Tiene vuelo muy corto la economía de la subsistencia

    Desde hace 15 años que todas las semanas un centro de estudios especializado en mercado laboral; sistema educativo y de capacitación laboral; seguridad social; sistema de salud y asistencia social produce informes, con un estilo distintivo del resto de los colegas, centrados en las políticas públicas vinculadas con el desarrollo social argentino.

    Tal es como figura en la página web del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, nacido a partir del Instituto del Trabajo y la Seguridad Social de la Fundación Novum Millenium, originalmente vinculada a principios del siglo a Domingo Cavallo.

    Sin embargo, los reportes llevan la impronta de un economista jujeño que cultiva bajo perfil, graduado en la Docta, con masters en las universidades de Georgetown y de Ams­terdam, consultor externo en cuestiones de desarrollo humano y sustentable en el BID, OIT y Unesco.

    Aun cuando es la cara visible del centro de estudios, habla en plural cuando explica el modus operandi: “Diagnosticamos en forma transparente, exponemos con claridad los argumentos y luego hacemos una propuesta colectiva, sacándonos de la cabeza que solo hay dos posiciones para ver las cosas en el tratamiento de cualquier tema: o de izquierda o de derecha, o progre o conservador”.

    Desde su atalaya en el “penthouse” que ocupa cerca del Congreso de la Nación o desde su casa –vaya a saberse dónde ahora con la virtualidad–, Colina accede a la entrevista que le propone Mercado.

    Decadencia prepandemia

    –¿El Covid–19 podría ser una divisoria de aguas para un eventual despegue argentino?

    –La pandemia agravó los problemas de Argentina, que vienen de antes. La decadencia económica ya había comenzado en lo que va de este siglo. Fundamentalmente la vemos desde la serie de la convertibilidad, pero no por la convertibilidad, porque no es nada sagrado tener un tipo de cambio 1:1, sino porque en la convertibilidad estaba la idea de que había que modernizar las instituciones económicas, sociales, políticas, más acorde con el mundo.

    –¿Cree que la decadencia a la que alude fue consecuencia de una frustración monetaria?

    –Desde 2002 hasta acá es como que la clase dirigente argentina, e incluso gran parte de la sociedad, ya dejaron de darle importancia a las instituciones. Un ejemplo serían los contratos hipotecarios, que no se respetaron y 20 años después vemos que hay cada vez más gente que tiene que alquilar y no puede comprar por la ausencia de crédito hipotecario.

    Que no lo hay por la inflación, que rompió todos los contratos hipotecarios, igual que los de provisión privada en servicios públicos. Así tenemos todo esto de que falta la luz, falta el gas, no funcionan más las empresas de electricidad, se rompieron los contratos jubilatorios cuando se empezó a manipular la movilidad, de modo tal que un jubilado no sabe cuánto va a ganar o perder con la inflación.

    Y volvemos a la inflación, que es la principal muestra de que se ha violado incluso el contrato social. Es decir, al gobierno no le importa emitir, gastar por encima de lo que recauda aun cuando recauda muchísimo porque la gente dice que no puede pagar más. Y después lo que gasta por encima lo emite sin que le importe la inflación, aun cuando ello represente el rompimiento del contrato social. Porque, en definitiva, es el Estado el que te engaña. Te da plata que incluso la gente ya sabe que se va a desvalorizar.

    –¿Cómo considera que se podría renovar ese contrato social caído?

    –El punto de partida sería llegar a un consenso, decir que el Estado tiene que vivir con lo que recauda y que lo que recauda tiene que ser tolerable para los ciudadanos. No se trata solo de que alcance un equilibrio. Ciertamente debe dar muy buenos servicios a los ciudadanos. Una sociedad no puede crecer sin Estado. O sea, yo personalmente a veces digo que estas visiones de los liberales de un Estado muy chico, no creo que sean posibles.

    La sociedad moderna necesita Estados importantes, que den muy buenos servicios. Y tampoco creo en la otra visión, que es todo al Estado. El Estado no puede hacer todo. Lo que tiene que hacer es dar las bases para que la gente pueda prosperar.

