En los primeros días del mes, el ministro Lavagna lanzó un juego
de políticas que podían definirse como de expansión del
gasto operativo y recorte de impuestos hasta reducir el superávit fiscal
primario a cero o mantenerlo levemente negativo: se liberaron las cuentas a
la vista poniendo más liquidez en manos del público y hubo un
incremento de los salarios nominales privados. La apertura de esas cuentas liberó
unos
$ 20.000 millones, pero se aseguraba que los US$ 10.000 millones en reservas
del Banco Central podían ejercer un control si la mayor liquidez generaba
señales de inflación.
La incertidumbre creció con la presunción de que la Corte Suprema
rechazaría la pesificación del sistema financiero, fallo que según
varios especialistas podía desatar un fenómeno inflacionario.
Pero el 26 se anunció que el dictamen del máximo tribunal, que
redolarizaría el corralón de US$ 11.000 millones, se postergaba
hasta febrero de este año.
Alfonso Prat Gay, caracterizado por varios analistas como un keynesiano, asumió
la presidencia de la autoridad monetaria (según varias versiones, el
desencadenante de la renuncia de Pignanelli se produjo luego de una serie de
cortocircuitos con el ministro de Economía acerca de la estrategia a
tomar frente al FMI y el funcionamiento del sistema financiero). En línea
con el Gobierno, el nuevo funcionario flexibilizó el control de cambios.
Hasta ese momento el Banco Central era el principal demandante de divisas. Con
esta medida se instaba a una demanda genuina para evitar una baja excesiva del
dólar. En los últimos días del año hubo un hecho
curioso: el dólar por cuenta y orden del Banco Central –el oficial–
era más caro que el paralelo. El 27 la divisa cerró a $ 3,43.
El posible crecimiento
A fines del fatídico 2002 se estimaba que la política cambiaria
se consolidaría y descendería el nivel de desconfianza. En ese
contexto, algunos analistas se preguntaban cómo podía reactivarse
la economía y lograr una estrategia de crecimiento de largo plazo luego
de más de cuatro años de recesión.
Las exportaciones, con un tipo de cambio elevado, se vislumbraron como uno de
los motores. También se afirmó que para que la economía
creciera de manera sostenida debía aumentar la demanda interna, que dependía
del crecimiento del salario real. Ese aumento salarial podía alentar
el consumo, aunque con un incremento de la inflación.
Se argumentaba que, con tasa de inflación controlada –lo que no
siempre es fácil–, se podría recomponer la estructura de
precios relativos en un contexto de expansión económica más
acelerado que, a su vez, favorecería la caída del desempleo. Se
estimaba que una tasa de inflación de 20-25% anual (el presupuesto 2003
previó un incremento de 22%) y un aumento del Producto Bruto Interno
de 4%, permitirían alcanzar un superávit primario del orden de
3% del PBI.
El eterno circunloquio con el FMI, pareció entrar en el terreno de las
definiciones en los últimos días de diciembre. Según el
diario Clarín, el grupo de los siete países más ricos decidió
que el organismo llegue a un acuerdo con la Argentina –que se firmaría
en la segunda semana de enero– para evitar la cesación de pagos
en los vencimientos de este mes.
El superávit comercial de 2002 fue 17% del PBI, el superávit primario
fue de $ 3.300 millones (lo que representó algo más de 1% del
PBI) y el aumento de precios estimado para el año sería de entre
41 y 42%, muy lejos de la hiper tan temida. M