Max de Haldevang es un periodista de investigación –londinense trasplantado a Nueva York– que en general analiza la economía global y la geopolítica pero en especial vive obsesionado con la corrupción en el mundo. El 15 de abril de este año posteó en un tweet: “Millones de cleptócratas, traficantes de personas y lavadores de dinero esconden sus fortunas en el paraíso fiscal más grande del mundo: Estados Unidos. Emprendí un viaje para entender cómo lo hacen.”
Es ese viaje el que relata en una larga investigación que publica la revista digital Quartz y que Mercado presenta en versión condensada.
Haldevang arranca su historia contando el calvario de Christine Nelson, una joven víctima durante largos años de una red de prostitución que operaba detrás del negocio de los masajes terapéuticos. Christine –hoy miembro de Survivor Alliance, una ONG que se ocupa de sobrevivientes del tráfico de personas– explicó que el de los masajes ilegales es un negocio que mueve US$ 2.500 millones. La mayoría de las víctimas provienen del Sudeste asiático, casi siempre debiendo dinero a los traficantes y obligadas a vivir en la prostitución por temor a ser arrestadas y deportadas.
Los delincuentes en la cima de esta cadena de trata operan con cierto grado de impunidad gracias a lo que se llama en Estados Unidos la “ley de incorporación”. Según esta ley es fácil establecer un negocio en el país. “No hay requisitos mínimos de capital ni una diligencia que verifique los antecedentes de los fundadores. Tampoco es necesario ser ciudadano de Estados Unidos y existe una gran variedad de modelos empresariales que ofrecen flexibilidad en la estructura y en la forma de gestionar el negocio.
A diferencia de muchos otros traficantes, el negocio de los centros de masajes opera parcialmente a la luz, hacen publicidad y hasta se registran como compañías legítimas. Pero cuando se intenta encontrar a los responsables, si se registraron lo han hecho como compañías ficticias anónimas que tienen como dueño a un testaferro. Por lo general, esa persona no tiene idea de quiénes están detrás del negocio.
Un negocio basado en la mentira
El secreto empresarial, tan buscado por los traficantes, toca casi todas las facetas de la vida estadounidense. Permite el tráfico de drogas, el financiamiento del terrorismo y de la política, el lavado de dinero y la evasión impositiva. Es un negocio tan inmenso que convierte a Estados Unidos en el segundo paraíso fiscal del mundo detrás de Suiza. Sin embargo, Andrew Penney, director gerente de la gigantesca banca europea Rothschild’s, cree que “en realidad Estados Unidos es el paraíso fiscal más grande del mundo”.
Los delincuentes entran en bandada a esa enorme economía buscando su estabilidad, su profundo anonimato empresarial y sus poderosos juzgados que impiden que sus activos sean retirados de allí sin un riguroso proceso. A su vez, Estados Unidos parece recibirlos con los brazos abiertos. En un estudio publicado en 2017 titulado “El juego de las empresas ficticias globales”, los académicos Michael Findley, Daniel Nielson y Jason Sharman relatan el experimento que hicieron: enviaron e-mails a miles de firmas cuyo negocio es crear empresas ficticias y les pidieron que armaran una firma.
En los e-mails sugerían que las compañáis podían eventualmente ser para cleptócratas (este término indica corrupción en el aparato estatal), terroristas o evasores de impuestos. Descubrieron que es más fácil formar una compañía ficticia ilocalizable en Estados Unidos que en cualquier parte exceptuando Kenia; apenas 0,6% de esos proveedores de compañías reunía los requisitos internacionales.
Este es un recorrido por los estados de la Unión con más actividad en este campo.
Wyoming: el estado cowboy
Wyoming no se parece en nada a un centro de negocios. Tiene un tamaño similar al de Gran Bretaña pero solamente 580.000 habitantes. El Gobierno estadal tiene un déficit de presupuesto de US$ 216 millones. Si bien esa cifra sería irrisoria en California, para su vecina Wyoming es una tragedia. Para solucionar ese problema la legislatura del estado le apuntó al negocio de las sociedades de responsabilidad limitada, o SRL. Ese estado aprobó la primera ley de SRL en 1977 y ahora tiene casi una compañía cada tres habitantes.
