Lo que no es poco decir, tomando en cuenta que estamos en un país en el cual durante los últimos 54 años el Sector Público Nacional no Financiero (SPNNF) solo ha logrado tener resultado financiero positivo en uno de cada cinco ejercicios. Léase, hay rojos de sobra contra los cuales comparar.
En particular, nuestras estimaciones indican que los ingresos genuinos del SPNNF1 cerraron 2015 en $1.195.506 millones, incrementándose cerca de 32% nominal respecto de 2014. Lo que implicó una perceptible desaceleración respecto de 2014, cuando habían promediado un alza nominal de 36,1%.
Los dos reglones de ingresos principales, los recursos tributarios y la seguridad social, aportaron 95% del total. Los tributarios promediaron un alza interanual de poco menos de 29% nominal anual, desacelerando en más de 10 puntos porcentuales respecto de 2014, dado el mal desempeño de la recaudación en concepto de Derechos de Exportación (caída precios internacionales, menor ritmo de ajuste TCN hasta salida cepo y mayor coeficiente de retención de granos) En tanto, los recursos de la seguridad social aceleraron en casi 5 puntos porcentuales, al promediar un alza nominal de 35,7% promedio anual.
Respecto de los ingresos no genuinos, vale la pena resaltar, en primer lugar, el aporte del Banco Central. La última información disponible, indica que el directorio del organismo monetario decidió en su reunión del jueves 14 de mayo de 2015 la transferencia al Tesoro Nacional de prácticamente la totalidad de las utilidades registradas durante el ejercicio 2014, aproximadamente unos $78.000 millones (1,8% PBI nominal base 1993 y 1,5% PBI nominal base 2004), las cuales implican la monetización del mencionado resultado contable. Pues, básicamente, como no se realizan los activos, la operación implica incrementar un pasivo (emitir pesos, incrementando circulante) y reducir el Patrimonio Neto (transferir resultados contables no asignados, en este caso el resultado neto de los Estados Contables de 2014).
En segundo lugar, tenemos la utilización por parte del ANSES de la rentabilidad obtenida sobre los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional. Al respecto, se estima que ascendió a $48.438 millones, equivalentes a 1,1% PBI nominal base CN 1993 (0,9% base CN 2004).
Sesgo expansivo
En la vereda de enfrente, y tal cual habíamos previsto, el gasto primario total también desaceleró respecto de 2014. Sin embargo, continuó expandiéndose a un mayor ritmo nominal que los ingresos genuinos. Razón por la cual, la política fiscal nacional mantuvo su sesgo expansivo por onceavo año consecutivo. 2004 fue el último año en el cual los ingresos genuinos crecieron por encima del gasto primario total, después siempre fue al revés.
Para cuantificar: el gasto primario total totalizó $ 1.433.338 millones en 2015, creciendo a un ritmo nominal de 35% anual (+42,3% durante 2014) El componente corriente promedió un alza nominal de 36% anual, muy apalancado por las prestaciones de la seguridad social (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y asignación universal por hijo, entre las más importantes) que promediaron un alza nominal de 44,2% anual. Los gastos de consumo y operación, salarios y remuneraciones, también crecieron por encima del promedio (+40% nominal anual)
Los que corrieron levemente por detrás del gasto primario corriente fueron las transferencias corrientes al sector privado (+35% nominal anual, subsidios a la electricidad, gas, transporte de pasajeros terrestre, AA.AA., etc.), llegando a representar 7,8% del PBI nominal 2015 calculado en base a CN 1993 (6,1% base CN 2004).
En tanto, el gasto primario de capital promedió un alza nominal de solo 27,7% anual durante 2015, desacelerando más que significativamente respecto de 2014 (+44,7%), aun a pesar de tratarse de un año eminentemente electoral. En particular, la desaceleración fue explicada por la contracción de la inversión financiera y la fuerte desaceleración de la inversión real directa. En tanto, que las transferencias de capital, especialmente las destinadas a las jurisdicciones sub-nacionales, continuaron mostrando un alto nivel de dinamismo.
