Hay tres elementos que interactúan, totalmente imbricados, y que deben analizarse en conjunto. Ellos son la democracia, el capitalismo y la globalización.
La geopolítica y la globalización solían marchar en paralelo. Como lo hicieron desde la caída del Muro de Berlín, el ocaso del comunismo y un mundo donde el modelo a seguir era la versión liberal de la democracia.
El ámbito empresarial aprendió de modo inmediato las enormes ventajas de la producción just in time y la posibilidad de instalar la producción en cualquier lugar del mundo, donde fuera más barato, sea por el costo de la mano de obra, sea por el valor de los componentes usados en el proceso.
Una receta que convenía a los Estados nacionales y a las grandes corporaciones. Una alianza que funcionó bien durante unos cuantos años. Hasta que de pronto, entraron en colisión permanente.
La globalización atraviesa por su peor momento. La clave reside en que la mayoría de los votantes de clase media, de ambos lados del Atlántico, piensa que la desindustrialización, la falta de empleo y la inequidad en la distribución del ingreso, se debe a la globalización. Y a sus máximos apóstoles, las grandes corporaciones multinacionales que –como se asegura con convicción– cada vez ganan más mientras la gente tiene menos.
La nueva globalización se llama localización. Hubo una época gloriosa, que duró décadas, para las grandes firmas multinacionales. Pero llegó una disrupción profunda y las empresas se ven obligadas a cambiar y adaptar tácticas y estrategias.
Lo que plantea otro serio conflicto entre democracia y capitalismo, y abre la necesidad de reinventar el capitalismo para que sea viable en el futuro.
En el contexto del mundo de los negocios, implica honestidad y apertura. Es responsabilidad y rendir cuentas. Son los dos grandes pilares del gobierno corporativo. Las empresas admiten que las acciones de la organización deben ser capaces de soportar el escrutinio público.
La dinámica de las redes sociales hace en estos tiempos, que incluso las acciones que la empresa quisiera mantener reservadas pueden ser sujetos de la atención pública.
Hoy en día aceptamos que es más conveniente dar que ocultar la información dentro de una empresa. Pero cuántos datos, qué datos y con qué detalle es un tema muy complejo. Los ejecutivos deberían saber cuándo dar y cuándo retener información para poder gozar de los beneficios de la transparencia organizacional sin tener sorpresas desagradables.
Distribución de riesgos y ganancias
Todo versa sobre cómo los riesgos y las ganancias se distribuyen entre las personas, las empresas y las instituciones. La intervención económica masiva ante la pandemia y sus efectos, ayuda a las personas luego de dos décadas largas donde se ahondó la pobreza y la desigualdad en los países ricos que hasta entonces eran testimonio de la feliz combinación que se suponía entre el capitalismo y la democracia. Ni hablar de la globalización que ha sufrido un enorme parate y cambio de rumbo.
Los paquetes de rescate de las principales economías (Grupo del G20) suman US$ 10 billones (millones de millones), 30 veces superior al aporte del Plan Marshall después de la Segunda Guerra, para reconstruir Europa. O el equivalente a tres veces el respaldo aportado por la tremenda crisis financiera de 2008.
La transformación es total y hay un nuevo contrato social que se está escribiendo ahora, donde empresas y gobiernos han tenido que ayudar a la gente a superar esta etapa.
Hay visiones competitivas sobre cómo será el escenario de la nueva realidad, cuando la dichosa pandemia quede atrás. Pero los dos polos de esta discusión tienen una idea central: para algunos, todo volverá a ser lo mismo que antes. Para otros será sustancialmente distinto.
Tanto que ni siquiera alcanzamos a imaginarlo. En el medio hay un océano de alternativas, teorías y predicciones. Pero hay algunas opiniones que vale la pena evaluar y sopesar.
Por ejemplo, para Bill Gates, el veterano fundador de Microsoft, convertido en los últimos años en una suerte de profeta del ámbito corporativo, lo único seguro es que habrá una nueva forma de manejar y gestionar los negocios. Cree que los tradicionales viajes de negocio (esenciales para reuniones presenciales, con los actores frente a frente) desaparecerán en un 50%. Como la asistencia diaria a trabajar en las oficinas que –pronostica– se reducirá en 30%. El teletrabajo ha hecho avances importantes y piensa seguir predominando.
