Una transición hacia las metas del Acuerdo de París

Aunque volvieron recientemente a su nivel habitual, junto con la reactivación en los países de altos ingresos, el contexto “post–pandemia” brinda una oportunidad inigualable para fomentar la transición hacia las energías renovables.

Aunque el freno impuesto por la pandemia redundará en magros desempeños para la mayoría de los sectores productivos a nivel global, el energético será uno de los más afectados, desde que la crisis sanitaria ha impactado en proporciones similares a todas las etapas de su cadena de valor.

El informe “Descarbonización y Energías Renovables en América del Sur” de KPMG América del Sur, analiza el camino que la región viene siguiendo en materia de inversiones e incorporación de fuentes renovables a su oferta de energía, impulsada por el firme objetivo que tienen sus gobiernos y empresas de contribuir a la agenda global de descarbonización, uso eficiente de la energía y sostenibilidad.

Asimismo, busca fomentar la discusión sobre la importancia de las energías limpias y enfatizar la oportunidad que el nuevo contexto ofrece al mundo para acercarnos a las metas establecidas en el Acuerdo de París.

Citando estadísticas de la International Energy Agency (IEA), en la última década mientras Uruguay aumentó su oferta de generación de origen renovable en alrededor del 114%, Chile lo hizo en un 84%, Perú en un 70%, Brasil en un 60%, Colombia en un 33%, y Argentina en un 28%. En contraste, el incremento en la oferta de generación de origen fósil durante el mismo período fue, siguiendo el mismo orden de países, del 36% (URU), 59% (CHL), 73% (PER),16% (BRA), 4% (COL) y 16% (ARG). En todos los casos, exceptuando tal vez a Perú, el aumento en la capacidad de generación renovable ha sido sustancialmente mayor al de origen fósil.

 

Algunos puntos de interés

• El sector energético es uno de los más afectados por la crisis sanitaria, desde que ha incidido en proporciones similares a todas las etapas de su cadena de valor.
• La demanda de carbón fue una de las más impactadas por la crisis desde que China, una economía que depende fuertemente de este commodity, fue uno de los países o regiones más afectados en la fase inicial de la pandemia (a lo que se sumó una mayor competitividad en los precios del gas, el petróleo, y las energías renovables). A ésta le siguió la de petróleo y gas, por la recesión en la que ingresaron los países de altos ingresos y la inédita reducción de la actividad en los sectores del transporte y la aviación; y, finalmente, la de consumo eléctrico.
• A pesar de este declive sectorial, la abrupta caída de las emisiones contaminantes de dióxido de carbono (CO2) puede contabilizarse como una de las principales externalidades positivas. Mientras a nivel global, la caída en las emisiones podría acercarse al 8% a fines del 2020 (volviendo a los niveles de emisión registrados una década atrás), en América del Sur podría ser mayores y del orden del 12%.
• Si bien en la última década las energías renovables han ganado participación en la capacidad total instalada de generación eléctrica en América del Sur (entre 2010 y 2019, estas fuentes incrementaron su capacidad de generación en un 50%, pasando de 147 millones de kW a acercarse a los 220 millones de kW), la región necesitará en esta nueva etapa implementar políticas orientadas a fomentar la inversión privada en estas energías, para poder reemplazar lo que las finanzas públicas no podrán realizar.
• Para ello, serán cruciales las medidas conducentes a levantar las barreras comerciales y los controles al movimiento del capital, de tal manera de favorecer los flujos de comercio en un escenario de caída en los precios internacionales de los productos básicos y, al mismo tiempo, mejorar la atractividad de la región a la inversión privada.
• Asimismo, las dificultades que enfrenta el sector petrolero (caída de precios), la tendencia descendente y acelerada en los costos de generación de energía a partir de fuentes renovables, y su prioridad en el despacho e incorporación en los sistemas energéticos, conforman, junto a una mayor presión social vinculada al cuidado del medioambiente, un marco de impulso para el desarrollo de estas fuentes de energía, que podría facilitar la transición hacia una economía regional más productiva, baja en carbono y sustentable.

“El objetivo principal de este trabajo es conocer más profundamente la evolución de las inversiones en fuentes de energía renovable en América del Sur y el proceso de descarbonización ligado a éstas. Asimismo, busca fomentar la discusión sobre la importancia de las energías limpias en un año que, sabemos, mostrará cifras preocupantes en materia de desempeño económico en la región como resultado de la pandemia. A pesar de ello, los países de la región no deben claudicar en un plan de desarrollo que contemple las energías renovables como parte central, entendiendo además que el camino hacia una matriz energética más limpia y basada en energías limpias no radica en eliminar las fuentes tradicionales en el corto plazo, sino en regular su desplazamiento con otras que puedan desempeñarse más eficientemente, reduciendo así su impacto en el medioambiente”, comentó Manuel Fernandes, socio líder de Energías y Recursos Naturales de KPMG en América del Sur.

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Actores relevantes

Los retos tecnológicos lideran la innovación

BCG identifica a las 100 empresas de tecnología de mercados emergentes que impulsan la próxima generación de innovación y crecimiento. La mayoría ha resistido bien la crisis de Covid–19, y muchos han mostrado aumentos tanto en el número de clientes como en la frecuencia de uso.

En el informe “2020 BCG Tech Challengers” sobre las empresas líderes en los mercados emergentes, Boston Consulting Group (BCG) identifica a 100 challengers tecnológicos que se han convertido en actores relevantes en tecnología y otras industrias. Su impacto se siente en sus mercados nacionales, regionales e internacionalmente. La mayoría ha resistido bien la crisis de COVID–19, y muchos han mostrado aumentos tanto en el número de clientes como en la frecuencia de uso.

Si bien los líderes tecnológicos de los mercados emergentes anteriores procedían principalmente de China, la generación actual es mucho más diversa geográficamente y abarca África, Asia, América latina, Oriente Medio y Rusia.

Desde 2014 se han fundado más de 10.000 empresas de tecnología en mercados emergentes, el 47% de ellas fuera de China. Entre los unicornios tecnológicos de los mercados emergentes (empresas valoradas en mil millones de dólares o más), un tercio proviene de países distintos de China.

Los tech challengers de BCG representan a 14 países de las principales regiones y están activos en múltiples sectores que abarcan tanto B2C como B2B. Mientras que dos tercios de los challengers se centran en aplicaciones o servicios para el consumidor, un tercio está activo en B2B, transformando la forma en que trabajan otras empresas.

“Las tech challengers de América del Sur y Central son Creditas, PagSeguri Digital, 99, QuintoAndar, iFood y Nubank. Todas son de origen brasileño, aunque algunas ya han comenzado su expansión en la región.

Por ejemplo, iFood, además de operar en Brasil, está presente en México y Colombia o Nubank estableció un tech hub en Argentina y también posee oficinas comerciales en México”, señala Andrés Anavi, managing director y partner de BCG.

“Desde 2006, Boston Consulting Group realiza su reporte sobre global challengers, empresas de países emergentes con gran potencial de desarrollo. En el reporte de 2018 Mercado Libre fue destacada como challenger. En esta edición ya no forma parte de este ranking, porque por su trayectoria y valoración, se ha convertido en gigante tecnológico de la región”, añade.

“En cuanto a empresas chilenas, no aparece ninguna en este ranking de tech challengers; pero podemos destacar la evolución de compañías como NotCo o Cornershop, que esperamos que se conviertan pronto en unicornios”, explica el managing director y partner de BCG.

Algo menos de la mitad de los 100 tech challengers están activos principalmente en sus mercados nacionales, mientras que 16 están replicando su éxito en sus mercados emergentes y 39 están avanzando hacia mercados maduros.

“Los tech challengers están reinventando sus industrias y trazando sus propios caminos hacia la escala y el éxito”, señaló Nikolaus Lang, managing director y socio senior de BCG, coautor del informe.

 

Cómo lidiar con adversarios y aliados

“También están captando la atención de los principales operadores de la industria, en la propia actividad tecnológica y en otros sectores, que deben determinar la mejor manera de lidiar con el surgimiento de estos nuevos adversarios y aliados potenciales”.

Los tech challengers tienen una valoración promedio de US$ 6.300 millones, lo que coloca a la mayoría de ellos mucho más allá del estatus de unicornio. A pesar de tener un promedio de US$ 2.000 millones en ingresos cada uno, todavía están creciendo a una tasa anual promedio de casi el 70%, seis veces la tasa del sector tecnológico en los mercados desarrollados.

Los challengers de la industria de juegos están creciendo a casi un 130% al año, 30 veces la tasa promedio de las empresas de juegos de mercados desarrollados.

Las startups de mercados emergentes tienen múltiples fuentes potenciales de financiamiento y asistencia temprana, incluido el respaldo del gobierno, fondos de capital de riesgo corporativo o incubadoras y conglomerados, dependiendo en parte de dónde se encuentren.

