Por Rubén Chorny
El llanto ante el banco Thessaloniki del jubilado griego de 77 años, Giorgos Chatzifotiadis, impactó hace poco a las redes sociales y medios de comunicación del mundo. Representó, como en las antiguas piezas teatrales nacidas de las Grandes Dionisíacas del año 535 a.C., al coro de damnificados por las reformas de Alexis Tsipras, que anticipa a los Estados de Bienestar una tragedia en ciernes para los adultos mayores donde quiera que estén: en 5, 10 ó 15 años el régimen de reparto que se fundamenta en la solidaridad entre las generaciones, como tal, habrá llegado a su fin.
Para los argentinos, duchos en las lides de la inestabilidad, la amenaza de réquiem no es ninguna novedad. Acaba de cumplir 25 años otro famoso derrame de lágrimas, aunque aquella vez de un funcionario, Domingo Cavallo, cuando anunciaba la enésima apretada contra los jubilados. La extinta dirigente Norma Plá, que en el Congreso Nacional le había recordado que él también tenía padres, inscribió en los archivos la irónica frase: “No llore señor ministro, no llore”.
Ni por haber formado parte de los 15 miembros del coro que concebía Sófocles, ni por militar en la cofradía de amañados actores de la política, el economista José Luis Espert diagnostica con brutal contundencia: “Se vive en un constante default previsional y, a diferencia de la deuda –cuyo pago el Estado puede suspender–, no se puede dejar de abonarles a los jubilados, por lo que lo que hace es cambiar el ajuste”.
Es un camino ya transitado por daneses y suecos; alemanes y francés; e ingleses y japoneses de un tiempo a esta parte. Y ni qué hablar de los griegos. Achicaron el espectro de los que cobran renta solidaria, sea mediante el aumento de la edad para el retiro o el acortamiento de la brecha de pago. Se aprestan Italia y España a corregir desde 66 a 67 y ya figura en la agenda china.
Es que, hoy en día, la concepción de un sistema que iniciaron los franceses hace más de dos siglos para militares y marinos que pasaban a la fase pasiva, y que fue ampliado 100 años después en plena revolución industrial alemana, dio una vuelta de campana: imaginado para que muchos trabajadores financiaran a pocos jubilados sobrevivientes a la edad del retiro, la modernidad lo sorprende con cada vez menos empleados para sostener a un ascendente número de beneficiarios. Y no solo eso: los avances médicos y sanitarios estiraron en promedio más de 10 años, en alza, la expectativa de vida del viejo en la Argentina que demanda cobrar su haber y ser atendido. Hoy sería de 75 años, pero a fin de siglo la perspectiva es que la media suba a los 85 años.
El Banco Mundial trazó una línea que parte de 1950 y llega a 2100: da cero crecimiento para el grupo de menores de 15 años, 0,3% para el de 15–64 años, que es el que comprendería a los potenciales estudiantes y/o trabajadores, y 1,4% más para los mayores de 64 años: los jubilables.
De este modo, el denominado bono demográfico, entendiéndose como tal a la transición en que la fuerza laboral pueda hacerse cargo de niños y ancianos, inició una cuenta regresiva que debería desvelar, cuanto menos, a 14% de la población del país: la franja de 35-44 años que actualmente transita la edad de la plena madurez productiva, pero nadie la considera en la contienda electoral en curso. ¿Podrán jubilarse cuando les toque? ¿Les aumentarán la edad? ¿Se seguirán bajando los haberes máximos? ¿Existe margen para meter más presión en una caldera impositiva que ya cruzó la línea de los 30 puntos del Producto Bruto Interno y que rentas generales cubra eventuales baches?
No son los únicos interrogantes. Cabrían otros, pero de política económica, para que el envejecimiento poblacional no tienda a degenerar en una industria de descarte, pero humano: ¿reformarán los próximos Gobiernos la matriz educativa y la productiva para crear mayor valor agregado y que la clase activa se nutra de más y mejor remunerados puestos de trabajo, a fin de poder mejorar la capacidad contributiva solidaria?; ¿se pasará para entonces de exportar soja a exportar góndolas?; ¿se estimulará la productividad en las industrias para que las que sean competitivas puedan exportar?; ¿se desarrollarán las plataformas tecnológicas?
Dante Sica
Buena y mala noticia
Estar más tiempo entre los mortales sin obligación de fichar la tarjeta en la fábrica ni madrugar en el áspero clima rural podría estar constituyendo una buena noticia entre tantas “pálidas” que nos depara la humanidad, si no se tratara de una espada de otro mito griego, Damocles, sobre la cabeza, que involuciona de mal en peor a partir de la generación que dobló el codo de los 40 y lleva más de 14 años aportando una porción importante de su salario a la seguridad social, con la ilusión de que algún día, cuando la necesite, le será de algún modo reintegrada. No son pocos: totaliza más de 80% la población activa comprendida en esa franja etaria de incierto futuro jubilatorio.
Un estudioso de la economía social como Jorge Colina los alerta: “Cuando lleguen a la edad de jubilarse se van a encontrar con que va a haber ya muchos viejos cobrando y menos aportando, con lo que el sistema previsional va a estar complicado”.
El año pasado, el Banco Mundial editó el libro que escribieron Michele Gragnolati, Rafael Rofman, Ignacio Apella y Sara Troiano, titulado Los años no vienen solos, que pronostica que, de mantenerse la tendencia, el gasto para cubrir las prestaciones jubilatorias, de salud y de educación tendrá que aumentarse del 20 al 26,6% del PBI entre 2010 y 2050.
“Será un claro desafío para las generaciones futuras”, sostiene Michele Gragnolati, líder en Desarrollo Humano para Argentina del Banco Mundial y coautor de la investigación publicada.
De cumplirse la proyección de que en la Argentina la población adulta mayor de 65 años pasará del 10,4% actual a 19,3% en 2050 y 24,7% en 2100, en un claro proceso de convergencia con los países de Europa, se confirmaría el pleno ingreso en ese túnel del tiempo, estimado en 30 años, que el trabajo del Banco Mundial denomina “ventana de oportunidad demográfica”: la hipótesis gira en torno de que podría aumentar la proporción de los que están en edad de trabajar con mayor capacidad potencial de ahorro.
Es lo que piensa el titular de Abeceb y ex secretario de Industria y Minería de la Nación, Dante Sica, sobre las ventajas que tiene el país en esta transición demográfica, a condición de que se apliquen políticas públicas acertadas. Una, que “contará con una mayor cantidad de población activa en relación al porcentaje de inactiva”. Otra: que “en nuestro país, de hecho, las restricciones más importantes pasan por la debilidad de las instituciones y la existencia de políticas erróneas. Fortaleciendo estas dos dimensiones será posible aprovechar los beneficios que ofrece el bono demográfico argentino”, advierte.