Creciente desigualdad
Lo evidente es que, si se toma el planeta como marco de referencia, la pobreza ha disminuido en las últimas décadas. Si se analiza a los países pobres o economías emergentes, con mayor población, también se redujo la pobreza.
Pero no ocurrió así en los países altamente industrializados, ya que, precisamente por la globalización a ultranza, sectores de ingresos medios, obreros altamente capacitados, profesionales vieron disminuir inexorablemente sus ingresos.
Esta razón económica explica el embate contra la idea tradicional de democracia, y la aparición –urbi et orbi– del populismo autoritario que hoy está presente en buena parte del planeta.
Cuadro de la realidad que podría cambiar drásticamente por los efectos de la gran transformación que supone la pandemia, pero también la irrupción de la inteligencia artificial y la robotización que amenazan con devorar millones de empleos, empezando por los menos calificados.
No solo los grandes cambios afectan a millones de personas. También a empresas y sectores industriales que han perdido el rumbo.
Tomemos por ejemplo el sector de petróleo y gas. A principios de 2020, tomado en su conjunto un valor de US$ 3 billones (millones de millones). Unos pocos meses después ese valor de capitalización había descendido a la mitad: US$ 1,5 billones. Cifra que se asigna como valor económico de una tecnológica como Apple.
Algo no funciona como debiera. Por eso el esfuerzo de analistas y pensadores para encontrar la fórmula para salvar al capitalismo democrático de sí mismo.
La geopolítica y la globalización solían marchar en paralelo. Como lo hicieron desde la caída del Muro de Berlín, el ocaso del comunismo y un mundo donde el modelo a seguir era la versión liberal de la democracia.
Reinvención del contrato social
La pandemia permitió el renacimiento de la idea
La desconfianza del público en la política y las instituciones de gobierno ha crecido en casi todas las democracias del mundo deteriorando el contrato social que justifica la autoridad que tiene el Estado para imponer la ley.
La historia reciente en casi todos los países muestra que el concepto original de contrato social, hace rato que perdió vigencia porque la mayoría de la población no tiene trabajo seguro ni buen ingreso ni tranquilidad. Pero con la irrupción de la pandemia del coronavirus renació la idea del contrato social, al menos en las economías avanzadas y por ahora.
Desde que explotó la pandemia casi todas las economías de los países del G20 anunciaron paquetes fiscales muy importantes.
Esas enormes intervenciones sirvieron de paragolpe a las empresas y a los particulares que sufrían con la interrupción de las actividades. También invirtieron la tendencia que había caracterizado al contrato social de los veinte años anteriores, según el cual las pérdidas y ganancias económicas se comparten entre individuos e instituciones.
En las 22 economías avanzadas que fueron objeto de un estudio de McKinsey, en 2020, los gobiernos aumentaron 20% el gasto fiscal en 2020 comparado con 2019. Solamente en 2020 los países de la Unión Europea gastaron US$2.343 más por persona que en 2019 y en Estados Unidos, el gasto fue US$ 6.572 más alto.
Además de este aumento en el gasto del sector público, el sector privado en algunos casos también protegió a sus empleados, a veces en sociedad con el gobierno. En el corto plazo las empresas no pudieron bajar sus costos con la misma rapidez que caían sus ingresos. Además, algunas compañías invirtieron activamente en el bienestar de su personal, sea mejorando beneficios o mediante la entrega de bonos a los más vulnerables.
Como consecuencia de la combinación de la protección brindada por el sector público y el privado, el ingreso disponible (en Estados Unidos) y el empleo (en Europa) se vieron bastante protegidos aunque el PBI se desplomara en el segundo trimestre de 2020.
En Estados Unidos el ingreso disponible creció como resultado de los programas de estímulo, estiman en su investigación Anu Madgavkar, Tilman Tacke, Sven Smit y James Manyika, los cuatro autores del estudio. Esa evaluación los lleva a concluir que los paquetes de apoyo implementados durante unos pocos meses de pandemia generaron aumentos en el ingreso disponible del trabajador promedio norteamericano comparables a los que recibió en los últimos 20 años.
En la Unión Europea el empleo se redujo mucho menos de lo que sugeriría la caída en el PBI porque los gobiernos y las empresas, juntos, garantizaron la continuación del empleo a una gran parte de la fuerza laboral.
