Le sentó muy mal la pandemia a las exportaciones mundiales. A la Argentina, peor aún. La caída triplicó a la del resto del planeta y más que duplicó a las del conjunto de América latina.
Ni Vaca Muerta ni el complejo sojero consiguen ser la tabla de salvación de un país que se hundió en la pobreza, con tasas que se acercan al 50% de la población.
Tampoco las ventas externas de minerales logran materializar el enorme potencial que le asignan para apuntalar la balanza comercial y el empleo regional.
La facturación anual por exportaciones, principalmente compuesta apenas por una docena de proyectos vinculados al oro, litio y plata, en realidad retrocedió un 25%. Rondó los US$ 2.400 millones, equivalentes a menos de un 4,5% del total de bienes transados internacionalmente.
Es cierto que le caben las generales de la ley en la crisis económica que arrastra la Argentina, agravadas porque su desarrollo depende de inversiones extranjeras directas, que la elevada carga tributaria y las regulaciones cambiarias desalientan. Todo esto depende del gobierno.
Pero, por su lado, la actividad arrastra bemoles domésticos propios. No termina de ser aceptada por las comunidades en las que opera en el territorio nacional.
La “mala prensa” tiene su origen a comienzos del milenio. Detonó en las minas de oro de Esquel, Chubut, y remató en 2015 con la acusación de contaminación de ríos sanjuaninos por derrame de cianuro.
Los conflictos, además de dificultar la realización de nuevos proyectos, esmerilaron el interés de los grandes jugadores internacionales, quienes siempre dirigen primero la mirada hacia Chile y Perú en la región.
Los empresarios en el orden local vienen encarando cruzadas tendientes a revertir una mala reputación, sobre todo en torno de transparencia, ética, ambiente y responsabilidad social. Empezaron por alinearse en los estándares internacionales de sustentabilidad ambiental y social, según explica el presidente de la CAEM en una entrevista concedida a Mercado.
Cuesta arriba
–¿Cómo afectan a la reputación de las mineras la responsabilidad que tienen frente al deterioro ambiental y la responsabilidad social?
–Como a todos. Podemos hablar de las prácticas que tuvimos como industria productiva y cómo manejamos los principios, tanto ambientales como sociales, que van juntos, en los que basamos la sustentabilidad socioambiental que desarrollamos.
De un tiempo a esta parte iniciamos un cambio de paradigma en consonancia con la tendencia a escala mundial, sobre todo de los países desarrollados, denominada en español HMS (“Hacia una minería sustentable”), que fija estándares de calidad, desde lo operativo a lo comunitario.
Elegimos escuchar más de lo que hablamos, a fin de generar sobre esa base los trabajos y programas necesarios, a aplicar esencialmente en los desarrollos locales y bajárselo a cada una de las empresas, con la transparencia para las industrias extractivas que garantiza esa iniciativa internacional, dividida en dos programas.
En ese sentido, venimos trabajando en la ampliación de los espacios de conversación social para implementarlos. Es cierto que habíamos adaptado el plan desarrollado por la Asociación Minera de Canadá hace 15 años por situaciones que habíamos detectado en nuestro país y no se ven ahí.
–Con todos los alineamientos argentinos a parámetros internacionales, ¿cómo quedamos en competitividad con relación a los vecinos: Chile, Perú y Brasil?
–Los inversores miran las oportunidades en cada uno de estos países. Acabamos de hacer un estudio comparativo con Chile y Perú, con los cuales compartimos geografía andina similar, de la incidencia de la carga tributaria, y la verdad es que estamos un poco rezagados en competitividad, como sucede con todo tipo de inversión extranjera directa en otras industrias también.
Se agrega a esa carga tributaria excesiva el hecho de que algunas regulaciones dificulten el repago de esas inversiones, sobre todo en complejos de la magnitud que maneja la minería. Para tener una idea, una inversión inicial en litio va de US$ 500 a 700 millones y uno de cobre entre US$ 2.500 y 3.000 millones. Y cuando no hay certeza de la posibilidad de repago, se genera un obstáculo financiero no menor, porque las inversiones no se hacen en forma directa, sino a través de terceros.
