En los últimos lustros la Argentina asistió a un nuevo fenómeno: el surgimiento de miles de organizaciones de la sociedad civil cobijadas con el amplio y ambiguo paraguas del Tercer Sector o Sector Social. Los últimos datos indican que son algo más de 75.000, que generan casi 300.000 puestos de trabajo y canalizan el esfuerzo de los tres millones y medio de personas que, según la encuesta realizada por Gallup Argentina para el Foro del Sector Social, realizan algún tipo de trabajo voluntario en el país.
En realidad, se trata de un fenómeno mundial. Un estudio sobre 22 países, entre ellos la Argentina, elaborado por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad John Hopkins, indica que el Tercer Sector emplea 19 millones de personas y mueve US$ 1 billón por año, lo que lo transforma en la octava economía del planeta, después de Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia.
La citada encuesta de Gallup Argentina revela, también, que seis de cada diez habitantes del país confían en que las organizaciones sin fines de lucro son capaces de resolver los problemas sociales, un porcentaje sólo superado por la Iglesia. En cambio, los partidos políticos, el Congreso, los sindicatos y la Justicia ocupan los últimos lugares del ranking. No parece casual, entonces, que le gente haya tomado distancia de los partidos y optado por el compromiso social. Con el adelgazamiento de las grandes utopías y el progresivo divorcio entre la política y lo social, muchas personas empezaron a plantearse la posibilidad de ayudar a los más postergados de modo directo, sin la intermediación, casi siempre clientelista, de las estructuras partidarias.
Para muchos dirigentes políticos, las entidades no gubernamentales son un subproducto de la despolitización de la sociedad. Quizá no les falte razón, pero hay muchas organizaciones civiles que buscan recuperar la política desde los lugares que los partidos, al convertirse en simples maquinarias electorales, abandonaron hace tiempo.
Por otro lado, es cierto que algunas ONG se piensan a sí mismas como una alternativa a los partidos y generan un marco de competencia, pero también es real que no pocos dirigentes políticos creen que deben subordinarse a los aparatos partidarios. Y casi nunca se piensa en las posibilidades de alianzas y esfuerzos complementarios.
Un poco de historia
Las organizaciones de la sociedad civil no nacieron de un día para el otro, y en la búsqueda de antecedentes es posible remontarse hasta los tiempos de la colonia, cuando la Iglesia Católica monopolizaba las prácticas filantrópicas. En la segunda mitad del siglo XIX, durante el período inmigratorio, florecieron las sociedades de ayuda y socorros mutuos, vinculadas con la incipiente organización obrera y promovidas por socialistas y anarquistas. Más adelante se sumaron nuevas organizaciones de la Iglesia, como los Círculos Católicos de Obreros, las bibliotecas populares y las sociedades de fomento.
Con el derrumbe del Estado de Bienestar, que había amparado la multiplicación de sindicatos y de cámaras empresariales, aparecieron las organizaciones de base y las ONG de apoyo a los nuevos movimientos sociales de supervivencia. La mayoría de los organismos de derechos humanos surgió entre 1976 y 1983, como respuesta al terrorismo de Estado, en tanto los grupos feministas y ambientalistas son mucho más recientes, al igual que las asociaciones de defensa de los consumidores y usuarios y las organizaciones de promoción de los derechos cívicos y control ciudadano.
Está claro, de todos modos, que la expansión del Tercer Sector y su transformación, en la última década, en un actor de peso en el escenario político nacional se vincula estrechamente con la agudización de los problemas sociales y con el repliegue del Estado de algunas de sus funciones esenciales.
De todo, como en botica
Sin embargo, el rasgo distintivo del Tercer Sector es la heterogeneidad, lo que sin duda erosiona su identidad y reduce su poder de presión. Ocurre que las entidades civiles agrupadas bajo esa denominación exhiben perfiles absolutamente diferentes: hay asociaciones comunitarias de base, ONG de apoyo a esas asociaciones formadas por profesionales, centros académicos; fundaciones empresariales, organizaciones de defensa de derechos y entidades de prestación de servicios sociales.
