Por Rubén Chorny
Según revela un reciente informe del McKinsey Global Institute, las ciudades son más importantes que nunca. Apenas 600 centros urbanos generan casi 60% del PBI global. Pero aunque 600 ciudades seguirán representando la misma proporción del PBI global para 2025, ese grupo de élite tendrá una membresía muy diferente. En los próximos 15 años, el centro de gravedad del mundo urbano se trasladará al sur y al este. Ello traerá, además, notables transformaciones políticas que ya se insinúan (ver página 122).
Barcelona es una ciudad global, la tercera más poblada de Europa, cuna de prestigiosas exposiciones, de obras de arte como La Sagrada Familia, de Gaudi, de juegos olímpicos, del club de fútbol líder mundial, plataforma de acceso a Francia por carretera y tren bala, y a Italia por el mar Adriático. El activismo de sus Gobiernos la hizo desarrollar hasta su propia política exterior para cultivar la imagen. Por eso hoy es más marca que el país que la contiene, España. Principalmente, esta colosal comuna catalana representaría la avanzada de una tendencia global a valorizar y jerarquizar la escala de los Gobiernos locales que crece en todo el mundo. La llaman municipalismo.
De a poco llega a la Argentina y se arraiga. Más allá de los recientes resultados de las elecciones legislativas que encumbraron a un alcalde como líder político nacional emergente, tras imponerse con ayuda de otros intendentes, y derrotando a otro intendente.
Podría decirse que para trascender como ciudad por estas latitudes era menester ganarse el prestigio mundial como centro turístico: Bariloche, Iguazú, Puerto Madryn, Calafate, inscribieron sus nombres por encima de las jurisdicciones a las que pertenecen. Buenos Aires había sido la primera en tener chapa internacional, pero dejó de ser municipio.
En la última década se les sumaron como enclaves territoriales “for export” Venado Tuerto, Rosario o Tigre, aunque por reconocimiento cívico antes que por atributos paisajísticos o culturales.
Desde que Carlos Menem transfirió a las gobernaciones e intendencias los rubros más importantes de la agenda pública nacional, como salud, educación, las “tres B” (basura, barrido y bombitas de iluminación) empezaron a quedar chicas frente a demandas ciudadanas de subido tenor.
La interpretación de un estudioso de los Gobiernos locales, como Diego Pando, de la Universidad Nacional de San Andrés, es que “en este espacio de proximidad para los ciudadanos se observa a lo largo de estos años una extensión de la oferta de políticas públicas municipales hacia terrenos anteriormente inéditos, como promoción económica, desarrollo sociocultural, preservación del espacio público, políticas de género, atención primaria, seguridad preventiva, etc., al mismo tiempo que se observan mayores márgenes de autonomía en relación a otras instancias de gobierno”.
Pero todo fue añadido, nada pensado. “La historia real de la ampliación de las competencias municipales está directamente ligada a las crisis. La mayoría de las veces la expansión fue sin respaldo normativo”, aclara el investigador de CIPPEC y experto en desarrollo territorial, Fabio Quetglas.
El cambio importante en la opinión pública sobre cómo consumir política afirma haberlo detectado hace rato Jorge Daniel Giacobbe, desde la consultora homónima. “En las elecciones ejecutivas, por ejemplo, veníamos preguntando en las encuestas sobre cuál era la elección a la que daban más importancia para su propia suerte, si la municipal, la de gobernador o de Presidente. Y se repetía que más de 25% señalaba la de intendente –explica–. Es un cambio cultural radical, porque en 1983, cuando volvió la democracia, la boleta de intendente era un relleno de la que tenía a Presidente y gobernador”.
Fabio Quetglas
Importancia de la gestión
La opinión pública vive hoy, para Giacobbe, un momento generacional bisagra: “a diferencia de los mayores de 55/60, que todavía ponen el acento en el Presidente, notamos que los más chicos entienden que su suerte, su confort cotidiano, está a cargo del intendente, porque un Presidente no puede encargarse de los 2.540 municipios que hay en el país, ni siquiera conoce los nombres ni las problemáticas locales”.
