Por Miguel Ãngel Diez
Por lo menos –es la mejor estimación– 8% del total de la riqueza global (algo así como US$ 7,6 billones (millones de millones) están disimulados y ocultos en cuentas offshore en numerosos paraísos fiscales.
La filtración de millares de documentos confidenciales de uno de los grandes estudios jurídicos especializados en este campo, en Panamá, ha puesto a este país en la picota. Lo cierto es que la firma de abogados cuyos secretos fueron exhibidos en público es la más grande de ese país, donde hay docenas de ellas dedicadas al mismo negocio.
Por otra parte, Panamá es uno de los numerosos paraísos financieros diseminados por el mundo. Pero en el ranking, apenas ocupa la posición décimo tercera. En la tercera posición está Estados Unidos, en especial con el estado de Delaware (pero hay otros más), lo que explica en gran medida las escasa información sobre firmas y ciudadanos estadounidenses hallados en los “papeles” del estudio Mossack Fonseca. No les hace falta ir a Panamá, lo solucionan en casa.
De hecho, en la masa de documentos filtrada surge que el principal paraíso fiscal involucrado son las británicas Islas Vírgenes.
En el ranking de paraísos fiscales, los tres primeros lugares son para Suiza, Hong Kong y EE.UU. (en especial el estado de Delaware). Luego siguen las Islas Caimán y Singapur. Panamá recién aparece –como se dijo– en el puesto 13°.
Pero el escándalo panameño igual tendrá efectos sobre la vida interna estadounidense, en plena campaña electoral presidencial. Un electorado indignado que favorece en los comicios internos a Donald Trump (una caricatura de la derecha) entre los Republicanos, y a Bernie Saunders (un anticuado socialista) por los Demócratas, demuestra que hay un fuerte movimiento contra la globalización, en favor del aislacionismo del país, y por mayor transparencia en especial de las grandes empresas, acusadas de enorme enriquecimiento mientras las clases medias y bajas (blancas, negras o latinas) siguen estancadas y sin prosperar. Estas revelaciones aumentan la brecha entre las élites financieras y políticas con el ciudadano común.
La especialidad de Mossack y Fonseca es colaborar con los extranjeros (personas o empresas) en ocultar riqueza. El principal instrumento son las llamadas empresas “shell”, anónimas, que existen solamente en el papel y que mantienen cuentas off shore que garantizan el secreto bancario y la exención impositiva.
¿Para qué sirven? Puede ser para evadir impuestos; realizar inversiones en terceros países; esquivar divorcios gravosos, lavar dinero mal habido o algunos otros propósitos. No siempre son deshonestas o persiguen fines ilícitos. En algunos casos se trata solo de obtener ventajas legales, aunque éticamente dejen mucho que desear. Pero lo cierto es que el diseño del sistema offshore está pensado para oscurecer al verdadero propietario del capital y de las operaciones que realice.
Los documentos revelados muestran la infinita variedad de maneras en que la gente acaudalada puede aprovechar las ventajas de explotar sistemas impositivos offshore. Hasta ahora 12 líderes nacionales y 143 dirigentes políticos de primera línea aparecen asociados con la utilización de estos paraísos fiscales.
Vladimir Putin
¿Cómo estalló este escándalo?
De la oficina de estos abogados fueron filtrados unos 11 millones de documentos. El Consorcio de Periodistas Investigadores integrado por 370 profesionales de más de 100 medios de 65 países (entre ellos la Argentina, con periodistas de La Nación y Canal 13).
Un “garganta profunda” alcanzó esa montaña de material a uno de los miembros de la organización, el Süddeutsche Zeitung, de Munich, Alemania, que de inmediato notificó al resto de la organización. Más de un año llevó el análisis y estudio de la documentación (una versión conspirativa asegura que fue Putin quien filtró los datos, para desacreditar al capitalismo y ganar una batalla propagandística).
Finalmente, en forma simultánea, todos los medios aliados publicaron las primeras revelaciones a principios de abril, proceso que siguió durante varios días. Obviamente, en cada país se prefirió la información que afectaba a connacionales famosos en distintas órbitas de actividad. La totalidad de los documentos se dará a conocer durante algún momento del mes de mayo.
Más que los métodos de operar en offshore, bastante conocidos, es sorprendente la cantidad de información involucrada: 214.500 empresas distribuidas en 21 paraísos fiscales, más los nombres de los intermediarios (abogados y bancos de primera línea).
El volumen del material filtrado es inmenso. Es igual a 46 veces lo de Wikileaks, o al contenido de 38.000 libros.