Los tech challengers también buscan múltiples caminos hacia el crecimiento y la expansión. Abrazan los ecosistemas y tienden a hacerlo al principio de su desarrollo. Muchos trascienden los límites de la industria y la división online–offline a través de asociaciones y fusiones y adquisiciones.

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Ciudades inteligentes

Nuevas capitales en el mundo emergente

Indonesia y Egipto planean construir nuevas capitales para reemplazar a Yakarta y El Cairo, donde habitan 32 millones de personas en total. Joko Widodo y Abdelfatah el–Sisi, respectivamente, conciben a sus ambiciosos proyectos urbanos como la demostración del potencial de sus economías emergentes.

(Fuente Embajada Abierta)

 

¿Qué hay detrás de cada plan y cómo impactó la pandemia del COVID–19?

Indonesia y Egipto son dos de los principales mercados emergentes (US$ 1,42 billones en 2019 en conjunto) y claras potencias demográficas (375 millones de personas en total). Además, ambos países son musulmanes: una de cada seis personas que profesan el Islam en el mundo viven en alguno de los dos gigantes.

Los dos países son parte del CIVETS, un grupo de economías en desarrollo (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía, Sudáfrica) que de acuerdo con The Economist Intelligence Unit tienen elementos estructurales que auguran un crecimiento económico robusto. Al mismo tiempo, tanto Egipto como Indonesia son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático (sequías, inundaciones, tsunamis).

Estos dos gigantes buscan cambiar sus capitales y están construyendo grandes ciudades inteligentes desde cero para tal fin. Curiosamente, no se ha revelado el nombre de ninguna de las dos nuevas urbes, todavía.

Los mandatarios de ambos países, el otrora dictador Abdelfatah el–Sisi y el ingeniero Joko Widodo, esperan que las nuevas capitales los consagren como los refundadores de sus respectivos países en el Siglo XXI.

Los dos megaproyectos de infraestructura despertaron rápidamente el interés de inversores y críticas ecologistas a nivel internacional. Además, en las dos ciudades nuevas está involucrada China (las compañías constructoras chinas, en el caso egipcio, y la influencia de la diáspora china, en el caso indonesio).

 

Megalópolis que se hunde

Yakarta, ubicada en la pequeña isla de Java, es una de las ciudades que se hunde más rápidamente en el mundo. Con una población actual de casi 11 millones de personas –a pesar de que la migración neta es negativa desde 1990–, un tercio de su tierra quedará sumergida para 2050, según varios estudios nacionales e internacionales.

La gigantesca ciudad capital indonesia se hunde 25 centímetros al año. El agotamiento de las reservas de aguas subterráneas y la construcción de nuevos rascacielos produjeron el hundimiento y la compresión de la tierra a niveles insostenibles e irreversibles.

Además, Yakarta queda en una zona de terremotos y actividad volcánica, en tierras pantanosas por las inundaciones periódicas, cerca de la confluencia de 13 ríos. Algunas partes de la ciudad están ahora a unos cuatro metros bajo el nivel del mar y dejan a millones de personas vulnerables a los desastres naturales por el cambio climático.

Por eso, el presidente Widodo (59) ha pedido al Parlamento que apruebe un plan para trasladar la capital de la nación a la isla de Borneo, que Indonesia comparte con Malasia y Brunei. La nueva capital estaría situada en la provincia de Kalimantan Oriental de Borneo, entre la ciudad de Samarinda y la ciudad portuaria de Balikpapan, y se levantaría en casi 200 mil hectáreas de tierras públicas.

Es una ubicación estratégica en el centro de Indonesia, cerca de una zona urbana en pleno crecimiento. En términos de geografía simbólica, Widodo también busca marcar una nueva era en Indonesia: Yakarta, fundada como Batavia por los holandeses, había sido la capital de la época colonial, construida sobre tierra arrasada.

Hace más de trescientos años que la política y la economía del archipiélago asiático giran en torno de Java, el corazón de la nación que representa el 58% de su PIB y alberga a cerca de la mitad de sus más de 270 millones de habitantes.

Las discusiones para trasladar la capital han estado en marcha durante décadas, pero avanzaron en abril de 2019, cuando Widodo aprobó el plan actual luego de los infructuosos esfuerzos por encontrar soluciones para prevenir el inminente hundimiento de Yakarta.

El presidente indonesio afirma que la reubicación costará unos US$ 33.000 millones; la construcción de la nueva capital comenzaría en 2024. El gobierno abrió un concurso público para diseñar la nueva capital, con más de 250 propuestas recibidas en la primera etapa.

La mudanza será financiada en forma tripartita: por el Estado (20%), por asociaciones público–privadas (54%) y con inversión privada (26%). La idea del gobierno indonesio es que el proyecto de construcción se desarrolle en paralelo a la construcción de un polo de educación, investigación científica e innovación y un centro financiero.

 

Inquietud ecologista

Los grupos ecologistas indonesios han criticado los planes de trasladar la capital. Con el anuncio de Widodo aumentó la preocupación por los vastos bosques de Borneo, las comunidades indígenas y la vida silvestre en peligro de extinción como los orangutanes.

La provincia ya ha sufrido la tala de bosques a escala industrial para la minería, la explotación forestal y el cultivo de palma de aceite. Los proyectos de construcción de carreteras a gran escala, en curso y previstos, amenazan con fragmentar aún más los bosques tropicales de la región, cortando los corredores forestales vitales para el movimiento de la vida silvestre.

A los expertos también les preocupa que el traslado, con la consiguiente afluencia de cientos de miles de funcionarios y otros trabajadores, exacerbe los problemas sociales en el Borneo indonesio, que tiene una larga historia de conflictos con altos niveles de violencia entre la población indígena y los migrantes de otras partes de Indonesia.

Más allá de Borneo, las cantidades masivas de hormigón, madera y acero necesarias para construir la nueva ciudad supondrían un desastre no sólo para los bosques de Kalimantan Oriental, sino también para otras regiones del país de donde tendrán que provenir esos materiales.

Allende las críticas, Indonesia continúa con los preparativos. En un viaje a Australia en febrero de 2020, Widodo redefinió muchos de los aspectos de la nueva capital inspirándose en Canberra, otro caso de urbe planificada.

Además de los preparativos para la nueva capital, se diseñaron nuevos paliativos para Yakarta de cara a 2025. Widodo diagramó un proyecto de US$ 40.000 millones para construir islas artificiales en la bahía de la actual capital, que actuarán como un vasto muro costero contra el Mar de Java.

Widodo, reelegido para un segundo mandato en mayo del año pasado, lanzó los dos paquetes de reformas urbanas en vísperas del 75° aniversario de la declaración de independencia de Indonesia. Así, Widodo quiere sumarle el bienestar social a la consolidación democrática y el desarrollo económico.

Adicionalmente, el presidente quiere impulsar la mayor economía del sudeste asiático, muy sensible a la ralentización del crecimiento mundial que solo se agravó con la pandemia en 2020. La economía se ha expandido alrededor del 5% anual, pero muy por debajo del 7% que Widodo había prometido a comienzos de su primer mandato.

Inicialmente se proyectaba que la nueva capital estuviera en pleno funcionamiento para 2045. Sin embargo, el comienzo de la construcción de la nueva capital –previsto para 2021– fue pausado por la crisis del COVID–19, frente a la cual el gobierno ha sido ampliamente criticado por las altas tasas de mortalidad y falta de testeos.

 

Bomba demográfica en el desierto

El Cairo, ubicada en el cuello del delta del Nilo, con casi 21 millones de habitantes, es la séptima ciudad más poblada del mundo y la más grande de África. Con poco más de dos millones de habitantes hace 70 años al momento de la revolución nacionalista de Gamal Abdel Nasser, ya multiplicó por diez su población.

A finales de 2018, la población de Egipto alcanzó los 100 millones de habitantes con sólo 6% de su tierra utilizable. Además, es el país más poblado de Medio Oriente y el tercero más poblado de África, con un crecimiento demográfico anual del 2,45%.

La capital de Egipto tiene una escasez de viviendas tan acuciante que los residentes ocupan todo el espacio viable, incluso las tumbas sobre el suelo en la necrópolis de el–Arafa.

Con este panorama, el gobierno del presidente Abdelfatah el–Sisi decidió trasladar la capital de El Cairo a una nueva ciudad, a medio camino entre ésta y el puerto de Suez, debido al rápido crecimiento de la población. La Nueva Capital Administrativa (NAC) está planeada para ser el hogar de cinco millones de personas, lo que la convierte en la mayor capital planificada de la historia de la humanidad.

El Cairo ha sido la capital de Egipto durante más de mil años, pero está a punto de ser destronada de su posición en 2022. La construcción de la NAC comenzó en 2017 y la mayoría de los edificios del gobierno comenzaron a trasladarse allí ya en 2019.

Egipto es una potencia en el rubro de la construcción. Según la consultora internacional Deloitte, fue responsable de 1 de cada 10 construcciones en toda África en 2018. Dentro de esta cifra están los casi 50 megaproyectos de infraestructura por US$ 80 mil millones, lo que representa 1 de cada 6 dólares para la construcción en todo el continente africano.