Su compañero de viajes periódicos a Córdoba, donde con la Bolsa de Comercio provincial ejecutan un programa llamado Municipios del Futuro, Quetglas, atribuye a la prolongada democracia, “a la que no estábamos acostumbrados, que la calidad de los discursos en la Plaza como los de los grandes políticos parlamentarios, Balbín, Palacios, ya no sean determinantes en la gente, sino que hoy se valore la capacidad de gestión”.
Elige el ejemplo de un vecino común de una ciudad como Goya, que a lo largo de su vida ve una o dos veces a un Presidente de la República, sea por el centenario de la escuela normal o si sucede algo excepcional; podría ver cinco o seis veces al año al gobernador, pero si quisiera vería dos o tres veces por semana al intendente.
El ciudadano concibe al que está del otro lado del escritorio como un político y cada vez le cuesta más diferenciar la competencia territorial.
Pero cada ejido para adentro es un mundo. La Matanza bien podría haber sido, por extensión geográfica y cantidad de habitantes (casi 1.800.000), el cuarto conglomerado del país, detrás de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Tiene universidad, hospital, fábricas, pero también la mayor cantidad de barrios carenciados (89) en los que residen 26.700 familias con serios inconvenientes para acceder a los servicios de electricidad, gas y agua potable, según la ONG Techo.
Sin embargo, es genéricamente tan municipio como el formoseño de General Mosconi, al que pertenece un departamento de Ramón Listá, donde 20 ó 30 productores que esperaban las vacunas de Senasa contra la aftosa que no les llegaban hicieron saltar el cerco de la ley nacional al intendente. O se las compraba o se morían los animales y el erario tendría que mantenerlos.
En el medio de esos extremos se disemina por los 2.780.400 km², desde la Quiaca a Ushuaia, un crisol de más de 2.000 jurisdicciones con siderales diferencias de desarrollo entre sí e inclusive dentro de cada una: 70% son rurales y albergan a menos de 2.000 pobladores.
Las tres cuartas partes de la gente vive en ciudades de más de 100.000 habitantes. Pero el fenómeno mayor es que 39% del total del país es urbano y se “amucha” en 0,14% de la superficie.
La contracara ha sido el despoblamiento de casi 40% de las áreas rurales, sumidas en crisis porque sus jóvenes, adultos o familias enteras perdieron las esperanzas de oportunidades de futuro.
Hay que ver, como dice Nicolás Fernández Arroyo, de Flacso, que solo 5% de los municipios tiene un perfil definido de desarrollo, pasible de ser organizado. El resto depende de los esquemas productivos, sea de una vigencia temporaria, que hayan sido arrasados por el boom sojero o afectados por explotaciones petroleras o mineras, como Cutral-Có, en Neuquén; en San Nicolás por la planta siderúrgica; en Tartagal, en Salta, por el cierre de los Altos Hornos Zapla. Y ni hablar de los pueblos mineros fantasmas de la sanjuanina Miralles, la rionegrina Gonzalito, los Adobes chubutenses y la catamarqueña Alumbrera.
Muchos de los habitantes expulsados de sus hábitats naturales integran la legión de los más de 2,5 millones de personas (532.800 familias) que, según la ONG Techo, se establecieron en las 1.834 villas de emergencia o asentamientos irregulares que integran los municipios de las áreas metropolitanas de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, el Alto Valle de Río Negro, Neuquén, Misiones y Salta (el 60% relevado de todo el país).
Diego Pando
Migraciones y migrañas
El Conurbano Bonaerense fue el receptor de la mayor migración de los últimos 10 años. Su población en los 3.833 kilómetros cuadrados que abarcan los 24 municipios creció 12,5%, 2 puntos más que la totalidad del país.
Explica Quetglas que “tanto la migración internacional como la interna tienen la misma lógica. Los grandes centros urbanos son los que atraen a las personas de bajos recursos, en general joven, de modo que en los lugares de origen quedan solo los niños y viejos, sin ninguna mano de obra. 99% de los migrantes lo hace para buscar trabajo, que en general es en condiciones de informalidad”.
