil pelear por la reelección

Ilustración: Agustín Gomila

En plena Semana Santa, el semanario liberal Veja calificó a Luiz Inácio
da Silva (Lula) de “inepto y corrupto”. Al mismo tiempo, el ministerio
público fiscal acusaba a la cúpula del partido laborista –en
el gobierno– de operar como una asociación ilícita para
desviar fondos públicos y comprar apoyos políticos”. El
informe, subscripto por Antônio Fernando de Souza, procurador general,
se elevó a la corte suprema junto con una solicitud de cuarenta procesamientos,
en lo que podría marcar el fin de las aspiraciones de Lula a la reelección.
Pese a su relativa insuficiencia en cuanto a pruebas, Souza empleó el
domingo de Pascuas duros calificativos contra el Presidente. A éste le
cuesta ya salir indemne de la corrupción y las defecciones. El carisma
personal y la relativa estabilidad económica no parecen bastar. En ese
clima, parecía difícil que el mandatario tornara explícitas
sus ambiciones a un segundo mandato (pensaba hacerlo en julio).
Hasta la actual crisis, no había nada nuevo en que alguien buscase un
mandato adicional. Sin embargo, Lula ofrecía bastante para asombrarse.
Después de su conversión a cierto grado de “ortodoxia”
económica y, sobre todo, los escándalos que vienen golpeándolos
a él y a su base, el partido dos Trabalhadores (PT), desde 2005, muchos
creen que está a punto de perder futuro político. Sin embargo,
en las últimas encuestas mantenía ventaja en intención
de voto sobre potenciales competidores. Pero no ya la que exhibiera hasta marzo.

Síntomas problemáticos
Había factores inquietantes. Por ejemplo, una comisión investigadora
parlamentaria preparaba un informe separado que confirmaría el de los
fiscales sobre empleo de dinero negro proveniente de empresas estatales, incluyendo
fondos jubilatorios, para comprar votos de legisladores propios y de una suerte
de “oposición en venta”.
Como en tiempos de los argentinos Carlos Menem y Fernando de la Rúa,
los sobres mensuales han sido una perversa pero efectiva arma de poder bajo
este oficialismo y los precedentes. En el combate, el Presidente perdió
a su mano derecha, José Dirceu, ex jefe del gabinete presidencial y luego
expulsado del Congreso. No podía llegarse más cerca de Lula sin
tocarlo, algo que ya sucede.
El mandatario se las ingenió para atravesar malos momentos previos, conservando
la lealtad de la base, en especial la de los sectores menos favorecidos. Como
es común en contextos populistas, a los sumergidos no parece importarles
demasiado que se les hubiera prometido una administración honesta para
luego seguir los patrones de corrupción habituales en Brasil y la región.
Más relevantes resultaban los éxitos parciales en materia social.
Sueldos mínimos y pensiones –ligados por ley– han crecido
25% en términos reales. Tras algunos tropiezos, la consolidación
de ciertos programas asistenciales preexistentes ha hecho que la asistencia
llegue a unos 87 millones de habitantes sobre 185 millones de la población
total.
Los logros económicos no son impresionantes, a pesar de tantos analistas
ortodoxos antes enemigos de Lula. Brasil creció en promedio 3,5% anual
bajo este mandatario. Muy debajo de otras grandes economías en desarrollo,
como China e India y nadie prevé que lo haga a más de 4% este
año.

Dictamen por demás duro
Volviendo al informe del ministerio público fiscal, su texto sostiene
que “la asociación ilícita data de principio de 2003 y abarca
dirigentes del PT y entidades financieras”. Al respecto, se mencionan
–amén de Dircéu–, Delúbio Soares (ex tesorero
del partido), José Genoino (ex presidente) y Sílvio Pereita (ex
secretario general).
La finalidad esencial del grupo era “comprar el apoyo de otros partidos
políticos e integrar una amplia coalición oficialista de facto,
para apuntalar al gobierno federal”. Lógicamente, el PT rechazó
de plano los cargos, con un curioso argumento: el procurador Souza intenta “endilgar
al partido delitos cometidos por sus dirigentes”. Aparte de restarle al
documento relevancia como veredicto, por escasez de pruebas, el PT pretende
que sus propios capitostes actuaban por cuenta propia.
Sea como fuere, después de Pascuas, parlamentarios y gobernadores opuestos
al gobierno federal, con eje en San Pablo, iniciaban consultas para una acción
concertada. Su meta: iniciar juicio político a Luiz Inácio de
Silva. Si no destituirlo, la movida trataría de dejarlo sin posibilidades
electorales.
Geraldo Alckmin, ex gobernador paulista y candidato socialdemócrata a
la presidencia, admitió que “existe ya un movimiento de dirigentes
nuestros para procesar a Lula”. Su promotor es nadie menos que Tasso Jereissati,
presidente del PSD. Pero Alckmin, según reitera, no quiere el juicio,
sino “aplastar al PT en los comicios”.