La escala y eficiencia estatal tiene que ver con el ritmo de crecimiento y la circulación de la población egipcia. Dada la presión demográfica, se necesitan más de 500.000 nuevas unidades residenciales cada año para satisfacer la demanda, y el sector privado a plena capacidad puede aportar menos del 15% de esta cifra.

De hecho, la urbanización y el aumento de la utilización de la tierra es una prioridad para la Autoridad de Nuevas Comunidades Urbanas (NUCA, por sus siglas en inglés) del gobierno, instituida en 1979 y que con el proyecto de la NAC comenzó su cuarta generación de proyectos. La NUCA tiene como mandato aumentar el porcentaje de utilización de la tierra al 14% para el año 2050.

La NAC es solo el comienzo. El Ministerio de Vivienda de Egipto tiene previsto construir unas 20 nuevas megaciudades que abarquen una superficie total de 2.436 km², con el objetivo de dar cabida a 30 millones de personas.

El proyecto se lanzó en 2015 con las primeras obras de construcción, que hasta la fecha se estiman en US$ 58.000 millones. El gobierno egipcio no ha asignado ningún fondo del presupuesto nacional ordinario a la NAC, sino que ha absorbido los costos mediante la venta de tierras aledañas.

Con decenas de miles de trabajadores y cientos de ingenieros trabajando día tras día y toneladas de material de construcción, agregados y cemento procedentes de fuentes nacionales y extranjeras, se espera que la nueva capital egipcia esté terminada en un tiempo récord de cinco años.

 

La nueva capital

La NAC incluirá el parlamento de Egipto, 34 ministerios gubernamentales y un complejo presidencial, un nuevo aeropuerto y un distrito de negocios. La NAC tendrá la Torre Icónica de 385 metros de altura y 80 pisos, que será la más alta no sólo de Egipto sino de toda África, y un parque del doble del tamaño del Central Park de Nueva York.

La nueva capital tendrá 2.000 nuevos centros educativos, casi 700 hospitales y centros de atención médica y una veintena de barrios residenciales. El elemento simbólico es claro: la NAC tendrá más de 1.200 mezquitas e iglesias. De hecho, en 2019 el–Sisi inauguró en la NAC la mayor catedral de Medio Oriente, La Natividad de Cristo, y la Gran Mezquita de Al–Fattah Al–Aleem, la segunda más grande del mundo después de la Gran Mezquita de la Meca en Arabia Saudita.

En 2020, poco después de que el COVID–19 llegara a Egipto a principios de abril, el presidente el–Sisi pospuso la construcción para frenar la propagación de la enfermedad. Sin embargo, los funcionarios trataron de mantener los proyectos principales para proteger los puestos de trabajo. Desde entonces, la construcción se ha reanudado pero a menor escala, utilizando el sistema de turnos de modo que la proporción de la mano de obra presente en el lugar no supere el 70%, para que los trabajadores no se acerquen demasiado.

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Perspectivas en Argentina

70% cree que la economía va a seguir igual o peor en 2021

El 54% de los encuestados considera que la situación sanitaria mejorará en 2021, aunque la mayoría condiciona la mejora a la campaña de vacunación contra el coronavirus.

El 38% de los encuestados por el Centro de Opinión Pública (COPUB) de la Universidad de Belgrano cree que la economía va incluso a empeorar en 2021 respecto del año en curso, para el que el Banco Mundial calcula una caída del PBI superior al 12%, azuzada por la pandemia de COVID–19.

En tanto, el 32% cree que la actividad se mantendrá en la Argentina en los mismos pobres registros de este 2020. Apenas el 26% de los participantes del sondeo pronostica una mejora económica.

A la hora de explicar las razones de estas expectativas pesimistas, el 59% entiende que el dólar seguirá subiendo y el 22%, que se mantendrá en los elevados niveles actuales. Solo el 9% considerará que el precio de la divisa estadounidense podría bajar.

En el mismo sentido, el 32% de los encuestados en el último sondeo del COPUB prevé un alza aún mayor de la inflación. El 43% cree que se mantendrá en torno a los registros de este año, cercanos al 40%. Apenas el 12% opina que puede darse a una baja de los precios minoristas.

Como evidentemente la pandemia determinó la dinámica del 2020, el sondeo del COPUB también abordó las expectativas de la opinión pública al respecto para el año próximo. El 54% de los encuestados considera que la situación sanitaria mejorará en 2021, aunque la mayoría condiciona dicha mejora a la campaña de vacunación contra el coronavirus.

En el mismo sentido, el 51% es optimista y entiende que, para junio próximo, la vacuna contra el COVID–19 estará masivamente aplicada en nuestro país. A pesar de ello, el 56% entiende que podría darse una segunda ola de contagios, como está ocurriendo en Europa por estos días.

“A pesar de que la mayoría de los encuestados confía en que la pandemia esté un poco más controlada en 2021, el contexto es marcadamente pesimista en lo referido a las cuestiones económicas y sus principales variables”, concluye Orlando D’Adamo, director del Centro de Opinión Pública (COPUB) de la Universidad de Belgrano.

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Primer año

Pandemia, crisis y perspectivas 2021

Cuando asumió, el equipo económico se proponía recomponer el salario real, que sumaba una caída de 20% en 2018 y 2019, para reactivar una economía que había retrocedido 4,5% en dos años.

Al cumplirse el primer año de gestión de Alberto Fernández, la pandemia había puesto patas arriba a la economía global y local, trastocando todos los objetivos que tenía el nuevo gobierno. Recordar las primeras medidas y realizar un diagnóstico de la situación actual permitirá anticipar cómo podría ser un 2021, tal vez un poco menos marcado por la pandemia, afirma un reciente informe de la consultora Ecolatina.

Había una difícil misión: bajar una inflación que había promediado 50% anual en el bienio anterior. Como si todo esto fuera poco, se enfrentaba con importantes restricciones fiscales: aunque la salud de las cuentas públicas había mejorado durante la gestión Cambiemos, las exigencias de la reestructuración de la deuda y el nulo acceso al crédito frenaban las posibilidades de que el sector público encabezara la recuperación.

A comienzos del mandato, el gobierno aumentó las retenciones a las exportaciones agropecuarias, endureció las alícuotas de bienes personales y cambió la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada a fines de 2017 por aumentos discrecionales para la seguridad social –subas en línea con la inflación para los haberes mínimos jubilatorios y por debajo para quienes cobren más de $30.000 –. De esta forma, el resultado fiscal se aprestaba a encarar un 2020 equilibrado.

Este margen le permitió al Poder Ejecutivo congelar las tarifas de servicios públicos durante el primer semestre de 2020, en vistas de relajar presiones inflacionarias. Además, se otorgaron aumentos salariales de $3.000 pesos en enero y 4.000 en febrero (a cuenta de paritarias) por decreto, en virtud de apuntalar el poder adquisitivo de los trabajadores de menores recursos, ya que este tipo de ajustes se diluyen a medida que se escala en la pirámide de ingresos. Como resultado, el salario real creció 5,5% en el primer trimestre del año, mostrando algunas señales de recuperación.

Sin embargo, cualquier atisbo de mejora desapareció en marzo. La llegada de la pandemia forzó a restringir la producción y dejó a mucha gente sin ingresos. En respuesta, el gobierno expandió su gasto en medio de una caída inédita de la recaudación. El aumento del déficit fiscal fue moneda corriente a lo largo del mundo; sin embargo, fuimos la excepción a la hora de financiarlo: casi íntegramente con emisión, dado que los mercados de crédito seguían cerrados.

El Banco Central comenzó a asistir al Tesoro, y arreciaron presiones cambiarias. A partir de abril, la emisión se disparó, dando lugar a un exceso de liquidez –no absorbido en un primer momento–, que presionó tanto al dólar oficial como a las cotizaciones paralelas. En respuesta, la brecha escalaba semana tras semana.

En un primer momento, el equipo económico caracterizó a estas presiones como transitorias, asociadas a la incertidumbre que generaba la pandemia a nivel global y una reestructuración de la deuda abierta. Por lo tanto, el Banco Central vendió reservas para de esta forma contrarrestar el exceso de demanda de divisas sin devaluar.

 

Derrumbe de la economía

En simultáneo, la economía se derrumbaba, cayendo a tasas de dos dígitos interanuales y se destruían alrededor de un quinto de los puestos de trabajo. Aunque una parte no menor de esta dinámica obedeció a las restricciones operativas, los problemas de demanda no tardaron en aparecer. Por lo tanto, la incertidumbre local no obedecía solo a la renegociación de la deuda, sino también a que la crisis económica y social se agudizaba.

De esta forma, llegábamos a mitad de año con fuertes desafíos. Por un lado, una crisis sanitaria que no cedía. Por otro, una crisis económica y social que se agravaba con la pandemia. Por último, un desequilibrio fiscal inédito financiado con emisión en medio de una reestructuración de la deuda con acreedores privados.