El Conurbano Bonaerense de estos diez años no se parece al de antes. Giacobbe observó que los intendentes sacaron menos votos que la cantidad de planes sociales que les habían asignado. “Hace años un plan trabajar se creía que valía por cuatro votos. Luego, un voto. Y hoy da menos de uno”, apunta.
Quetglas ratifica que es poco lo que se conoce de semejante conglomerado urbano. “Hay estudios sobre el funcionamiento del clientelismo en un territorio como el conurbano que, sin la Capital, concentra a un cuarto del país, donde hay economía porque todavía funciona ahí el núcleo industrial más importante del país, que es el mercado por excelencia de todo, y hay redes de constitución de poder territorial un poco desconocidas por la Argentina civilizada”, puntualiza.
Menciona relaciones entre policías, intendentes, barras bravas, levantadores de juego, y no todas en clave mafiosa. “Las clases medias bajas se hallan en difícil convivencia con los migrantes internos, cuyos procesos son distintos a los de los años 50 y 60 porque existía el loteo y el acceso a la tierra, y ahora los countries han impedido su existencia, con lo cual los asentamientos son de un hacinamiento extremo, con control territorial del Estado muy disminuido: lugares donde no entra la policía u otras fuerzas. Entonces un intendente del conurbano que gobierna sobre ese magma tiene problemas muy distintos que los de un colega del interior”, concluye.
Contrasta: “En una ciudad como Río Cuarto, San Rafael o Rosario, el intendente es el líder político local, no hay discusión de control territorial, ni de relevancia, jerarquía, las instituciones lo reconocen, mientras en el segundo cordón del Conurbano Bonaerense todos los días tiene que hacer valer su condición de líder territorial porque siempre está al borde de ser eyectado; entonces termina siendo un cacique bravo”.
El conurbano desarrolla una agenda oscura, plena de tensiones, y la conexión política con el gobierno central es el dato a chequear cada vez que estalla un conflicto, como el reciente de la comisaría de José León Suárez (que equivaldría en el interior al de la muerte de una chica humilde en manos de alguien de la sociedad, por ejemplo), el cual se convierte en una batalla campal.
Los márgenes de tolerancia ciudadana también difieren, según se trate de problemáticas en Córdoba capital, Rosario, Bahía Blanca, Mar del Plata, la misma Ciudad de Buenos Aires y algunos municipios grandes del conurbano, cuyas soluciones demandan no menos de 30, 40, 50 años, o en municipios de menos de 30.000 habitantes, donde una parte de la construcción es urbana, una rural y una semirrural, y permiten resolver en poco tiempo la planificación de un barrio, un parque industrial, agua, asfalto.
Cuanto más chico y alejado, el grado de exposición del intendente es mayor, tanto para cosechar méritos como para recibir cachetazos. Es aún presa de tener que salir a arrodillarse para conseguir fondos en lo provincial o nacional.
Jorge D. Giacobbe
Curarse en salud
La heterogeneidad del proceso de descentralización de la salud y la educación de la Nación a las provincias, en los 90, dejó resquicios en el sistema de reparto de fondos con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires en función de un componente de salud, al pasar a jurisdicciones específicas. Malvinas Argentinas entendió muy bien las reglas de juego con los incentivos que genera por el uso de recursos en salud y es el que más coparticipación recibe por habitante ($239), seguido por los ricos San Isidro ($165) y Vicente López ($155). Las inequidades son flagrantes: entre el más favorecido y el menos beneficiado (Tres de Febrero con $77) la relación es de tres a uno.
No es menos llamativa la diferencia de cómo se administran unos y otros. Una comuna de las más pobres del conurbano, como José C. Paz, se financia 7,4% con las tasas de servicios generales, como alumbrado, barrido y limpieza; recibe 21,2% en fondos de la coparticipación, y un aporte del Estado nacional del 71,4%. En el otro extremo, Tigre, gracias a la capacidad contributiva de 35 ricos, genera 30% de los recursos, la Nación le aporta 37,8% y la provincia 31,3%.