Se cree que la legislación original fue escrita por una petrolera de Colorado que había estado trabajando en América latina y aparentemente se habría enamorado de la estructura panemeña de las “limitadas”. La ley fundió los mejores aspectos de dos tipos de compañías, tomaba las protecciones de responsabilidad de las corporaciones y las combinaba con los beneficios impositivos de una sociedad.
Hay muchas razones legítimas para querer usar una SRL. El ejemplo más usado es el del médico, demandado por un error honesto cometido durante una cirugía. Si la clínica es una SRL el profesional solo puede perder los activos que tenga en la clínica pero sus pacientes no pueden ir sobre su casa ni sobre sus ahorros.
Lo mismo ocurre con un emprendedor abrumado por las deudas cuyo producto fracasa. El banco no puede ir contra sus activos personales.
Al principio las SRL (LLC en inglés) eran pocas. Diez años después de aprobada la ley solo había 100 compañías registradas. Cuando el Internal Revenue Service reconoció su legalidad, las compañías –según sus atributos– podían estar tranquilas de que con una SRL obtenían simultáneamente beneficios impositivos y responsabilidad limitada.
Entonces sí se multiplicaron como hongos. En 1996 prácticamente todos los estados del país aprobaron una ley de SRL. Llegaron a ser 600.000 para el año 2000 y para 2015 eran 2,5 millones en todo Estados Unidos.
La gran mayoría de ellas son negocios totalmente legítimos. Sin empargo, una SRL tiene un atributo que atrae a personajes no del todo limpios: absoluto anonimato. Un delincuente que instala un negocio puede evitar muy fácilmente que su nombre aparezca en los papeles.
Para mantener sus nombres fuera de los documentos de la compañía, los que más inteligentes registran a otra persona para el cargo de director, que será quien responda cualquier requerimiento de las autoridades. Esa persona, por lo general, no sabe nada de la compañía ni de sus dueños. A veces es el representante legal del dueño. Al tener a un abogado ocupando el cargo de director el dueño tiene además la protección de la relación privilegiada entre abogado y cliente. Luego, si quiere ser todavía más precavido puede crear otra compañía ficticia anónima en otro estado para que sea la holding de la primera. Y luego otra, tal vez en un paraíso fiscal en el extranjero, como las islas Caimán, por ejemplo. Y así siguiendo. Entonces cuando un organismo federal pretende investigar una de esas compañías que integran la cadena, los activos son transferidos de una a la otra. Para cuando los federales logran desenredar la maraña, los responsables están veraneando en el Caribe.
Hay por lo menos un motivo claro y justificado para buscar anonimato. Es el clásico ejemplo de Disney cuando compró tierras en la Florida para construir DisneyWorld usando compañías ficticias para ocultar su identidad. Si se hubiera presentado a los vendedores como quien realmente era, probablemente le habrían subido demasiado los precios. Su procedimiento fue legal, aunque muchos dicen que usó una ventaja desleal en las negociaciones.
Fuera de ese caso, es difícil encontrar otra buena razón para usar el secreto.
La economía de Wyoming salió del pozo gracias a las sociedades de responsabilidad limitada, aunque su legislatura les cobra mucho menos que otros estados rivales. De todos modos, después del escándalo de los Panama Papers, reforzó sus leyes y ahora exige que cada compañía tenga por lo menos una persona real a la vista que pueda responder por ella.
Wyoming no está solo en esto. Todos los estados de la Unión tienen sociedades SRL y en todos, el anonimato de esas entidades dificulta su control. Pero hay dos que son los grandes rivales de Wyoming: Nevada y Delaware.
Los tres estados mantienen una feroz competencia y algunos funcionarios reconocen abiertamente que se copian las leyes entre sí. En esa carrera, se van volviendo cada vez más permisivos con la delincuencia con el solo fin de mantenerse competitivos.