La lectura que realiza Sica para justificar el optimismo de su diagnóstico se divide en dos razones: “En primer lugar, al haber menos niños por trabajador, es posible invertir más en cada uno dándole mejor educación y mejor salud. Y en segundo, dado que los que trabajan son los que pueden ahorrar, al haber más gente trabajando aumenta el ahorro y, por ende, la capacidad de acumular capital para invertir, crecer y aumentar la productividad”.
A esa cosmovisión cualitativa se contrapone la cuantitativa que surge de la foto demográfica actual: si bien se cuentan seis personas en condiciones de trabajar por cada adulto mayor a financiar, los puntos suspensivos puestos a 2050 darían una reducción a tres en condiciones de aportar y en 2100, a dos, según World Bank. Puesta en términos absolutos, la población adulta mayor pasó de 0,7 millones a 4,2 millones entre 1950 y 2010 y ascenderá a 10 millones en 2050.
Otra particularidad del régimen previsional argentino a considerar en cualquier proyección que se haga es que se registra actualmente una cobertura casi total en el grupo de 75 años y más (97,9%), aunque baja considerablemente (87%) en el grupo de menor edad, entre los 60–65 y los 75 (Amadasi & Tinoboras, 2015). O sea, abarca más a los que superan la expectativa de vida promedio.
Claro que si se escarba en la pirámide de los niveles socioeconómicos, surge que la cobertura a la población de adultos mayores en el primer quintil, el de los más pobres, es de 85%. En el contexto latinoamericano, luce como uno de los más abarcadores y su carácter de excepcional lo han resaltado desde el Banco Mundial hasta otros organismos internacionales de Naciones Unidas.
“¡Cuidado! Estos estándares de amplia tasa de cobertura que tiene el sistema previsional en la Argentina colocan una tensión aún mayor para mantenerlos”, advierte la coordinadora del Programa de Protección Social de Cippec, Gala Díaz Langou.
Plantea que no solo cabrá tener en cuenta la mayor longevidad general, sino también “nuestra progresiva salida del bono demográfico, en donde la tasa menor de fecundidad decrece y las proyecciones muestran que habrá cada vez menos personas activas por cada persona dependiente”.
Jorge Colina
2037, año clave
¿Cuánto durará esta transición estadística hasta que los mayores de 65 años crucen el límite de 15% de la pirámide poblacional (actualmente representan 10,2%) y se agote el bono demográfico? Según Celade, la división de Población de Cepal, sería para 2037.
Colina anda más o menos por ahí en la estimación: “Es posible que a partir de 2025 –2030 la población activa de los países de mayor desarrollo relativo del cono sur: Argentina, Chile y Uruguay, ya no crezca proporcionalmente y comience un envejecimiento acelerado, mientras para los del resto de la región, que por ser más pobres se encuentran más atrasados, esto del fin del bono demográfico recién venga en el 2040/2050”.
En el otro lado del mundo ya echaron mano al asunto: “Japón ya empezó a reducirse. China se estima que en 15/20 años también lo comenzará a hacer porque sentirá el efecto de las políticas que aplicaron para que los matrimonios no tuvieran más de un hijo, lo cual generó cambios culturales”, recuerda el economista del Instituto de Desarrollo Económico y Social (Idesa).
Precisa que el bono demográfico seguirá en pie por estos lares mientras la mayor proporción de la población esté en edad activa. El estadio de envejecimiento se produce cuando la proporción de adultos mayores comienza a superar 15%, al tiempo que la de niños y jóvenes menores de 15 años es inferior a 30% de la población.
Díaz Langou, de Cippec, concede 10 años aproximados de plazo para que la Argentina llegue a una situación similar a la actual de Uruguay. Explica la experiencia que transitaron algunos europeos, y dentro de la región el país vecino, de que adoptaron reformas paramétricas en el sistema previsional, o sea, ajustes en los parámetros que permiten a una persona jubilarse. Trata sobre los criterios para acceder al beneficio, como la edad jubilatoria, que no sea 60-65 como ahora, sino 65-70 progresivamente, como sucedió, no fácilmente, en países como Francia y Alemania.
El análisis de tendencias de mediano y largo plazo efectuado por el actuario Carlos Grushka en 2011 estimó que, de mantenerse las reglas vigentes (particularmente el requisito de 30 años con aportes para acceder al beneficio), el porcentaje de adultos mayores con jubilación o pensión caerá en forma sostenida hasta cerca de 50% en 2040. A partir de entonces, y suponiendo un sostenido aumento en la tasa de formalidad laboral, se iniciaría una recuperación, llegándose a una cobertura de 69% en 2100 (World Bank, 2014).
En la Argentina, la cuestión no pasa solo por la línea etaria de corte, sino también por los montos que se liquidan. Colina considera que, en general, la tasa de reemplazo de la jubilación debería estar en el orden de 70/80% del salario en actividad, a partir de lo cual calcula que “se necesitarían por lo menos cuatro aportantes por cada jubilado, cuando lo que se ve es que cada vez hay menos aportantes y más jubilados; estaríamos casi en dos por cada uno si se comparan con el número de personas que las perciben, porque mucha gente cobra doble jubilación”.
Gala Díaz Langou
Envejecimiento a la vista
Una reconocida experta en la temática, como la directora de Mercer, Ana María Weisz, ordena conceptualmente las sumas y restas en torno de las edades: “Cuando decimos que la sociedad envejece no hablamos exclusivamente de longevidad, sino de que han bajado las tasas de natalidad y mortalidad. Este alargamiento de la vida mientras hay menos nacidos plantea un dilema: cuánto tiempo debemos financiar a los adultos mayores y con quiénes contaremos para ello”.
Y mete la cuchara más adentro: “Los efectos económicos que produce ese envejecimiento de la población no son menores. La escasez de talento está presente hoy y no está determinada por la baja en la tasa de natalidad sino por factores profundamente sociales relacionados con la educación y el pleno empleo de algunos sectores sociales”, señala.
Prosigue: “Atraer y retener talentos es un lema actual de recursos humanos, que será cada vez más cierto si estos factores no mejoran y el envejecimiento social continúa. Las personas trabajan más de 40 horas semanales y los jóvenes, comprensiblemente, desean recuperar la calidad de vida que brinda un buen balance”.