Lo más resonante fue la notoriedad de muchos de los implicados: el Primer Ministro de Islandia (con depósitos de bonos bancarios por US$ 2 millones); nueve prominentes funcionarios en la cúspide de la jerarquía del Gobierno de China, el Presidente de Ucrania, el Primer Ministro de Gran Bretaña, David Cameron, y el Presidente de Rusia, Vladimir Putin (y de todo su círculo íntimo por US$ 2.000 millones).
En nuestro medio, se reveló que el presidente Mauricio Macri era director de una firma offshore fundada por su padre, Franco Macri. Aunque la empresa no operó nunca, no tuvo capital aportado y fue cerrada en 2008, Macri debió presentarse en la justicia para presentar su descargo. Aun si demuestra que no hay delito alguno, entre tanto suministró municiones abundantes a sus opositores políticos, que seguirán disparando por largo rato.
Davis Cameron
Soluciones a medida
La evidencia más notable es que los proveedores de servicios financieros globales, expertos en asegurar secretos, han brindado soluciones algo más complejas que las de reducir o evadir el pago de impuestos.
A medida que se conozca más de los miles de expedientes involucrados, además de dirigentes políticos corruptos o de empresarios deshonestos, aparecerán –la mayoría– los que no han hecho nada ilícito pero prefieren tender un manto protector sobre sus bienes y propiedades.
Además de los expertos en lavado de dinero y de crónicos evasores de impuestos, hay empresarios que instalan esas empresas para contraer deuda en mercados internacionales, invertir e incluso pagar menos impuestos. Todas actividades legales. Pero la guadaña del escándalo no perdona y la reputación de muchas firmas y personas puede quedar comprometida definitivamente.
En ese gran conglomerado habrá seguramente muchos argentinos. Si es cierto, como se estima, que hay US$ 400.000 millones de personas físicas y jurídicas locales que están residiendo en el exterior, no es extraño que buena parte de esa suma esté en Panamá, y que además sea manejada con la colaboración de este ahora famoso estudio Mossack Fonseca.
El tema pendiente es cómo serán en el futuro los paraísos fiscales, si los Estados –todos o aquellos donde operan físicamente– aumentarán sus regulaciones y condiciones para operar a intermediarios y a depositantes.
La pregunta del millón es si después de todas estas revelaciones, habrá un cambio sustancial en el modus operandi financiero panameño. El gran público exige correcciones de inmediato, y justicia para los culpables. Lo que sigue después de que se agoten las revelaciones periodísticas –y queda mucho por dar a conocer– es el accionar previsible de Gobiernos, jueces y organismos reguladores en todo el mundo. Pensando no solamente en Panamá. En todos los paraísos fiscales.
Es cierto que la banca offshore, en sí misma, no es una actividad ilegal. Pero queda demostrado que el sistema, con sus secretos y recovecos, es una atracción irresistible para los evasores de impuestos y para los que tienen fortunas mal habidas. Pero en los últimos lustros la situación se ha complicado mucho más. Ahora involucra también a los narcotraficantes y a los terroristas internacionales.
Los expertos recomiendan un rol protagónico del G20, que facilite el intercambio multilateral y sin restricciones de la información. Si hay bancos o países que se niegan a participar deberán ser castigados, quedando al margen del sistema global. Además se demanda que las empresas multinacionales hagan públicas sus cuentas en todos los países en donde actúan, y que se cree un registro público donde figuren los verdaderos dueños de las empresas offshore.
La génesis de Mossack-Fonseca
Fue en la época en que el general Manuel Noriega era Presidente y hombre fuerte de Panamá. Dos pequeñas firmas de abogados, decidieron fusionarse en 1986. Una, era la de Jürgen Mossack, un discreto inmigrante alemán. La otra, la de Ramón Fonseca, un abogado y literato panameño, que hasta hace pocas semanas era presidente del partido oficialista al que pertenece el hoy presidente de la República, Juan Carlos Varela.
Un año después de la fusión, la nueva firma ya operaba en las Islas Vírgenes. En tres décadas, la firma tiene 500 empleados y se convirtió en la joya preferida de las empresas que cultivan celosamente el secreto.
Mossack se dedicó más al plano interno, a solucionar los problemas de los clientes. Fonseca era la imagen del estudio. Muy conectado con toda la élite económica y política del país. Ambos socios han logrado acumular fortunas importantes.
La mayor promesa de la firma era la certeza de mantener el secreto. Esa seguridad se esfumó cuando alguien filtró al periodismo millones de documentos de los que apenas se conoce una ínfima porción.