A fines de agosto, el Ministerio de Economía reestructuró su deuda con los acreedores privados, logrando un buen acuerdo en materia de plazos de pago y reducción de intereses. Sin embargo, la negociación no alcanzó para desalentar la dolarización ni reabrir el financiamiento externo. Por el contrario, en un contexto donde las reservas netas retrocedían a diario, las presiones se agravaron.

En este marco, la autoridad monetaria endureció el cepo a mediados de septiembre, en pos de frenar la demanda de divisas. Lamentablemente, las medidas de “garrote” no tuvieron los resultados buscados, sino que, por el contrario, agravaron los problemas iniciales: la brecha se disparó, dando lugar a más percepciones de atraso y alimentando en el camino las expectativas de devaluación.

En respuesta, el Palacio de Hacienda cambió su estrategia desde octubre, apelando más a la zanahoria que al garrote. En lugar de endurecer los controles, comenzaron a apuntalarse los incentivos: se relajaron –levemente– las retenciones, se mostraron algunas señales de mayor austeridad fiscal y se ofrecieron algunos instrumentos atractivos de ahorro en pesos (bonos dollar linked, CER o tasa de política monetaria).

En sus primeros días, estas medidas no surtieron grandes efectos, y el dólar paralelo continuó su escalada, y se acercó peligrosamente a los 200 pesos. Más preocupante todavía, las reservas netas siguieron en caída libre. Sin embargo, hacia fines de octubre algo cambió: la ANSES y el BCRA empezaron a intervenir en los mercados paralelos, vendiendo bonos contra pesos –operación inversa del contado con liquidación–, y contrarrestaron parte de las tensiones.

No obstante, las reservas siguieron en rojo durante noviembre. Aunque la caída se atenuó, no se revirtió el derrotero. Por lo tanto, aunque las tensiones en los mercados paralelos se relajaron, las posibilidades de una devaluación continúan latentes: mientras que el poder de fuego del Banco Central no se recupere, las chances de un salto cambiario permanecerán.

De esta manera entraremos a 2021 con una economía un poco menos golpeada, e incluso algunas perspectivas de recuperación por el lado real, pero con un stock de reservas netas por debajo de los US$ 4.000 millones que provoca mucha incertidumbre. Asumiendo una rápida y efectiva campaña de vacunación, la suerte del año próximo dependerá de la batalla cambiaria: si la corrida no frena y hay una devaluación, las tibias señales de mejora desaparecerán una vez más; en cambio, si la estrategia del Banco Central termina siendo exitosa y se evita el salto del dólar oficial, es probable que la recuperación se fortalezca mes a mes.

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Un debate nunca resuelto

Razones que demostrarían que hay que eliminar la coparticipación

El conflicto entre la Nación y CABA deja al desnudo que este mecanismo está agotado. En vez de insistir con una nueva ley hay que devolver potestades tributarias a las provincias. Si el tema se hubiese manejado con más transparencia y seriedad, desde un principio, es probable que el conflicto se hubiera evitado.

Para las zonas más rezagadas del norte –sostiene el último informe de la consultora IDESA– hay que crear un fondo de convergencia a fin de acelerar su desarrollo social.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) recibía históricamente el 1,4% de la coparticipación federal de impuestos. En enero del 2016, Nación y CABA firman un convenio de transferencia de la Policía Federal a la jurisdicción de CABA.

El convenio fue aprobado por la Legislatura de CABA pero no por el Congreso nacional. Por decreto nacional se subió la coparticipación a CABA de 1,4% a 3,75%. Con la firma del Consenso Fiscal 2017 esta participación se redujo a 3,5% a los fines de adecuar el porcentaje a los cambios impositivos dispuestos en ese acuerdo.

El actual gobierno aduce que este porcentaje de coparticipación excede al gasto de la policía transferida. Por ello, en setiembre de 2020 reduce por decreto el porcentaje a 2,32% y con el remanente financia el denominado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

Ahora, el gobierno nacional promueve la sanción de una ley por la cual la coparticipación de CABA vuelve a ser de 1,4% y el Tesoro nacional le transferiría $24,5 mil millones anuales actualizables para sostener a la policía transferida.

Un dato clave es que nunca se presentó un estudio oficial sobre el costo de los servicios transferidos. Apelando a información histórica de ejecución presupuestaria de la Secretaría de Hacienda se puede trazar el siguiente panorama para el 2020:

• Los $ 24,5 mil millones que plantea el gobierno nacional equivaldrían a precios actuales a lo que le costaba a la Nación el personal transferido.
• Incluyendo otros costos, además de personal, según la ejecución presupuestaria los servicios transferidos costarían a CABA en la actualidad unos $38,2 mil millones.
• El incremento de coparticipación otorgado a CABA ascendería aproximadamente a $57,2 mil millones.

Estos datos señalan que la porción de coparticipación otorgada en su momento por la Nación a CABA excedería a lo que insume la transferencia de la Policía Federal. A su vez, también muestran que el monto fijado en la ley impulsada por el gobierno nacional no alcanzaría para cubrir estos costos. Si el tema se hubiese manejado con más transparencia y seriedad, desde un principio, es probable que el conflicto se hubiera evitado. Pero el oscurantismo y el desprecio por la institucionalidad degradan la gestión pública.

 

Poca transparencia

Parte de los desfasajes se produjeron porque se manejó con ambigüedad y poca transparencia el aumento en la coparticipación de CABA. Al fijarse como un porcentaje de la coparticipación, y no como un monto fijo actualizable, no había garantías de que los ingresos adicionales que recibe CABA sean similares a los costos de los servicios transferidos.

Lo que ocurrió en la práctica es que la masa coparticipable aumentó a partir de marzo del 2016 por un hecho extraordinario: la devolución del 15% que se destinaba a la ANSES. Esto hizo que los recursos recibidos por CABA crecieran por encima de lo que cuesta la policía. Hoy, con la ley que impulsa el gobierno, los recursos transferidos a CABA no van a compensar las erogaciones que generan los servicios transferidos.

Pero el aspecto más insólito de este entuerto es que el Estado nacional termina financiando los servicios de seguridad de la jurisdicción más rica de la Argentina y posiblemente del Cono Sur.

Se trata de otra evidencia de que no tiene sentido seguir insistiendo en la necesidad de acordar una nueva ley de coparticipación. Un mecanismo que centraliza el 80% de la recaudación impositiva en el nivel nacional para luego distribuirla entre las jurisdicciones, fatalmente genera tratamientos injustos, distorsivos, ineficientes y conflictivos.

Reglas de distribución oscuras y discrecionales son inevitables mientras se mantenga esta desproporcionada centralización de recursos a nivel nacional.

En lugar de persistir con esta decadencia sería mejor abordar una descentralización de potestades tributarias hacia las provincias y los municipios. Cada jurisdicción debe financiarse con sus propios impuestos y rendir cuentas a la sociedad por los servicios que otorgue a cambio de dichos impuestos. Dada las fuertes disparidades regionales, sería pertinente un fondo de convergencia en el que las provincias más ricas financien, con plazo definido, el desarrollo de las zonas más atrasadas del norte del país.

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La globalización no muere

Los flujos interfronterizos no desaparecieron; simplemente cambiaron de aspecto, en gran medida a causa de la pandemia. La pandemia demostró los peligros del contagio transfronterizo. También desató la xenofobia y el proteccionismo. Pero la búsqueda de la vacuna demostró que el mundo globalizado también tiene beneficios, como por ejemplo la colaboración científica.

¿Mostrará el 2021 una vuelta de la globalización? Un informe realizado por DHL, la compañía de logística y la Escuelas de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York muestra que 2020 puso a la globalización en retroceso. Tomando el año 2000 como base 100, el índice llegó a 126 en 2017, a 122 en dos últimos años y actualmente se proyecta en 121.

Sin embargo, aun con este retroceso, se calcula que el índice se mantendrá por encima del 111 que marcó en 2008 y los detalles del informe indican que podrían recuperarse en 2021. Las razones para el optimismo se basan en un punto importante: hay varios aspectos de la globalización y no se mueven en tándem.

El índice DHL/NYU sigue el movimiento de cuatro cosas: personas, dinero, bienes e ideas. En la primera categoría, personas, la globalización colapsó este año a niveles de 1990.

El flujo de dinero también se desaceleró como consecuencia de la crisis financiera de 2008. El flujo del comercio siguió un patrón parecido: si bien hubo aumento del comercio transfronterizo a finales del siglo 20 cuando las compañías occidentales creaban las cadenas globales de suministro la globalización del comercio decreció en los últimos años a causa de los acontecimientos en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Luego terminó de derrumbarse con el shock económico del coronavirus.

Pero si se mira con atención, el patrón es complejo, dice Gillian Tett en el Financial Times. La actividad está creciendo más de lo que muchos esperaban. Lo que llama la atención es que las compañías no están reformateando ni trayendo a sus respectivos países sus cadenas de suministro como se vaticinaba. Pero aunque eso ocurra, los productos van a seguir viajando de un país a otro.

