Hace 1.000 años, en medio de la edad oscura europea, surgió con nitidez un fenómeno social que tendría impacto revolucionario. Desde el púlpito, el sacerdote hablaba a los fieles. Evangelizaba, transmitía la información y el conocimiento que le interesaba, amenazaba con las furias del infierno o prometía las delicias del paraíso.
Fue el comienzo de un “formato” muy exitoso. En la Universidad de Bologna (tal vez la primera en Occidente) se ejercitó y pulió el mecanismo. El profesor (muchas veces un religioso) hablaba desde la tarima –en reemplazo del púlpito– a los estudiantes sentados en gradas –que reemplazaban a los bancos de las iglesias–.
Nada que ver con la escuela de los peripatéticos griegos. Esta era otra relación, de autoridad –el profesor más arriba, los estudiantes más abajo–.
Durante casi un milenio, con todas las variantes imaginables se mantuvo este “formato”.
Pero ahora, por primera vez en siglos, emerge otro “formato” que seguramente tendrá un profundo impacto transformador.
Adquirir educación –aunque parezca un símil irrespetuoso– puede seguir el mismo camino que la compra de música. Ya no más el CD del comercio que vende música. Ahora todo el proceso es digital.
Esta generación –y mucho más las futuras– necesitarán cada vez más avanzadas habilidades tecnológicas para sobrevivir y prosperar en este siglo. Lo que implica que todo lo vinculado con la actividad IT en educación, o con la educación online si se prefiere, es una preocupación a escala global.
De un lado aparece la crítica a sistemas educativos desactualizados, universidades y escuelas de negocios que enseñan hoy lo que dejó de ser práctica usual hace cinco años; o que tienen bajos indicadores de graduación y altos de abandono.
La preocupación es evidente entre los empleadores, los que deben reclutar y mantener graduados calificados para las posiciones a cubrir.
Hay consenso en que la tecnología ha facilitado las tareas simples en educación, pero también en que todavía no hay avances relevantes en la creación de una experiencia de aprendizaje, de sumar conocimiento.
El gran dilema es cómo concebir sistemas de aprendizaje y educación inteligentes, móviles, atractivos y especialmente que se adapten a la singularidad de cada individuo. Hay quienes suponen que la tecnología es la solución para resolver muchos de los problemas con los que tropiezan instituciones y proveedores de servicios educativos.
El argumento es que estamos a la puerta de una revolución digital, tan drástica y disruptiva como la que transformó a otros sectores como medios, entretenimiento y servicios financieros.
Signos del cambio
La primera demostración de la revolución en ciernes es la proliferación de laptops y tabletas. Aunque esas son herramientas elementales. Lo interesante es lo que viene en desarrollo de software y en el delivery de servicios educativos.
Nadie duda que escuelas y universidades necesitan herramientas más sofisticadas que las que están actualmente disponibles para que los maestros y profesores puedan mejorar el proceso educativo.
Herramientas tan sofisticadas y recientes como big data se transforman, con su capacidad predictiva, en preciso instrumento para medir el progreso y las necesidades de los estudiantes. Un arsenal que combina una democratización de la enseñanza, a bajo costo y de alta calidad, con la posibilidad de adaptar ese proceso a los requerimientos de cada estudiante individual. No es solamente Internet, la banda ancha, la inmensa capacidad disponible para transmitir data (en especial videos), y los medios sociales.
Tal vez lo más revolucionario es el uso de análisis predictivo y de educación adaptable. El currículum de cada materia se podrá ajustar inmediatamente a las necesidades individuales de cada estudiante.
Lo cierto es que la creciente presencia de cursos online por parte de las tradicionales –y hasta vetustas– casas de altos estudios, está sacudiendo todo el entramado educativo y la forma en que se imparte la educación que comienza a mostrar que adquirirá otros perfiles desconocidos hasta ahora. Que se trasladarán a otros tramos de la formación educativa en el plano de la escuela secundaria y de la primaria. Una verdadera revolución para los profesores, para los establecimientos educativos y para los especialistas que supervisan la actividad.
La gran transición ha comenzado en la educación superior. Son muchas las universidades que están experimentando con nuevos cursos online dejando de lado las clases tradicionales y los laboratorios físicos.
Las posibles ventajas son evidentes. Cuando los estudiantes están conectados, los profesores pueden monitorear su trabajo y sus avances de modos hasta ahora imposibles. Además de la sensible reducción en los costos de la educación, los cursos online permiten avanzar a estudiantes que además deben trabajar para ganar un salario. Un solo y calificado profesor puede impartir enseñanza y evaluar avances de centenares –y hasta millares– de alumnos.
Pero también hay inconvenientes. El abandono en los cursos online es superior al que se da en los tradicionales claustros. Falta la red de contención de los vínculos sociales de la presencia física en la clase. Los vínculos personales, emocionales, que se anudan en el ámbito físico suelen durar toda la vida profesional del hoy estudiante. Como dicen críticos agudos del nuevo escenario, no es lo mismo entender el mundo que ser exitoso en el mundo.