Mossack Fonseca opera en diversos paraísos fiscales como Suiza, Chipre, las Islas Vírgenes, y otras dependencias británicas como las islas de Guernsey, Jersey y la isla de Man.
La firma es el cuarto proveedor mundial de servicios offshore. Se estima que ha actuado en representación de más de 300.000 empresas.
El gran daño es para la reputación de Panamá, un país que había logrado mejorar su mala imagen como base de negocios corrupta. Ahora en todo el mundo le exigen nuevas regulaciones y contralores. Todos los estudios jurídicos de Panamá están preocupados por el efecto dominó que puede tener este proceso que recién empieza y tardará en terminar. El auge de Mossack-Fonseca coincidió con el crecimiento del país como centro financiero internacional. El daño puede ser enorme. Mossack declaró que cuando pase todo esto, la firma seguirá operando con la reputación intachable. Que siga operando, es probable.
Para entender
Se trata del escándalo económico del año y de la filtración de documentos más grande de la historia. No es sencillo entender la repercusión y el alcance de los Panama Papers, pero estos cinco datos ayudan.
Los documentos de Panamá representan la mayor filtración que haya visto el mundo hasta la fecha. Los 2,6 terabytes de datos, que contienen los 11,5 millones de documentos dejan chiquitas a todas las fugas de datos anteriores. Los datos, que expone el uso de paraísos fiscales, se componen principalmente de e-mails, fotos, archivos PDF, hojas de cálculo y los “extractos de una base de datos de Mossack-Fonseca interno” que data de la década de 1970. ¿Cómo encontrarle sentido a tremenda cantidad de información? Hay que conocer algunos datos claves que se desprenden de todo lo que se sabe sobre el Panama Papers.
40 años y 21.000 empresas
Los datos que se filtraron no son solo de años recientes. En efecto, muchos de los documentos se remontan hasta antes de 1970 y llegan hasta 2015. Esto significa que hay más de 40 años de historia de transacciones financieras, sociedades y empresas en los documentos de Panamá que comenzó a divulgar
el diario alemán Süddeutsche Zeitung (y el Consorcio de periodistas de investigación). La cantidad de compañías que aparecen con todo su historial en los documentos suman cerca de 210.000.
La mitad de las compañías en las Islas Vírgenes
Sin lugar dudas el destino preferido de los clientes de este estudio para radicar las empresas y sociedades son las Islas Vírgenes Británicas. Una de cada dos empresas, es decir más de 113.000, que aparecen en los documentos filtrados de Mossack Fonseca se incorporaron en este territorio. El segundo destino más popular para inscripciones de empresas en los archivos fue Panamá, donde tiene su sede Mossack-Fonseca. Aquí se encontraron más de 48.000 empresas. Los otros destinos más escogidos fueron Bahamas (casi 16.000 empresas) y Seychelles (15.000).
Hong Kong, a la cabeza de los intermediarios
Hong Kong encabeza la lista de los involucrados donde más “intermediarios” (bancos, bufetes de abogados, y contadores) operan. Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Mossack Fonseca trabajó con “más de 14.000 bancos, bufetes de abogados, socios fundadores de la empresa, y otros intermediarios para la creación de empresas, fundaciones y fideicomisos para los clientes.” En Hong Kong se encontraron más de 2.000 intermediarios. El segundo puesto se lo lleva el Reino Unido donde hubo más de 1.900 intermediarios. El top 3 lo cierra Suiza, con poco más de 1.200 intermediarios. Los países de la región aparecen al final de tablas de los 10 que más colaboraron. Brasil presenta poco más de 400, Ecuador alrededor de 300 y finalmente Uruguay unos 298.
Es la mayor filtración de la historia
Wikileaks en 2010 liberó alrededor de 1,7 gygabytes (GB, un GB equivale a poco más de 1.000 megabytes). Considerablemente menos que la memoria de un celular de media gama de hoy en día. En 2015 los archivos del HSBC sumaban 3,3 GB. Los archivos sobre impuestos de Luxemburgo de 2014 eran 4 GB de información. Los Papeles de Panamá son 2.6 terabytes de información. Un solo terabyte equivale a 1.000 GB.
¿Qué hay en toda esa información?
La mayor parte de la información son documentos de dos tipos: e-mails, que en total son casi 5 millones, y distintos archivos de base de datos que suman una cantidad levemente superior a los 3 millones. Hay más de 2 millones de archivos PDF (texto) y un millón de imágenes.
Reacciones, indignación e hipocresía
¿Cuál será el futuro de los paraísos fiscales?
