Por Rubén Chorny
Agustín Salvia
Aunque no se había revelado nada ni parecido a una trama vinculada a la CIA y el narcotráfico en Estados Unidos, como hiciera el periodista Gary Webb, encarnado por el actor Jeremy Renner en la película Kill the Messenger (Matar al mensajero), en ese mismo año 2014 en que se estrenó el filme de Michael Cuesta, el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, “mató”, metafóricamente, al autor del informe del observatorio social de la Universidad Católica, según el cual había más pobres que en la crisis de 2001. “No es metodológicamente muy serio”, lo lapidó el hoy diputado K.
Pero Agustín Salvia, coordinador general del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, investigador de Conicet y con una intachable trayectoria como aval, sociólogo de 60 años recién cumplidos, que desarrolló gran parte de su formación académica en México, acusó el impacto de la descalificación recibida desde el poder y redobló la apuesta científica contra la política, por más que hubiera nuevos moradores en la Casa Rosada.
Fue hace poco, en medio de la pirotecnia de precios relativos que antecedió y precedió a la salida del cepo, de la que el Indec ni se anoticiaba porque tenía los índices en reconstrucción. Así, echó mano a los datos de la medición del déficit social que hace sistemáticamente el Observatorio de la UCA, que dirige desde hace 15 años, y proyectó hasta marzo/abril de 2016 un primer balance del ajuste macroeconómico que inauguró la gestión macrista. Y se encontró con que los mismos funcionarios que antes festejaban las confrontaciones estadísticas del instituto católico con el kirchnerismo, ahora estallaban de la bronca ante la advertencia de que la pobreza, lejos de ir hacia el cero, había saltado en ese breve lapso arriba de 30%.
La proximidad del Papa Francisco a la alta casa de estudios católica, de la que fuera canciller en su condición de arzobispo de Buenos Aires, dio pábulo a intrigas con las que antes y ahora se pretendía romper el termómetro de la pobreza. Los macristas le endilgaron haber estado detrás de la difusión del alarmante guarismo por una presunta relación fría con el actual Presidente y su proximidad con Cristina Fernández de Kirchner.
Así como hacía dos años habían atribuido el crítico reporte del organismo católico sobre la política social a viejas rencillas de los Kirchner con el entonces arzobispo Bergoglio.
Descalificaciones
Ponen fastidioso a Salvia estos cuestionamientos a la transparencia del trabajo que realizan y aclara que la metodología y el rigor de la encuesta nunca variaron: “La decisión de proyectar una simulación con los datos que se tenían a diciembre para crear escenarios alternativos que habíamos experimentado en abril, no la sabía Francisco, ni siquiera la tomó el rector, sino que se asumió a nivel de nuestro equipo técnico, de profesionales. Este ejercicio metodológico que tanto escandalizó lo hicimos internamente sin presión ni sugerencia alguna. En todo caso, hubiéramos sentido presión por no hacerlo, ya que implicaría haber especulado qué tanto podía afectar al Gobierno de Macri en cuatro meses una información como esta”.
Como sucedió aquella vez con Kicillof y el coro militante, en la era Macri fue el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Lucas Llach, a quien le tocó salir a descalificar, aunque con un tono más civilizado, las proyecciones de pobreza. Gracias a la austeridad de conceptos que propicia la red social Twitter, marcó como contradicción que se hubiera calculado la Canasta Básica Total (CBT) en marzo pero que, al dar por supuesto que los ingresos eran constantes en lo que iba del año, “en una economía con inflación, el aumento de los ingresos nominales no es cero; tiende a estar distribuido durante el año”, replicó. E irónico contragolpeó: “hasta podría haber quienes hayan salido de la pobreza” con las subas de ingresos entre enero y marzo.
Entrevistado por Mercado en el cuarto piso que ocupan en el edificio de la UCA en Puerto Madero, Salvia justificó: “A ningún oficialismo le gusta recibir o transmitir malas noticias. Todas las estadísticas sociales son necesarias y oportunas para el debate democrático, a fin de que los agentes económicos y sociales se informen y demanden sus derechos”.
