La comunidad inversora internacional invirtió el año pasado más de US$ 120.000 millones en fondos cotizados que se comercializan como empresas con un sólido historial medioambiental, social y de gobernanza (ESG). Esta cifra duplica la del año anterior, y la inversión total en ETF– ESG (ETF= Exchange Traded Fund) podría alcanzar el billón de dólares en 2025, según Bloomberg, lo que los convierte en uno de los productos de inversión más atractivos del mercado.
Estos fondos dirigen ostensiblemente el capital hacia empresas con conciencia social y medioambiental, y permiten a sus propietarios –en su mayoría, fondos de pensiones y otros grandes inversores institucionales– afirmar que están reduciendo su inversión en empresas poco éticas o destructivas. Pero BlackRock y los demás gestores de activos que compilan los fondos más populares de este tipo no siempre se ponen de acuerdo sobre lo que significa realmente “ESG” o sobre cómo construir una cartera en torno a él. Como resultado, muchos ETF ESG tienen una huella de carbono apenas inferior a la del S&P 500.
En una investigación profunda realizada por The Economist sobre este tipo de inversiones el argumento central es que ESG “tiene falencias profundas”, que está plagada de “pintura verde” y que se ha vuelto un “barullo malsano” que debe ser desbrozado sin piedad.
Uno de los problemas centrales con ESG es que significa cosas diferentes para diferentes personas. Algunos consideran que es como el trabajo de las monjas mientras otros activistas presentan propuestas de accionistas para agitar el cambio corporativo. Otros ven ESG como un proyecto de Big data para los inversores que buscan desesperadamente más información sobre sus tenencias –una tendencia que ha llegado para quedarse, pase lo que pase con este acrónimo.
Y si bien el calentamiento global es el peligro claro y presente, sería absurdo no reconocer la influencia de ESG en la revelación de los problemas de diversidad y en impulsar la presión por los derechos laborales –preocupaciones sociales cruciales que han progresado rápidamente en los últimos 18 meses.
Como lo señalan The Economist y otros, la acción del gobierno es vital para abordar problemas como el calentamiento global. Sin embargo, a falta de reformas integrales, Pero ante la falta de grandes reformas, ESG está teniendo cierto impacto.
Políticas anti–”woke”
Atacar las inversiones ESG se ha convertido en un deporte popular entre los conservadores estadounidenses. A medida que proliferan las preocupaciones sobre el “woke–ismo” (que se define como estar alerta ante la injusticia en la sociedad, especialmente el racismo), los gestores de activos que ofrecen productos ESG se han encontrado en el centro de una atención no deseada.
Las críticas se pueden desechar como postura política, pero las leyes anti ESG que se están promulgando en los estados conservadores están sumando riesgos importantes a los gestores de activos de todo el mundo.
En Idaho, por ejemplo, desde el mes de agosto rige una ley que prohibe a los fondos de inversión del estado considerar las características ESG “de una manera que pueda anular las normas del inversor prudente”.
En julio Virginia Occidental exigió al tesorero del estado que publique una lista de las empresas financieras “comprometidas con el boicot a las empresas energéticas”. Con esa lista el tesorero luego puede excluir a esas compañías de los contratos bancarios.
Ambas leyes son similares a otras aprobadas el año pasado en Texas y Oklahoma. Pero este año la cruzada contra los ESG ha encontrado resistencia en otros lugares. En Arizona, un proyecto de ley que habría hecho ilegal que las instituciones financieras rechazaran negocios en función de la puntuación ESG de un determinado grupo, se estancó en la legislatura estatal y no avanzó. Dos legisladores republicanos votaron con los demócratas para detener el proyecto.
El caso de Arizona muestra que algunos republicanos piensan que boicotear a las compañías financieras por inversiones ESG podría ser contraproducente.
La legislación de Virginia Occidental suscitó la oposición del senador republicano del estado Eric Nelson. En una entrevista con Moral Money, Nelson advirtió sobre las “consecuencias imprevistas” de la legislación. Excluir a determinadas empresas financieras podría hacer subir los costos de los préstamos de Virginia Occidental, dijo.
“Es mucho más atractivo decir que este es un proyecto anti–energía que decir que es un proyecto de ley anti–riesgo financiero”, añadió.
Y hay evidencia académica que avala esta afirmación. Profesores de la Universidad de Pennsylvania acaban de publicar una investigación sobre el proyecto anti–ESG de Texas que prohibe a los municipios trabajar con bancos que tengan políticas contra las armas y los combustibles fósiles. Estimaron que, durante los primeros ocho meses de vigencia de la ley, las ciudades de Texas pagarán entre US$ 303 y US$ 532 millones más en intereses de la deuda. Al reducir el número de bancos disponibles para cubrir la deuda municipal, la norma está elevando los costos de los préstamos, según la investigación.
Aun así, las leyes que atacan ESG no van a desaparecer pronto. Los republicanos ya han dejado clara su intención de convertir a ESG en un tema de campaña para las elecciones de medio término de noviembre, en las que se espera que los demócratas pierdan el control del Congreso. Es probable que el GOP (partido conservador) se anime a más ahora que la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) ha dado prioridad a la divulgación obligatoria de información sobre el clima para las empresas.
La legislación anti–ESG adoptada por un puñado de estados conservadores podría crecer aún más y llevar el tema a una guerra de culturas. Los gestores de activos de todo el mundo con productos vendidos en Estados Unidos tendrán que prestar atención al creciente riesgo político en este ámbito.
Los riesgos de los litigios climáticos
En la Universidad de Oxfotd, Inglaterra, se celebró recientemente el Oxford Sustainable Finance Summit al que asistieron muchas de las figuras internacionales. El tema central del encuentro fue “litigios”.