Esos perfiles, además de las cosmovisiones ideológicas que las guían, generan distintas prácticas y profundos debates en el interior del sector. Algunas trabajan sobre las consecuencias y otras pretenden actuar sobre las causas de la pobreza. Las que ponen el acento en la promoción social sostienen que las que se dedican a la asistencia son, en última instancia, funcionales a los modelos de exclusión. Las diferencias, en última instancia, son comprensibles, ya que la sociedad civil dista de ser homogénea.
Ciertos problemas, en cambio, son comunes a todo el sector: desde las dificultades para el financiamiento hasta la ausencia de marcos legales claros, pasando por la falta de recursos humanos, las debilidades en materia de gerenciamiento contable, las relaciones con el Estado y el mercado y el poder de llegada a los medios de comunicación. La sociedad, por otra parte, más allá de la confianza que deposita en las organizaciones, es cada vez más exigente con ellas en materia de calidad institucional y de transparencia.
La cuestión del financiamiento es, por supuesto, vital. Las ONG de promoción y desarrollo crecieron durante los últimos años del régimen militar y los primeros tiempos de la transición democrática al compás del financiamiento internacional. Pero las agencias de cooperación de Europa y Estados Unidos, además de financiar, muchas veces, las líneas temáticas de moda en sus países (primero comunicación popular, después mujer, luego medio ambiente), hoy se están retirando de la Argentina.
Las donaciones institucionales tampoco abundan y el aporte de las empresas es mínimo. El año último, una investigación del Consejo Municipal de la Solidaridad de Córdoba, sobre 132 organizaciones reveló que 40% recibe apoyo del gobierno nacional, 34% del gobierno provincial, 32% del gobierno municipal, 22% de fundaciones nacionales, y sólo 2% lo hace de empresas.
En Estados Unidos, 81% del presupuesto de las entidades de bien público proviene de donaciones de individuos, 7% de fundaciones, 6% de subsidios estatales y 5% de empresas. Claro que, como es obvio, los fondos son mucho más considerables. Lo cierto es que hoy más de 70% del ingreso de las ONG de todo el país llega por la vía de la venta de servicios, mientras el Estado aporta 20% y el sector privado 7%.
Estado y sociedad civil
Tradicionalmente el Estado y las entidades civiles, especialmente las ONG, sostuvieron relaciones conflictivas, signadas las más de las veces por la confrontación que por la cooperación. Las ONG afirmaban que el Estado es burocrático, ineficiente y muchas veces autoritario, en tanto los gobiernos respondían, desde su práctica macrosocial, que el trabajo de las asociaciones carecía del necesario impacto masivo.
Sin embargo, las agencias internacionales siempre aseguraron que era mucho más barato canalizar la ayuda a través de las ONG, en lugar de hacerlo por el Estado, a raíz de su escasa burocracia, su compromiso con los más pobres y su mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios de contexto. Ello, unido a la creciente visibilidad de las organizaciones, hizo que el Estado empezara a tenerlas en cuenta a la hora de diseñar y ejecutar políticas sociales. Es real que, más allá de las limitaciones apuntadas, las organizaciones civiles poseen destrezas en la tarea social, escasa rigidez, capacidad de innovación, una buena relación costo/eficiencia, saberes acumulados a lo largo de décadas y, en los últimos años, solucionaron bastantes problemas originados en la huida del Estado de algunos de sus deberes indelegables.
Por ello parece probable que el Tercer Sector siga teniendo un papel de importancia
creciente en el país, y que se asista, cada vez más, a un proceso
de alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil, el Estado y el sector
empresarial. Eso es, al menos, lo que ocurre en otros lugares y lo que el escritor
y pensador mexicano Carlos Fuentes resumió con las siguientes palabras:
“Conocemos los fracasos del estatismo y el neoliberalismo. ¿Por qué
insistir en ellos? Busquemos el equilibrio entre el sector público y
el sector privado. ¿Cómo? Mediante el desarrollo del sector social,
que es donde la América latina muestra hoy su máximo vigor y que
es la única base sólida para el desarrollo de instituciones democráticas”.
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