Sica le da una vuelta de tuerca orientada hacia las ciencias económicas, al poner de relieve la aseveración de uno de los principales referentes locales en demografía, José María Fanelli: que el ritmo desigual en el avance de la transición demográfica en las diferentes regiones ha generado asimetrías muy significativas entre las economías.
“En función de la etapa en que se encuentran, los países exhiben una evolución muy distinta de la oferta de trabajo, del ahorro y de la rentabilidad de los proyectos de inversión y ello, a su vez, determina tasas potenciales de crecimiento distintas y propensiones diferentes a generar déficit o superávit de cuenta corriente”, señala, para justificar que, en este contexto, “la Argentina se encuentra en una posición excepcional de la transición demográfica”.
Coincide con los autores de Los años no vienen solos en que el nuevo siglo inauguró una “ventana de oportunidad” que permanecerá abierta hasta mediados de 2030. En este período, el país contará con una mayor cantidad de personas en edad de trabajar en relación al porcentaje de población inactiva, ratifica.
En la misma dirección, el especialista líder en Protección Social del Banco Mundial, y otro de los autores del libro de marras, Rafael Rofman, descarta por ejemplo que haya que cobrar más impuestos, porque “aunque ayudaría en lo fiscal podría afectar la economía”.
La investigadora de CIPPEC exhorta en tal sentido a tener un panorama más amplio sobre el gasto público: “Si contemplamos las pensiones no contributivas del Ministerio de Desarrollo Social, el sistema previsional explicaría mayoritariamente el gasto social, lo cual se da en un contexto en el que la Argentina está concentrando las tasas de pobreza e indigencia en los niños y los jóvenes”.
Contrasta que mientras la mayoría de los pobres son niños, el Estado destina principalmente su inversión social en los adultos mayores. Es categórica cuando toma la proyección a futuro de la transición demográfica y la actual irrelevancia que le da la política a invertir en los niños y los jóvenes para equilibrar el sistema, para concluir en que “no solo sería poco viable sino poco deseable como sociedad apelar a rentas generales para reforzar el régimen jubilatorio”.
A Rofman tampoco lo seduce subir la edad jubilatoria o reducir estipendios, porque afectaría el bienestar de la población. La alternativa, para él, habría que buscarla en la macroeconomía, ya que “si el PIB per cápita creciera en forma sostenida permitiría que haya más para repartir por más que sean menos los que producen”.
Su colega Gragnolati lo sintetiza en una frase que posteriormente José María Fanelli adoptó: “La sociedad argentina tendrá que hacerse rica antes de hacerse vieja”.
No aportan todos los que están
La actualidad no depara demasiado optimismo: la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) asigna a la seguridad social un fuerte déficit en 2014; insumió $425.980 millones, 38% de las erogaciones del Estado nacional.
Un simple ejercicio numérico a partir de datos extraídos de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social dejaría al descubierto el desequilibrio. En la Argentina se contabilizan 8,8 millones de trabajadores que aportan a la Caja de Seguridad Social, sobre 16,1 millones que a fines de 2013 se calculaba como mano de obra ocupada. La mitad que falta, o no está registrada o se mantiene precarizada, es decir, sin la contribución patronal.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) calculó que en 2013, 49% de los trabajadores no tenía aportes previsionales, sea porque le pagan una parte en negro, o porque están inscriptos en categorías bajas del monotributo en relación con su estándar de ingresos. Si se cruza aquel porcentaje con los datos de población ocupada de la Encuesta Permanente de Hogares, resulta que 7,9 millones de trabajadores se encuentran en la informalidad.
Conseguir blanquear a todos los que se pueda sería la condición para arribar a un nuevo rellano de equilibrio en pos de la sustentabilidad fiscal, tras haber sido incorporados al sistema más de 2 millones y medio de beneficiarios, que perciben en gran parte $4.299,06 mensuales de la mínima y representan más de 70% del listado previsional.
Si los que no están fueran persuadidos de que no habrá nuevas moratorias y de que les convendría cumplir con lo suyo, como los demás, automáticamente se duplicaría la actual proporción de los activos sobre los pasivos: de 1,5 que tributan por cada uno que al que le paga Anses, sea por jubilación, pensión o asignación universal por hijo, el sistema previsional argentino respiraría una bocanada de oxígeno, según advierte Marcelo Capello, titular del IERAL de la Fundación Mediterránea.
Es que, recuerda la entidad cordobesa, solo 51% de los recursos de la gran caja de Anses se nutre de aportes y contribuciones genuinos de trabajadores y empleadores. Por eso, sería más que deficitario si no contara con un refuerzo de casi 40% que le transfiere el Tesoro Nacional de impuesto a las ganancias, IVA, parte de la masa coparticipable y otros, como bienes personales y los que gravan combustibles y cigarrillos.
Las quitas a la coparticipación federal para financiar a la seguridad social, con el compulsivo involucramiento de las provincias, no dan para más. El gasto público está al rojo con los actuales 7 de cada 10 pesos de la totalidad del gasto público que se asignan principalmente a las jubilaciones y pensiones, para que sean cobradas por 10,2% de la población.
El añejamiento de las colas
Otra variable que multiplica cada año las colas frente a las ventanillas bancarias ha sido el crecimiento de la expectativa de vida: más de 30 años en un siglo, al pasar de 47,3 años a 76,8 en el 2000. En la Argentina cada año se jubilan a los 65 los hombres y 60 las mujeres, que gracias a la medicina moderna y los hábitos más saludables cobran los haberes durante 10 años en promedio. En muchos casos, ni cuando mueren cesa el beneficio, ya que se transforma en pensión para el cónyuge.
Pero también la fuerte presencia del Estado en la salud de los adultos mayores, a través del Pami, extendió la cobertura directa a 70% de la población mayor de 64 años y a 98,7% de los mayores de 80.
Del total de los 4,5 millones de afiliados, 94,2% utiliza el organismo: 2 millones de afiliados cuentan con una cobertura al 100% en sus medicamentos; en 2004 solo 9.000 la tenían.
Los resultados estadísticos se sienten en la tesorería de Anses, que en dos décadas desde los 90 prolongó en 3,5 años promedio la emisión del cheque a cada beneficiario.
De no haber sido por la alta incidencia de enfermedades relacionadas con los malos hábitos, se le pudo haber agregado algún año más a la expectativa de vida al nacer, principalmente por los avances en el tratamiento de las patologías transmisibles y los cuidados maternos e infantiles, según determinó un consorcio internacional de investigadores que coordina el Instituto para la Medición y la Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington.
Cáncer de mama y ACV fueron señalados como las principales causas de muerte prematura de mujeres en el país y los accidentes de tránsito en los hombres, en tanto que la lumbalgia y la depresión son las primeras causas de pérdida de salud por discapacidad.