Gastos sesgados
El denominador común de los municipios es que 80% se va en sueldos y basura. Parecería a simple vista que se podría bajar ese porcentaje con solo radicar una planta de reciclado de residuos y hacer una limpieza en los contratos políticos, compromisos sindicales y familiares. Pero no es tan fácil.
Pando previene que el mayor poder (y responsabilidades) de los municipios exigiría desarrollar capacidades: económicas, de recursos humanos, de gestión, que no todos hacen ni se hace de un día para otro. A muchos les es más fácil alinearse política y partidariamente con el oficialismo en el plano nacional.
Generar recursos que no tienen que ver con los que recibe del Estado haría crecer la capacidad de maniobra, suele recomendar Giacobbe en sus giras por el interior. Están las radicaciones de empresas, el turismo, producciones nuevas. En el caso de Charata, Chaco, parecido al de Venado Tuerto, en Santa Fe, donde ha impactado la soja y generado una riqueza impresionante, hasta hay un hotel 5 estrellas. En otros pasó la soja y siguen como estaban”.
Siempre pone como ejemplo a un intendente de Azul que descubrió a un coleccionista de ejemplares antiguos de Don Quijote, se conectó con la Real Academia Española, consiguió que enviaran la segunda versión más antigua y encaró un museo cervantino en esa localidad del medio de la provincia de Buenos Aires, que se convirtió en atractivo turístico para ese renglón de la cultura internacional.
De ser solo consumidor de servicios, el ciudadano pasó a ser un recurso humano generador de impuestos. En Plaza Huincul y Chocón ocurrió otro tanto pero con los buscadores de restos de dinosaurios.
Desde su experiencia como investigador en la Universidad de San Andrés, Pando cree que a la creatividad hay que ayudarla para abrir la comunidad a nuevos negocios. “En Estados federales como el argentino, los incentivos a la cooperación entre organismos nacionales, provinciales y municipales no existen, a diferencia de Gobiernos menos federales de la región, como el chileno”.
Un análisis nacional que hicieron por encargo del Banco Mundial incorpora la instancia provincial y municipal que tiene que ver con la facilidad para hacer negocios en el mundo, y mide la agilidad del sector público. La Argentina figura de la mitad para abajo. “Comparativamente con América latina no se muestra muy amigable para abrir negocios, como Colombia, Perú o Chile”, señala y agrega: “Uruguay tiene un programa que se llama “empresa en 24 horas”, cuando en Buenos Aires se tarda entre 30 y 45 días que se complete el trámite y la información salga en tiempo y forma”.
Chile creó una ventanilla única, a la que cada organismo va a buscar la información que necesita, sin trasladarle el costo al emprendedor. En la Argentina les esperan como siete u ocho gestiones en organismos públicos de diversas jurisdicciones con los mismos datos, recuerda Pando.
Una muestra de la descoordinación entre la Nación, territorio y habitantes es que el Ministerio del Interior tiene una Subsecretaría de Asuntos Municipales que no reúne información sobre cuánto debita cada circunscripción para personal, recolección de residuos, cuánto recibe por coparticipación, etc. Tampoco hay una visión de conjunto que facilite las sinergias entre los dispersos Gobiernos locales.
“En Estados Federales como México, Brasil o la Argentina, el tema de la coordinación, la articulación, el trabajo colaborativo, entre Nación, provincia, municipios, sea en materia de salud, educación, políticas sociales y seguridad es clave. Y lamentablemente no nos caracterizamos por desarrollar políticas de coordinación entre los tres niveles de gobierno, sino todo lo contrario. O en todo caso, la articulación depende mucho de relaciones personales o partidarias, que institucionales –detalla Pando–. Es lo que falta: organismos que se dediquen a coordinar el trabajo de los otros. De ahí la importancia de los consejos federales, de inversión, de educación, de salud, de función pública, organismos rectores en materia de tecnología de la información, que existen, pero necesitan ser fortalecidos y que se dediquen a lo que tienen que hacer, que es coordinar”.
