Por Bernardo Lozier Almazán
María Martínez
Este episodio histórico dio lugar a la deposición del Virrey y la instauración de la recordada Primera Junta de Buenos Aires que se comprometió, según su propia Proclama, a “sostener estas Posesiones en la más constante fidelidad y adhesión a nuestro amado Rey y Señor Don Fernando VII y sus legítimos sucesores en la Corona de España”.
El mismo presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, lo reconoce cuando en sus Memorias sostiene que: “Por política fue preciso cubrir a la Junta con el manto del Señor Fernando VII”.
Oportuno es recordar el juicio de un destacado vecino de Buenos Aires, como lo fue Ignacio Núñez, ferviente partidario de la Revolución de Mayo, que por aquellos mismos días registró en sus escritos que: “Sin debilitar el mérito que contrajeron los pocos hombres a quienes les tocó la suerte de encabezar la revolución de Buenos Aires, puede asegurarse que esta grande obra fue poco menos que improvisada”, y que agregó más adelante que los revolucionarios “habían abrazado la causa sin saber ni calcular cuál debía ser su paradero.”
Acorde con la premisa de que todo acontecimiento político tiene sus consecuencias, que se proyectan en el futuro conformando los eslabones de la larga cadena de la historia, podemos afirmar que la gesta de mayo de 1810 –como acontecimiento político– también se proyectó en el futuro con sus consecuencias, una de las cuales se manifestó seis años después, cuando el 9 de julio de 1816, en el Congreso de Tucumán, se declaraba nuestra independencia.
Así fue como la Primera Junta, integrada por nueve miembros, apenas iniciada su procelosa gestión debió ensayar una nueva forma de gobierno más eficaz, por lo que el 18 de diciembre creó la Junta Grande, cuyos veintidós integrantes generaron mayores problemas de gobernabilidad.
A todo esto, Cornelio Saavedra debió abortar el primer golpe de Estado, cuando durante los días 5 y 6 de abril de 1811 los morenistas, al mando de Domingo French, intentaron derrocar al Gobierno patrio.
Aquel mismo año, el 19 de julio, la Junta presidida por Saavedra resolvió destituir a Juan José Castelli y marchar al Alto Perú para afrontar la difícil situación originada por la tan comprometedora derrota de Huaqui.
Luego le tocó a Saavedra ser la víctima de la revolución, cuando fue destituido del Gobierno, el 23 de septiembre, y la Junta Grande creaba el Triunvirato, presidido por Feliciano Chiclana, Juan José Paso y Manuel Sarratea.
El año de 1812 concluyó con el pronunciamiento militar, del 8 de octubre, encabezado por el teniente coronel José de San Martín, que produjo la deposición del primer Triunvirato, que apenas había gobernado un año y quince días, y la formación del segundo Triunvirato, esta vez integrado por Juan José Paso, Antonio Ãlvarez Jonte y Nicolás Rodríguez Peña, pero que solo alcanzó a gobernar un año y tres meses.
En medio de este panorama tan sombrío, el 24 de octubre de 1812, el nuevo Triunvirato emitió un decreto convocando a la elección de diputados para integrar una Asamblea General Constituyente, con la clara misión de declarar la Independencia –aún pendiente de concreción– y dictar una Constitución para el nuevo Estado independiente.
Luego de enconados enfrentamientos entre Buenos Aires y las provincias, el 31 de enero de 1813, se inauguraban las sesiones de la Asamblea General Constituyente que, no obstante lo previsto, la tan anhelada declaración de la Independencia se vio frustrada por las graves disidencias expuestas por los diputados.
Cierto es que los congresistas del interior concurrían con ideas muy disímiles a las propuestas de los diputados porteños. Basta recordar que Nicolás Laguna Bazán, representante de Tucumán, manifestaba su posición tan intransigente, respecto a la declaración de la Independencia, cuando sostenía que: “De ninguna manera se consienta en la determinación de la Independencia, que además de ser prematura nos traería un torrente de males y contradicciones, pues no es llegado el tiempo…”.
Como era previsible, los asambleístas no lograron un acuerdo sobre el proyecto constitucional.