O sea que se dure más no significa que se viva mejor. Y si el jubilado estira los plazos de cobro por estar más tiempo, paralelamente le insume más gastos en salud al erario público contrarrestar las complicaciones de salud o discapacidad que trae aparejadas.
Desde el Asociación de Estudios Médicos vienen advirtiendo que los que tienen arriba de los 60 son los que más gastan en atención y remedios: 44% del presupuesto total de la salud, a lo que se agregarían los recursos materiales y de tiempo que muchas veces las familias deben destinarles al cuidado. La franja etaria que le sigue en demanda sanitaria es la de 41 a 60 años, con 25%; la de 21–40 tiene 21%, y la de menos de 20 años, 10%.
Weisz aclara que optar por un tipo de sistema, capitalización o reparto, no soluciona el descalce financiero que crea la longevidad. En América latina conviven ambos y, a veces, como en Uruguay, es mixto.
“El sistema de reparto queda determinado por la solidaridad intergeneracional y debe haber un justo equilibrio entre activos y pasivos. El envejecimiento de la sociedad del que hablábamos deteriora esta relación. El Estado tendrá que buscar reglas de financiamiento para compensar el déficit contributivo de la seguridad social”, reflexiona.
Advierte que “los sistemas de capitalización provocan en los beneficiarios enormes dudas sobre el mantenimiento del poder adquisitivo con fondos que deben durar más tiempo. Además, en países que han crecido, el PIB per cápita sobre el que se aportaba al sistema hace 20 años era significativamente menor, o si se desea ver de otra manera, los aportes realizados son insuficientes si se pretende un beneficio relacionado sobre el PIB per cápita actual”.
La experiencia argentina con las AFJP no llegó a acumular esa antigüedad porque en el medio atravesó un tsunami, la crisis de la convertibilidad en el 2001, que resintió al sistema bancario en el que se apoyaban y las dejó a merced de la ley estatizadora.
Los que se mantuvieron e inclusive crecieron en magnitud fueron los planes de pensión privados, cuya prevalencia subió alrededor de 53%. En general son contratados por profesionales independientes de altos ingresos o de común acuerdo con las empresas empleadoras cuando están en relación de dependencia.
La ejecutiva de Mercer los define como “planes de ahorro que mejoran la situación al retiro. Para ese momento, ya el beneficiario ha pensado en el costo de vida, en la calidad de vida durante el retiro, en achicar los metros de vivienda y busca soluciones eficientes; ha analizado el costo de vivir en grandes capitales y ha seleccionado un destino menos oneroso y que esté de acuerdo con sus preferencias. Todo ello hace al bienestar en el retiro. Jubilarse puede ser caro”.
Hay casos como el español, en el que el patrimonio acumulado en planes de pensiones asciende a € 97.000 millones, con un capital medio por partícipe de € 7.000. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones alertó en numerosas ocasiones del bajo nivel de ahorro de cara a la jubilación y la necesidad de incentivarlo. Una de las iniciativas que ha puesto en marcha es una sustancial rebaja de las comisiones que cobran las gestoras.
Ingreso a la vejez
Desde Cippec se concibe la jubilación como un ingreso universal a la vejez, lo cual vincula la propuesta sobre política pública nacional formulada por varias fuerzas políticas de 82% móvil a que se tome sobre el salario mínimo vital y móvil y que sea garantizada para todos los jubilados. “Funcionaría un piso universal que aseguraría que ningún jubilado viva en condición de pobreza, pero quitaría las que son más referidas como de privilegio, por ejemplo las del Poder Judicial, que reciben ese 82% y de aquellos salarios que son varias veces superiores al mínimo, vital y móvil”, especifica Díaz Langou.
A la vez, exhorta a “tener un poco más de conciencia de dónde estamos invirtiendo en el sistema previsional y cuáles son los retornos de esa inversión, y cuál es el costo de oportunidad en que estamos incurriendo al decidirla. Hoy sería invertir en la pobreza infantil”.
Colina invita a empezar ahora mismo el armado de un sistema que sea de capitalización, “que no necesariamente tiene que ser privado, sino que se puede hacer en organismos públicos, a fin de que las nuevas generaciones empiecen a ahorrar para su propia jubilación habida cuenta de que el régimen de reparto ya no va a ser sostenible después de 2020”.
Pasa revista al sistema chileno, que lleva más de 30 años, pero a su juicio tuvo un error de diseño y es que lo hicieron de capitalización pura. “Solo pueden acumular suficientes ahorros como para garantizar una jubilación razonable las personas de altos ingresos. Los que perciben medios y bajos, la mayoría como en cualquier mercado laboral, ahorraron poco y ahora cobran jubilaciones insuficientes. Recién Bachelet hizo unas reformas del 2008 en adelante para garantizarles montos mínimos a los que juntaron poco por haber tenido trabajos informales, intermitentes o mal remunerados. Por eso es que Chile tiene aún baja cobertura e inclusive mucha gente con exiguas prestaciones, aun cuando el sistema es de capitalización”, expone.
En cambio, ve el modelo uruguayo como un buen ejemplo a considerar, porque todos aportan al sistema público hasta un determinado umbral de monto de salario, por encima del cual pasa al sistema de capitalización. “Este esquema de que primero hay un límite para el sistema público y que por encima va a capitalizar garantiza un salario mínimo razonable para toda la población en edad de jubilarse y luego las personas que tienen más capacidad para ahorrar lo hacen sobre el excedente de ese nivel”, simplifica.
Mirando la situación actual del sistema previsional argentino, Colina imagina un traspaso que contemple una forma de beneficios repartida en tres bandas:
1- Una prestación universal que recibiría todo ciudadano que llega a la edad de jubilarse, y que debería cubrir 80% del salario mínimo y legal, independientemente de que tenga o no los aportes, lo que no se materializaría a través de moratorias;
2- Otra comprendida por los que pudieron aportar con sus salarios pero con un tope relativamente bajo, que hoy sería de $20.000 de salario, y
3- Para los que superen ese umbral habría una tercera banda, compuesta por aportes voluntarios en compañías de seguros de retiro que hoy están funcionando y que construyen sistemas de jubilación basados en los aportes que haya acumulado cada cuenta.
El economista jefe de Idesa advierte que, mientras el mundo ha ido a esquemas que aumentan las edades jubilatorias, en la última década “en la Argentina fuimos al revés, las bajamos, pero no para todos sino en casos especiales: los de privilegio. En el caso del adelantamiento de cinco años para las mujeres denuncia distorsiones, como con las docentes, al ser que muchas cobran más años de jubilación que los que aportaron”.