De lo dicho se desprende que hubo un déficit primario real para el SPNNF durante 2015 de $237.883 millones en 2015, que resultó 52,5% superior al registrado durante el año previo y equivalió a –5,6% del PBI nominal base 1993 (–4,4% PBI nominal base 2004).
En tanto, si consideramos intereses de la deuda pública por $ 119.282 millones en 2015 (+67,6% promedio anual), obtenemos un resultado financiero real para el SPNNF deficitario de poco menos de $ 360.000 millones, equivaliendo a –8,4% del PBI nominal 2015 estimado con la base CN 1993 y a –6,4% del que surge si utilizamos la base CN 2004.
En el caso de la comparación contra el PBI nominal calculado en base a la serie CN base 1993, el guarismo 2015 (–8,4%) solo es superado por el registrado en 1982 (–9,7%, proceso de reorganización nacional y Guerra de Malvinas) En tanto, y aun subestimando2, el guarismo 2015 obtenido en relación al PBI nominal base 2004 (–6,4%) solo es superado por el registro de 1983, año de inicio de la presidencia de Raúl Alfonsín.
Para colmo de males, ese déficit financiero record fue financiado en casi 2/3 partes por el BCRA, mediante emisión monetaria y giro de reservas. Es decir, ese desequilibrio fiscal es la causa última de la inflación, del atraso cambiario y de la sostenida pérdida de reservas y de la destrucción patrimonial de la entidad monetaria.
Para profundizar: el propio BCRA reconoció en su informe sobre factores de expansión de la base y el circulante monetario, que las operaciones netas de financiamiento con el SPNNF implicaron la emisión de $177.926 millones (4,2% PBI nominal base 1993 y 3,3% base 2004) El incremento del stock de adelantos transitorios al Tesoro Nacional aportó $80.400 millones, 45% del total.
Intereses de la deuda
El BCRA también aportó reservas por el equivalente a aproximadamente $ 53.000 millones para la cancelación de interés de deuda pública denominada en moneda extranjera con tenedores privados y organismos internacionales y bilaterales, en virtud de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de presupuesto 2015 (Ley 27.008, fondo del desendeudamiento versión 2015) y del Decreto PEN 1503/2015.
De lo dicho se desprende que durante 2015 el BCRA aportó recursos, entre emisión monetaria y giro de reservas para pago de intereses de la deuda en moneda extranjera, por cerca de $231.000 millones. Esa cifra equivale a cerca de 5,4% del PBI nominal estimado con la base CN 1993 o 4,3% si utilizamos la base 2004.
Pero el aporte de recursos del BCRA no terminó ahí. Porque el giro total de reservas para cancelar servicios de la deuda en moneda extranjera fue por US$ 10.600 millones (o casi $100.000 millones valuados a TCN promedio 2015) y se realizó a cambio de dos letras intransferibles denominadas en dólares. De la última, buena parte fue utilizada para cancelar los ya mencionados vencimientos de interés en moneda extranjera y el resto para hacer frente a los de capital.
Ergo, el aporte total del BCRA para satisfacer las necesidades financieras del Tesoro Nacional fue de emisión monetaria por 4,2 puntos porcentuales (pp) del PBI nominal base CN 1993 (3,3 pp PBI nominal base CN 2004) y giro de reservas por 2,35 pp más (1,86 pp). Un aporte total de más de 6,5 pp (casi 5,2 pp).
Ese históricamente elevado rojo financiero se registró aún a pesar de una presión tributaria nacional record, gastos en salud y educación descentralizados desde la década de los años 90, servicios financieros e, incluso, el propio capital de la deuda pública renegociados luego de uno de los defaults más importantes de la historia económica mundial y una distribución de los recursos tributarios entre nación y jurisdicciones sub-nacionales que nunca fue tan favorable a la primera.