El cuarto aspecto de la globalización es el flujo de la información. Esto creció notablemente con Internet y la pandemia acentuó el crecimiento con el giro hacia la digitalización de las actividades. El tráfico interfronterizo de Internet creció 48% entre mediados de 2019 y mediados de 2020. Una tasa anual que duplica la de los años anteriores.

En teoría esto podría reducir la necesidad de lazos físicos. Pero en la realidad, la globalización de la información alimenta el e–commerce global, flexibiliza las cadenas de suministro y aumenta la colaboración en áreas como la de la colaboración para la vacuna. El proteccionismo sigue siendo un riesgo pero es poco probable que pueda hacer retroceder al cuarto aspecto de la globalización. Al menos, no por ahora.

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Contrataciones congeladas

Argentina tiene los salarios en dólares más bajos de la región

Así muestran los datos de la Total Remuneration Survey 2020 de Mercer relevados entre 4000 empresas de Latinoamérica. Los salarios más altos se encuentran en Uruguay, seguidos por Chile, México y Brasil.

En Argentina, resultan los más bajos tanto al tipo de cambio oficial como al de contado con liquidación. “Esto pareciera que va a empeorar y Argentina por lo menos por un tiempo seguirá siendo muy barata en dólares”, comentó al respecto Ivana Thornton, Directora de Career de Mercer.

Con el fin de referenciar la capacidad de compra de dichos salarios –dice el informe– tomamos el índice de costo de vida de las ciudades elaborado por Mercer para expatriados.  En función de esto, la mejor relación entre costo de vida y salario se observa en Montevideo, seguido por Santiago.  Menos favorable es la relación de salarios y costo de vida que se presenta en Buenos Aires.

Con respecto a los incrementos salariales para este año, han estado todos unos décimos por encima de la inflación, excepto Brasil.  “Las proyecciones para el año que viene hay que tomarlas con cautela ya que las compañías informan estos datos en función de presupuestos que están revisando periódicamente en función de la evolución del negocio y las previsiones para el año que viene”, comentó Valeria Bohórquez, Líder de Career Products de Mercer para Latinoamérica.

Con relación al bono variable, el 91% de las empresas de Latinoamérica pagó el bono a los empleados por el desempeño 2019 según lo planificado. En relación al presupuesto previsto para el desempeño 2020 en comparación con el pago real del 2019, en Latinoamérica, el 21% de las empresas indicó que será menor, el 7% dijo que será mayor, el 26% dijo que no habrá cambios; el 46% dijo que es muy pronto para decidir.  En Argentina, las empresas respondieron en esta misma línea.

Hay una baja de la inflación en toda la región relacionada con la caída de la actividad económica; se prevé un aumento de la inflación en 2021 prácticamente en todos los países, en línea con la recuperación económica.

En cuanto al desempleo, en promedio se incrementó 3 puntos porcentuales en Latinoamérica, observándose un mayor aumento en Chile y Colombia. Las proyecciones para el 2021 son a la baja en general.

“Para los que trabajamos en RR.HH el tema de la inflación es clave. Cada vez que escuchamos inflación se nos levanta una alarma por el impacto que tiene en los salarios y por la dinámica que se genera en las empresas porque uno arranca con una pauta de incremento y el cambio de contexto hace que lo tenga que revisar de manera frecuente.  La gestión parece que es ir corriendo detrás de la inflación en la medida en que se puede”, expresó Thornton en el Mercer Journey #32.

En relación a la brecha de género en las empresas de Latinoamérica, se observa que la representación femenina subió del 32% en 2013 al 38% en 2020.  La brecha salarial en 2020 se redujo un 3% respecto al 2015 en el nivel de profesionales; un 2% en el nivel de gerentes y un 6% en el nivel de Ejecutivos.  “Si bien aún existe, se observa como tendencia que la brecha se está cerrando”, expresó Bohórquez.

Asimismo, en Latinoamérica la brecha salarial de género en el nivel de ejecutivos es del 15%, siendo en Argentina del 12%; en Panamá la más alta (31%) y México la más baja (10%).  En el nivel de gerentes, la brecha salarial de género es del 10% en Latinoamérica, en Argentina es del mismo porcentaje; la más alta se registra en Panamá y la más baja en México.  En el nivel de profesionales, la brecha en Latam es del 8%, en Argentina es del 9%; la brecha más alta se registra en Brasil (17%) y la más baja en Panamá (2%).

Con respecto a los beneficios, las organizaciones están poniendo mayor foco en los beneficios flexibles, adaptándolos a esta nueva realidad. En cuanto a los beneficios relacionados con salud y bienestar, se observa mayor prevalencia de las charlas de prevención, el plan de nutrición, el programa de stress management y de bienestar financiero.

 

Congelamiento de nuevas contrataciones

Ha llegado la “nueva normalidad”, pero todavía las empresas tienen por delante decisiones cruciales sobre la fuerza laboral. A medida que las organizaciones comienzan a recuperarse del COVID–19, el enfoque está en el regreso seguro de la fuerza laboral al trabajo, así como en reinventar la forma en que se trabaja.

Uno de los grandes temas este año fue el congelamiento de las contrataciones. El 39% de las empresas relevadas señaló que las contrataciones están congeladas indefinidamente; otro 39% destacó que con fecha indefinida cumpliendo con un conjunto predefinido de parámetros comerciales (por ejemplo, el nivel de ventas); y un 22% comentó que están suspendida por un tiempo definido.

El relevamiento también muestra cuáles son las 5 funciones/departamentos que se espera que se conviertan total o parcialmente remotos después de la pandemia. Encabeza este ranking el área de Contabilidad y finanzas, seguida por Administración; Recursos humanos; IT y Compras.

Asimismo, el 33% de las organizaciones implementaron una política de trabajo flexible en respuesta al COVID–19 y el 35% de las organizaciones ya tenían una política de trabajo flexible antes del COVID–19; un 25% de las organizaciones planean mantener permanentemente la actual política de trabajo flexible y un 68% de las organizaciones prevén que será más probable que los empleados utilicen acuerdos de trabajo flexible una vez que la pandemia haya terminado.

Entre los tipos de acuerdo flexible ofrecidos a los empleados se encuentran: semana laboral comprimida (14%); los empleados pueden decidir si pueden trabajar desde casa o la oficina (38%); horario de trabajo flexible (73%); part time (16%); otro (19%).

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Expectativas de un salto cambiario

Más brecha, menos superávit: ¿son costumbres argentinas?

El cuadro no se explica por la recuperación de la actividad doméstica (en forma de “V” para la producción de bienes), sino también por el temor a una devaluación, que alienta el anticipo de compras.

En noviembre de 2020, el superávit comercial de bienes fue menor a US$ 300 millones, mostrando una caída de casi 90% i.a. en relación con el saldo positivo logrado en igual mes del año pasado (US$ 2.500 millones).

De esta forma, la balanza comercial argentina se redujo por tercer mes consecutivo en la comparación interanual, encendiendo algunas señales de alarma. De hecho, el superávit de noviembre fue el menor desde septiembre de 2018, es decir, desde que la balanza comercial volvió a terreno positivo.

Esta dinámica obedeció tanto a un desplome de las exportaciones (–25,6% i.a., perforando US$ 4.400 millones) como a un salto de las importaciones, que crecieron 20,7% i.a. en el mes y superaron los US$ 4.100 millones, según recuerda el último informe de la consultora Ecolatina.

Lamentablemente, esta evolución no se explica únicamente por una recuperación de la actividad doméstica (en forma de “V” para la producción de bienes), sino también por el temor a una devaluación, que alienta el anticipo de compras.

En igual sentido, el desplome de las ventas no obedece a una mayor recesión en el resto del mundo (de hecho, se está recuperando a buen ritmo), sino a que las expectativas de un salto cambiario (elevada brecha) invitan a posponer los envíos al exterior.

A la vez, el importante crecimiento de noviembre del año pasado (+10% i.a. contra un +1,2% i.a. de diciembre 2019, por caso) marca que en ese entonces se habían adelantado exportaciones, en búsqueda de evitar la mayor carga impositiva que traería el cambio de gobierno que se materializó en suba de retenciones a las exportaciones (principalmente del complejo sojero).

Teniendo presente esta dinámica, sorprende menos el desplome de 56,6% i.a. en las cantidades exportadas de productos primarios y de 38,6% i.a. en los volúmenes de manufacturas de origen industrial, afectadas también por la pérdida de competitividad cambiaria frente a Brasil.

Sí se destacó el crecimiento de 5,2% i.a. en las cantidades exportadas de manufacturas de origen agropecuario, que obedecen a que la economía del sudeste asiático, su principal destino, ya se encuentra casi totalmente operativa.

