Si la Corte decidiera finalmente dar lugar a la redolarización de los
depósitos, pero a su vez dejara abierta la puerta para que el Gobierno
la instrumente de manera no traumática, podría resultar, en el
corto plazo, más beneficioso que perjudicial. El beneficio derivaría
de que una vez tomada esta decisión, se despejaría uno de los
mayores factores de incertidumbre, claro que al costo de incrementar la deuda
y la carga de intereses, pero esto sólo sería una complicación
en el mediano plazo.
El problema que traería aparejado el aumento de la deuda pública
debe verse, dada la imposibilidad de recurrir al endeudamiento, como el esfuerzo
en términos del superávit primario que el sector público
debe generar para obtener los recursos que necesita para el pago de los intereses.
En este sentido, debe ser analizado junto con las características que
podría tener el proceso de renegociación de la deuda externa que
el próximo gobierno deberá encarar ni bien asuma: ¿quita
sobre el capital adeudado o mayor plazo de pago (con algún período
de gracia) y menor tasa de interés?
Un superávit primario de 2,5% a 3% del PBI podría ser bien visto
por los acreedores, pero hoy está bastante lejos de lo que el gobierno
argentino puede ofrecer seriamente. En 2002, el superávit primario alcanzó
a alrededor de 0,7% del PBI. Este año es muy posible que esta cifra pueda
ser incrementada, pero nunca multiplicada por cuatro.
Más aún, si el escenario de tranquilidad macroeconómica
continúa, esto traerá algún dolor de cabeza por el lado
de las cuentas fiscales, ya que tanto la tasa de inflación como la cotización
del dólar, serán bastante menores que las proyectadas inicialmente,
con el consiguiente efecto sobre los recursos tributarios.
Con un superávit posible, de 1% a 1,5% del PBI, pareciera que la estrategia
más prudente sería ir por un mayor plazo y un período de
gracia que le permitiera a la economía argentina crecer más rápido
y aumentar por esta vía los ingresos fiscales en un horizonte de mediano
plazo.
Así se despejaría uno de los interrogantes más fuertes
en relación con las posibilidades de la economía de volver a crecer,
más allá de la recuperación del nivel de actividad que
seguramente se verificará este año, ya que salir de la situación
de default permitiría volver gradualmente a recibir algún tipo
de financiamiento externo.
Lo cual conduce al segundo interrogante, que es el relacionado con la necesidad
de sanear y reestructurar el sistema bancario, de modo de hacerlo nuevamente
confiable para la sociedad y permitir que retome su rol de intermediario financiero
que acerque recursos a la actividad productiva. Ésta es una tarea pendiente,
pero ineludible para que sea posible crecer de manera sostenida.
Tanto una renegociación exitosa de la deuda, que incluye la necesidad
de mantener la austeridad fiscal para ir alcanzando gradualmente el superávit
primario necesario para cumplir con lo que se acuerde, como un rediseño
eficiente del sistema financiero, requieren un gobierno fuerte y efectivo por
detrás, lo cual nos lleva a otro de los interrogantes que enfrenta nuestra
economía acerca de su posibilidad de crecer.
La fragmentación de los dos partidos tradicionales, en un contexto de
desconfianza generalizada sobre la política, pone un signo de interrogación
muy grande sobre esta condición necesaria (y previa) para que la economía
reencuentre su rumbo de manera definitiva.
Sorpresa en el acuerdo con el FMI
Como las metas del mes de marzo recién se revisan en mayo, todo hace
suponer que, al menos del lado de la economía, se llegará a las
elecciones del mes de abril (siempre que ocurran en esta fecha) en un ambiente
de tranquilidad.
Aunque continuó siendo un tema importante, la evolución de la
cotización del dólar fue desplazada del centro del escenario económico
por el acuerdo con el FMI y lo que esto implica para los próximos meses.