No hay duda de que la enseñanza online producirá una transformación educativa. La educación tradicional, como siempre la hemos conocido, no será igual nunca más. Ha cambiado. Esperemos que tengan razón los argumentos optimistas.
Cómo ahorrar en infraestructura
Nada más que mantener el ritmo del crecimiento estimado del PBI mundial exigirá en materia de infraestructura, inversiones por valor de US$ 57 billones (millones de millones) entre hoy y 2030. Ese es el cálculo del McKinsey Global Institute que ha hecho una investigación centrada en este punto.
Todo el debate global es sobre cómo obtener los recursos disponibles para este fin, para reducir o eliminar la congestión del tránsito, la falta y los cortes de energía, y para tener acceso a agua potable y sistemas de drenaje.
En los últimos 18 años se invirtieron US$ 36 billones. En verdad, esta última estimación de US$ 57 billones se aproxima al valor actual de toda la infraestructura existente. Sin incluir el modo de hacerla más resistente y flexible a los cambios climáticos.
Las consecuencias que todavía se están pagando de la gran crisis financiera de 2007/8, convierten en gran dificultad obtener las inversiones requeridas.
El caso argentino –como suele suceder– presenta singularidades que lo diferencian de este proceso (ver la exhaustiva investigación de Mercado a partir de la página 32).
Pero en el escenario planetario, los expertos de McKinsey sostienen que se puede incentivar la productividad de este sector de modo tan notable como para reducir la cuenta en 60%. Es decir que con el restante 40% se podría lograr un ahorro anual de US$ 1 billón (el ahorro de 60% a lo largo de 18 años implica terminar pagando US$ 30 billones por una infraestructura valuada en US$ 48 billones).
No hay nada mágico en la solución prevista. Mejorar la selección de proyectos, su realización, eliminar desperdicios y adoptar siempre buenas prácticas.
Hay tres tipos de acciones que garantizan ahorros, según este estudio. Uno es la optimización del porfolio de proyectos. Hay que evitar obras que no tienen claras necesidades definidas o no garantizan suficientes beneficios. Según los responsables de la investigación, esa combinación de elegir los mejores proyectos y eliminar los inadecuados puede significar un ahorro anual de US$ 200.000 millones.
La segunda línea de acción, la del flujo de trabajo racional, permite acelerar los procesos de aprobación, la fuerte inversión en las primeras etapas del planeamiento y diseño, y la formulación de contratos para ahorrar tiempos y costos. De ese modo se calcula que se puede lograr otro ahorro anual del orden de US$ 400.000 millones.
Pero el tercer tipo de acción es realmente atractivo. En lugar de invertir en nuevos y costosos proyectos, se pueden solucionar muchas necesidades aumentando la capacidad de la infraestructura existente, mejorando la capacidad disponible, impulsando mayor utilización, y sobre todo, optimizando el mantenimiento. De este modo los ahorros anuales pueden ascender a US$ 400.000 millones.
Para que eso sea posible, y de verdad obtener ahorros, hay que abandonar la práctica usual de los Gobiernos de avanzar proyecto tras proyecto. Hay que desarrollar mejores sistemas de planeamiento, de coordinación de operaciones, mejor comunicación entre organismos públicos, y entre estos y el sector privado. Se requiere una clara diferenciación entre responsabilidades políticas y técnicas.
Lo público y lo privado
Cuando se habla de infraestructura se hace referencia a los sistemas, servicios y facilidades públicas, de gran escala, que son imprescindibles para el desarrollo de la actividad económica en un territorio.
Suele distinguirse dos sectores: el económico y el social. El primero, rutas y autopistas, represas y túneles, distribución eléctrica, servicios de agua potable y cloacas. El segundo, escuelas, hospitales, y viviendas, por ejemplo.
Son activos que tienen altos costos y que se gestionan y operan sobre el largo plazo. Por eso es que los Estados se reservan usualmente este rol de desarrollador y operador, aunque en los últimos tiempos abundaron las experiencias con participación del sector privado.
Durante la década de los años 90, y no solamente en la Argentina, se advirtió un creciente traspaso al sector privado, que tenía la ventaja de liberar a los Estados de buena parte de su deuda pública. Entre 1990 y 1997, los proyectos privados en el campo de la infraestructura totalizaron inversiones que fueron de US$ 16.000 millones en el punto de partida, a US$ 120.000 millones para el año 1997. En el mundo de las economías emergentes, la inversión privada en infraestructura llegó en ese momento a representar 40% del total (especialmente en telecomunicaciones y energía en Asia y en América latina).
Pero la tendencia parece haberse invertido nuevamente. La renuncia del sector privado a incursionar en áreas y proyectos poco rentables, y la crisis financiera de 2007/8 han devuelto al Estado un papel central. Lo que coincidió también con el auge del llamado capitalismo de Estado, donde buena parte de las empresas que operan commodities son estatales.
