La crisis, el gasto y la inversión social

En numerosos artículos periodísticos e informes especializados
se lee que, pese a la crisis, la Argentina tiene el mayor desarrollo humano
de América latina. De acuerdo con el Informe Anual del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, realizado con datos de 2001, entre 175 países,
la Argentina conserva el puesto 34 desde hace tres años. Según
proyecciones de la ONU, la debacle no alteraría el puesto del país
(Nora Sánchez y Silvina Heguy, en Clarín, 9/7/2003).
Según el Indec, siete de cada diez niños son pobres, y cinco de
cada diez son indigentes; es decir, no alcanzan a cubrir la canasta básica
de alimentos. Asimismo, la brecha entre el ingreso de los más ricos y
los más pobres se amplió de 20 veces en 1994 a 35 veces en nuestros
días.
Cambiar esta realidad depende de convertir el gasto social en inversión
social.

La realidad social y el gasto social

El denominado “gasto social” en la Argentina representa cerca de 20%
del PBI (bien por encima del promedio de los países de América
latina: 13%; y similar a países como Brasil y Uruguay) y 63% del presupuesto
nacional. El “gasto social” ha tenido una tendencia creciente durante
casi toda la década de los ’90, siguiendo fundamentalmente los pasos
del gasto total.
En la investigación de Fundación Faro se expone acabadamente la
problemática y el enfoque del “gasto” social. Las políticas
sociales, los planes y los programas, estuvieron diseñados para otro
momento histórico, para un momento en el que la mayoría de la
población vivía de su salario, de su empleo y de sus pensiones
y jubilaciones.
La significativa descentralización del sistema educativo en la última
década ha derivado en un sistema fuertemente burocratizado y con falencias
en la ex escuela posprimaria y en la calidad educativa. Por ejemplo, la tasa
bruta de escolaridad de la secundaria en la Argentina es 77%, mientras que en
Uruguay es 85% y en Estados Unidos es 97%. Con respecto a la calidad educativa,
en los últimos años se ha visto una disminución en los
rendimientos (Polimodal/lengua: en 1995, 53%; en 2000, 49% de aciertos), lo
cual ha derivado en que la Argentina hoy en día sea uno de los peores
países en las evaluaciones de comprensión lectora (puesto 31,
de 35 países). También en materia de tasas de deserción
y repetición, el sistema presenta importantes inequidades entre las diferentes
provincias y entre escuelas estatales y privadas.
En el caso de salud, el sistema es complejo, rígido y se encuentra altamente
fragmentado (público, empresas prepagas y obras sociales), lo cual genera
grandes desigualdades, ya que personas de diferentes estratos acceden a distintas
coberturas de salud.
Tomando el tema de vivienda, notamos que en la década de los ’90,
la productividad ha aumentado (hoy se producen cerca de 35.000 viviendas por
año), pero el déficit de vivienda ha permanecido constante (más
de tres millones). Cuando comparamos con países como Chile, notamos que
nuestra productividad está por debajo de nuestras posibilidades, ya que
el país vecino produce 80.000 viviendas de interés social teniendo
sólo la mitad de hogares que la Argentina.

El programa de Jefes y Jefas

Entre los años 2000 y 2001 se plantearon diversos proyectos sobre ingreso
mínimo, en sus variantes de ingreso ciudadano e ingreso garantizado,
el seguro de inclusión infantil y otros proyectos similares que utilizan
el enfoque del ingreso mínimo garantizado, dirigidos a efectivizar el
derecho de todo ciudadano a disponer de determinado ingreso monetario básico.

Durante 2002 el Plan alcanzó a más de dos millones de personas
(5% de la población total y 18% de los hogares de la República
Argentina) y significó erogar $ 2.275 millones.
El esfuerzo del gobierno nacional debe ser reconocido, puesto que logró
controlar el conflicto social imperante, que fue la razón principal de
su origen.
Nunca antes la Argentina pasó una situación social, política,
institucional y financiera como la que dio origen al Plan, y nunca se destinaron
los recursos económicos, ni se incluyó a un número tan
alto de beneficiarios como en la actualidad. Éstos son, probablemente,
los dos elementos que diferencian marcadamente al plan Jefes/as de los programas
sociales de los ’90. (Laura Pautassi, Julieta Rossi y Luis Campos. Plan
Jefes y Jefas. ¿Derecho social o beneficio sin derechos?, Cels, mayo
de 2003.)
El Plan fue concebido para paliar una situación social y se ha transformado
en un subsidio encubierto que no apunta a la raíz de los problemas sociales
y corre el riesgo de constituirse en una política permanente de emergencia,
con lo contradictorio que parecen ambos términos. Por estos motivos consideramos
que existen ciertos aspectos del mismo que debieran ser revisados.
A esta altura podríamos preguntarnos si se han cumplido los objetivos
generales del plan de Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, en cuanto garantizar
el derecho familiar de inclusión social, y si se puede garantizar tal
derecho a través del aporte mensual y transitorio de una suma fija no
remunerativa de $ 150.
Las actuales autoridades nacionales han anunciado su vocación por transformar
paulatinamente el Plan hacia una concepción verdaderamente integradora,
a la promoción de redes productivas, a la descentralización del
mismo, promoviendo la efectiva redistribución del ingreso, la economía
social, el autoempleo y los microemprendimientos productivos.
Los objetivos propuestos son loables y el equipo designado tiene el conocimiento
y la experiencia para intentarlo. Será necesaria, sin embargo, la voluntad
política para producir los cambios. M