Nevada, en el centro de una red de corrupción
Se lo conoce como el estado de la plata por la importancia del metal en su historia y en su economía. Si Las Vegas representa el capitalismo desbocado en su forma más ostentosa, Reno –sede del condado Washoe– es lo que queda cuando las luces pierden su brillo.
La autoproclamada “pequeña ciudad más grande del mundo” vivió gran parte de su historia con el principal objetivo de seducir a sus vecinos californianos para que vayan a apostar a sus casinos. Pero a comienzos de los 90 descubrió otra manera de que los millonarios de California invirtieran en Nevada: invitar a sus empresas a instalarse allí aprovechando la casi inexistencia de obligaciones impositivas.
Así, la radicación de empresas se convirtió en un negocio muy lucrativo para Nevada. En 2011 la agencia Reuters reveló que tres criminales convictos habían manejado miles de compañías en el estado. A esa revelación las autoridades respondieron con la decisión de que ningún malhechor podría registrarse como agente. No obstante, eso todavía es posible.
La reputación de Nevada es pésima incluso teniendo en cuenta que hay paraísos fiscales por todo el país. Es la meca de estafadores y defraudadores. En 2016 los Panama Papers revelaron que el estado de la plata era el centro de las operaciones estadounidenses de Mossack Fonseca & Co.
Pero ese tema no parece haber producido mayor impacto en los legisladores de Nevada. Cuando Haldevang visitó a Al Kramer, republicano miembro de la asamblea, este apenas recordaba el escándalo internacional que había manchado al estado apenas dos años y medio antes. “No recuerdo los detalles”, dijo.
En realidad Mossack Fonseca & Co., un estudio legal panameño proveedor de servicios corporativos, había sido el cuarto proveedor mundial de servicios financieros offshore operando en la oscuridad hasta la publicación de los Panama Papers en 2016.
La firma había creado más de 1.000 compañías en Nevada, algunas de las cuales habrían ayudado a un amigo de la ex presidente de la Argentina Cristina Fernández de Kirchner a esconder muchos millones de dólares obtenidos con contratos estatales corruptos. La ex presidente está siendo procesada por varios casos de corrupción y el hombre que recibió los contratos se encuentra en prisión preventiva desde hace más de tres años en espera de juicio. Otra SRL de Mossack Fonseca en Nevada fue parte en el escándalo brasileño conocido como “Operación Lava Jato”, supuestamente canalizando dinero de la petrolera estatal Petrobras hacia propiedades inmuebles.
La corrupción política no es un problema ajeno a Estados Unidos. Las SRL son un engranaje fundamental en la vastísima red de dinero oscuro que encierra la política estadounidense. Su anonimato significa que casi nunca se puede descubrir quién financia los super PAC (comités de acción política) o quiénes pagan las enormes campañas publicitarias de la política.
Delaware, el campeón
Delaware eclipsa los dos estados anteriores con casi 1,4 millones en entidades comerciales que le significaron en 2018 un ingreso de US$ 1.300 millones (casi la tercera parte del presupuesto estadual) comparados con los US$ 77 millones de Nevada.
“Si tuviéramos 5% de las ganancias de Delaware nuestro déficit de presupuesto desaparecería”, dijo a Haldevang Dan Zwonitzer, representante republicano por Wyoming.
En Delaware, como en casi todos los demás estados de la Unión, las leyes locales ofrecen confidencialidad escondiendo identidad e información personal de los dueños de empresas privadas; no existe el impuesto a las ventas ni el impuesto a la herencia ni a la transferencia de capitales. Y no importa si una compañía no está radicada físicamente dentro de las fronteras del estado o no. Lo que distingue a Delaware es que el estado no grava los “activos intangibles” y eso hace que las empresas de los otros estados trasladen allí parte de sus negocios para evadir impuestos.
Un negocio muy lucrativo que explica la solidez de su presupuesto.