Moraleja: la única causa posible detrás de semejante rojo financiero es el tamaño del Estado Nacional, medido este último como gasto primario sobre PBI. Ergo, la única forma sustentable de cerrar ese inmenso rojo fiscal, es achicando y racionalizando ese megaestado nacional que nos dejó de recuerdo la anterior administración.
1- Sin contabilizar dentro de los ingresos corrientes del SPNNF el giro utilidades devengadas sobre reservas del BCRA, por ser emisión monetaria pura y simple, y uso de rentabilidad obtenida sobre recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Intregado Previsional Argentino (SIPA) por parte del ANSES, por ser endeudamiento no registrado (se desfinancia el sistema prevional a futuro) Estimado en base a la información oficial para los primeros once meses de 2015 disponible al momento de la elaboracón del presente y proyección propia de diciembre de 2015.
2- Subestimación como resultado de comparar ratios obtenidos respecto de la serie de PBI nominal base CN 2004, con los que surgen de la base de CN 1993. La serie CN 2004 no tiene empalme más allá del año 2004 y, por lo tanto, no permite realizar compraciones históricas precisas.
El problema es el déficit, no la forma de financiarlo
Por Gabriel Caamaño Gomez (*)
La razón del desequilibrio macroeconómico local es el alto y sostenido déficit fiscal. No la forma de financiarlo. La forma solo determina como se da el proceso. Pero el final, siempre es el mismo.
Cualquier déficit significativo y sostenido, cuyo ajuste se retrase, cualquiera sea la fuente de financiamiento utilizada, termina apreciando el tipo de cambio real. Léase, “encareciendo la economía local”.
En particular, y siempre pensando en economías pequeñas y abiertas (tomadoras de precio y tasa) y en el mediano-largo plazo (las opciones de esterilización son limitadas y los recursos y factores productivos son escasos).
Cuando el déficit se financia lisa y llanamente con emisión monetaria, el proceso de apreciación del Tipo de Cambio Real (TCR) se produce porque el alto diferencial de inflación respecto de los socios comerciales termina más que compensando cualquier tasa de devaluación nominal.
Cuando el déficit se financia con emisión de deuda externa, una de dos: A) Si el Tesoro le da las divisas al BCRA para que este le dé pesos para financiar gasto, entonces hay emisión y se genera nuevamente una relativamente alta tasa de inflación local con respecto al movimiento del Tipo de Cambio Nominal (TCN) y la tasa de inflación de los socios comerciales. B) Si el Tesoro vende directamente las divisas en el mercado de cambios para hacerse de los pesos, entonces produce una apreciación del TCN que se traslada directamente al TCR.
Cuando el déficit se financia con emisión de deuda interna se produce el efecto desplazamiento, con la consecuente alza de la tasa de interés local. El alto rendimiento local alimenta el “carry trade”. Los consecuentes flujos de capitales de corto plazo producen la apreciación del Tipo de Cambio Nominal o fuerzan al BCRA a monetizarlos para evitarlo (emitir). Ergo, no tan a la larga, la apreciación del TCR se produce por diferencial de inflación, apreciación del TCN o una combinación de ambos fenómenos.
En síntesis, todo déficit fiscal sostenido se traduce en un proceso de apreciación real. Por eso mismo, el problema es gastar por encima de nuestras posibilidades, no la forma de financiar el despilfarro.
Hace más de 54 años que venimos intentando negar esa verdad económica de Perogrullo y, consecuentemente, vamos de crisis por balanza de pagos a crisis por balanza de pagos, pasando por auges insostenibles. Dejemos de “inventar la pólvora” y seamos, de una vez por todas, consistentes y confiables. Tal vez así, algún día lleguemos a ser el país que tanto añoramos.
(*) Economista. Consultor Ledesma SRL
No fue magia, fue un saqueo
Por Félix Piacentini (*)
Finalizados los 12 años de era Kirchner, conviene hacer un balance para las provincias del ciclo que termina. Y es que hubo un modelo basado en una fuerte redistribución de recursos entre provincias, y desde muchas de ellas al gobierno central, lo que necesariamente deja un saldo de jurisdicciones ganadoras y perdedoras.