 

Dinámica homogénea

Por su parte, las importaciones mostraron una dinámica más homogénea: crecimiento en casi todos los usos económicos. El avance estuvo liderado por los vehículos livianos, que escalaron más de 60% i.a. el mes pasado, motivados por las expectativas de devaluación, ya que representan una forma indirecta de comprar dólares al restringido cambio oficial. En tanto, el ingreso de bienes de capital y de bienes intermedios avanzó 39,0% i.a. y 30,2% i.a. en noviembre, marcando que no solo la brecha alienta las compras externas, sino también la incipiente recuperación de la producción de bienes.

Por último, el ingreso de piezas y accesorios para bienes de capital y de bienes de consumo escaló 13,5% i.a. en el mes, mostrando que el stockeo de importaciones fue generalizado.

Mientras que en los primeros ocho meses del año el saldo comercial había avanzado más de 40% i.a., en el trimestre septiembre–noviembre se verificó una caída del 75% i.a. Tal como explicamos al principio, esta reducción obedece a una recuperación de la producción de bienes, pero también a la elevada brecha y escasas de reservas netas que alientan las expectativas de un salto cambiario.

De cara a diciembre, esta tendencia no se habría revertido. Aunque es probable que el superávit comercial se recupere en el último mes del año, en parte ayudado por el comienzo de la salida de la cosecha fina, y en parte porque la posposición de exportaciones y el adelantamiento de importaciones no puede durar para siempre. En este sentido, el creciente control a las importaciones podría mejorar el resultado comercial en el corto plazo, pero provocar algunas tensiones cada vez mayores en el frente inflacionario y en la actividad.

En este marco, se proyecta que 2020 cerrará con un superávit comercial menor a los US$ 14.000 millones, mostrando un saldo positivo importante, pero bastante menor a los US$ 16.000 millones del año pasado. Lamentablemente, una brecha tan alta genera incentivos perversos.

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Situación sanitaria y costo de viajar

¿Una oportunidad para el repunte del turismo?

La capacidad adquisitiva de los argentinos para realizar turismo internacional se redujo 38% en el último año. Situación que ya se evidenciaba antes de la paralización de los flujos turísticos mundiales.

Respecto de fines 2017 bajó en 65% (caso de ingresos equivalentes a dos salarios industriales) por efecto combinado de devaluaciones y recargos tributarios, llevando al turismo emisivo a su mínima expresión, según se explica en el último informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, con la firma de Marcelo Capello y Marcos Cohen Arazi.

De examinar la evolución de capacidad de compra y flujos turísticos en años previos, se desprende que en el futuro si se quisiera eliminar el impuesto PAIS y el recargo impositivo a los consumos en el extranjero, podría darse un boom de turismo emisivo, incluso si se acompañara con una devaluación.

Para los turistas brasileños y chilenos, el contexto actual de precios relativos favorece el turismo en Argentina (valiéndose de las cotizaciones alternativas del dólar), aunque esta decisión no está guiada solo por los precios; su poder de compra creció 35% y 81%, respectivamente.

De este modo, cuando se normalice el turismo, Argentina podría tener una balanza relativamente equilibrada.

 

Capacidad adquisitiva en turismo internacional

En un marco de completa paralización del turismo global durante todo el 2020, con tibias recuperaciones en algunos mercados del mundo, los turistas del planeta analizan sus posibilidades de viajar a corto o mediano plazo.

Para ello, examinan especialmente la evolución de la situación sanitaria y, especialmente los argentinos, el costo de viajar.

Por eso resulta interesante analizar cómo evolucionó la capacidad adquisitiva de los argentinos para realizar turismo internacional, teniendo en cuenta los cambios salariales, las modificaciones en el tipo de cambio, la tributación, y también la aparición del impuesto PAIS y la percepción de impuesto a las ganancias a los consumos turísticos.

Sin lugar a dudas, en la situación actual el turismo de los argentinos en el exterior resulta muy oneroso, y podría favorecer el turismo interno. A continuación, se examina la evolución del poder de compra de los argentinos en relación con el consumo potencial de servicios turísticos en el exterior, a fin de dimensionar el fenómeno.

A tal fin, se examinan casos alternativos: salario industrial y un salario equivalente al doble del salario industrial. Para analizar las incidencias del impuesto a las ganancias se establecen dos situaciones: soltero o casado con hijos.

 

Diferentes etapas

En el análisis se consideran los Informes de Coyuntura del IERAL –10 de diciembre de 2020–, efectos de la suba salarial nominal, la suba del dólar, la presión tributaria del impuesto a las ganancias, los recargos a los consumos en dólares.

En síntesis, pueden verse diferentes etapas en la evolución de esta capacidad adquisitiva en las últimas décadas:

• La devaluación de año 2002 que redujo más de 70% el salario para turismo, un fenómeno generalizado que afectó a toda la economía.
• El crecimiento salarial sostenido en dólares (salvo por la devaluación del año 2009) entre 2002 y 2012, que llevó a una capacidad adquisitiva entre 60% y 77% más elevada en ese último año que la que había a finales de 2001 (la diferencia se debe a cambios en la presión tributaria sobre personas).
• La caída en la capacidad de compra provocada por la devaluación del 2014, sumado a los recargos al turismo emisivo que se aplicaron en el periodo 2012– 2015 (que por otra parte generaron mayor atraso cambiario).
• La remontada de capacidad adquisitiva 2015–2017, que ocurrió por efecto combinado de devaluación, acompañada de la normalización del mercado de cambios y posterior atraso cambiario, que llevó a la capacidad de compra en términos de turismo internacional a máximos históricos en tres décadas (incluyendo los ’90).
• La turbulencia de los años 2018–2020, tanto en términos cambiarios como en lo relativo a la reintroducción de recargos al consumo en dólares, que representó una brusca caída de la capacidad de compra.
• En el caso de la capacidad de compra del salario industrial para hacer turismo internacional, en el último año se redujo 38% en el caso de solteros y 37% en el caso de casados con hijos, y respecto de fines 2017 se redujo 65%. Así, la capacidad de compra actual es comparable al de comienzos de 2006.

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Exxon fue desplazada por una firma de energías renovables

Aunque las compañías petroleras siempre han sido los titanes de la industria energética norteamericana, ahora su hegemonía se ve desplazada por compañías energéticas enfocadas en renovables, especialmente NextEra Energy.

La empresa de 95 años es la mayor proveedora de energía solar y eólica y llegó a esa situación aprovechando su cartera de combustibles.

Hoy las energías solar y eólica representan menos de 9% de la electricidad norteamericana. Puede no parecer mucho, pero en el año 2000 representaba 0,16%. En el transcurso de esos 20 años ninguna compañía creó más parques solares y eólicos que NextEra Energy, con sede en Florida.

Hoy la compañía controla más del doble de energía que su competidor más cercano y los retornos de sus accionistas fueron de 530% en los últimos 10 años, muy por encima del promedio para la industria.

Exxon era la empresa más valiosa de Estados Unidos. Emplea a 61.000 personas más que NextEra y en 2019 recaudó US$ 10.000 millones más de ganancias. Y sin embargo, en un mundo acosado por el cambio climático NextEra lidera una camada de nuevos titanes.

En los últimos 20 años la compañía llegó a controlar 16 gigawatts de viento y 3 gigawatts de energía solar en todo el país, más capacidad de la que existe en toda Australia y más del doble de la capacidad de su competidor más cercano.

“Nadie, en ninguna industria, ha hecho más que NextEra Energy para atacar las emisiones de CO2,” dijo la compañía en 2019 durante una presentación para inversores. En cualquier caso, es cierto que ninguna otra compañía ha hecho más para agregar electricidad de carbono cero a la red estadounidense.

El ascenso de la compañía se produjo, en parte, defendiendo su capacidad para quemar combustibles fósiles.

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Consolidación en marcha

Es negro el panorama para todo el negocio de la ropa

En el mejor de los escenarios, la consultora McKinsey calcula que las ventas no verán una recuperación plena hasta el tercer trimestre de 2022. En 2021 se ahondará la brecha entre ganadores y perdedores en el mundo de la moda y se crearán las condiciones para una ola de consolidación.

La gente buscará gastar menos en ropa y las empresas con buenos ingresos recortan la gama de productos y buscan pequeños rivales para comprar. La consolidación siempre atrae. Ya antes de 2020 un grupo cada vez más pequeño de empresas de moda generaba todas las ganancias del negocio.

En 2021 se ahondará la brecha entre ganadores y perdedores en el mundo de la moda y se crearán las condiciones para una ola de consolidación, según un informe conjunto de la consultora McKinsey y Business of Fashion (BoF).

Las empresas con bolsillos profundos saldrán a la pesca de pequeños emprendimientos y de rivales con idea de comprarlos.

Paralelamente, se calcula que los consumidores van a gastar menos en ropa mientras las empresas recortan su gama de productos para reducir la complejidad de sus operaciones y enfocarse en lo que creen que seguramente van a vender.