Razona que en lo que se haga debería cuidarse que se mantengan los incentivos a cumplir con los aportes. “Cuando uno empieza el envejecimiento y piensa en la jubilación, lo hace en función de su nivel de ingresos y de lo que cada uno aportó”, acota.
Edad de retiro
Ana María Weisz está convencida de que los cambios económicos por el envejecimiento llevarán a postergar la edad de retiro, y lo fundamenta en que las empresas necesitarán que las personas más experimentadas cubran el bache por una menor y más tardía incorporación relativa de los jóvenes, que planifican familias con menos hijos. Aclara, sin embargo, que no será una solución que resuelva 100% del problema.
Hace hincapié en otra arista de un eventual alargamiento por ley de la edad activa: que haga desaparecer automáticamente las necesidades del mercado laboral de reestructuración o renovación de generaciones ante una obsolescencia temprana. El orden natural que plantea sería que primero venga la competencia por la retención del joven, y recién luego las adaptaciones para que el adulto mayor resulte productivo.
Acerca de la edad de retiro de la mujer, 60 con opción a 65, la avizora también pasible de ser cambiada. “¿Pagar una prestación desde más temprano a una persona que vive más?”, se pregunta.
Sugiere más modificaciones, como por ejemplo corregir que en la Argentina el régimen nacional sea compatible con el trabajo, es decir que una persona pueda percibir su salario y su jubilación a la vez.
Invoca al respecto que en alguna provincia el jubilado que se reinserta en la actividad laboral suspende el cobro de su jubilación y cuando retoma puede ver su haber incluso mejorado.
Ve en las pensiones por fallecimiento todo un capítulo a revisar, si se desea dar aire al sistema con ecuanimidad. Invita a pensar en la edad de los viudos/viudas o convivientes y su situación laboral, ya que el Estado afrontaría, si es el caso, la prestación vitalicia a una persona joven y que trabaja. Puede revisarse.
Menciona como otro gasto del Estado a la garantía de los mínimos, que no quedan necesariamente financiados por los topes máximos. Pero reconoce la imposibilidad de accionar en este aspecto, por ser misión del Estado garantizar la cobertura a cuantas más personas sea posible. Recomienda, en tal sentido, que el Estado obre con mayor eficiencia a la hora de recaudar, e incentive la formalidad en el empleo.
Insta a no olvidar que los enfermos, 90% de los viejos, los inválidos, los viudos/viudas y convivientes y niños, están financiados por el trabajador aportante sano.
Weisz admite que la prestación mínima para personas de menores recursos sea obligación del Estado, pero se pregunta: “¿Cómo se justifica el haber mínimo para autónomos o monotributistas de buen pasar? ¿Por qué el Estado aquí garantiza la brecha entre el haber proveniente del cálculo y el mínimo?”.
Piensa que “nos debemos un sistema que sea fácil de entender, transparente y comunicable, que produzca familiaridad, que provoque el orgullo de pertenecer, que apunte a todos los segmentos etarios, oriente a los jóvenes a concientizarse y que haga que la rotación laboral frecuente o la tendencia a encarar emprendimientos propios, especialmente en el joven, no entorpezca su continuidad previsional”.
Mitos y banderas
Cuando escucha hablar de 82% móvil confiesa que no le inspira respuestas sino preguntas. “La movilidad ya existe así qué quisiera saber que otro índice se propone. ¿82% como tasa de sustitución del salario? Siempre me interesó saber por qué no el 90, el 85 o el 78? Además cuando tratan estos temas ex funcionarios de Anses espero más precisiones. Que digan cómo será el cálculo y cómo se financiará no durante un período electoral sino por los próximos 50 años”.
Otro drenaje importante del sistema son los juicios por ajustes, que superan el medio millón. “Es que los poderes ejecutivo y legislativo no reaccionaron ante sentencias de la Corte Suprema que exigían un índice de movilidad. Y luego entonces nos encontramos con fallos que dictaminan el índice. Los juicios de reajuste en general son reclamos del índice fallado por la Justicia cuando resulta mejor al de la Ley de Movilidad”, explica la ejecutiva de Mercer.
Gala Díaz Langou sostiene que subir edades y/o ajustar los montos representa un costo político desproporcionado sin que por ello quede garantizada la sostenibilidad del régimen. Ambas medidas son insuficientes y no se pueden mantener a la larga. “Al transcurrir dos años, la transición demográfica va más rápido que por lo general lo que permiten las reformas políticas en marcha. Para solucionar este tema desde el vamos se requieren otro tipo de medidas que están mucho más ligadas a la productividad que genera la economía, el incremento de la población en edad de trabajar y esto remite fundamentalmente a dos cosas:
• Una medida a largo plazo, pero no tanto, sería invertir correctamente en el desarrollo y jubilación temprana, así como en la formación profesional, de la primera infancia y la juventud. Hoy se desinvierte y se concentra ahí la pobreza, cuando serán los que tengan que sostener mañana, en una eventual crisis, el sistema previsional. Y ese costo recaerá a largo plazo en la sociedad en su conjunto.
• La inserción laboral de las mujeres sería la otra, ya que tienen una tasa de inactividad mayor que la de los hombres: 75% de los ni–ni son mujeres, que realizan tareas de cuidado al interior de los hogares. Este colectivo de personas tendría el potencial de generar ingresos en el sistema previsional si se insertasen en el mercado laboral, un sistema de servicios que en la Argentina se encuentra fuera de la agenda pública, pero en otros países, como en europeos o Uruguay, se tomaron como prioridad. Estuvo entre las tres claves de campaña de Tabaré Vázquez, porque se considera un factor primordial para habilitar la inserción laboral de estas mujeres que hoy están inactivas pero pueden llegar a incrementar la productividad del país”.
Corolario
Nadie en el mundo se salva de atravesar la transición demográfica, en la cual la población pasa de una situación de alta fertilidad y alta mortalidad a otra de baja fertilidad y baja mortalidad.
Entre las causas que motorizan este proceso se destacan la reducción de la tasa de mortalidad gracias a los avances en el plano de la salud, la menor tasa de fertilidad y la elevación de la esperanza de vida.
Como el proceso comenzó hace muchas décadas y aún está lejos de concluir, se impondrá contextualizarlo con el desarrollo económico y social, que en especial considere como un todo las jubilaciones, la salud, la educación, el mercado de trabajo, la productividad y la política fiscal.
Muchos Chatzifotiadis lo esperan para que las lágrimas derramadas por haber quedado sin cobrar la jubilación no sigan regando al mundo.