Muchas provincias fueron las grandes financiadoras del modelo imperante desde 2003, ya sea proveyéndole recursos vía la recaudación de derechos de exportación por sus producciones, o través de regalías hidrocarburíferas cedidas al ser calculadas a un precio interno desacoplado del internacional y significativamente menor. Sin dudas que ambos factores facilitaron: a) los recursos fiscales generados por las retenciones a los granos que permitieron expandir fuertemente el gasto público, y b) el desenganche entre precios internos y de exportación de los hidrocarburos que redundó en un claro beneficio para los usuarios, familias y empresas, al permitir contar con energía barata en todas sus formas (gas, combustibles y energía eléctrica). Los dos fueron determinantes para el crecimiento argentino y el éxito electoral del modelo K mientras duró el ya terminado “súper ciclo” de las commodities.
Hemos estimado la contribución acumulada de cada provincia por ambos conceptos (retenciones + regalías cedidas) en el período comprendido entre 2003 a 2014. En el agregado, las 24 provincias perdieron unos US$ 114.076 millones durante todo este periodo, US$ 91.087 millones del lado de las retenciones a la producción de granos y US$ 22.989 millones por regalías hidrocarburíferas cedidas (calculadas a precio interno en lugar de internacional).
Ahora bien, en el mismo período las provincias también recibieron recursos del gobierno nacional, por lo que debería estimarse el aporte neto entre lo que resignaron y percibieron. Pero para este cálculo no consideramos los giros automáticos del régimen de coparticipación, ya que estos son un derecho adquirido por las provincias y corresponden a recursos que les corresponden y son distribuidos por criterios objetivos establecidos en dicho régimen (más allá de los cuestionamientos del que es objeto y su necesidad de reforma). Así, lo que debe tenerse en cuenta son las Transferencias Corrientes y de Capital realizadas por el gobierno nacional. Estas pueden considerarse en su mayoría discrecionales si se resta de las Transferencias de Capital lo devuelto a las provincias mediante el Fondo Federal Solidario (FFS), que corresponde a la coparticipación de 30% de lo recaudado por retenciones a las exportaciones del complejo sojero.
Así, el consolidado de las 24 provincias recibió entre 2003 y 2014 un total de US$ 68.230 millones en concepto de Transferencias Corrientes y de Capital netas del FFS versus los US$ 114.076 millones que aportaron por retenciones y regalías cedidas, registrando por ende un saldo neto negativo de US$ 45.846 millones.
Perdedoras y ganadoras
Son 11 las jurisdicciones que de acuerdo a estos criterios fueron perdedoras durante la era K. La que más se perjudicó fue Córdoba con una pérdida acumulada neta de US$ 18.225 millones, producto de aportes por retenciones de US$ 23.134 millones y transferencias “discrecionales” de solo US$ 4.909 millones. El segundo lugar lo ocupa Santa Fe con un resultado neto negativo de $14.016 millones, siguiendo muy cerca Buenos Aires con un rojo de US$ 13.365 millones. Con una diferencia negativa entre aportes por regalías y transferencias, Neuquén también sufre una pérdida muy importante de US$ 8.552 millones. Luego siguen Entre Ríos (US$ –3.075 millones), Salta (US$ –2.174 millones), La Pampa (US$ –1.556 millones), Chubut (US$ –1.493 millones), Tierra del Fuego (US$ –1.155 millones), Santiago del Estero (US$ –1.060 millones) y San Luis (US$ –395 millones).
El resto de las provincias logra beneficiarse de transferencias mayores que sus contribuciones, siempre teniendo en cuenta los supuestos adoptados. En el podio de las ganadoras están Misiones (US$ 3.140 millones), Jujuy (US$ 2.919 millones) y La Rioja (US$ 2.412 millones), pero también aparecen Tucumán, Chaco y San Juan entre las más favorecidas. Una mención especial corresponde a Santa Cruz, que es la provincia más beneficiada en cuanto a transferencias corrientes y de capital per cápita (netas del FFS), pero cuando se netea su aporte/pérdida por regalías cedidas, la ganancia neta durante el período K cae a solo US$ 442 millones (cedió regalías por US$ 2.686 millones y consiguió transferencias por US$ 3.128 millones).