El contrato social
El contrato social es un concepto amplio que abarca muchas facetas de la vida cotidiana y que incluye ideas de acuerdos económicos, sociales y políticos. En su análisis, los investigadores usaron los aspectos económicos del contrato social con definiciones más estrechas. Específicamente se ocuparon de los tres roles económicos fundamentales de los individuos como trabajadores, consumidores y ahorristas.
Si bien el contrato social fue evolucionando a los tumbos a lo largo de los siglos, el tremendo movimiento repentino que ocurrió en 2020 es totalmente fuera de lo común. Por eso podría ser mucho más necesario ahora para amortiguar riesgos y garantizar necesidades básicas de la población de lo que fue en épocas anteriores.
Esto no quiere decir que reduzca la desigualdad; al contrario, la pandemia puso al descubierto y aumentó las fuertes divisiones económicas y sociales en las sociedades del mundo. Más aun, los enormes paquetes fiscales que se usan para solucionar los efectos inmediatos de los destrozos de la pandemia son como una bazuca que dispara proyectiles en todas las direcciones sin la puntería que hace falta para resolver los problemas básicos que están generando la desigualdad.
El tema central para los meses y años venideros es si el péndulo va a oscilar hacia el lado contrario con la misma velocidad cuando amaine la crisis Covid o si al menos algunas de las intervenciones quedarán como rasgos permanentes de un renovado contrato social.
Una investigación anterior de McKinsey realizada por los mismos autores sobre las dos primeras décadas de este siglo muestra que los resultados económicos en las economías avanzadas cambiaron a los individuos en sus roles como trabajadores, consumidores o ahorristas. Algunos tuvieron oportunidades nuevas porque el empleo llegó a niveles récord y cayeron los precios de muchos bienes y servicios. En el año 2008 había en 22 de las economías de la OCDE unos 45 millones más de personas empleadas que en el año 2000 y de esos 45, 31 millones eran mujeres. Sin embargo, los resultados económicos para el 60% más bajo de la población la situación empeoró.
Si bien aumentaronn las oportunidades de empleo, creció la polarización en el trabajo y el estancamiento del ingreso; el salario promedio creció apenas 0,7% en 22 de los países estudiados entre 2000 y 2018. Para los consumidores, el costo de las necesidades básicas –como vivienda, salud y educación– creció mucho más que la inflación, absorbiendo una parte más grande de sus ingresos. Para los ahorristas, las jubilaciones obligatorias se redujeron para los tres quintos más bajos de la población.
Con el comienzo de la pandemia los gobiernos invirtieron como nunca en políticas destinadas a fortalecer el contrato social y proteger a los individuos de los efectos inmediatos de la pandemia.
Trabajadores protegidos en sus ingresos y empleos
Cuando las medidas para combatir la pandemia paralizaron las economías, los gobiernos usaron dos mecanismos para proteger a los trabajadores: planes de retención de empleo, utilizados principalmente en Europa, y aporte directo de ingresos, preferido en Estados Unidos.
Los planes de retención de empleo dan a los trabajadores un grado de seguridad financiera para sobrevivir la crisis. En los países de la OCDE en general esos planes fueron muy usados y permitieron mantener su empleo a uno de cada 4 trabajadores. Aunque ya habían sido usados antes, las escala en que se dieron durante la pandemia fue de diez veces superior a la usada durante la crisis financiera. Estados Unidos también implementó planes de retención de empleo, pero el grueso de su gasto se concentró en ayudar directamente a las familias o en ofrecer un único pago o ampliando el seguro de desempleo.
Tanto en Estados Unidos como en Europa esas políticas ayudaron a proteger el empleo y el ingreso de los shocks en el PBI.
Asegurar el acceso a vivienda y salud
A la vez que los gobiernos concentraban sus esfuerzos en sostener empleos y sueldos, también ayudaron a proteger otros aspectos del contrato social, especialmente el consumo de productos y servicios básicos. La vivienda, que siempre constituye el gasto mayor de las familias, mereció especial atención. Para ayudar a los inquilinos, uno de cada 4 países de la OCDE o bien suspendió los aumentos de los alquileres o activamente subsidió el alquiler y casi la mitad aportó contención para los pagos de las hipotecas. Hasta ahora esas políticas ayudaron a mantener bajos los alquileres.