Una reveladora carta que Manuel de Sarratea le dirigiera a Manuel García nos lo testimonia, cuando le dice que: “habiendo tratado la materia maduramente y reflexionado sobre ella con la detención que exigía un asunto de tanta trascendencia, se abandonó esta idea por el convencimiento de ser la más quimérica de cuantas han producido las experiencias y especulaciones filosóficas de nuestro siglo”.
Una vez más, la carencia de objetivos doctrinarios y unidad de criterio de nuestros propulsores de la independencia ponía al descubierto el errático rumbo de la revolución.
Sin embargo, la Asamblea General Constituyente, curiosamente logró aprobar –entre otras cosas– una serie de símbolos y disposiciones propias de una nación soberana e independiente, como lo son la adopción del escudo y el himno nacional y la moneda de cuño propio.
Mientras tanto, las derrotas sufridas aquel mismo año por Belgrano en Vilcapugio, Ayohuma y los conflictos con la Banda Oriental significaron un duro golpe para la incipiente nación.
Como se recordará, la desmoralización ocasionada por aquellos desastres y las ambiciones de Alvear, hicieron posible que la Asamblea General Constituyente resolviera que “la suprema potestad ejecutiva se concentre en una sola persona, bajo las calidades que establecerá la ley”.
En el mismo acto, se procedió a la elección de la nueva autoridad, resultando electo Gervasio Antonio de Posadas, con el título de Director Supremo de las Provincias Unidas.
A todo esto, las alarmantes noticias llegadas de la Península acrecentaron los inconvenientes para instalar el orden político postergado desde 1810, si tomamos en cuenta que el 22 de marzo de 1814, Fernando VII había recuperado el trono español, disolviendo las Cortes de tendencia liberal e instaurando nuevamente el absolutismo.
Para mayor desconcierto, se sabía que España preparaba una poderosa expedición al Río de la Plata para sofocar la insurrección de estos dominios. Por aquellos mismos días, a instancias del zar de Rusia, se había creado la Santa Alianza, integrada por las dinastías europeas, en apoyo a las monarquías absolutistas y en contra de los sistemas republicanos.
Ante tan inquietantes noticias, Manuel de Sarratea en su carácter de representante del Gobierno de Buenos Aires en Londres, le hizo llegar al monarca español un Memorial para expresarle “los sentimientos de amor y fidelidad a su Real Persona”.
Por su parte, el 13 de septiembre de 1814, Posadas convocaba al Consejo de Estado para acordar el envío de una diputación ante Fernando VII para expresarle “su felicitación y fidelidad de estos pueblos a su real persona”.
Tan compleja misión diplomática, que además portaba instrucciones secretas, le fue encomendada a Manuel Belgrano y a Bernardino Rivadavia, quienes arribaron a destino el 13 de mayo de 1815, para llevar a cabo una serie de infructuosas negociaciones.
Basta recordar que ante la intransigencia de Fernando VII, los enviados se entrevistaron con su padre, Carlos IV, a la sazón exiliado en Roma, para presentarle el farragoso memorial titulado “Reverente Súplica al Ex Rey Carlos Cuarto”, por el que le solicitaban que cediera “a favor de su digno hijo D. Francisco de Paula, el dominio y señorío natural de aquellos pueblos, constituyéndole rey independiente…”, etc.
Conviene recordar que aquel memorial también incluía un proyecto de constitución monárquica, redactada por Belgrano, bajo el título de “Constitución para el Reino Unido del Río de la Plata, Perú y Chile”.
Aquella propuesta, si bien fue recibida con cierto beneplácito, concluyó abruptamente con una negativa que echó por tierra la negociación, razón por la cual Belgrano concluyó su misión el 15 de noviembre de 1815, cuando se embarcó para Buenos Aires.
Mientras tanto, aquí en Buenos Aires, Posadas ya había sido sustituido en su cargo, por Carlos María de Alvear, cuyos desaciertos originaron el levantamiento popular del 15 de abril de 1815, que provocaron su renuncia.
Ante tan caótica situación, Ignacio Ãlvarez Thomas asumió el cargo de Director Supremo Provisional, con la condición expresa de convocar un Congreso General, con el fin de declarar la Independencia, establecer la forma de gobierno y redactar y promulgar una Constitución.