Popularidad agrietada
Sin duda, Brasil pesa en Latinoamérica y el mundo, especialmente entre
las economías en desarrollo. Pero ello no alivia lacras tan persistentes
como pobreza, corrupción, violencia urbana y feudalismo rural. Esa conjunción
de problemas impide manejar con eficiencia una economía tan compleja
y contradictoria como la sociedad misma, algo vigente desde mucho antes del
gobierno actual. Ahora, tal como en Italia o en Gran Bretaña, escándalos
de todo tipo no dan tregua al presidente de la República ni al laborismo.
La popularidad de Lula cae paulatinamente y se aleja de 60% registrado hace
un año o de 47% al comenzar 2006.
Peor luce el poder ejecutivo, con apenas 30% en marzo, contra 38% doce meses
antes. Del PT mejor no hablar: apenas 25% de los brasileños confiaba
en el oficialismo a mediados de abril. Por supuesto, se trata del componente
político más afectado por denuncias y procesos por venalidad.
A criterio del Wall Street Journal, “este deterioro en la fiabilidad
del gobierno se debe a que una gran cantidad de dirigentes, algunos de ellos
incómodamente allegados al presidente, tanto en la esfera del poder ejecutivo
como en el parlamento, están comprometidos con escándalos de corrupción
que vienen desarrollándose desde inicios de 2005”.
Denuncias, cargos y causas van desde el financiamiento ilegal de campañas
políticas, hasta los sobornos a diputados para alcanzar las mayorías
reglamentarias que el Presidente necesita para gobernar, entre otros asuntos.
Con el paso del tiempo, los casos de corrupción han acabado por salpicar
a Lula.

Disparidades y clientelas
No obstante, subsiste cierta disparidad entre la imagen de Lula y la de su gobierno
o el oficialismo, que refleja, por cierto, los esfuerzos realizados para preservar
a la cabeza. Además, pese a crecientes dificultades, hasta el primer
trimestre de 2006 venían dándose algunos buenos resultados. Varios
analistas suponen empero que, si el apoyo público al Presidente ha caído
de manera menos acelerada que al resto del gobierno, se debe a otras razones;
no a la economía.
En primer término, Lula había mantenido hasta marzo una ostensible
distancia y negaba al extremo la existencia de una crisis política. El
mandatario brasileño todavía sostiene que las denuncias contra
su entorno y correligionarios del PT son un complot de élites sociales,
económicas y financieras –cuyo eje es Fernando H. Cardoso, su antececesor–
y subraya la insuficiencia de las pruebas aportadas a mediados de abril por
los fiscales federales.
Por otro lado, desviar recursos gubernamentales hacia los estamentos más
necesitados de la población, con el fin de comprar alimentos, ha conseguido
mantener un electorado fiel dentro de ese segmento. Lo integran, mayormente,
gentes de bajo nivel educativo y poca información sobre la coyuntura
económica, política e internacional.
Así como, en Estados Unidos, la base electoral de Bush está en
el “cinturón bíblico” y, en Rusia, la de Putin reside
en las ciudades nostálgicas del bienestar comunista, la de Lula tiene
su propia geografía. Esos grupos se hallan concentrados en áreas
del noreste y en las vastas villas miseria (favelas) alrededor de las grandes
urbes. A ellos se orienta marcadamente el discurso populista del gobierno (aunque
no su política económica, asaz más ortodoxa).