Bonos y otros instrumentos
Los especialistas en estudiar las problemáticas locales coinciden en que la apertura de los pueblos a nuevos negocios tendría que ser uno de los próximos capítulos, lo mismo que la gestión de deuda o el financiamiento de la constitución de infraestructura distinta en el territorio, que llegaría por el lado de los local bonds.
Hoy, la condición que ponen los organismos multilaterales es que se entre por una unidad ejecutora, que es nacional, y haya garantía de coparticipación.
Por eso, cuando el BID, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial le prestan a la Argentina y el país presta para abajo, ese escalón se politiza. Giacobbe considera que podría haber acceso a financiamiento para que los municipios puedan generar su propia deuda, emitir bonos, que no todos conocen. Un impedimento podría ser que aún no haya sido regularizada la relación de la Argentina con la comunidad financiera internacional, pero tampoco al Estado nacional le interesó hasta ahora buscarle la vuelta a las conexiones directas entre cada jurisdicción y la fuente crediticia.
El consultor subraya que una entidad podría aportar dinero a un municipio en función de las cuentas que tenga. “Porque una cosa es que recaude el 40% o el 80%; hay que ver las producciones de cada uno y lo que estén en capacidad de solventar. Y si existe confianza respecto del intendente para financiarle por ejemplo un parque industrial sin que se apropie del dinero, le dé agua, electricidad, que va a marcar la cancha, el terreno para que las empresas se instalen, la gente va a ir, va a poner la plata, lo cual no sucede en otros municipios del conurbano en los que la política está viciada”, explica.
El reloj de arena se volteó desde la creación de las intendencias, durante el reinado de Felipe V, cuando el jefe comunal dependía directamente del monarca y conectaba a las alejadas provincias con la Corte y los Consejos. Y mucho más desde el advenimiento de las democracias, cuando reportaban al Gobierno provincial y a través de este, al nacional.
Daniel Bell escribió que los Estados nacionales son muy chicos para los problemas grandes (cambio climático, terrorismo, globalización financiera) y muy grandes para los problemas chicos (tránsito, vivienda, salud, educación).
A lo que un urbanista como Mitchel le sobreimprimió Etopía, donde el mundo ya no tiene un organismo supranacional como Naciones Unidas sino Ciudades Unidas: iría en camino de ser un conglomerado entre 5.000 y 8.000 áreas metropolitanas.
Gobierno electrónico, nacional y popular
De las 2.500 intendencias que funcionan en el país, unas 1.400 tienen menos de 30.000 habitantes. El club, la escuela, el mercado son ineludibles puntos de contacto cotidiano entre intendente, concejales, o sus respectivas familias, y los ciudadanos comunes. Pese a la proximidad, los no pocos conflictos comunitarios que se sucedieron últimamente estallaron en las calles y en los frentes de edificios públicos, que terminaban vallados y con cordones policiales, emulando a grandes ciudades donde los puntos de encuentro entre dirigentes y dirigidos son más casuales.
Una parte de la necesidad de comunicación cada vez más frecuente, que los roces personales iban tabicando, se cubrió con el desarrollo de páginas web municipales, que comenzaron a aprovechar la tecnología en el ámbito público, como indicó Nicolás Fernández Arroyo, director del Programa de Desarrollo Local de CIPPEC, quien junto con el politólogo que dirige el Programa de Gobierno Electrónico de la Universidad de San Andrés, Diego Pando, hace cinco años que compara el nivel de desarrollo de los portales municipales y analizan la información que se publica en sus sitios web oficiales, así como su usabilidad.
“Los Gobiernos locales ya no se limitan a un reducido núcleo de funciones básicas (alumbrado, barrido, limpieza, asfalto y poco más) ni son simples ejecutores de decisiones tomadas en niveles superiores de Gobierno”, señala Pando.
Experiencias de Gobiernos municipales de distinto signo partidario tales como los de Bahía Blanca, Santa Fe, Rosario, Tigre, Mar del Plata, Morón, Rafaela, Tandil, entre otros, “demuestran que la utilización de TIC permitió la simplificación de trámites, la reducción de costos y tiempos de espera, la rendición de cuentas, el fomento de la transparencia y el incentivo a la participación de los ciudadanos”, enumera.