    –¿Se habla del mismo Estado cuando los que lo gobiernan, sean estos o sus antecesores, se manejan como si fueran los dueños?

    –Es así, el Estado tiene dueños y de hecho hay un consenso entre ellos, que consiste en que quien gane las elecciones será el nuevo dueño del Estado y tomará las decisiones que quiere: o sea, acomodar en los cargos a su gente, ponerla en el empleo público. Y al que le tocó perder las elecciones, esperar su turno para volver a adueñarse. Ese es el problema que tenemos en Argentina.

    –¿Quiénes?, porque según dice los dueños están de acuerdo en la alternancia como propietarios…?

    –El acuerdo debería nacer desde la sociedad. Desde la gente que le reclama al Estado que le dé buenos servicios. En realidad, ya le escapó al Estado. Cuando las escuelas empezaron a funcionar mal, pensaron que la solución era mandar al hijo a la escuela privada; cuando el sistema público de salud y las obras sociales empezaron a andar mal, pensaron que la solución era afiliarse a una prepaga.

    Y cuando los ladrones empezaron a entrar y la policía no respondía, pensaron que lo mejor era contratar una empresa de seguridad privada. Si el sistema público de transporte no funciona, se piensa que lo mejor es que cada miembro de la familia tenga un auto. Todo eso es lo hay que cambiar. El ciudadano tendrá que decirles a los políticos en la voz y en los votos, ¡basta de esto!

    –¿Se podría armar una agenda con todos esos principios, llamémoslos republicanos, cuando la pobreza ya alcanzó a la mitad de la población y va en ascenso?

    – Claro, la pobreza agrava muchísimo más el problema. O sea, en el conurbano bonaerense dice el Indec que el 51% es pobre, ¡casi más de la mitad son pobres! Difícilmente, le exijan al Estado buenos servicios. Lo que ya hacen es mendigarle comida: dependen de la política. Y lo peor de todo es que ahora se habla mucho de que el 65% de los niños son pobres. Si esto no se revierte, significa que en 20 años, la mayoría de los adultos van a ser pobres.

    ¿Qué priorizar, la salud o la educación?

    –¿Ve alguna señal de que la tendencia se pueda revertir?

    –Habría que cambiar ya de raíz y enfocarse en la cuestión de que, bueno, los pobres tendrán que aprender a educarse y a trabajar y a ser más productivos. Ese tema, hasta ahora, no está en la agenda política, que se circunscribe a cuántos pobres hay y si se les dan tarjetas alimentarias y ayudas. No figura cómo hacer para revertir la situación de pobreza en la ya que ya está la mayoría de la población.

    –Cuando la urgencia del pobre pasa por asegurar la cena de hoy, ¿qué estaría primero pensando en el futuro: la educación o la salud?

    –La salida de la pobreza es la educación; de la salud no hay duda de que hay que ocuparse, sí o sí. Las personas no pueden vivir sin salud, pero sí sin educación. De hecho, es lo que está sucediendo. La clase dirigente utiliza la educación para el discurso, para la dialéctica, pero no hace nada para mejorarla.

    Un ejemplo concreto son las pruebas internacionales PISA que miden la capacidad de aprendizaje de los chicos a los 15 años. En esa edad ya empiezan a pensar en ir a trabajar, para lo cual, y para conseguir un buen empleo, necesitarán un buen nivel de educación. Las pruebas PISA miden la capacidad de lectura y la referencia son 500 puntos, que es el nivel que tienen los países desarrollados.

    Argentina en el 2000 tenía 418 puntos y en 2018 registró 402 puntos. Esto significa que los chicos aprenden menos en la escuela. Y si se compara con los países vecinos, resulta que Chile, en el mismo lapso, que tenía un puntaje similar al argentino, ahora saltó a 450. Es decir que mejoraron los chicos chilenos. Perú lo mismo. Tenía 327 puntos, muy por detrás nuestro, y hoy nos igualó. Ellos crecieron, Argentina retrocedió.

    –¿Es causa o efecto de que las empresas no vengan a invertir a la Argentina y que la calidad de los recursos humanos, que era un diferencial argentino en la región, se esté deteriorando y los talentos busquen otros horizontes?