En varios sentidos, la industria en su totalidad se va a contraer. 2021 no será un año fácil para el negocio de la moda. Aunque gran parte de la industria comenzó a recuperarse de la primera ronda de cuarentenas mundiales más rápido de lo que McKinsey esperaba y las vacunas ya están comenzando a aplicarse en varios países, nuevos casos de Covid–19 están apareciendo en diferentes regiones y pasará algún tiempo antes de que las poblaciones desarrollen suficiente inmunidad generalizada para que la vida recupere la normalidad. Gran parte de la economía global verá menos crecimiento. Con la incertidumbre en el aire y el poder de gasto reducido, la demanda de ropa va a caer.

McKinsey calcula que las ventas de toda la industria de la moda en 2021 se ubicarán en un nivel 15% más bajo que en 2019. Avizora además que por lo menos, si la Covid–19 resulta más difícil de controlar de lo que se creía, podría tomar hasta finales de 2023.

 

Más cierres, menos empleos

En ese entorno, habrá más cierres de tiendas, más recorte de empleo y más quiebras en el negocio de la moda. Pero no todas las compañías sufrirán en la misma medida.

Ya desde antes de 2020, un grupo cada vez más reducido de empresas de moda generaba todas las ganancias económicas de la industria. La mayoría de las compañías ya perdían plata o no lograban retornos sobre sus inversiones. La pandemia acentuó esa situación. Hizo que tropezaran las fuertes, pero que cayeran las débiles.

Hasta ahora, las más resilientes fueron las empresas de lujo, las que venden por Internet, las cadenas de descuento y los fabricantes de ropa deportiva. Las compañías que más venden en Asia –especialmente en China, donde las ventas están recuperándose– también aventajan a la competencia.

Las miradas estarán puestas en las estrategias que eligen para atravesar el 2021. Una de las opciones más probables será reducir la cantidad de productos a vender. Durante años muchas compañías ampliaron los surtidos y ofrecieron estilos más individuales en más categorías con más variaciones, como diferentes opciones de color. Pero más productos significa más complejidad en la cadena de suministro y cuanto más se alejan las empresas de sus productos centrales más probabilidad tienen de ofrecer algo que no se conecta con el público. De los 290 ejecutivos de la industria de la moda encuestados por McKinsey y BoF 61% proyecta recortar el número de productos a vender para evitar acumulación de inventario.

En cualquier caso, muchas compañías van a necesitar ayuda financiera, con lo cual se crearán oportunidades para que se las fagociten las grandes y los fondos privados de inversión.

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Menos perforación y cierre de yacimientos

¿Se recuperará la industria petrolera?

La combinación de precios bajos, pandemia, exceso de producción y reducción de la demanda ha creado una situación de extrema gravedad para la industria.

 

Ahora que el precio del barril de crudo está más bajo que el de una pizza en Nueva York, hay quiebras generalizadas entre los productores de shale y muchos especialistas se preguntan si la industria podrá recuperarse.

El precio del crudo referencial en Estados Unidos oscila en torno a US$ 12,34. A principios de año, el precio rondaba los US$ 60.

 

 

Menor demanda de la aviación

La demanda de petróleo también se redujo debido a la pandemia. La Energy Information Administration calcula que, con la reducción de los viajes internacionales el uso de combustible para aviones va a caer 34% en el segundo trimestre. En el uso de nafta la reducción esperada es de 25%.

Ya los precios venían cayendo antes de la pandemia porque los productores estaban inundando el mercado con más petróleo del que el mundo podía consumir. Ahora, cuando se reduce la demanda, los productores se están quedando sin lugares de almacenaje. Esa situación generó la interrupción de los planes de perforación en busca de más petróleo y algunos hasta anunciaron el cierre de yacimientos que ya estaban en etapa de producción.

¿Se recuperará la industria? Sin duda, la prolongación en la baja de precios tendrá un impacto duradero. Los precios están demasiado bajos como para que se piense en nuevas perforaciones y la cantidad de petróleo en los yacimientos existentes es cada vez más escasa.

Las grandes petroleras como Exxon con negocios diversificados van a sobrevivir, pero los productores más pequeños la van a pasar muy mal. No tienen muchas alternativas para mantenerse en el negocio si interrumpen la producción. Muy probablemente serán comprados por los grupos grandes que están equipados para aguantar la tormenta. Por lo tanto, en el sector se avecina una gran consolidación.

 

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Aparecen sectores incipientes

Inversión “ángel” local: tecnología y agricultura

Le siguen las actividades relacionadas con el comercio, fintech, ciudades inteligentes y salud, según el relevamiento 2020. Así surge del trabajo realizado por OLFE, iniciativa conjunta del IAE y de la Austral, en alianza con ARCAP, y con el apoyo de AWS.

También comienzan a distinguirse sectores incipientes como la industria satelital, aeroespacial y biotecnología. El informe de esta encuesta también exhibe las diferencias con lo relevado en 2017 y con las inversiones ángeles en los Estados Unidos.

La segunda edición de la “Encuesta sobre el Inversor Ángel Argentino 2020” fue realizada en iniciativa conjunta entre el Observatorio Latinoamericano de Financiamiento a Emprendedores (OLFE), conformado entre IAE Business School y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, y la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP), y contó con el apoyo de Amazon Web Services (AWS).

El relevamiento se llevó a cabo entre los meses de abril y julio de 2020 y la población bajo estudio estuvo conformada por personas residentes en la Argentina que realizan inversiones de tipo ángel, mayoritariamente en el país.

“El objetivo de este relevamiento se enmarca en un fin más global, de generar herramientas de información e investigación sobre Entrepreneurial Finance, incrementar la comprensión del fenómeno y sus participantes en sus distintas modalidades, instrumentos y plataformas, para generar mayor transparencia y beneficiar tanto a emprendedores como a sus financiadores”, afirman desde OLFE, del IAE Business School y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral.

“Es muy importante entender el perfil de este tipo de inversores porque realmente es clave en el estadío inicial de las empresas”, sostuvo María Carolina Dams, Directora de Programas e Innovación de IAE Business School e Investigadora Principal del OLFE.

La mayor cantidad de inversiones en startups durante los últimos 3 años se concentraron en los sectores de software y servicios (42%), y de agricultura (36%). Seguido por comercio (retail, e–commerce, marketplaces, consumer tech, entre otros) que registra 29% de las inversiones y el sector de fintech (27%). En quinto lugar se posiciona la categoría “otro” con 21%, en la que comienzan a distinguirse sectores incipientes como la industria satelital, aeroespacial y biotecnología.

En promedio, el inversor ángel argentino destina entre el 10–20% de sus inversiones financieras a la inversión ángel. El 86% de los inversores ángeles tienen experiencia previa de inversión en los mercados financieros (por ejemplo: acciones, bonos, futuros, etc.)

A nivel internacional, los motivos de fracaso de las startups se explican principalmente porque no existía necesidad del producto/servicio en el mercado (42%), falta de caja (29%) y problemas con el equipo fundador (23%). En cambio, a nivel local, este último se presenta como el principal motivo de fracaso para las inversiones de los ángeles argentinos (67%).

En términos de desempeño de inversiones, el 57% de los inversores encuestados afirman haber logrado al menos un retorno positivo de sus inversiones y el 43% reporta que sólo obtuvieron retornos negativos.

Al ser consultado por los factores que incentivaron el crecimiento de la actividad ángel en los últimos años, Santiago Pinto Escalier, Inversor Ángel de la Provincia de Buenos Aires, sostuvo: “Es la sumatoria de esfuerzos del gobierno, leyes pro–emprendedores, más casos de éxito, incentivos mixtos y la prensa mostrando emprendedores.” Por su parte, Pablo Sola, Ángel de CABA, afirmó: “La difusión que se ha dado de las distintas iniciativas y los casos de éxito tanto locales como internacionales, hacen que las startups sean vistas como una alternativa de inversión válida, aunque no exenta de grandes riesgos”.

 

Perfil del  inversor ángel argentino

La figura del inversor ángel surgió hace ya algunos años en la industria y hace referencia a individuos que desembolsan capital en startups argentinas, más allá de su propia nacionalidad.

De acuerdo con los datos arrojados por el estudio, el 98% de quienes se vuelcan a esta forma de inversión son locales, registrando un crecimiento respecto de la primera edición de la encuesta en la que el 93,6% de quienes se volcaban a esta forma de inversión eran locales. El 2% restante que participa como ángeles son de nacionalidad extranjera, entre ellos, uruguaya y estadounidense.

La edad promedio del inversor ángel argentino es de 50 años, con un mínimo de 18 y un máximo de 78 años. El 75% de los encuestados tiene menos de 57 años. El intervalo de edad más común es entre 41 y 50 años (41%). En términos de educación, del total de los consultados, el 53% alcanzaron educación de posgrado (49% Maestría, 4% Doctorado). La mayoría tiene un título en negocios (62%), seguido por Economía (41%) e Ingeniería (31%).

A la hora de adoptar patrones para identificar más eficazmente una oportunidad de inversión, el más utilizado es “Contacto directo con empresarios/emprendedores”, seguido por “amigos/colegas de trabajo” y “grupo/red ángel o fondos”. Esto lo diferencia también de Estados Unidos, donde los grupos ángeles están en la situación más privilegiada.