“Al día siguiente no murió nadie”
Cuando las ciencias racionales hacen agua al analizar la incidencia del creciente aumento de las expectativas de vida en un sistema de solidaridad intergeneracional tan complejo como el de la seguridad social, es en la literatura donde puede encontrarse el dramático foco sobre qué nos depararía una vejez eterna a partir de un 31 de diciembre.
En esa dirección, la novela Las intermitencias de la muerte, del premio Nobel portugués José Saramago, editada hace 10 años, gira en torno de las consecuencias de un hecho que hoy no nos puede sorprender tanto: que las personas no fallezcan (al menos en el pueblo donde cobra acción la novela de Saramago).
Las alternativas son variadas. En el campo de la Iglesia: ¡sin muerte no hay resurrección!); en el campo de la industria de seguros sobre la vida: como la gente no fallece no hay necesidad de coberturas; en el campo de las camas del servicio hospitalario, los ancianos entran y no salen…; la jubilación se torna perpetua y no hay cómo financiarla. Y, por supuesto, los focos políticos cambian radicalmente, ya que la población votante tiene otra edad.
Vivimos más, pero con muchos dolores
Médico y profesor de salud global de la Universidad de Washington, Rafael Lozano explica que “en la Argentina aumentaron los años de vida en promedio, pero este aumento hubiera sido mayor de no haberse perdido años porque la gente está enferma”.
De acuerdo con los datos del informe que elaboraran en la casa de estudios, en 1990 la población argentina perdió, en promedio, 9,4 años de vida sana; mientras que según las mediciones de 2010, esa cifra subió a 11,2 años.
Si bien el país logró disminuir la mortalidad en todos los grupos de edad, particularmente en los menores de cinco años, tiene un perfil muy cargado hacia las enfermedades no transmisibles de larga duración.
Y, al contabilizar las pérdidas de salud asociadas a la discapacidad de las enfermedades, se observa que la esperanza de vida saludable –los años que se viven sin enfermedad– es de 64,7 años. En 1990, era de 63,1 años.
En expectativa de vida saludable, en relación con los países de la región, la Argentina se ubica mejor que Perú, Colombia y Brasil, aunque no que Chile.
A escala global, la Argentina ocupa el lugar 45. A la cabeza están Japón, Corea y España. Con matices, el aumento de la esperanza de vida y el descenso en la calidad se da en todo el mundo.
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de la pérdida de años de vida saludable entre los argentinos de ambos sexos. Siempre en base a la evolución entre 1990 y 2010, siguen los accidentes cerebrovasculares (ACV), la depresión, la lumbalgia, las infecciones respiratorias bajas, los accidentes de tránsito, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las complicaciones en el embarazo, la diabetes, otros trastornos musculoesqueléticos y dolor cervical. La lista incluye en total 25 causas principales.
Quienes trabajaron en el estudio global explican que la depresión o la lumbalgia no son causas de muerte, que nadie se muere por ellas, pero se sufren y durante varios años. Dicen que son consecuencia de las condiciones en las que se vive, de una pobre calidad de vida, de la falta de actividad física o de la obesidad, y que en definitiva expresan una gran carga de enfermedad.
Es evidente que el avance de la medicina permitió en esos veinte años un mayor acceso de la población a los tratamientos médicos. Y eso hizo que las enfermedades que antes eran mortales se convirtieran en males crónicos que no matan, pero se sufren, provocan secuelas o discapacidades y, según la patología y el caso, brindan una mejor o peor calidad de vida.
Lo cierto es que muchas de estas enfermedades “son evitables y la responsabilidad es compartida entre los ciudadanos y el Estado”, afirma Lozano.
La cobertura universal llegará a los medicamentos
Jorge Colina rechaza que la salud tenga que ser financiada en función del nivel de ingresos y no de la necesidad de cada uno, lo cual lo lleva a pensar en esquemas solidarios y universales.
El sistema de salud en su conjunto, no sólo para los jubilados, va a tender hacia un fondo de cobertura universal para la nueva generación de medicamentos, con tecnologías muy elevadas.
“Para alinearlo a este esquema el riesgo es que los medicamentos biológicos (inclusive algunos personalizados), que están apareciendo y seguirán haciéndolo, tienen una enorme efectividad en el tratamiento de enfermedades que eran mortales e incluso para curarlas, con lo cual extienden la vida de la gente. Pero son extremadamente caros y cada vez lo son más porque tienen muchísima innovación e investigación”, advierte.
Uruguay tiene un fondo nacional de recursos, al que aportan todos los agentes de salud, las mutuales (que se las llama seguros privados) y el sistema público, cuya cobertura alcanza a todos los ciudadanos, y le paga estos medicamentos a cualquier uruguayo que los necesite.
Dos interrogantes
¿Habrá jubilación, y será adecuada y sostenible?
El envejecimiento es un proceso que afecta a toda la sociedad. El incremento sostenido de los grupos de mayor edad, tanto en cifras absolutas como en relación con la población en edad de trabajar, tiene una influencia directa en la equidad y solidaridad intergeneracional e intergeneracional.
Por Ana María Weisz (*)
El envejecimiento de la población es un proceso íntimamente ligado a la transición demográfica, el paso de altos niveles de natalidad y mortalidad a niveles controlados. Según datos de Naciones Unidas, entre 1950 y1955 la tasa global de natalidad era de 5 hijos por mujer. Para 2000-2005 se redujo a 2,7 hijos por mujer y se prevé que vaya disminuyendo hasta los 2,1 hijos por mujer para 2045/2050. La esperanza de vida al nacer, ha ascendido desde los 46,5 años de 1950-1955 a 66 en 2000-2005 y a 76 proyectados para 2045-2050.
Tiene además importantes consecuencias en todas las facetas de la vida humana: en lo económico, incide en el crecimiento, el ahorro, la inversión, el consumo, los mercados de trabajo, las pensiones, la tributación, las transferencias intergeneracionales; en lo social incide en la salud y su atención, la composición de la familia y la vivienda en lo político puede influir en los patrones de voto.
Entre las significativas consecuencias de este proceso, nos ocupa en especial la seguridad económica del adulto mayor, es decir, la capacidad de disponer con independencia una cierta cantidad de recursos económicos regulares, suficientes para asegurar una buena calidad de vida en la vejez.
Ello a la vez dependerá de más de un factor: los sistemas de pensiones, los ingresos procedentes del trabajo, los ahorros (activos físicos o financieros incluyendo los planes de pensión privados); el apoyo familiar y/o de redes de contención.
Entonces la pregunta que cabe es si nos vamos a poder jubilar y si la prestación que eventualmente percibamos será adecuada y sostenible en el tiempo. Y esta pregunta no solo corresponde para los sistemas de reparto sino también para los de capitalización.