Manhattan y los dueños invisibles
La última parada en la gira exploratoria de Haldevang fue el corazón de Nueva York: Manhattan, donde fue a desentrañar los detalles del “Caso del número 650 de la Quinta Avenida”, catalogado como simbólico del problema del anonimato de los dueños de las propiedades inmuebles.
El número 650 de la Quinta Avenida es un rascacielos valuado entre US$ 500 y 1.000 millones que, mediante una complicada red de compañías ficticias, era hasta hace muy poco tiempo, propiedad del Gobierno de Irán. Las que alquilaban los pisos y locales comerciales, entonces, eran entidades ligadas al Gobierno iraní. Así fue como marcas prestigiosas como Juicy Couture, Godiva Chocolate y Starwood Hotels pagaban inadvertidamente millones de dólares en alquileres a un país sancionado por Estados Unidos en las propias narices de los agentes federales.
Después de un juicio que duró nueve años el Gobierno de Estados Unidos logró en 2017 recuperar el edificio. El caso generó resquemores con respecto a la seguridad nacional. Antes, las preocupaciones relacionadas con la opacidad de los dueños de propiedades estadounidenses giraban en torno a la ética de aceptar dinero sin conocer su procedencia y a los efectos posibles en los mercados inmobiliarios locales. El caso Irán provocó otra pregunta: ¿qué pasa si grupos de una potencia extranjera ponen en alquiler edificios norteamericanos para obtener dinero que podrían destinar a financiar actos de terrorismo?
La práctica está muy difundida. En 2016 la Oficina de Responsabilidad del Gobierno no era capaz de averiguar el nombre de los dueños de la tercera parte de los edificios que alquilaban las distintas ramas del Gobierno estadounidense para alojar operaciones de alta seguridad. La conclusión, entonces, es que el país más poderoso del mundo no sabe quienes son los dueños de los edificios donde se realizan operaciones secretas y sensibles.
Incontables leyes han intentado lograr cierta transparencia en las SRL en los últimos diez años, pero todas aparecen y pronto desaparecen misteriosamente. Luego de lo que se consideró un ataque ruso en las elecciones presidenciales de 2016 creció en Washington la urgencia por tapar esos baches en la cobertura de la seguridad nacional a causa del intocable secreto corporativo. En estos momentos hay varios proyectos que se discuten en el Congreso con el aval de demócratas, republicanos y hasta del Secretario del Tesoro Steve Mnuchin, quien en el pasado omitió decir a la Comisión de Finanzas del Senado que era director de un fondo de inversión en las islas Caimán. Ahora se excusa explicando que aquella omisión se debió a las complejidades de los formularios de información financiera.
Esos esfuerzos son menos ambiciosos que los que se están haciendo en Europa, donde Gran Bretaña tiene un registro completamente público de los propietarios de todas las compañías y la Unión Europea está implantando un sistema similar.
Sheldon Whitehouse, senador demócrata por Rhode Island y autor de los proyectos de reforma, dice que le gustaría que en su país se aplicara un sistema parecido al europeo pero que ve poca voluntad política para esa apertura. Lo que proponen los planes actuales es obligar a los dueños de las compañías a demostrar su identidad exhibiendo un ID otorgado por el gobierno.
Pero terminar con el anonimato de la propiedad empresarial no alcanza para solucionar el problema. También se esconde dinero en los fideicomisos, los fondos de inversión y el financiamiento de riesgo. Hay más de un billón de dólares (un millón de millones) encerrado en fideicomisos en un puñado de estados, incluidos Dakota del Sur y Nevada, dice Oliver Bullough de Moneyland. “Ese dinero está escondido, no paga impuesto ni le llega el ojo controlador y podrá seguir así hasta la muerte de nuestros bisnietos”.
Gary Kalman, un lobista que trabaja por la ley de transparencia, “admite que el proyecto actualmente en debate tiene defectos, entre ellos que los abogados y agentes registrados no tendrían que averiguar si los dueños de las empresas están limpios. Para él, el proyecto es “un paso fundacional”.