Con tal objeto, Ãlvarez Thomas instruyó a las provincias para que designaran a los diputados que las representarían en el Congreso de Tucumán, según opinión de Bartolomé Mitre era la “última esperanza de la Revolución de Mayo de 1810, [y] único poder revestido de alguna autoridad”.
Una lucha de seis años
Por vía de síntesis, podemos decir que las consecuencias de la gesta de mayo de 1810 se proyectaron a lo largo de seis agitados años, en medio del caos y la anarquía, durante los que el proceso revolucionario no había logrado, hasta el momento, proclamar definitivamente su independencia, y adoptar una forma de gobierno que uniera a las desunidas y enfrentadas “Provincias Unidas del Río de la Plata”.
Al fin, a las nueve de la mañana del 24 de marzo de 1816 se instalaba en Tucumán el Congreso Soberano de las Provincias Unidas del Río de la Plata, anunciado con una salva de veintiún cañonazos, seguido de la celebración de una Santa Misa en el templo de San Francisco.
El acto inaugural contó con la presencia de veintiún representantes, mientras que otros se fueron incorporando con posterioridad, hasta un total de treinta y tres congresistas, de los cuales veintinueve firmarían el Acta de la Independencia.
Por aquellos mismos días, el pacto de la Santa Alianza, había acordado la unión de las grandes potencias monárquicas para asegurar la permanencia de las dinastías tradicionales.
Preocupados por estas novedades políticas, los congresistas invitaron a Belgrano para que les informara sobre sus apreciaciones políticas recogidas en su reciente misión diplomática en Europa.
En consecuencia, durante una reunión secreta, llevada a cabo el 6 de julio de 1816, Belgrano les informó a los congresales que la revolución hispanoamericana estaba desacreditada por la dilatada anarquía y el descontrolado desorden en que se encontraban estas provincias y que, por el contrario, en Europa el sistema monárquico estaba en pleno auge, como consecuencia de los fracasos republicanos.
Al respecto, Belgrano expresó que, “ha acaecido una mutación completa de ideas en la Europa, en lo relativo a la forma de gobierno. Así como el espíritu general de las naciones, en años anteriores, era republicanizarlo todo, en el día se trata de monarquizarlo todo […] En mi concepto, –seguía diciendo Belgrano– la forma de gobierno más conveniente para estas provincias sería la de una monarquía temperada, llamando a la dinastía de los Incas”, y situando el trono en el Cuzco.
La elocuente y persuasiva exposición de Belgrano logró la adhesión de la mayoría de los congresales, que aceptaron instituir una monarquía constitucional “con la representación soberana de los Incas”.
No obstante las esperanzas de Belgrano se vieron frustradas por la astuta acción de los diputados porteños, que se opusieron a la instauración del trono incaico en Cuzco. Al respecto el historiador Leoncio Gianello, sostiene con acierto que “los diputados de Buenos Aires tenían mucho que defender, sobre todo la ciudad puerto”. Pero esto ya es otra historia.
Por fin, luego de superar tantas adversidades, el 9 de julio de 1816, se celebró la asamblea en la que los diputados en sala plena aclamaron la Independencia de las Provincias Unidas de la América del Sud.
Posiblemente la carta del diputado por Buenos Aires, el Dr. José Darregueyra, fechada en Tucumán el mismo día 9 de julio de 1816, dirigida a su entrañable amigo, Tomás Guido, sea el testimonio más fiel, cuando le dice que: “Después de una larga sesión de nueve horas continuas, desde las ocho de la mañana en que nos declaramos en sesión permanente hasta terminar de todo punto el asunto de la Declaración, nuestra suspirada independencia, hemos salido del congreso cerca de oraciones con la satisfacción de haberlo concluido y resuelto de unanimidad de votos a favor de dicha independencia, que se ha celebrado aquí como no es creíble”.
Así fue como luego de seis años políticamente procelosos, la gesta histórica iniciada en mayo de 1810 y continuada en la Asamblea de 1813, hizo posible que el 9 de julio de 1816, veintinueve congresales reunidos en el Congreso de San Miguel de Tucumán, suscribieran el Acta de la Independencia de estas provincias.
* Miembro de Número del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, académico correspondiente de la Academia Nacional de la Historia.