Longevidad y menos activos
Los sistemas de reparto son financiados por los trabajadores en actividad. Por ello la ecuación de cuántos activos hay en un sistema para financiar a cuántos pasivos es pertinente. Entonces la sustentabilidad del sistema estará amenazada no solo por la longevidad sino por una menor cantidad de activos. Y en los países en que la cobertura previsional sea escasa, el Estado deberá además proveer fondos para mejorarla.
Pero los sistemas de capitalización también están pasando por un momento de puesta en duda y revisión; veamos para ello el caso cercano de Chile. Según el Ãndice de Pensiones elaborado por Mercer (Melbourne Mercer global Pension Index), que evalúa 25 sistemas de seguridad social en 2014 entre los que está Chile, el posicionamiento global de su sistema de seguridad social en promedio de todas las ponderaciones (adecuación, sustentabilidad y transparencia) es 8, incluso arriba de países del primer mundo.
Pero cuando vamos al posicionamiento del índice de adecuación (cuantía de la prestación) el número baja a 17. ¿Y por qué la tasa de sustitución es tan baja en este momento? Por más de un factor. La mejora en la longevidad sin duda es un factor determinante, pero para un sistema de ahorro como el chileno, el crecimiento del PBI per cápita en los últimos años también lo es. La sociedad chilena aportó durante años sobre un salario inferior al actual, y es el actual con el que cada uno se compara.
Las soluciones son complejas e implican dinero para financiar una vida más larga y compensar las grietas que dejan todos los tipos de sistemas. La discusión debe encararse con una mirada de largo plazo y beneficiará a futuras generaciones, a personas que hoy no representan un voto ni recordarán, salvo por los libros de historia, que fuimos protagonistas del cambio.
(*) Directora de Retiro en Mercer Argentina y Cono sur.
Menor dependencia de los aportes de los Gobiernos
Los individuos solventarán la mayor parte de las jubilaciones
En el ranking de los países con mejores sistemas jubilatorios figuran: Dinamarca a la cabeza, seguida por Australia y Holanda. Luego siguen Finlandia, Suiza, Suecia, Canadá, y un representante de la región, Chile (justo antes que Gran Bretaña). Fueron 25 los países analizados (la Argentina no figura) que representan 58% de la población mundial.
Por María Teresa Lavayén
El informe fue realizado por la oficina de Mercer (la consultora global en recursos humanos) en Melbourne.
Los criterios de calificación se basaron en un conjunto de variables como suficiencia, sustentabilidad e integridad de los sistemas de pensión. Para ser sostenible, un país debe tener al menos 70% de la población económicamente activa como parte de los sistemas privados de pensión. Algunos países, como Dinamarca, Holanda y Chile, tienen más de 75%.
El redactor del informe, David Knox, es un reconocido experto mundial en el tema, que accedió a esta entrevista con Mercado.
–Cualquiera sea el sistema jubilatorio que adopte un país hay desafíos mundiales que hacen dudar de la sustentabilidad y adecuación del beneficio. Uno es el aumento de la expectativa de vida que hace que más gente viva más tiempo. Otro es la velocidad del avance tecnológico que cambia el trabajo y necesita menos trabajadores. ¿Habrá suficientes trabajadores activos para financiar a los retirados?
–La expectativa de vida viene creciendo desde hace décadas y suponemos que seguirá creciendo. Una de las consecuencias, suponemos, es que la gente va a trabajar durante más tiempo.
La tecnología está cambiando la manera de trabajar, Sí, aunque lo viene haciendo desde hace unos 100 años y lo seguirá haciendo. ¿Significa eso que necesitaremos menos trabajadores? Tal vez, pero nadie lo sabe con seguridad.
Lo que sí es cierto es que el sector servicios seguirá creciendo y desarrollándose. Eso incluye salud, cuidado de la ancianidad y turismo/ocio.
El panorama que veo por delante es uno donde la gente trabajará más años y tendrá buena salud durante más tiempo. Mientras tanto la productividad seguirá mejorando con el avance de la tecnología. También veo como inevitable que, con una población cada vez más longeva, los servicios del Gobierno se reducirán y los individuos tendrán que solventar una proporción mayor de sus propias necesidades jubilatorias.
David Knox
–Una de las soluciones que encuentran algunos países para hacer frente al envejecimiento poblacional es elevar la edad jubilatoria. Pero esta idea no solo no parece prosperar sino que por el contrario hay países que la están bajando (Alemania en algunos casos particulares e Italia está analizando la idea). ¿Por qué ocurre esto?
–Creo que tenemos que distinguir entre edad jubilatoria y la edad requerida para poder acceder a la pensión jubilatoria que brinda el Gobierno. Muchos países no tienen una edad oficial para retirarse. Eso significa que alguna gente seguirá trabajando más allá de los 70. Sin embargo, también hay que aclarar que mucha gente se retira involuntariamente debido a recortes y o despidos o por problemas de salud, o de salud de sus familiares. En suma, creo que el retiro será mucho más flexible en los próximos años. Algunos harán una transición gradual hacia al retiro (por ejemplo, trabajando tres o cuatro días a la semana) mientras otros se jubilarán a la manera tradicional.
–Debido a la crisis financiera en Europa parecería que el espíritu en todos los países del bloque es que los recortes de presupuesto no deberían afectar las jubilaciones. Protegen a los mayores de las medidas de austeridad. En el sur de Europa, por ejemplo, dicen que los abuelos brindan ayuda financiera al resto de la familia. Esto significa menos ayuda a los jóvenes y los mueve a emigrar en busca de trabajo. ¿Qué alternativas podría haber para armonizar las necesidades de los ciudadanos activos y pasivos?
–Las interacciones sociales entre generaciones varían mucho de país en país. No hay una respuesta única, en especial en un mundo con gran movilidad laboral.
Uno de los problemas es que los Gobiernos no han enfrentado totalmente las consecuencias financieras del envejecimiento poblacional. Una forma de ir hacia adelante es establecer acuerdos de transición de largo plazo para que los actuales jubilados no se vean demasiado afectados. Un ejemplo sería aumentar gradualmente la edad para acceder al beneficio jubilatorio.
–Suponiendo que se mantenga la actual tendencia demográfica, ¿qué se puede hacer para asegurar que la generación joven tenga un trabajo decente y alguna protección social?
–De nuevo, no hay una respuesta única. Sin embargo, sin producción económica no habrá impuestos o seguridad social. Por lo tanto los gobiernos deben continuar construyendo el futuro con educación, infraestructura, tecnología, etc.