 

Comportamiento del inversor ángel argentino

Los inversores citan varias razones para sentirse atraídos por la inversión ángel. Vincularse con otros inversores ángeles es la menos atrayente entre las opciones brindadas y aportar la propia experiencia es la más atrayente.

Es importante destacar que el impacto socio–ambiental de la inversión atrae tanto como el retorno financiero. Otros aspectos mencionados por los encuestados incluyen: emprender nuevamente manteniendo el balance de trabajo–placer en la vida, hacer un aporte al ecosistema local, divertirse y aprender.

Al ser consultado por los motivos que lo llevan a desempeñarse como inversor ángel, Luciano Nicora, Vicepresidente de Endeavor, sostuvo: “La vida del emprendedor es mi esencia, mi vida tiene que ver con el miedo, el vértigo y con sentirme parte de la transformación. Que alguien me deje participar de esos sueños para mi es vital, me extiende la vida. Lo que construí en la sociedad lo hice gracias a la comunidad, entonces es una manera de retribuir y hacer volver gran parte de lo que tengo. Para mí la mejor forma de devolver es invertir y darle una oportunidad a otro.”

El 78% de los encuestados destina menos del 20% de sus inversiones financieras a la inversión ángel. En promedio, el inversor ángel argentino destina entre el 10–20% a la inversión ángel y la mediana se mantiene en el primer rango, 0–10%. Sólo el 11% de la muestra destina más del 40% de sus inversiones financieras a la inversión ángel.

La mayoría (55%) de los inversores de la muestra decide invertir a más de 100 km de su lugar de residencia y 45% invierten localmente. No obstante, los porcentajes varían según la residencia de los inversores.

Los ángeles del interior del país son más propensos a invertir fuera de los 100 km de su lugar de residencia, en comparación con los ángeles porteños quienes invierten mayormente en su propia ciudad (63%). Mientras sólo el 37% de los ángeles porteños de la muestra invierten fuera de su ciudad, un 80% de los ángeles santafesinos, 71% de los bonaerenses y 57% de los cordobeses se animan a buscar oportunidades de inversión a más de 100 km de su lugar de residencia. Si nos movemos hacia provincias fuera de la región centro (Entre Ríos, San Luis, Mendoza), el 100% de los ángeles de la muestra que residen allí invierten fuera de su lugar de residencia, principalmente invirtiendo en Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

El promedio de inversión fuera del país es del 32%, siendo el ángel cordobés el más internacional (40% de las veces invierte en o fuera de Latam).

Si bien el ángel santafesino y bonaerense es algo más propenso a invertir fuera de los 100 km de su lugar de residencia, prefiere mayormente invertir dentro de su provincia (44% y 25% respectivamente). En cambio, el ángel cordobés prioriza invertir en la Ciudad de Bs. As. (30%) y fuera de Latam (30%). El ángel porteño prioriza invertir fuera de Latam (24%) y en la Provincia de Buenos Aires (22%).

En promedio, el inversor ángel argentino invierte en emprendimientos dentro del país un 67% de las veces, siendo el ángel santafesino el más doméstico (78% de las veces invierte en Argentina). El promedio de inversión fuera del país es del 32%, siendo el ángel cordobés el más internacional (40% de las veces invierte en o fuera de Latam).

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En Estados Unidos

Las farmacéuticas con la chance de mejorar imagen

En septiembre de 2019 una encuesta de Gallup demostró que el 58% de los estadounidenses tenía una visión negativa de esta industria. La única categoría peor calificada era el Gobierno federal. La urgencia de contar con una vacuna para combatir el coronavirus puede cambiar la opinión pública.

La industria farmacéutica es la más desacreditada de todas en la opinión pública de los norteamericanos. De las 25 industrias que incluye la encuesta anual de Gallup en 2019 figuró en último lugar. Desbancó ese año al gobierno federal como la actividad menos valorada.

Los norteamericanos siguen otorgando las mejores calificaciones a los restaurantes y a las empresas de computación, luego vienen los sectores de alimentos y agricultura, que también se colocan en los primeros puestos de la lista con calificaciones positivas superiores a los 40 puntos.

Otras industrias que ranquean en la primera mitad de la lista incluyen actividades contables, automóviles, retail, bienes raíces, banca electrónica y deportes.

En cuanto al resto de la lista, aerolíneas, telefonía, actividad editorial, Internet, cine y educación reciben cada una calificaciones positivas de dos dígitos. Paralelamente la televisión y la radio, el sector legal, petróleo y gas apenas registran calificaciones positivas.

 

 

La imagen de la industria farmacéutica por el suelo

La calificación que recibe la industria farmacéutica nunca estuvo más baja desde que Gallup comenzó con su relevamiento en 2001. En los últimos 19 años pocas industrias recibieron calificaciones tan bajas. Y eso resulta de una cantidad de críticas a las normas de la industria que incluyen los altos costos de las drogas y la fenomenal inversión que hace para ganarse el favor en círculos políticos y también el papel que le cabe en la crisis de los opioides.

Justo después de que Gallup realizara su encuesta, el juez de Oklahoma impuso a Johnson & Johnson el pago de US$ 572 millones por su rol en la epidemia de opiáceos del estado. Paralelamente, los legisladores en Capitol Hill trabajan para que la industria baje el precio de los medicamentos.

La imagen de la industria en Estados Unidos cayó aún más a principios de este año.

Pero puede aspirar a recuperarse de la misma manera en que lo hicieron otras industrias después de calificaciones negativas, como ocurrió con el gas y petróleo, bienes raíces y automotores. La imagen de la actividad inmobiliaria, por ejemplo, logró recuperarse desde el nivel más bajo de la lista a su actual puesto entre las 10 mejor valoradas.

Mientras continúa la epidemia de opiáceos –y mientras los actores involucrados en su creación siguen afrontando juicios, protestas y manifestaciones de protestas– podría resultarle difícil a la industria farmacéutica recuperarse todavía. Es probable que sus calificaciones no se recuperen hasta que no se solucione su responsabilidad en la epidemia de opiáceos, o ceda la presión política sobre la industria para que bajen los precios y sus pingües ganancias. La opinión de los norteamericanos sobre todas las industrias, son susceptibles de incidir sobre las grandes fuerzas económicas.

Por eso, hasta las industrias que están bien consideradas podrían experimentar caídas en su imagen pública si las banderas de peligro continúan sugiriendo una próxima recesión.

Para revertir la imagen. El único remedio suficientemente fuerte para revertir la mala reputación de Big Pharma es una vacuna para la Covid–19.

Cuando Gallup repitió la misma encuesta en septiembre 2020, los resultados fueron bien diferentes de los del año anterior. El porcentaje de respondentes con visiones negativas de las compañías farmacéuticas cayó a 49% y 34% expresó una opinión positiva (en 2019 27%).

No podría ser de otro modo. Si el mundo quiere salir de esta pandemia que le robó el 2020, va a ser por el trabajo de las farmacéuticas. La aprobación de los fabricantes de medicamentos creció en todo el mundo y mucho más desde los anuncios de las primeras vacunas exitosas en noviembre.

“Con el mundo en urgente necesidad de vacunas y medicamentos para combatir la Covid–19 la industria biofarmacéutica tiene la oportunidad del siglo de reconfigurar su reputación” dijo el CEO de Eli Lilly, Dave ricks en abril.

En el transcurso de un año, la reputación de las compañías farmacéuticas pasó de estar asociada a emprendedores implacables o ejecutivos codiciosos a la condición de proveedoras de salud, las salvadores de vidas.

Según datos de RepTrak, una firma de inteligencia de reputación, desde el 30 de septiembre las farmacéuticas treparon en varios indicadores de reputación de marca comparado con el año pasado.

A una industria que invierte enormemente en marketing (en Estados Unidos, más que en investigación y desarrollo), las vacunas para la Covid 19 le han brindado una oportunidad única. Según Caliber, firma que calibra la percepción pública de las compañías farmacéuticas en 17 países, la Covid–19 le recuerda al mundo por qué son necesarios los fabricantes de medicamentos.

2020 fue un gran año para los videojuegos

Para las empresas que producen videojuegos, como Nintendo, Sony y Microsoft, el 2020 fue de ventas récord. Los ingresos de esta industria van camino de superar los de los deportes y el cine, según el último informe de IDC, firma de inteligencia de mercado.

IDC estima que las ventas de este año llegarán a US$ 179.700 millones. Por otra parte, las industrias del deporte y del cine sufrieron retrocesos durante el año, con estadios y cines cerrados por las cuarentenas.

El crecimiento de la industria del videojuego se vio impulsado por la pandemia del coronavirus. Las horas de juego fueron más pronunciadas en el grupo etario de los 45 a los 54 años. El aumento en las horas dedicadas al juego en ese grupo demográfico llevó a un aumento del gasto, que creció la friolera de 76%.

Además, el lanzamiento de nuevas consolas de Sony, Playstation y Microsoft aumentaron el interés por los juegos justamente durante el mes de los regalos: diciembre.