Más allá de las premoniciones que anticipan una guerra del agua
a librarse por estas y otras latitudes (ver dossier en esta misma edición),
lo cierto es que, según datos del Foro Mundial del Agua realizado en
Kyoto, Japón, en marzo de este año, América es el continente
que cuenta con las mayores reservas del planeta, ya que posee 47% de la disponibilidad
mundial de recursos hídricos renovables. Sin embargo, durante los últimos
100 años, el crecimiento poblacional, la demanda del sector agrícola
y el desarrollo de procesos industriales hicieron que el consumo de agua potable
aumentara seis veces.
Si a la creciente escasez de agua que puede ser potabilizada se le suma el incremento
de la contaminación –de acuerdo con un documento de Naciones Unidas,
cerca de la mitad de los ríos del planeta se encuentra contaminado–,
el tratamiento de aguas industriales deja de ser una opción para convertirse
en una necesidad.
Newbury es una empresa argentina dedicada a la producción y comercialización
de químicos esenciales, entre los que se encuentran los dedicados al
tratamiento de aguas industriales. Ralf Ruppel, presidente de la compañía,
asegura que en el país existe una clara división entre la manera
de encarar el tratamiento de afluentes (aguas que se extraen de ríos,
lagos y pozos) y el de efluentes (aguas que se vuelcan a los mismos canales
y receptáculos). “Los afluentes deben ser tratados sí o sí
porque son para el consumo humano y los problemas que surgen por no hacerlo
correctamente se manifiestan de inmediato”, explica. “En cambio, con
los efluentes, se hace lo mínimo indispensable”.
Según el directivo, la mayoría de las empresas no trata como debiera
los desperdicios que se echan a las aguas. “Para una compañía
de cierta envergadura, el tratamiento de efluentes cuesta alrededor de US$ 40.000
mensuales. Las empresas realizan una ecuación de costo/beneficio para
determinar si es necesario hacer erogaciones de este tipo o permanecer en la
clandestinidad y afrontar las sanciones en caso de ser descubiertos”, puntualiza
Ruppel.
El marco jurídico
Por cierto, en la Argentina, no existe un vacío legal en la materia.
De hecho –y de Derecho–, las leyes locales son tan exigentes como
en Europa, pero, según Ruppel, como no hay control nadie las cumple.
“Las únicas empresas que tratan bien los efluentes son las exportadoras,
porque no pueden arriesgarse a que sus clientes no reciban los productos en
caso de que clausuren la planta, además de que les exigen el cumplimiento
de las medidas sanitarias”, comenta.
En este contexto, se abren dos caminos para que el tratamiento de efluentes
mejore de cara al futuro: profundizar los controles sanitarios o reducir el
costo de los insumos necesarios para la neutralización de tóxicos.
En este sentido, la compañía Petroquímica Río Tercero
presentó recientemente el policloruro de aluminio (PAC), un químico
que logra potabilizar el agua con una importante reducción de costos.
El principal negocio de la petroquímica es la fabricación de disocianato
de tolueno (TDI), materia prima de la espuma que se utiliza como insumo en la
producción de colchones. La fabricación del TDI deja como residuo
el PAC, que luego de un proceso de refinamiento puede comercializarse. La compañía
decidió invertir US$ 8 millones en la instalación de una planta
de refinamiento de PAC y transformó lo que era un desperdicio en un nuevo
producto.
Actualmente, la mayoría de las empresas argentinas usa sulfato de aluminio
para la potabilización del agua. Sin embargo, Bruno Barra, gerente Comercial
del Grupo Piero –propietario de la compañía petroquímica–,
sostiene que utilizando policloruro de aluminio podrían lograrse ahorros
de hasta 25%. “En varios mercados europeos, el PAC reemplazó completamente
al sulfato de aluminio”, informa el ejecutivo, “aunque, en la Argentina,
el proceso de recambio llevará dos años y recién en ese
momento podremos utilizar toda nuestra capacidad productiva”.
El PAC fue presentado en “Expo Agua y Medio Ambiente 2003”, la exposición
más importante del sector en Sudamérica, que este año reunió
a 65 empresas de Estados Unidos, Europa y América latina. M
Javier Silva