Desde que en 2015 se firmó el Acuerdo de París, una oleada de demandas climáticas viene acosando a empresas y gobiernos. Los asistentes a la cumbre parecían convencidos –algunos con entusiasmo y otros con abierta preocupación– de que esto recién comienza.
El año pasado, el Tribunal Constitucional alemán dictó una sentencia histórica en un caso presentado por jóvenes activistas de Fridays for Future, el movimiento fundado por Greta Thunberg. El tribunal ordenó al gobierno alemán que mejorara su plan de acción climática, que consideraba insuficiente para proteger a las generaciones futuras.
Linus Steinmetz, que forma parte del grupo que presentó la demanda en Alemania, dijo que el movimiento juvenil por el clima considera que los litigios son una parte fundamental de sus herramientas. “En las sociedades democráticas, demandar a las empresas, así como al gobierno, es una herramienta básica del discurso civil”, dijo el joven de 18 años.
Esto supone nuevos riesgos para las organizaciones y también para los particulares. John Firth, de la compañía de seguros Willis Towers Watson, señaló que los requisitos del “deber de diligencia” suponen un riesgo de demandas por un asesoramiento profesional que no tenga en cuenta las amenazas relacionadas con el clima. “Todos los que actúan como asesores profesionales están en riesgo”, advirtió.
Firth también señaló la posibilidad de que los países en vías de desarrollo presenten demandas internacionales, ya que, según él, están “perdiendo la paciencia” ante el insuficiente apoyo financiero de las naciones ricas, que son las más responsables del cambio climático.
Algunos participantes expresaron su preocupación por el riesgo de que los litigios obstaculicen la acción climática. Sandra Boss, jefa de administración de la empresa de gestión de activos BlackRock, habló de la posición de la empresa respecto a las normas de divulgación de emisiones propuestas por la Comisión de Valores de Estados Unidos.
A BlackRock se la ha criticado por instar a la SEC a que las normas sean menos ambiciosas. Dijo que su posición se debía en parte a la preocupación de que una normativa demasiado ambiciosa pudiera ser anulada en los tribunales, lo que supondría un importante revés para el impulso de una mayor divulgación relacionada con el clima.
Otros asistentes, tanto en público como en privado, expresaron su preocupación por la equidad de los litigios dirigidos a las empresas por la presentación voluntaria de informes relacionados con el clima, en un momento en que muchas empresas todavía no se molestan en hacer ninguna revelación. Algunos advirtieron que esto podría tener un “efecto paralizante”, ya que las empresas reducirían la información al mínimo para evitar convertirse en un objetivo.
Sin embargo, Sarah Barker, del bufete de abogados australiano MinterEllison, se opuso a esta lógica. “Hay que decir que el efecto de enfriamiento es un completo malentendido de la ley tal y como funciona”.
Las empresas que evitan mencionar los riesgos materiales relacionados con el clima en sus declaraciones públicas se enfrentarán a peligros legales mucho más graves, a largo plazo, que las que se esfuerzan por compartir información importante, dijo Barker. “Es un riesgo mucho mayor decir poco o no decir nada”.
Los tres problemas de ESG
La inversión ESG, que es un intento de hacer que el capitalismo funcione mejor y hacer frente a la grave amenaza que supone el cambio climático, se ha disparado en los últimos años; los titanes de la gestión de inversiones afirman que más de un tercio de sus activos, o 35 billones de dólares en total, se supervisan a través de una u otra lente ESG. Está en boca de jefes y funcionarios de todo el mundo.
Desgraciadamente, estas tres letras se han convertido en publicidad y la controversia. Los políticos estadounidenses de derechas culpan al “cártel del clima” de la subida de los precios de la gasolina. Los denunciantes acusan a la industria de “lavado verde” por engañar a sus clientes. Empresas como Goldman Sachs o Deutsche Bank se enfrentan a investigaciones de los organismos reguladores. Como concluye el informe especial de The Economist, aunque ESG tiene a menudo buenas intenciones, es profundamente defectuosa.
Se corre el riesgo de establecer objetivos contradictorios para las empresas, desplumar a los ahorristas y distraer la atención de la tarea vital de abordar el cambio climático. Es un soberano desorden que debe ser racionalizado sin miramientos.
Lamentablemente, la ESG adolece de tres problemas fundamentales. En primer lugar, al agrupar un conjunto vertiginoso de objetivos, no ofrece una guía coherente para que los inversores y las empresas hagan las concesiones que son inevitables en cualquier sociedad.
Elon Musk, de Tesla, es una pesadilla para la gobernanza empresarial, pero al popularizar los coches eléctricos está ayudando a combatir el cambio climático. El cierre de una empresa minera de carbón es bueno para el clima, pero terrible para sus proveedores y trabajadores.
¿Es realmente posible construir rápidamente un gran número de parques eólicos sin dañar la ecología local? Al sugerir que estos conflictos no existen o pueden resolverse fácilmente, ESG fomenta el engaño.
El segundo problema de la industria es que no es sincera en cuanto a los incentivos. Afirma que el buen comportamiento es más lucrativo para las empresas y los inversores. De hecho, si se puede soportar el estigma, a menudo es muy rentable para una empresa externalizar los costos, como la contaminación, a la sociedad en lugar de soportarlos directamente. Por ello, el vínculo entre la virtud y los resultados financieros es sospechoso.
Por último ESG tiene un problema de medición: los distintos sistemas de puntuación presentan enormes incoherencias y son fáciles de engañar. Las calificaciones crediticias tienen una correlación del 99% entre las agencias de calificación. En cambio, las calificaciones de la ESG coinciden poco más de la mitad de las veces. Las empresas pueden mejorar su puntuación de ESG.