Son un mal necesario, sostienen unos. Hay que asegurar mayor vigilancia y control de los datos que manejan, dicen otros. El debate está en pleno desarrollo con multiplicidad de enfoques. Lo único cierto es que, al final de la jornada, tal vez con nuevos enfoques y herramientas, los refugios fiscales sobrevivirán inexorablemente.
Durante muchos años, el principal producto de exportación de Panamá, su mejor negocio, fue la venta de silencio y secreto. Las autoridades del país miraban para otro lado cuando sabían que se vulneraban las leyes de otras jurisdicciones nacionales. Y dejó que muchas firmas de abogados como Mossack-Fonseca, resolviera per se, si una operación era un simple ocultamiento de datos o si entrañaba una maniobra ilegal.
Es cierto que este estudio nunca ha sido acusado, hasta ahora, de alguna actividad criminal o punible por alguna razón. Habrá que ver el final de la historia cuando se analice el inmenso volumen de material filtrado.
La presión sobre el gobierno de Panamá será inmensa. Incluso tal vez sobre otros paraísos fiscales. Pero pueden surgir otros. Es un negocio muy rentable y atractivo para los clientes y la imaginación de tantos intermediarios encontrará nuevos medios para que las operaciones continúen.
Por eso es interesante registrar la reacción en los grandes centros financieros internacionales y especialmente en las grandes economías después de las publicaciones sobre los Panama Papers. Obviamente, la opinión pública muy indignada, sin matices. Los medios, por su parte, publicando todo lo que obtienen. Pero los Gobiernos, organismos reguladores y grandes corporaciones oscilan entre un prudente silencio y las declaraciones sobre medidas efectivas que hacen falta para controlar a estos tax havens.
Lo cierto es que la demanda por servicios offshore se está intensificando, como lo advierte el Boston Consulting Group, que asegura que el año pasado creció 7% el ocultamiento de riqueza, para llegar a una cifra que estima en US$ 11 billones (millones de millones).
Los paraísos fiscales son muchos y además, han desarrollado especialidades en algún tramo del negocio financiero. Así, las Islas Caimanes (bajo jurisdicción británica) son el centro mundial para los hedge funds.
En cambio Bermuda es campeona en capturar todos los negocios offshore vinculados a la actividad de los seguros. Las Islas Vírgenes están entre los cinco mayores receptores de inversión extranjera directa, con un ingreso –en 2012– de US$ 72.000 millones.
Según la Unctad (organismo de las Naciones Unidas), un tercio de las inversiones corporativas en distintos países, se canalizaron a través de conductos offshore.
A principios de siglo –precisamente en el año 2.000– la OCDE había elaborado una lista de 35 centros financieros offshore, no todos ubicados en exóticas islas ideales –además– para hacer turismo. En realidad, ese documento mencionaba 47 regímenes impositivos preferenciales, a los que calificaba como potencialmente dañinos, muchos de ellos en economías desarrolladas.
Bruselas, la capital de la Unión Europea, reaccionó anunciando que habrá nuevos requerimientos que obligarán a las corporaciones que operen en los paraísos fiscales que están en la lista negra, a declarar utilidades y pago de impuestos.
Una cuota de hipocresía
Una réplica enérgica a Panamá (el preferido como chivo expiatorio) y algunos otros paraísos fiscales. Hay algunos, propios, que son más aceptables. Para nada se menciona a Suiza, Luxemburgo o Liechtenstein (se supone que son más cooperativos con los gobiernos del área). Lo mismo que los británicos que omiten hablar de Bermudas, Islas Vírgenes o Islas Caimán, sin contar a los tres tax haven en las islas del Canal de la Mancha.
(Aunque el récord de hipocresía lo ostenta Estados Unidos, dispuesto a castigar a Panamá, sin hablar que dentro de su propio territorio tiene a Delaware o a Nevada).
Según las directivas de Bruselas –si entran en vigencia– todas las empresas con base en la Unión Europea y las subsidiarias, cuyo monto de facturación anual supere los € 750 millones, deben publicar anualmente balances, país por país, con ventas, utilidades, número de empleados y los impuestos que paga. La idea es que, expresamente, aparezcan las cifras ocultas en los paraísos fiscales.
No son los únicos. Reguladores en cuatro continentes –tras la airada reacción popular por las revelaciones de Panamá– quieren coartar toda posibilidad de financiamiento ilegal y evasión de impuestos.