El adelantado en esta tendencia empezó siendo uno de los más grandes del país, como General Pueyrredón, pero desde el año pasado la TIC acordó las distancias, y lo supera uno mediano como Junín.
La seguridad bien entendida empieza por casa
Estados Unidos, Noruega, Grecia, España, Alemania tienen policías locales, que conviven con órganos policiales que se ocupan de otro tipo de delito mayor, como el narcotráfico, cuya complejidad, logística y presencia de bandas armadas lo tornan global.
En la Argentina, 90% del delito es de base territorial y sus características difieren, según se trate de escenarios como San Isidro, Florencio Varela, Córdoba o Rosario. En los pueblos rurales, el reclutamiento de las cadenas delictuales es de un tipo, en volumen, horarios, áreas, información, logística, mientras en los urbanos, es de otro. En la zona sojera cordobesa es de una clase y en Mar del Plata de otra.
Pando lo enfoca por el lado de las demandas sociales en materia de seguridad, que se han ido canalizando cada vez más hacia las autoridades políticas más próximas de la población, es decir, los Gobiernos municipales.
“Varios municipios bonaerenses han emprendido esfuerzos institucionales por su cuenta o de manera conjunta con las autoridades provinciales y/o nacionales del área, para mejorar el servicio de protección ciudadana a través de la instalación de cámaras de seguridad, pagos adicionales al personal policial, compras de patrulleros y costeo del combustible para los móviles, entre otras formas”, sostiene, pero aclara que “así y todo los municipios no cuentan con el manejo institucional del sistema policial ni con los recursos humanos, el soporte financiero o los medios especializados para abordar en forma apropiada los asuntos de la seguridad en el plano local”.
El debate está dado en la propia legislatura bonaerense. Lo que Quetglas ve como muy lógico, ya que una parte de las políticas públicas de lucha contra el delito debería ser territorial.
Lo analiza por el lado del absurdo: “Una de las quejas por el traslado de Gendarmería al conurbano es que cuidaban algunos edificios pero sin llegar a saber cuáles son los barrios complicados, sin entrar ni conocer las calles. Este ejemplo justificaría que la policía tenga al menos un cuerpo de base territorial. Y es porque si el delincuente conoce las vías de escape frente a un estadio la policía también debe conocerlas. Si sabe las guardas patrimoniales de las familias, el policía también”.
Córdoba, la más municipalista
Un equipo interdisciplinario de la consultora Giacobbe y Asociados salió a Córdoba a realizar los primeros pasos de un programa que denominó Municipios del Futuro: brinda herramientas de gestión a intendencias de menos de 30.000 habitantes. “Arrancamos en la provincia más descentralizada, con la mayor densidad de municipios del país por habitante (tiene más de 400 contra los 140 de Buenos Aires) y la que desarrolló la conciencia más municipalista de la Argentina”, asegura Giacobbe.
“En los 11 municipios que participan del programa, la característica es que estamos ante intendentes que son jóvenes, lo cual determina la capacidad de pensamiento y la falta de anclaje con los vicios de la vieja política. El de un centro turístico que se está potenciando mucho, como General Belgrano, por ejemplo, tiene 33 años. Hay dos mujeres, que demuestran una gestión potente y que la política se interesa por ellas no tanto por su capacidad de movimiento, al venir de ámbitos muy pequeños, sino por la fama que les da lo que están haciendo”, agrega.
Somos portadores de noticias sobre el desarrollo local, charlas muy interesantes sobre inteligencias múltiples, de modo que cuando algo no funciona el problema no se atribuya enteramente al ejecutor, sino a la organización que no supo detectarle las capacidades reales.
Los ayudamos a que entiendan a sus poblaciones, no como un problema, o un gasto, sino como una oportunidad.
Una parte importante que estamos realizando es relacionar a los intendentes con empresarios que les pueden brindar herramientas normalmente difíciles de acercar. Para hablar con un intendente en la Argentina hay que ir por mesa de entradas, pedir una audiencia, se hace muy difícil llegar al despacho. Y cuando lo consiguen disponen de 7 minutos porque todo el tiempo entran las 25 cosas diarias para gestionar a la vez, con lo cual no deja margen para que se den lazos de confianza, espacios de comunicación, para ver si se pueden encarar proyectos en conjunto.