Sorpresivamente, el acuerdo alcanzado incluye, además del roll-over de
los vencimientos con organismos internacionales hasta agosto, el financiamiento
parcial del déficit fiscal, en la parte correspondiente a los intereses
por préstamos con esos organismos. Esto, sumado a US$ 200 millones adicionales
que aportará el BID, totaliza nuevos fondos por alrededor de US$ 1.300
millones.
Las metas monetarias y fiscales, son cumplibles para el mes de enero y para
el trimestre en su conjunto, sobre todo dada la buena performance que la recaudación
tributaria habría tenido en el mes de enero (alrededor de $ 5.600 millones).
El acuerdo es estricto en relación con la posibilidad de volver a incurrir
en incumplimientos con los organismos, ya que en ese caso se cae automáticamente.
Esto puede influir en la evolución de las reservas, dado que los desembolsos
del Banco Mundial no están perfectamente calzados y hay un vencimiento
cercano a los US$ 800 millones en marzo que puede llevar las reservas a cerca
de US$ 8.000 millones.
Esto, por supuesto, depende en buena medida del comportamiento del mercado de
cambios que, según nuestra estimación continuará sobre
ofertado, y también de lo que haga el Banco Central frente a esta situación.
En principio, el acuerdo alcanzado le permitiría al BCRA comprar reservas,
aunque a un ritmo menor al que vino haciéndolo en noviembre y diciembre.
Las metas monetarias tienen el doble objetivo de controlar la emisión
(para tener un “ancla monetaria”) y restringir la intervención
del Banco Central en el mercado cambiario.
La preocupación central del Fondo en este aspecto es que se produzca
una nueva salida de depósitos o un desequilibrio fiscal que desborde
las metas monetarias.
Más allá de la cuestión de la competitividad, la preocupación
del Gobierno se centra en que las proyecciones de recaudación están
basadas en un dólar de $ 3,85 y una tasa de inflación acorde con
éste.
Visto a partir de la situación actual, esto supone una significativa
sobre estimación de la recaudación, que hace que la meta de un
superávit primario equivalente a 2,1% del PBI, aunque razonable desde
el punto de vista del equilibrio fiscal, es de muy difícil cumplimiento.
El Banco Central, en el ojo de la tormenta
El tema de la evolución de la cotización del dólar continuó
ocupando el centro del escenario económico durante febrero. Para llenar
de preocupación tanto al Ministerio de Economía como al Banco
Central, a comienzos de la segunda semana la cotización perforó
los 3,10 en una carrera descendente que parecía no tener un final cercano.
En el corto plazo, este descenso del tipo de cambio amenazaba afectar los recursos
fiscales doblemente. Por el efecto directo sobre la recaudación en pesos
de las retenciones sobre las exportaciones y por el efecto indirecto que podría
derivarse de una mayor presión de los exportadores para reducir las alícuotas
de las retenciones si el dólar continuaba bajando.
Para colmo, lo que era una noticia esperada hace bastante, el acuerdo con el
FMI, se transformó en motivo de preocupación porque en el momento
en que llegó constituía una amenaza, por su efecto sobre las expectativas,
de aumentar la presión a la baja de la cotización cambiaria.
En este contexto, había quienes reclamaban una actitud más agresiva
del BCRA como comprador de divisas pero hay un delicado equilibrio entre sostener
el valor del dólar y, al mismo tiempo, mantener el control de las variables
monetarias.
Finalmente, la sangre no llegó al río porque se revirtió
la tendencia y el dólar terminó esa misma semana por encima de
los $ 3,20 por unidad.
La película, sin embargo, no terminó. Estos vaivenes en la cotización
son lógicos en un mercado tan pequeño y la causa básica
de la revaluación nominal, es decir, el exceso de oferta, continúa
vigente.
A la espera de lo que ocurra con este precio clave de la economía, el
Gobierno dio un paso importante en relación con la conformación
de una estructura de precios relativos más consistente, al conseguir
el modo de aumentar las tarifas de servicios públicos por decreto.
De esta forma, entre el acuerdo con el FMI hasta agosto y la recomposición
de las tarifas, el Gobierno puede llegar al final de su mandato transfiriendo
una situación económica relativamente ordenada a su sucesor. M