Hoy prestarle a un inversor que quiera operar en Argentina es más caro que si lo hiciera en otro país. El gobierno lo entiende y estamos conversando con los funcionarios para analizar las oportunidades y la posibilidad de aliviar tales cargas.
–Al margen de la macroeconomía, ¿hasta dónde las resistencias internas a desarrollar la minería no ahuyentan esas oportunidades de inversión?
–Más que la actual iniciativa en Chubut para restablecer las condiciones que permitan el desarrollo minero, de acuerdo con la ley provincial, no tengo vista ninguna prohibición para extraer metales en otras jurisdicciones. O sea que en todo caso habría más desinterés que preocupación.
Actualmente hay focos de inversión en minería muy importantes en nuestro país: como son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, que llevan más de 20 años desarrollando la actividad. En lugares en los que la política decidió ir por otro camino se desperdician muchas oportunidades.
La minería, para la Argentina en crisis pospandemia, es una de las alternativas regionales más significativas, no sólo por generar inversión directa en dólares, que tanto nación como las provincias necesitan, sino por las oportunidades laborales que abren. Debemos superar el no al desarrollo minero para discutir cómo hacerlo.
Reputación herida
–¿Cuál sería entonces el grado de progreso en la relación con las comunidades en torno de los centros mineros?
–Basta con recorrer las localidades o proyectos mineros en particular para verificar cómo difiere la relación que se da entre las sociedades sin minería y las que conviven con ella. Éstas piden cada vez más a las mineras, que según cada caso pueden satisfacer o no, como sucede con cualquier industria, mientras que los lugares que no lo tienen pero están en sitios habilitados para incorporarla, presionan para aprovechar la oportunidad de hacerlo.
De modo que el cambio de paradigma en el relacionamiento con la sociedad que venimos haciendo está dando sus frutos. Sigue habiendo oposición en algunos lugares, pero habría que identificarlos, analizar qué dicen, investigar quiénes firman, ver qué intereses representan. La legislatura de Río Negro hizo un trabajo a partir de un documento firmado que le presentaron un montón de entidades para exigir que se prohíba la minería.
Verificaron que muchas no eran de la provincia y ni siquiera argentinas, y hasta había varias sin personería jurídica, sino que eran sellos de goma. Todo esto no invalida visiones serias que se oponen a la minería, pero que no tienen en cuenta, en todo caso, las oportunidades que ofrece.
–¿Cuáles serían las manifestaciones a favor que menciona?
–En los pueblos de la meseta del Chubut piden a gritos por los proyectos mineros y esa expresión de otros argentinos merecería tener un espacio también.
–¿Son ciertos los trascendidos de que los empresarios suelen organizar asados de acercamiento con los intendentes del área cordillerana para persuadirlos de que apoyen?
–Es así, pero le digo la verdad: me pasé 25 años comiendo asados con todos los intendentes que he visitado, o sea que no es nada nuevo. Hay iniciativas que superan toda acción mediática o en redes sociales de los grupos que se oponen a lo que fuere, no sólo a minería: la realidad de la territorialidad y la posibilidad de generar un diálogo abierto y transparente con cada una de las localidades. Si no es así ni el mejor proyecto del mundo es factible de concretar.
–Pero cuando hay desastres ambientales como el derrame de cianuro en San Juan o las denuncias por contaminación de toda una comunidad en Esquel que expulsaron a la minera que extraía el oro en El Destape, ¿cómo se remonta la onda expansiva desatada sobre una opinión pública mal predispuesta contra la actividad?
–Lamentablemente, problemas, accidentes, situaciones no queridas, existen en todas las industrias. Lo importante cuando están relacionados con el ambiente, es cómo se manejan, cómo se adecúan y cómo se evitan los efectos negativos en la sociedad, en la fauna, la flora, etc. Es distinto lo que sucedió en Esquel a lo que pasó en San Juan.
