Es el fin de una época. Al menos en Occidente, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, había acuerdos básicos entre el accionar de las empresas, el pleno juego democrático, y la concepción del capitalismo.
Ese consenso está roto. Y aunque tal vez parezca una explicación algo simplista, el exceso de utilidades –y de remuneraciones a propietarios y altos directivos– generó creciente desigualdad entre los famosos stakeholders –donde se incluyen a empleados, clientes, proveedores y sociedad en la que están insertas las empresas.
En el plano político ello implicó un debilitamiento de la clásica democracia republicana y liberal. Populismos y movimientos autoritarios cuentan ahora con el favor de los perjudicados por el desequilibrio distributivo. Al punto que se demanda una reinvención o reforma del sistema capitalista como se ha conocido en las últimas décadas.
Este nuevo panorama pone en el centro de la escena a la empresa. La responsabilidad de la empresa es ahora el eje central del debate. Una polémica de identidad desconocida hasta hoy.
Por eso esta edición de El Libro Blanco de la RSE y la Sustentabilidad que Mercado publica este año, tiene un punto de partida diferente. Ya no se trata de qué puede hacer la empresa para mejorar su reputación y cooperar con el resto de la sociedad. Lo central ahora es la acción inmediata que pueden realizar las empresas para asegurar su supervivencia.
Lo que no es tarea menor. Si se quiere poner en apuros a los más avezados comentaristas internacionales, basta con preguntarles la razón de súbitos estallidos de protesta (muchos de ellos violentos), como los de Chile, Ecuador o Bolivia, cerca de nuestra geografía. U otros más lejanos, como en Argelia, Francia, Cataluña, Haití, Hong Kong o el Líbano.
Mucho de la sustancia de fondo se percibe en este Dossier de Mercado que se desarrolla a partir de la página 52, con valiosos testimonios que permiten inferir distintos fenómenos en pleno desarrollo.
La inversión ética como norma
2019 parece ser el año en que las consideraciones ambientales, sociales y de buen gobierno y crecimiento económico (ESG, sigla en idioma inglés para Enviromental, Society, y Growth), dejan de ser especiales para convertirse en normales. Tanto los ejecutivos empresariales como los financistas advierten que puede ser más costoso ignorar los principios de la responsabilidad social.
Lo cierto es que hay intensa actividad en el ámbito financiero relacionado con la responsabilidad y la sustentabilidad. Es que recientes investigaciones demuestran el estrecho vínculo entre el resultado económico de una empresa y su esfuerzo o preocupación por los temas de EGS.
Otro síntoma es el crecimiento inusitado del mercado de “bonos verdes”. Estos fondos verdes de inversión manejan hoy una cifra impresionante: US$ 1 billón (millón de millones en español). Hace poco más un lustro, no representaban más de US$ 100 mil millones.
Los grandes protagonistas de esta actividad, ya miran la honestidad como negocio. Uno serio, que cumpla con su promesa de cuidar el planeta. Invertir éticamente no es más una “causa” sino una herramienta para triunfar.
Debate entre ética y tecnología
Otro tema que se las trae es qué hacer con el abuso del poder de los datos y los algoritmos, que preocupa a las empresas por el impacto que puede tener en la reputación corporativa. La clave parece estar en actuar con cautela sin que ello implique frenar el desarrollo tecnológico.
Esta íntima vinculación entre ética y tecnología se analiza y despliega en la investigación a partir de la página 21 de esta edición.
A medida que aumenta el uso y el potencial del Big Data, crece el debate sobre la ética de los datos. La tecnología no es el problema sino cómo y para qué se la utiliza. Imagine que todo lo que hace cada día está monitoreado. Se sabe qué compra en Internet; qué habla y con quién en las redes sociales; qué fotos ha hecho; y qué vídeos o series ve. También en dónde está (geolocalización móvil y reconocimiento facial); qué libros lee; qué compra y vende; y si es un buen pagador.
Es decir, todo lo que hace en su vida. Ahora vale imaginar que toda esa información conjunta se utiliza para asignar un rating a cada ciudadano. Una calificación que influirá en su posibilidad de obtener un crédito con ciertas condiciones y, quizá en el futuro, también conseguir o no ciertos empleos, ir a determinada universidad o acceder a una vivienda concreta. ¿Ciencia ficción? No, absoluta realidad. Sobre esto se trabaja en China para –dicen– valorar la confianza y credibilidad de sus 1.300 millones de ciudadanos: es el sistema Social Credit System que se está desarrollando en fase piloto con voluntarios para, por ahora, operaciones financieras. La idea es implantarlo totalmente a partir de 2020.
