La Junta de Normas para Contabilidad Financiera (FASB, siglas del inglés Financial Accounting Standards Board) de Estados Unidos y su contraparte internacional IASB –International Accounting Standards Board-, de Londres, discutieron en Connecticut las bases de un programa para armonizar pautas contables a ambos lados del Atlántico, con vistas a 2005.
En ese año, luego de que en 2004 la Unión Europea haya pasado de 15 a 25 miembros, vence el plazo para que todas las firmas que cotizan en bolsas de ese continente adopten una versión de las normas contables internacionales (NCI o IAS, International Accounting Standards). Simultáneamente, la FASB avanza hacia un proyecto para elevar la calidad de los balances, a fin de que accionistas, inversores, acreedores y otros grupos interesados puedan evaluar mejor el desempeño de las empresas.
Entonces, ¿la profesión contable finalmente hará, o no, cambios profundos? Ésta y otras preguntas se formularon en la Escuela de Negocios Wharton, durante un reciente seminario denominado “Tendencias en políticas contables y empresarias después de los escándalos”.
Uno de los grupos de discusión analizó, precisamente, las normas contables y las prácticas de auditoría en el escenario post Enron. El panel se formó con David Larcker (profesor de contabilidad), James Leisenring (IASB), Günther Gebhardt (Universidad de Francfort del Meno) y Robert Eccles (Advisory Capital Partners, PricewaterhouseCoopers).
Diferencias cruciales
“A la luz de tantas controversias -señalaba Larcker-, las normas internacionales de contabilidad tienen un problema crucial: sus diferencias. Por un lado, los principios contables generalmente aceptados en Estados Unidos (GAAP, Generally accepted accounting principles) son muy detallados, rígidos y reglamentaristas. Por el otro, las IASB europeas ofrecen guías generales, flexibles.”
Una investigación hecha por Christian Leutz, otro docente de Wharton, concluye que IAS y GAAP pueden compararse en cuanto capacidad de generar información. No obstante, el estudio se limita a una muestra de firmas que cotizaban en el ya extinto Neues Markt (la respuesta de Francfort al Nasdaq) y debieron elegir entre normas internacionales y principios aceptados en Estados Unidos. Además, el trabajo no encara directamente las políticas de quienes fijan pautas contables.
Leisenring (IASB) afirmó, por el contrario, que existen diferencias relevantes entre IAS y GAAP. Por ende, “las compañías incurren en costos significativos para cumplir con pautas locales y, después, reconciliarlas con las GAAP o las IAS norteamericanas. A su vez, los inversores deben comparar alternativas empleando datos incompatibles entre sí”.
Por su parte, Gebhardt recordó que, cuando las empresas europeas se registran en Estados Unidos aplican, sea GAAP o fórmulas mixtas que derivan en balances sin muchos datos útiles. “Esta información es un costo. Además, los usuarios de esos estados financieros también afrontan costos”. A su juicio, las futuras IFRS (International Financial Reporting Standards; en castellano, normas internacionales para estados financieros), que se requerirán en la Unión Europea desde 2005, tendrán efectos positivos. En primer lugar, crearán incentivos para una convergencia entre IAS y GAAP en forma de pautas de auditoría comunes. También habrá presiones del sector privado en igual sentido y, eventualmente, irán desapareciendo las diferencias entre IAS, GAAP e IFRS.
¿Y los auditores?
Ese proceso de convergencia es sólo uno de los cambios previsibles. Otro, según Larcker, afectará “al modelo de auditoría, que dejará de centrarse en que una firma cumpla ciertas normas y adoptará evaluaciones más holísticas sobre desempeño y futuro. Los análisis evolucionarán hacia lo estratégico y buscarán identificar imponderables como lealtad del cliente o tasa de innovación”.
Otro tópico discutido en los paneles hace a la responsabilidad de los auditores al certificar balances; justamente, esta cuestión acabó con Arthur Andersen. Vocero de un estudio contable, Eccles sostuvo: “Las auditorías no están pensadas para detectar fraudes del management. Pueden hacerlo, pero es costoso e insume mucho tiempo. En todo caso, el auditor no estampa un sello de garantía sobre la salud del negocio”. Obviamente, la SEC (Security Exchange Commission) y la justicia federal estadounidense no piensan lo mismo. Para Eccles, de todos modos, “una mayor transparencia empresaria y dictámenes de auditoría más amplios involucran problemas de responsabilidad legal para las compañías y los estudios contables”.
En opinión de Gebhardt, accionistas, inversores y SEC debieran interesarse en aspectos económicos de las transacciones. “A menudo, esto significa que la SEC precise más datos sobre flujos de caja, fondos de comercio, sus variaciones y su papel en decisiones ejecutivas. Hace falta más contabilidad relevante y mayor coincidencia entre informes internos y externos, aunque no el mismo grado de detalle”.
Disintiendo con Eccles, el alemán cree que “los usuarios de estados financieros van más allá de lo formal y los profesionales deben satisfacer sus requerimientos. Atenerse a lo estrictamente reglamentario no debiera ser excusa para permitir tergiversaciones. Por ejemplo, las de Enron respecto de las sociedades armadas para maquillar balances o la política de remunerar en exceso a niveles directivos y ejecutivos”. El experto aludía a WorldCom, Tyco International y otros casos.
Desincentivar pecadores
Por su parte, Larcker acepta que las normas son relevantes, pero el grado y la forma de cumplirlas lo es más. “Básicamente, es cuestión de incentivos. Cuando la gente tiene algo que ocultar, tiende a manipular números para servir sus propósitos, y no las normas contables. Por lo tanto -deduce-, los reguladores deben asegurarse de que esas pautas se cumplan y desalienten ciertas conductas mediante severas penalidades”.
El panelista tomó como ejemplo a Tyco, donde la propia cúpula presumiblemente saqueó US$ 600 millones en efectivo y acciones de la empresa. Una clave de la causa -en la cual el ex CEO Dennis Kozlowski fue acusado de evasión fiscal, corrupción, latrocinio calificado, falsificación de asientos contables y fraude con valores- consistió en determinar si la junta directiva estaba al tanto de los desmesurados paquetes remuneratorios. También se cuestionaba el grado de autonomía de ese mismo directorio.
Ante la proliferación de tanto abuso, los expertos convinieron en la necesidad de balances transparentes, mayor regulación y vigilancia. Sin embargo, Eccles y otros defensores del negocio contable insistieron en que “iniciativas como la ley Sarbanes-Oxley limitan las posibilidades de que un estudio ofrezca otros servicios a los clientes de sus auditorías. Esto puede redundar en honorarios más altos”. Obviamente, algunos profesionales reducen el problema a los ingresos de las firmas auditoras o de las instituciones de enseñanza: “Si el Congreso y los medios -decía Eccles- demonizan la profesión, los estudiantes tal vez elijan otras carreras”.
Sea como fuere, la lista de empresas y directivos involucrados en escándalos parece un Quién es quién de los negocios. La magnitud de los abusos denunciados, junto con la debilidad de la propia economía, ha inspirado dudas éticas y profesionales en muchos contadores (aunque no en todos), amén de severidad en reguladores. Pero ¿hasta qué punto hay un compromiso real de cambio?
Otro docente de Wharton, Robert Verrecchia, abriga serias dudas: “No estoy seguro de la sinceridad de las autoridades. Esta crisis coincidió con un mercado accionario depresivo. Si no hubiese sido así, ¿alguien se habría preocupado por paquetes remuneratorios o pago de bonificaciones con opciones accionarias? No lo creo. En un caso así, nadie hubiese ido al fondo de la cuestión”.