La salud es otro elemento esencial del contrato social que adquirió particular relevancia durante la pandemia. En todas las economías del G20, casi 5% de los estímulos fueron directamente a medidas para sostener el sistema. En Estados Unidos hubo enormes avances en esa materia porque allí, a diferencia de lo que ocurre en casi todos los países europeos, el gobierno no garantiza cobertura universal de salud.
Sin embargo, en los días posteriores a la pandemia, la administración aumentó notablemente las protecciones, garantizó el testeo gratuito de Covid–19 a quienes carecen de seguro de salud, obligó a los empleadores a dar dos semanas de licencia paga a quienes contrajeran Covid y exigió a las compañías de seguros que cubran tratamientos preventivos –como la vacunación– relacionados con Covid.
En general, esas medidas combinadas con ingresos estables o mayores en Estados Unidos compensaron al menos en parte la erosión del ingreso de los últimos 20 años.
En algunos países los gobiernos también intervinieron para ayudar a los ahorristas, directa o indirectamente. Suiza, Islandia y los Países Bajos brindaron subsidios para cubrir los aportes jubilatorios. Los programas de respaldo al ingreso y de retención de empleo también ayudan indirectamente a permitir el ahorro: en Europa y Estados Unidos, las tasas de ahorro están en niveles altísimos.
Los más afectados
A pesar del apoyo institucional adicional, los grupos que ya eran vulnerables en el mercado laboral fueron los más afectados por la crisis.
La intervención del mercado no protegió a todos los grupos y geografías con la misma magnitud. Los grupos vulnerables fueron golpeados en forma desproporcionada por el shock en la demanda laboral.
A los individuos no calificados de bajos ingresos les resultó muy difícil mantener sus empleos a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos, la tasa de empleo en ese sector fue 19,2% menos que en enero 2020. En Europa, los cálculos preliminares muestran que la probabilidad de perder empleo para esos trabajadores fue tres veces superior a la de los empleados de mejores ingresos.
En tiempos de grandes crisis, el funcionamiento del contrato social para esos grupos vulnerables depende no solo de la política oficial sino también de la infraestructura disponible para apoyar esos programas. Sin canales digitales de pago, identificación digital súper segura y datos conectados que permitan enviar los beneficios a quienes lo necesitan, los desembolsos del Estado tienden a ser más lentos y a estar sujetos a maniobras fraudulentas. Eso golpea desproporcionadamente a los más vulnerables.
El sector privado
El sector privado ha jugado un importante papel en el fortalecimiento del contrato social durante esta crisis. Muchas compañías optaron por retener a sus empleados y continuar pagando salarios a la espera de una recuperación en cuanto aflojaran las restricciones por la pandemia. En Europa las empresas fueron el conducto a través del cual los gobiernos apoyaron a los trabajadores con planes de retención de empleo. En algunos casos, tuvieron que contribuir con esos planes.
No todo este aporte del sector privado fue voluntario; las decisiones de las empresas están limitadas por las leyes laborales y presionadas por los gobiernos y los inversores.
¿Qué caminos podría tomar el contrato social?
La historia enseña que las crisis a veces desencadenan una nueva era de cambio. En Estados Unidos, el programa de seguridad social y el seguro de desempleo surgieron después de la Gran Depresión. En esta crisis también, además de aumentar los canales existentes para hacer frente a los problemas inmediatos, algunos países han implementado innovaciones para mejorar el contrato social a largo plazo.
Esas innovaciones podrían también formar la base de un nuevo rol tanto del sector privado como del público. Un ejemplo es el salario básico universal, una idea que se discutió mucho en los últimos años y que fue objeto de un test reciente en Finlandia, donde 2.000 desempleados elegidos al azar recibieron 560 euros por mes. España anunció que instalará un plan de salario básico para 850.000 de sus ciudadanos más pobres.
Otros países ya iniciaron medidas de testeo para solucionar peligros de largo plazo. Por ejemplo, Singapur y Australia crearon iniciativas para recapacitar a los trabajadores, admitiendo que la pandemia aceleró la automatización y trajo cambios estructurales en la economía que podrían demorar la recuperación de muchos sectores.
¿Qué derroteros futuros?