La UE había preparado –y ahora pretende desempolvar– un listado de 30 tax havens poco cooperadores, que pronto fue condenado al archivo debido a la reacción británica y de otros gobiernos en contra de la iniciativa (incluía a Panamá, a las Islas Vírgenes y a las Islas Caimán).
Entre la dirigencia política y empresarial, ha habido dos clases de respuesta, de alguna manera compartidas por un segmento del público general.
La primera, reacciona con indiferencia. En definitiva –argumentan– los ricos y poderosos siempre se salen con la suya.
La segunda le da la bienvenida a lo que parece ser el comienzo de un ciclo de transparencia. La filtración de los documentos ha producido ya temblores en las jerarquías de varios países, cuyos dirigentes no imaginaban que podían ser tocados en este terreno.
El otro debate que comienza a surgir es en estos términos: ¿hay derecho a divulgar todo lo que contienen estos documentos, o hay un límite que concierne a la privacidad de los individuos (no exactamente la misma reciente controversia entre Apple y el FBI, pero con algunos matices comunes, entre el interés privado y el público).
Es paradojal, por otro lado, que muchos de los que saludan alborozados la filtración, demandan un derecho total y absoluto en materia de seguridad en la data de sus propios archivos. Es decir, utilizando los argumentos de Apple, la gente de Mossack-Fonseca podría defenderse en la misma dirección.
Injusticia y democracia
Algunos autores exitosos, como Thomas Piketty, advierten que a partir de la crisis global de 2008/9, se aceleró el proceso, en el todo el mundo, de esconder riqueza y evadir impuestos.
Lo que da respaldo al argumento central: la inequidad es una grave amenaza para la democracia, y el sistema de paraísos fiscales no hace más que agravar el problema.
Las denuncias ventiladas en el Senado estadounidense sobre el modo en que el banco suizo UBS ayudó a evadir impuestos a ciudadanos estadounidenses, reveló muchos de los mecanismos utilizados en este tipo de operaciones, y concluyó cuando el UBS –en 2009– accedió a pagar US$ 780 millones como multa por ayudar a evasores del país.
No fue el único caso. Docenas de bancos suizos recorrieron el mismo camino. Tal vez el caso más notorio fue el Credit Suisse que afrontó una penalidad de US$ 2.600 millones.
En los países emergentes y subdesarrollados, el temor es que la estructura compleja de los negocios de las firmas multinacionales permite con facilidad que trasladen sus ganancias a lugares donde no tributan o pagan mucho menos impuestos.
Bienvenidos a Delaware
Una de las mayores sorpresas que produjo la revelación de los Panamá Papers, como ya se los llama, es que apenas aparecen una 200 firmas estadounidenses, cuando hay millares de menciones sobre Gran Bretaña, Suiza, China y Rusia.
La razón no está en la estricta observancia del pago impositivo por parte de los estadounidenses. La explicación es mucho más sencilla. Cualquiera puede abrir una cuenta onshore, dentro del mismo país, en algunos estados que facilitan la práctica y permiten ocultar propietarios, aportes y operaciones. En cualquier estado de la Unión se puede abrir una cuenta LLC (limited liability company) donde no es necesario revelar quiénes son los beneficiarios. En algunos estados, el proceso es más fácil que en otros, como en Nevada y Wyoming.
Pero el campeonato es siempre ganado por Delaware, donde circula un chiste que dice que es más caro y difícil conseguir una licencia para pescar, que registrar una compañía.
Más de un millón de empresas tienen su sede en este estado. Más de 50% operan en todo Estados Unidos, y nada menos que 64% de las famosas 500 de Fortune tienen su base legal en Delaware. La reacción más probable ante lo ocurrido en Panamá, es que crezca el número de empresas registradas en esta jurisdicción y que haya una repatriación de fondos depositados ahora en paraísos fiscales como Belice o las Islas Caimán. Mientras tanto, como advierten los europeos, las autoridades de EE.UU. no hacen nada por controlar major estos paraísos fiscales que no tienen la mala fama de los otros.
Los defensores de Delaware insisten en que no es específicamente un paraíso fiscal, sino donde se registran las empresas por la ley que consagra un régimen legal muy inteligente. Lo que no excluye –agregan– que alguien pueda usar estas empresas con fines deshonestos. Una explicación que consigue pocas adhesiones tanto en Estados Unidos, como en el resto del país. La falta de transparencia permite que muchas de las empresas con sede en Delaware operen fácilmente con otros paraísos fiscales donde depositan ganancias y desde donde evaden impuestos.
Por eso cuando Estados Unidos reclama a otros países mayor claridad y apertura en la información suele recibir respuestas contundentes sobre su propio accionar en la materia.