Estas cifras explican en muchos casos el resultado a nivel de cada provincia de las elecciones presidenciales pasadas. Pero más allá de esta lectura política pone el foco una vez más sobre lo injusto y discrecional del federalismo fiscal argentino, sobre el que urge una reforma, en el que la mitad de las provincias financiaron el festival de gasto público nacional emprendido por el kirchnerismo, algunas de ellas con índices de pobreza muy altos. También permiten comprender más claramente que no fue magia, fue un saqueo.
(*) Director de NOAnomics.
Recaudación
Reforma silenciosa y distorsiva
En los últimos años hemos asistido a una verdadera reforma tributaria, aunque silenciosa. Dado el efecto combinado de la alta y sostenida tasa de inflación local, por un lado, y la falta de adecuación de la estructura de los distintos tributos nacionales a la misma, por el otro lado.
También, a la multiplicación de mecanismos de percepción y retención anticipada de los distintos tributos nacionales, que se decidieron a nivel de la administración tributaria, excediendo en varias oportunidades las atribuciones de la última, ya que modificaron la lógica original de los tributos afectados.
Visto en perspectiva histórica, las modificaciones tributarias explicitas en pos del incremento de la presión tributaria no fueron tan numerosas en los últimos doce años, como si lo fueron en la década de los años 90 (ya sea vía modificación del universo alcanzado, la base imponible y/o las alícuotas o tramos de determinación de las mismas) y, en realidad, la mayoría se amontonaron en los primeros cinco años (2003-2008, creación de nuevos impuestos o potenciación y transformación de los ya existentes)
Sin embargo, eso no implica que la estructura tributaria nacional no haya cambiado en forma significativa o en menor magnitud de los que lo hizo durante la década anterior. Por el contrario, sí lo hizo. Pero, silenciosamente. Ese proceso no sólo se tradujo en un importante incremento de la presión fiscal, llevando la última a niveles record en términos históricos cualquiera sea la base de CN que se utilice, sino que además modificó el alcance y presión de cada uno de los distintos tributos, alterando su importancia relativa en la torta total y en la vida de cada contribuyente en particular.
La recaudación tributaria y de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social nacional alcanzó durante 2015 los $1.537.948,4 millones, cifra equivalente a 36,2% del PBI nominal estimado con la base 1993 de Cuentas Nacionales (CN) y a 28,6% si utilizamos la base 2004.
De esta manera, y cualquiera sea la base de CN considerada para estimar el PBI, la presión tributaria nacional alcanzó un nuevo máximo histórico durante el año pasado. En particular y en el caso de la serie que utiliza CN base 1993, el nivel alcanzado en 2015 más que duplicó al promedio de la década de los 90, acumulando un incremento de 20 puntos porcentuales de 2002 a la fecha. En tanto, si utilizados la serie que utiliza CN base 2004, estamos ante el mayor registro desde que hay datos para la misma (empieza en 2004, no hay empalme) y el incremento acumulado desde entonces (11 años) supera los 10 puntos porcentuales.
Comportamiento de la recaudación
La recaudación tributaria nacional registró una tasa de crecimiento nominal de 31,5% anual durante 2015, la cual al ser deflactada por el índice de precios al consumidor local se traduce en una variación real anual de 2,2%. La misma implicó una perceptible desaceleración nominal respecto del registro comparable de 2014 (+36,2% nominal anual), aunque una mejora respecto del desempeño real (–0,8% real anual).
Obsérvese que, como viene ocurriendo hace ya hace varios años, el desempeño nominal y real de la recaudación tributaria fue levemente mejor que el del producto (+1,4% real, según nuestras estimaciones), produciéndose, en consecuencia, el mencionado incremento de la presión tributaria. Lo dicho, aun cuando en los últimos años no se introdujeron modificaciones explicitas y significativas en la estructura tributaria nacional en ese sentido. Sino que, las pocas que hubo, actuaron en dirección opuesta.