Los autores del ensayo ven tres resultados. El primero es un retorno al contrato social tal como estaba antes de la crisis de Covid–19, o sea el péndulo vuelve a su posición inicial. Si no hay avances rápidos en productividad y crecimiento económico mediante dinamismo, inversión, tecnología y un permanente esfuerzo por aumentar el empleo, ese escenario volvería a generar las mismas vulnerabilidades que ya existían antes de la pandemia y para las cuales ni el sector público ni el privado han encontrado respuestas duraderas todavía.
El segundo camino es que continúe el alto nivel de gasto y de intervención institucional, al menos durante un tiempo. Según la velocidad con que las vacunas y los tratamientos logren la inmunidad de rebaño que termine con esta crisis, esa podría ser una opción de corto plazo para muchos gobiernos. Sin embargo, hay un problema evidente de sustentabilidad y estabilidad financiera en el largo plazo. En promedio, se calcula que los 22 países de la muestra reflejarán un aumento de 16% en su posición de deuda bruta entre 2019 y 2020.
Un tercer camino es que el nivel general del gasto por el contrato social se reduzca significativamente para hacerlo más sustentable, pero orientando las intervenciones con mucha más precisión hacia los más vulnerables, o sea trabajadores no calificados, mujeres, jóvenes y minorías.
Idealmente, habría un papel más importante para el sector privado. Por ejemplo, permitir la provisión de bienes y servicios básicos, como vivienda y cuidado infantil a precios accesibles podría ser más conveniente que tratar de estabilizar ingresos; eso depende tanto de la regulación del sector público como de la oferta de vivienda accesible que ofrece el sector privado, mediante las empresas de construcción y las firmas de administración de bienes raíces.
Una adecuada estructura financiera, como identificación digital, canales de pago y data permitiría orientar con precisión la ayuda a los grupos vulnerables, reduciría el fraude y mejoraría la eficiencia de los programas de apoyo.
La pandemia no acabó y sus consecuencias para el contrato social van a continuar durante meses o años. Los gobiernos tendrán que elegir con cuidado qué iniciativas mantener y cuáles abandonar. Tendrán que continuar innovando para solucionar los desafíos actuales y nuevos planteados por la pandemia. Las empresas tendrán que repensar su papel en la economía y poner énfasis en apoyar a trabajadores, consumidores y ahorristas. En muchos sentidos, los últimos meses abrieron una nueva era de experimentación durante los cuales los gobiernos y las empresas tuvieron que reaccionar con velocidad extraordinaria a nuevas realidades económicas y sociales. Ha llegado la hora de aprender de esos experimentos y convertirlos en soluciones de largo plazo para fortalecer el contrato social de las economías avanzadas de manera duradera.
Breve historia del contrato social
Antes de hablar de “nuevo” contrato social se impone recordar el sentido de la teoría original, nacida en la época del iluminismo. El concepto de contrato social, que pertenece en su inicio a Jean–Jacques Rousseau, alude a la legitimidad de la autoridad del estado sobre el individuo. El contrato se definía como una suerte de acuerdo entre los miembros de un grupo social y sus cláusulas definían los derechos y deberes de cada uno.
El argumento sostiene que los individuos aceptan –sea explícita o implícitamente– ceder parte de sus libertades al gobernante y someterse a su autoridad a cambio de que éste les brinde protección a sus otros derechos y mantenga el orden social. La manera más gráfica de entender esto es pensar que la ciudadanía ha delegado en el Estado algunos derechos sobre su persona: por ejemplo, es el Estado el que otorga un documento de identidad, sin el cual el individuo no es reconocido y no puede realizar operaciones. Sin pasaporte –que otorga el Estado– el individuo no puede viajar al extranjero. Como contrapartida, el Estado tiene deberes. Los principales son brindar seguridad, salud, educación y paz social.
Pasados los años, el contrato social que surgió primero en Europa y después en el mundo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, establecía que quien respeta las reglas del juego progresa en la vida y logra estabilidad y tranquilidad. El bienestar de los ciudadanos se logra, según esta postura, con una buena educación, con esfuerzo y con honradez. De esta forma la mayoría de la población tendría trabajo seguro, un buen ingreso y tranquilidad.
Es decir, todo lo que ahora está en discusión.