Siempre habrá un equilibrio entre lo que brinda el Gobierno y lo que es responsabilidad del individuo. La respuesta para cada país será diferente según los factores sociales, culturales e históricos.
–Entre los distintos sistemas de retiro del mundo que estudia el Melbourne Mercer Global Pension Index, ¿hay algunos rasgos comunes? ¿Algunos de ellos manejan mejor los desafíos actuales?
–En general, sugerimos que los mejores sistemas jubilatorios tienen las siguientes características:
• Buena cobertura, o sea que la mayoría de los trabajadores tienen planes jubilatorios financiados privadamente.
• La tasa de aporte fijada para cada trabajador sea por lo menos de 8% de los ingresos y que esos fondos sean invertidos para el futuro. Hay aportes adicionales o impuestos para pagar jubilaciones actuales.
• Como resultado de esos aportes, los activos de los fondos de pensión son invertidos y deberían crecer con el tiempo hasta convertirse por lo menos en 100% del PBI.
• Beneficios que surgen de los aportes y cualquier plan de seguridad social deberían brindar un ingreso jubilatorio adecuado.
• Hay una jubilación mínima pagada por el Gobierno y a disposición de los más pobres.
• El sistema de jubilación privada está bien regulado.
–En la Argentina tenemos un sistema jubilatorio en el cual el monto de la jubilación está ligado al sueldo y a los años de trabajo. Durante muchos años funcionó bastante bien porque la relación trabajadores activos/ jubilados era bastante alta. Llegó a ser de 5 a 1. Ahora la relación es 1 a 1. Un trabajador financia un jubilado. Esto provoca preocupaciones sobre la sustentabilidad del sistema en el tiempo. Ahora, además, el Gobierno incluyó a todos los ciudadanos en edad de retiro, ya sea que hayan o no formado parte de la fuerza laboral o sea, que hayan hecho aportes o no. Eso significó agregar dos millones de personas a la lista de beneficiaries. ¿Esta política existe en otros países?
–Los sistemas jubilatorios en la mayoría de los países brinda beneficios tanto a los que han aportado (o sea, que han formado parte de la fuerza laboral) como a aquellos ciudadanos que pueden no haber trabajado. En algunos casos la pensión básica solo es para los pobres.
Sin embargo hay varias medidas que se han estado usando en el mundo para reducir los costos de esas pensiones. Las medidas incluyen:
• Aumentar la edad de retiro
• Reducir la pensión, especialmente para parejas
• Indexar la pensión a una tasa más baja
• Reducir la pensión a aquellos que tienen otros activos.
–Con referencia a los acuerdos privados de retiro, el segmento que incluye a ejecutivos de empresas. ¿Cuáles son las tendencias más sólidas y las mejores opciones: ahorros, seguros, inversiones?
–Como dije antes, los acuerdos privados de jubilación deberían incluir a todos los trabajadores, no solo a ejecutivos. Esto significa que la provisión de jubilaciones se reparta entre el Gobierno y el sector privado.
Las mejores opciones de retiro dependerán de las condiciones locales, incluyendo los mercados de capitales. En algunos casos, implica contratos de seguros mientras en otros casos representa inversión o fideicomisos jubilatorios.
–¿Cómo ve el futuro de las jubilaciones en el mundo?
–El retiro será más flexible. Algunas personas no se van a jubilar nunca mientras que otras se retirarán con fondos suficientes. El financiamiento de las jubilaciones también va a cambiar porque deberemos depender menos de los acuerdos del Gobierno.
Curiosa unión de marxistas y conservadores de Europa
Superando todas sus diferencias ideológicas, los Gobiernos del bloque europeo protegen a los mayores de los planes de austeridad.
Un buen ejemplo fue el encuentro a principios de este año entre George Osborne y Yanis Varoufakis, los dos ministros de finanzas de Gran Bretaña y Grecia. El británico es conocido como el paladín de la austeridad, luego de haber recortado nada menos que £ 100.000 millones del presupuesto del Gobierno desde que asumió el cargo en 2010.
Por su parte el economista radical griego había jurado volver a poner a Grecia en el camino del crecimiento aflojando el largo periodo de ajuste de cinturón que atraviesa el país desde que comenzó su crisis fiscal en 2009.
Pero a pesar de las diferencias ideológicas, los dos hombres parecen compartir un imperativo político: ahorrar a los jubilados y trabajadores de edad los cortes que sus Gobiernos deben hacer para reducir el déficit presupuestario.
En Grecia, las negociaciones con los acreedores internacionales por la ayuda financiera, la reforma jubilatoria siempre fue un punto clave, no negociable.
En Gran Bretaña, el gobierno conservador está tratando de recortar otros £ 121.000 millones en bienestar social, pero prometió no tocar los pases gratuitos en todo el sistema de transporte que da a los jubilados y los generosos aumentos que otorga el Gobierno a todos aquellos afortunados que ya han dejado de trabajar.
Esta extraña alianza en favor de los ancianos va más allá de las fronteras de Grecia y Gran Bretaña. Uno de los primeros actos del nuevo gabinete alemán en 2014 fue bajar la edad de jubilación a algunos trabajadores. Matteo Renz, el joven primer ministro italiano, contempla una idea parecida, que amenaza con anular partes de una gran reforma jubilatoria que aprobó Roma en 2011.
Hay, claro, diferencias importantes en el nivel de vida de los jubilados en Europa. Los retirados griegos vienen sufriendo recortes desde 2010. Casi la mitad recibe menos de €665 al mes, por debajo de la línea oficial de pobreza.
El argumento más plausible para explicar la protección a los jubilados en toda Europa tiene que ver con su historial de votación. En Gran Bretaña, casi cuatro de cada cinco ciudadanos de más de 56 años votaron en las elecciones generales de mayo, según información de la encuestadora Ipsos Mori. En cambio, entre los que tienen menos de 35, la proporción que vota es más o menos 50%.
Los políticos europeos se encuentran ante un dilema. La Comisión Europea prevé que los mayores de 65 constituirán casi 30% de la ciudadanía de la UE para 2060, algo que significará una enorme carga para los gastos del Gobierno.
Pero como la edad del votante medio también va a subir, será más tentador castigar a los trabajadores jóvenes –por ejemplo, elevando impuestos y aportes a seguridad social– que recortar los beneficios jubilatorios.
Los Gobiernos de izquierda de derecha, entonces, podrían producir el mismo resultado: reducir los incentivos al trabajo y, como consecuencia, bajar el crecimiento. Eso debilitaría la estabilidad de los mismos sistemas jubilatorios que pretenden proteger.