Lo de Esquel fue hace 20 años y determinó el cambio de paradigma en nuestro relacionamiento con las comunidades, que necesitan contar con una industria que les es desconocida. Desde entonces se ha estado recomponiendo. Es decir que Argentina perdió 20 años para un desarrollo bien hecho de la minería, sencillamente porque en un proyecto se hicieron mal las cosas. Hay que reconocerlo y actuar en consecuencia. Aprendimos de esa situación.
–¿Y cuando se repiten?
–Sí ocurrió en muchos lugares luego de Esquel. Argentina tiene más jurisdicciones que prohíben la minería que todos los países en su conjunto. Contradice al Código de Minería que tenemos y la habilita en todo el país. Nada comparable a lo que pasa en Chile. Hay que verlo de este modo: en aquel momento, aunque una sola empresa haya sido la responsable, quedó como que la industria entera había metido la pata.
–¿Por qué estima que el desastre de la Barrick repercutió de mayor manera en el lado argentino que en el chileno?
–Tiene que ver más con la historia que con la economía. Hace un año estuvimos en Chile invitados por las autoridades mineras locales y para nosotros, ir a Santiago es como estar en Disney, porque hasta el taxista habla de minería. Así como acá le pueden hablar de las retenciones a la soja, allá se preocupan por el precio del cobre.
Nuestra industria metalífera a gran escala recién se remonta a los 90, cuando el gobierno de Carlos Menem empezó a revisar toda la normativa minera. Realizar un proyecto minero puede llevar 20/25 años hasta tener los primeros indicios de mineralización en la primera sección. Se trata de un muy largo plazo y con mucha inversión que a veces ni se recupera.
En el 95% de los casos en exploración puede ocurrir algún accidente, ser prohibida, caer los precios o no lograr escalas para recuperar el capital colocado; la posible consecuencia es que el proyecto se abandone y esa plata se perdió.
Desastres ambientales
–¿Puede ser que solo una traumática situación como la chubutense de principios del milenio haya hecho retroceder 25 años el desarrollo minero en Argentina?
–Los trastornos que nos generan como industria los conflictos mineros, ya no solo los que ocurren en nuestro territorio sino los de otras partes también, les dan de comer a los que están en contra de la minería. Así es como se produce algo parecido al juego de la oca: Esquel nos mandó al casillero 1. A partir de ahí, desarrollar un proyecto minero nuevo nos insumió unos 15 años. No mencioné el proyecto de Veladero, en San Juan, porque estaba a punto de desarrollarse cuando sucedió lo de Esquel. En otros casos, se complicó poder sacarlos adelante.
–¿Por qué aun así las exportaciones mineras pesan en la balanza comercial del país?
–Veámoslo de este modo: la minería argentina exporta menos del 10% que los chilenos aunque compartimos la cordillera. Y ni hablar de Perú, cuyo nivel de participación de las ventas externas de minerales en su balance comercial supera al de Chile. Esto nos dice de las cosas que se hacen bien en otros lados y que si se aplicaran en Argentina potenciarían al sector.
Y volvemos a la pérdida de competitividad que nos ocasionan las cargas tributarias respecto de Perú y Chile, donde andan por el 16/17% contra el 28% de la nuestra incluidas las cargas sociales. Encima los impuestos acá son regresivos, castigan la venta, como sucede con los derechos de exportación, afectan los costos y encarecen la extracción de los minerales. Hay veces que sería preferible dejarlos donde están en vez de sacarlos. Y los que quedan no se puede volver a buscarlos, porque el plan de minas lleva para otros lados.
No sólo se deja de producir y de exportar, sino que se acorta la vida del proyecto. Uno de 15 años termina haciéndose en 10 ó 12, de acuerdo al precio, que depende del mercado. En los otros países se aplican impuestos que son progresivos: se paga más en la medida en que se produzca más. Argentina es más rentista que desarrollista.