Y puso sobre la mesa el balance de la deuda social, construido bajo su orientación, que “abarca más de un centenar de indicadores”, innovadores como los califica, de desarrollo humano y de integración social, que no son los tradicionales que se usan para evaluar pobreza, desigualdad o empleo. “Toma esos valores pero avanza sobre parámetros mucho más profundos, cualitativos y cuantitativos en cuanto a la condición de vida”, describe. Enfatiza orgulloso que ninguna encuesta pondera en esa amplitud, o por ahí alguna referida a condiciones de vida eventualmente lo hace cada cinco o 10 años. “La nuestra desde 2004 es todos los años”, diferencia.
Lucas Llach
Estadísticas versus relatos
–¿Además de reaccionar por los resultados, ¿alguno de los Gobiernos lo citó para discutir metodologías?
–Veníamos dialogando estos temas con el gobierno de Néstor Kirchner, específicamente con la jefatura de Gabinete, hasta el 2006/2007. Luego se cortó. Nunca más nos convocaron. Vinieron todas las intervenciones del Indec, cada vez se agravó más la crítica pública hacia los datos del Observatorio que daba la Universidad Católica.
La opinión pública y los aparatos políticos-institucionales de oposición, así como instituciones de la sociedad civil, tomaban nuestra información como fuente de datos principal, básica, dado que no había información pública creíble. Y en ese contexto fue que, en un momento, nos convocó Alicia Kirchner, pero para criticarnos. E inclusive recibimos algún tipo de amenazas. Nos decían que tomábamos mal la pobreza, que no medíamos todos los avances que había logrado el Gobierno.
Cuando estuvo Jorge Capitanich de jefe de Gabinete hizo públicos algunos cuestionamientos técnicos, a la metodología. Le pedimos una entrevista para aclararle dudas. Discutimos más de dos o tres horas. Le pareció extraordinaria la cantidad de información. Coincidimos en que la metodología era adecuada, pero al día siguiente siguió con el mismo discurso. Al Gobierno kirchnerista nunca le gustó que diéramos malas noticias o que afectáramos el relato de país de fantasía que se construía.
–Pero el macrismo tampoco les tuvo tanta paciencia que digamos…
–La actitud fue distinta, si bien pudieron haberse visto afectados por la estadística que brindamos como anticipación de lo que estaba sucediendo en el primer cuatrimestre. Salvo por algunos economistas del llamado círculo rojo o algunos funcionarios que no son del primer nivel, la reacción fue escuchar, recibir la información, abordarla. En la Jefatura de Gabinete, en el Ministerio de Desarrollo Social, en distintos ámbitos. La proyección que hicimos para el primer cuatrimestre fue evaluada por el gabinete social. El propio Macri nos convocó a la quinta de Olivos para discutir nuestros hallazgos y los resultados de la información. Hasta este momento tampoco había índice oficial de pobreza por ingresos del Indec, sino que, como se había decidido desconocer la encuesta del cuarto trimestre de 2015 por considerar que no era creíble, prometieron sacarlo para fin de setiembre.
–¿Por qué tanto apuro en anticiparse cuando el Gobierno cumplía con la demanda interna y externa y estaba en proceso de rehacer el Indec?
–Queríamos saber quiénes habían caído en la pobreza en el nuevo escenario que se abría con este destape de la burbuja que había dejado el Gobierno kirchnerista. Y así detectamos que, en principio, no se profundizó la brecha de pobreza, es decir, los indigentes o pobres no eran más pobres que antes, porque había un piso, que lo daba el mantenimiento e inclusive incremento, por parte del Gobierno, de los programas sociales.
–¿Y quiénes fueron los que detectaron que habían caído en la pobreza?
–Segmentos que eran de clase media baja, que no tienen planes sociales, ni seguridad social formal (o sea que no recibieron el incremento que se dispuso en abril para el salario familiar), que no participan de las convenciones colectivas y, por lo tanto, no reciben la cobertura de los aumentos que se acuerdan, porque operan en el sector informal de la economía. Pequeños comerciantes, talleristas no registrados, un mozo informal, que tienen un empleo estable o lo tenían, quienes, además, debido a que cayó el nivel de actividad no tenían cómo compensar los ingresos que les faltaban. Tampoco accedían a tarifa social.