Señales alarmantes
Varios expertos políticos y algunos sociólogos advierten que la
crisis tiende a acentuarse. Por ende, la imagen del gobierno, el partido y el
Presidente pueden seguir erosionándose en estos meses. En el plano parlamentario,
claro, la historia arranca en el momento cuando se expulsó al ahora ex
diputado Dircéu y el clima borrascoso no se calma, aunque eso haya sucedido
el 30 de noviembre pasado.
Dircéu, eminencia gris de Lula, era también su brazo derecho y
había sido principal articulador de la campaña presidencial. Ya
a fines de 2004, se lo acusaba de haber organizado una red ilícita para
financiar la política y sobornar legisladores –federales y estaduales–
a cambio de apoyo táctico o estratégico. Ésa no fue ni
será la única cabeza en rodar hasta los próximos comicios.
Pero existe un matiz: también hay opositores en la cuerda floja, o sea
investigados, que zozobran al borde del desastre.
Dentro del gobierno, el último caso antes del informe del ministerio
público fiscal le cupo al ex ministro de Economía, Antônio
Palocci (ahora no parece tan intocable como hasta semanas atrás). Este
personaje en apariencia duro y estimado por la comunidad financiera paulista
había sido acusado de corrupción durante su mandato como intendente
de Ribeirão Preto, una pequeña y próspera ciudad en
el estado de San Pablo.
Este año, Palocci ya tuvo que declarar ante una comisión parlamentaria
de investigación. Sin embargo, ése no era el principal problema
que afrontaba, sino la difícil tarea de gestionar la economía.
Máxime en un país como Brasil, con expectativas quizás
exageradas donde, desde hace meses, las cifras sobre producto bruto interno
y crecimiento no son tan buenas como en 2004: el PBI retrocedía de 3,75%
ese año a menos de 3% en 2005, aunque parece remontar a 4% en el corriente
ejercicio.

Críticas internas
Palocci había comenzado a ser muy criticado, incluso entre otros miembros
del gabinete, por mantener una política de contención de gastos
y ser reticente a sacrificar el superávit primario (ingresos menos gastos,
excluyendo los pagos de intereses sobre la deuda) en 4,25% del PBI. Dilma Rousseff,
sucesora de Dircéu como ministra de la Presidencia, llegó a opinar
públicamente que la política económica no era ya la más
adecuada para lograr crecimiento. Esta nueva línea, a juicio del PT,
podría contribuir a restablecer el crédito de Lula a tiempo para
alcanzar las elecciones presidenciales de este año. Otros no lo ven factible.
Por supuesto, la disconformidad prevaleciente en el aparato oficialista revela
que los correligionarios del Presidente están desilusionados con el giro
de la política económica respecto de la plataforma electoral que
llevó al triunfo de Lula. Sin mencionar el ideario histórico laborista.
A criterio de muchos dirigentes, el programa de Palocci era una continuación
de la política macroeconómica del gobierno anterior, siempre cuestionada
por el PT.
La pérdida de confianza también sugiere que las medidas del gobierno
y los sacrificios en aras del superávit fiscal primario responden más
a intereses políticos para mantenerse en el poder que a las exigencias
de un desarrollo efectivo económico del país. Pero esto parece
contradecir las aspiraciones de la base de votantes que conserva Lula.

¿Un círculo vicioso?
Tampoco esta divergencia entre política, economía y sociedad es
novedosa en Brasil. Pero, desde que comenzó a gobernar el PT, la política
económica divide a los poderes ejecutivo y legislativo entre quienes
apoyan los ajustes monetarios (inclusive altas tasas reguladas), en pos de una
expansión sustentable más a largo plazo, y quienes piden políticas
con mayor gasto –y déficit– fiscal.
Sin duda, para Wall Street y los gurúes paulistas el gobierno está
llevando a cabo un programa económico adecuado a sus fines. Lo malo que,
casi por casualidad, los resultados de esa política –exitosos hasta
los escándalos– parezcan haberse dado vuelta. Algunos expertos
creen que ese revés se vincula a un dólar demasiado barato (R
2,12/20, contra $ 3,06/10 en la Argentina).
En ese plano, señalan que en Uruguay (donde el dólar cuesta apenas
$Ur 26,50, cuando debiera estar a más de 30) esa asimetría está
trabando toda clase de exportaciones e impone un costo de vida muy duro para
la gente. Similar suerte podría correr Brasil. En igual materia, cabe
recordar que Cardoso, sus aliados financieros y empresarios paulistas eran partidarios
de un dólar nunca más barato que en la Argentina. También
es interesante notar que Tabaré Vázquez ha imitado a Lula. Ganó
con una plataforma de izquierdas y gobierna teniendo presentes intereses privados,
entre ellos los de la poderosa banca extraterritorial que el régimen
militar dejó en Montevideo y sus sucesores hicieron intangible.
Por supuesto, varios sociólogos brasileños afirman que la política
económica no es la más acertada para devolver la confianza en
el gobierno. Para ese grupo, el superávit primario es alto sólo
para compensar los tipos de interés (hoy en 17% anual) impuestos por
la extrema ortodoxia del banco central y los aprietos fiscales del sector público.
Paralelamente, es preciso ahorrar ingresos para afrontar los pagos de la deuda
en moneda local, justamente porque las tasas de interés son muy altas,
los pasivos suben y el esfuerzo fiscal tiene que ser mayor para cumplir con
esos mismos pagos. Es un círculo vicioso. M