Alternativa superadora para el dilema energético

    Si hacemos un recuento de los últimos 10 años, la participación de las fuentes de generación en la matriz casi que permaneció inmutable.

    La potencia instalada térmica daba cuenta del 61% del total en 2004 y actualmente es del 63% (17,8GW). 2016 podría definirse como el año del florecimiento de las energías renovables en gran escala con previsiones de contar con 6GW de potencia instalada de cara a 2021, siendo el 13% de la demanda para dicho año y teniendo como meta el 20% para 2025.

    A hoy, sin embargo, representa cerca de 6% de la demanda, siendo el equivalente a 10% de la térmica.

    Aún en las proyecciones consideradas en el trabajo de Escenarios Energéticos 2040, en donde en los escenarios más pesimistas la penetración de renovables alcanza 32%, la participación de los fósiles no baja de los 37GW de potencia instalada en 2040.

    La ley 27.191 sancionada en el 2015 y las licitaciones RENOVAR y el MATER le asignan prioridad de despacho.

    Un escenario era la capacidad de inyectar y transportar energía en 2016 y otra es ahora, hecho empeorado por la menor demanda eléctrica resultado de la recesión.

    En este marco, las renovables relegan del despacho a otras fuentes que aun siendo más económicas encuentran limitaciones físicas.

    Otro cambio es qué desplaza las renovables. Antes de 2016, el costo de combustibles fósiles rondaba los 17 US$/MMBTU para gasoil y 14 US$/MMBTU para el fueloil y representaban en conjunto cerca de 25% de los combustibles usados en generación térmica, lo cual implicaba que los contratos Renovar y de MATER eran sin dudas económicamente más ventajosos.

    Desde 2017, el precio internacional de los fósiles bajó, los programas de incentivo a la explotación de Vaca Muerta permitieron contar con un gas natural en boca de pozo que varía entre 3,4 y 4,6 US$/MMBTU, según el mes que se considere, y se logró renegociar contratos de importación de gas natural con Bolivia estacionales y de menor valor.

    Competencia de subsidios

    Una arista adicional que se entremezcla en el debate tiene que ver con “los subsidios” asignados a las renovables vs las térmicas. Si bien efectivamente la ley de renovables definía una serie de incentivos fiscales, la realidad es que la ejecución presupuestaria escasamente alcanza dicho cupo, resultado de demoras en la ejecución y licuación de sus montos frente a las devaluaciones ocurridas en 2018 y 2019.

    Cuantificar el costo real fiscal de las renovables es una cuenta pendiente que permitiría compararlo con el costo fiscal invertido por el Estado en generación térmica.

    A modo de ejemplo, en los primeros siete meses de 2019 los subsidios para la producción de GN no convencional llevan aportados $ 11.730 millones siendo 10% del total de subsidios energéticos, cuantía poco despreciable.

    Se discute bajo el mismo paraguas y con el mismo nivel de importancia cuestiones como las tarifas, los contratos en dólares, el cambio climático, las externalidades positivas de las renovables, el agregado de valor de la industria nacional, los subsidios a la demanda, a la generación y de allí se bifurca hacia la emisión, la inflación, la deuda y ya nada tiene vínculo con el disparador original.

    La falta de un Plan Energético Nacional de largo plazo, además de reflejar la inexistencia de consensos políticos, implica que el debate se desarrolla en planos argumentativos y temporales diferentes.

    Existe un costo oculto en materia de impacto ambiental que debe ser considerado en esa cuenta económica.

    Valuar el pasivo ambiental de las decisiones estratégicas presentes engloba no “¿solamente?” el impacto sobre la calidad de vida de las futuras generaciones, sino estrechar las alternativas de acceso al financiamiento y desoír las exigencias de modelos productivos sustentables que la sociedad y los mercados globales profundizarán.

    Otra de las deudas, además de cuantificar los costos fiscales de los programas de incentivo a la generación (renovable y térmica), es intentar dimensionar e incorporar en la política energética los costos de oportunidad de las decisiones presentes para las generaciones futuras.

    Priorizar una matriz energética barata es una posibilidad, pero hacerlo diversificando y federalizando la generación, ponderando el impacto en la sustentabilidad económica y en la creación de un sector industrial y de empleos profesionales y técnicos es una alternativa superadora.

    (*) AMES: Asociación de Mujeres en Energías Sustentables.