En el caso de las personas físicas, justamente, esto se debe al efecto distorsivo de la alta y sostenida inflación sobre buena parte de la estructura de los tributos nacionales. Pues, por la falta de adecuación o las correcciones insuficientes de los niveles y tramos de ingreso o valores de referencia que definen el universo alcanzado, la base imponible y la alícuota de dichos tributos, terminan derivando en un incremento de la presión tributaria especifica de dichos impuestos. Ejemplos clásicos: Impuesto a las ganancias y bienes personales. En el caso de las personas jurídicas, la inflación también genera resultados contables no verificables al costo de reposición, qué al no permitirse el ajuste por inflación, terminan redundando en un incremento ficticio de la base imponible del impuesto a las ganancias.
También hay que destacar el efecto que tuvieron la multiplicación de los esquemas de percepción y retención anticipada del impuesto.
En cuanto a la composición de la recaudación hay que subrayar que la recaudación en concepto de impuestos a las ganancias alcanzó los $ 381.463 millones en 2015, incrementándose casi 43% nominal (11% real) respecto de 2014 y representando casi 25% del total recaudado. En la década de los años 90 el impuesto a las ganancias aportó en promedio solo 15% de la recaudación tributaria nacional.
De esta manera la presión tributaria estrecha y específica del impuesto fue de 9% del PBI nominal base 1993 y 7,1% del PBI nominal base 2004. El primer guarismo (% PBI base 1993) triplicó a la presión tributaria especifica promedio registrada para dicho tributo en la década de los 90 (2,9% PBI) Aún más, ganancias aportó 6 de los 20 puntos porcentuales en que se incrementó la presión tributaria nacional entre 2015 y el promedio de los 90.
Lo que pone de relieve:
A) La reforma silenciosa que produjo la inflación sobre la estructura de este tributo, incrementando el universo alcanzado, la base imponible y las alícuotas, y los consecuentes cambios sobre el sistema tributario nacional. B) Cómo el impuesto a las ganancias apalancó el desempeño de la recaudación nacional en los últimos años.
El efecto inverso se da en el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En particular, la recaudación de dicho tributo neta de reintegros y devoluciones redondeó los $424.245 millones en 2015, incrementándose 32,6% nominal respecto de 2014 (3% real, deflactado por IPC) En consecuencia, aportó 27,6% de la recaudación total en 2015 frente a un aporte promedio en la década de los 90 de 37,7%.
La presión tributaria estrecha y específica del impuesto también se incrementó, producto de las reformas aplicadas a fin de la década anterior y de la mayor eficiencia recaudatoria. Parte de la última, hay que subrayar, se logró mediante la proliferación de mecanismos de percepción y retención anticipada del impuesto, que en muchos casos terminan desvirtuando su lógica original y generando saldos técnicos a favor del contribuyente que implican costos financieros significativos.
En particular, la presión por IVA pasó de promediar 6,4% del PBI nominal base 1993 en la década de los 90, a 10% en 2015. Si utilizamos la base CN 2004, la presión fue de 7,9% en 2015, acumulando un incremento de 2,4 puntos porcentuales desde 2004.
En tanto, los aportes y contribuciones a la seguridad social también incrementaron su presión tributaria y su aporte a la recaudación total, como resultado de, por un lado, esquemas de percepción y retención anticipada, la mayor eficiencia en el control de la evasión y, por el otro, el efecto distorsivo de la inflación sobre los esquemas que implican alícuotas reducidas.
Al respecto, la recaudación por dicho concepto redondeó los $401.044 millones, incrementándose 34,8% nominal respecto de 2014 (4,8% real) De esta manera, la seguridad social aportó 26% de la torta de la recaudación total, frente al 24,5% que aportaba en la década de los 90. En tanto, la presión tributaria especifica fue de 9,4% si utilizamos la base CN 1993 (4% en los 90) y de 7,5% si calculamos con la base CN 2004.