    –En realidad, las empresas no vienen al país porque no tienen nada a favor: la presión impositiva es muy alta; las regulaciones imposibles de cumplir, las reglas laborales vienen de la época de los años 70, de la ley de contrato de trabajo, y se retrotrae al año 50 con la ley de negociación colectiva. De modo que es muy difícil para una empresa pensar en que se puede modernizar con las vetustas leyes que rigen en el país.

    –¿Por qué los sindicatos prefieren aferrarse a las reglas viejas cuando la economía hace rato que no crece genuinamente y no se crean empleos en blanco, o sean nuevos afiliados?

    –Y sí, no se les ocurre que hay que modernizar las instituciones laborales para que las empresas inviertan y contraten más gente. En lugar de eso, se quitan afiliados entre ellos. Desde la época de Perón, el que determina a qué gremio corresponde a cada trabajador es el Ministerio de Trabajo. Entonces, lo que se hace es presionarlo. Va el sindicato de Moyano y no deja entrar a ningún trabajador a la planta hasta que no le den a él la representación gremial.

    Sale en la televisión y el funcionario responsable, para sacarse el problema de encima, accede. Cuando se miran los conflictos sindicales, la creencia es que se enfrentan el sindicato y el empresario explotador.

    Habría que hacer como los alemanes cuando fue la reunificación en los ´90 para mejorar la productividad de las Pymes e incorporar a Europa del Este. Eso sería lo que Argentina debería hacer ahora. No haría falta una reforma laboral. Pero estamos enroscados en que los convenios colectivos y los sindicatos son intocables en Argentina.

    –En el actual contexto de una economía informal que crece y la sustentable que retrocede, ¿cuáles serían las perspectivas pospandemia?

    –Con más de la mitad de la gente en la pobreza, el futuro apunta a la economía informal. Antes de las cuarentenas, marzo 2020, el mercado laboral estaba compuesto de la siguiente manera: de 100 personas 35 eran asalariados registrados en empresas privadas, 15 empleados públicos y 50 informales (que trabajan en negro o por cuenta propia).

    A partir de la pandemia, la artillería de medidas se concentró en proteger a esos 35 y a los 15 empleados públicos. Había caído mucho la informalidad y en término de tasas aumentó la formalidad. Pero porque la gente se tuvo que ir a la casa como consecuencia del confinamiento.

    Cuando volvieron a salir, la informalidad se robusteció y ya pasa del 50%. Son los movimientos de supervivencia en la economía social, la cual, cuanto mayor es su gravitación, más lleva al político a pensar en esos términos. Salen leyes que la promocionan, y eso es lo que se ve. Es así como Grabois se junta con sindicalistas y les propone hacer un programa económico para Argentina que se basa en la generación de 4 millones de planes sociales. Significa que ya no hay chances de pensar que una empresa va a venir a invertir para crear empleos. Obviamente que los planes no son sostenibles en el tiempo porque va a llegar un momento que no habrá con qué pagarlos.

    Lo que llama la atención es la carencia mental para salir del esquema de la decadencia, cuyo síntoma más elocuente es precisamente concebir a la economía social como la salida, cuando en realidad es la supervivencia.

    –Y si la supervivencia alcanza, estadísticamente, a la mitad de la población, ¿serán solo los pobres los próximos electores?

    –En la apreciación política empiezan a tener muchísima más influencia los pobres respecto de los que producen. No es que no puedan ser productivos, sino que no tienen espacio para trabajar en una economía que se achica cada vez más. Por ejemplo, la Cámara de Diputados está dominada por representantes del conurbano bonaerense, que tiene 12 millones de habitantes. Y los votos están condicionados a lo que interpretan qué requieren los pobres del conurbano. El Senado también está dominado por las provincias pobres, como las del Norte, o que viven del Estado, como las patagónicas.

    Las del centro, que son las productivas, como Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y el interior de la provincia de Buenos Aires no tienen peso parlamentario. De modo que la institución política siempre está apuntando a congraciarse con los pobres, sin que los que más producen tengan voz.