–¿El jamón del medio, como se dice? ¿Cuántos son?
–Estamos hablando del millón, millón y medio de personas, o sea 600, 700.000 hogares, que entraron directamente en la pobreza. Forman parte de una franja gris que hubo siempre en la Argentina de 2 millones y medio de hogares, en la que viven 4,5 millones de personas, de las que 3 millones son trabajadores. Que se dinamizó bastante en la etapa de aumento del consumo durante el kirchnerismo: los de La Salada, los vendedores ambulantes, los pequeños comerciantes y cuentapropistas barriales. En circunstancias más recesivas, en que aumentan los precios y la competencia, ven reducidas sus jornadas laborales o las remuneraciones que pueden pagar los empleadores, y esta situación los coloca en una franja de vulnerabilidad. Pero va a ser una población que rápidamente podrá beneficiarse en cuanto rebote el consumo.
–¿Hay muchas diferencia entre el porcentaje de pobreza que anticiparon y lo que se espera dé el oficial?
–No. Si se usa el valor de la canasta que tomamos para medir la pobreza en el período actual y se lo proyecta hacia atrás, a 2015, a la encuesta anual de hogares urbanos correspondiente a los terceros trimestres de cada año del Indec, estaríamos en 25/26% usando las fuentes oficiales contra 30/32% que da con las del Observatorio. En el nivel de indigencia casi no habría cambio alguno: entre 5 y 6% en ambas versiones.
–¿Cree que los números de la pobreza despertarán la sensibilidad social del Gobierno?
–La hay. Transitan una curva de aprendizaje. Si uno mira todos estos meses surge que ha habido más de un error en materia de decisiones políticas en distintos frentes, en un proceso donde no se sabía cómo manejar el Estado y la relación con los distintos resortes políticos y sociales. También ha habido una falta de información o tiempo para evaluar la que está, lo mismo que capacidad para interpretarla adecuadamente y digerirla en términos políticos, en el marco de una sociedad afectada por un ajuste.
Sería el caso de las tarifas o la pasividad ante las desmedidas subas de precios. En ese sentido, sí nuestro llamado de atención ha sido mostrar cómo los costos del ajuste están pesando más sobre estos sectores medios bajos y los populares que sobre un segmento empresarial o de ricos que efectivamente tiene mayores responsabilidades económicas.
Pero la paciencia y la confianza de la ciudadanía argentina le han dado un changüí a Macri. Y la corrupción que se ventiló del Gobierno anterior también le aportó un respiro. Es el margen del que aún dispone para regular el proceso de ajuste o recuperación con reglas de juego económicas y sociales que el libre mercado no garantiza.
–¿Cree que lo aprovechará?
–Soy optimista en términos de proceso y de cómo se soluciona esta crisis: se cierra la curva de aprendizaje y viene un momento bueno en la coyuntura el año que viene. Pero soy escéptico en cuanto a tener muchas expectativas en las bondades sociales de un supuesto derrame de inversiones internacionales. Seguramente se creará un mejor clima de negocios, incidirá en el mercado de trabajo, reducirán la pobreza. Pero la que es estructural en nuestro país, los grandes problemas de heterogeneidad productiva y de fragmentación social que tiene el país no se resuelven solo con esos mecanismos.
Se requieren políticas de más largo aliento o mucho más inteligentes e integrales de desarrollo regional, económico y social, de inversión social, más de un plan Belgrano en juego, con mucha más capacidad de intervención sobre el desarrollo económico, lo cual implica un Estado más activo en la planificación y en la inversión. Y no encuentro esas señales en el discurso político-económico del Gobierno. Un Estado activo en materia de planificación del desarrollo. La construcción política implica acuerdos sectoriales, regulaciones, planificación, incentivos y no hay señales claras en ese sentido.