Impuesto al cheque
El impuesto a los créditos y débitos bancarios creado en el turbulento año 2001, es otro de los tributos que perdió importancia relativa desde su creación. En particular, la recaudación generada por el gravamen alcanzó los $97.479 millones en 2015, registrando un incremento nominal de solo 27% anual, que implicó un retroceso real de –1,3% anual. En consecuencia, su aporte a la recaudación total fue de sólo 6,3%, bastante por debajo de los 10 puntos que aportó el primer año completo después de su creación.
La pérdida de la importancia relativa del tributo no se debió a que el mismo redujo su presión tributaria específica, sino a que aparecieron nuevos tributos o los ya existentes fueron potenciados en mayor medida por la inflación y los esquemas de percepción anticipada. En particular, la presión tributaria específica calculada en base a CN 1993 pasó de 1,6% en el año 2002, a 2,3% en 2015.
Cerrando este análisis pormenorizado, tenemos a los derechos de exportación. Creados en 2002 en plena salida de la convertibilidad y potenciados por sucesivas reformas hasta el año 2008 (crisis política con el campo por Resolución MECON 125/08), fueron claves durante los primeros años y comenzaron a perder relevancia en la medida que se profundizó el atraso cambiario y cayeron los precios internacionales de los principales productos alcanzados. Principalmente, soja y derivados.
La recaudación en concepto de DEX alcanzó los $75.939 millones en 2015, retrocediendo un 9,7% nominal y un –29,8% deflactada por IPC respecto de 2014. En consecuencia, el aporte a la recaudación total fue de sólo 5%, alcanzando un nuevo mínimo y muy por debajo del máximo alcanzado en el año 2008 (13,4%) La presión tributaria específica del tributo fue de solo 1,8% si se calcula con CN base 1993 y de 1,4 si se utiliza la base 2004.
Como conclusión, el sistema tributario nacional experimentó importantes modificaciones en los últimos doce años que afectaron la intensidad y la forma en el que el mismo grava a los contribuyentes. La mayor parte de esas modificaciones fueron implícitas y, por lo tanto, no fueron legitimadas en el seno del Congreso Nacional.
Esas modificaciones llevaron la presión tributaria a niveles record, la distribuyeron asimétricamente entre los distintos sectores y trasladaron buena parte de la carga de la administración tributaria al contribuyente.
Consecuentemente, el sistema tributario terminó asfixiando a los sectores que mayor carga soportaron. Por ejemplo, el agropecuario. Sectores indispensables para cualquier proceso de crecimiento sustentable, dada su capacidad de generación de divisas y su relativamente alto multiplicador directo e indirecto de producto y empleo.
Consecuentemente, y de cara a lo que vendrá, el desafío de la nueva administración pasa por avanzar en una profunda reforma tributaria integral destinada a simplificar y devolver la racionalidad al esquema impositivo nacional, legitimándolo vía los correspondientes proyectos de ley y reduciendo el nivel de presión tributaria en sentido estrecho y amplio.
Todo ello con el objetivo de oxigenar a la economía real, en general, y al sector agropecuario, en particular. En este último caso ya comenzó hacerlo con la eliminación de los DEX y el establecimiento de un programa de reducciones anuales de la alícuota en el caso de la soja y derivados. Pero aún falta avanzar mucho en ganancias, bienes personales e IVA, entre otros. Otra enorme asignatura pendiente pasa por lograr un mayor nivel de coordinación tributaria con las jurisdicciones provinciales y municipales, eliminando casos de doble imposición.
Lamentablemente, la necesidad de consolidación fiscal , y las necesidades de negociación política en las distintas Cámaras del Congreso Nacional para lograr las mayorías requeridas, limitarán las posibilidades de avanzar rápidamente en este sentido y probablemente también compliquen avanzar en esta cuestión con toda la profundidad requerida.