La basura cuesta más de lo que vale
La recolección de residuos no es un tema menor para las arcas municipales. Diego Pando, director del Programa de Gobierno Electrónico de UdeSA, estima que insume entre 40 y 60%, según los casos.
En el conurbano, aún está el Ceamse para disipar urgencias en cuanto al vuelco o el procesamiento, aunque el único problema es que gran parte está ocupado por la Ciudad de Buenos Aires: la cuestión pasa por la forma de separarlos y el costo de llevarlos.
Las sumas en juego exceden los ABL, y así en Quilmes la pulseada entre el alcalde (un ex dirigente metalúrgico como “Barba” Gutiérrez) y la empresa concesionaria (Covelia, que se afirma es de Moyano) reproduciría el enfrentamiento político entre la CGT oficialista y la opositora, pero en realidad desnuda el conflicto económico: $132 millones anuales ($378 por persona) que se piden contra los 74 millones que vinieron facturando hasta ahora.
En Mar del Plata, la cuarta ciudad más grande del país, el arreglo entre las partes se hizo por 14,8 millones mensuales, que anualizados dan 177 millones. Yendo a lo que cuesta llevar la basura por habitante, en Santa Fe sería de $330, en las cordobesas (que suelen incluir barrido y saltean días) Río Cuarto $138, Villa María $65, Río Tercero $89, San Francisco $96, y la turística Carlos Paz $115 millones.
La ecuación tiene varias formas de ser cambiada: una planta de tratamiento de sólidos urbanos, como la que proyectó Ensenada más la ampliación del relleno de Ceamse de Punta Lara, para tener una idea, implica invertir $150 millones.
Los basurales a cielo abierto ya queman. Los dueños de los campos cobran más de $3.500 mensuales por el alquiler para recibir 30 toneladas de desperdicios, pero es insostenible desde el punto de vista ambiental que sobre los caminos comunes haya moscas, aves carroñeras y hasta lagartijas escondidas entre pilas de chatarra, bolsas, cajas, botellas, latas, cubiertas, escombros y cualquier otro tipo de material.
Otra de las vías alternativas pasa por la organización entre municipio y vecinos para corresponsabilizarse con el manejo de la basura, lo cual redunda en el costo y obviamente la higiene general. En Esquel se reparten en días de semana de recolección los residuos orgánicos (restos de fruta, verdura y comida, yerba, cáscara de huevos, café, huesos, te, grasa, pan, papeles mojados y sucios, alimentos vencidos sin envases) e inorgánicos (vidrios, botellas, metales, latas, papeles, cartones, telas, envases, tetrabrick, plásticos, telgopor, envoltorios, bolsas, envases de yogur, leche, postres, carne, quesos, limpios y secos).
Faltaría un enfoque general como el de Europa, donde la ley es pareja y exigible para todos: hay un manual blanco con estándares aprobados por la Comisión Europea acerca de los residuos sólidos urbanos, que es una problemática típicamente local. En 20 años se ha homogeneizado el tratamiento y ya hoy no se entierra la basura, sobre la base de la intervención de un Gobierno supranacional: la Unión Europea se ocupa de la basura. Al revés, hay lugares en los que un consorcio municipal se ocupa de la ruta.
Oportunidades y amenazas
A partir de 2001, en los años posteriores a la crisis, las intendencias se habían convertido en una suerte de mesa de quejas de una enfurecida ciudadanía. La debacle económica y social los había dejado particularmente vulnerables por los mismos motivos por los que hoy son exitosos: la proximidad con los vecinos.
Un encuadre macropolítico mostraría que en el segundo y tercer cordón del conurbano hay solo dos organizaciones con poder de penetración social, aparte de los medios audiovisuales, que son las iglesias evangélicas y el justicialismo. Los candidatos de este partido captan el 30 y pico % nacional, que es un piso de salida electoral muy alto, pero el resto se relaciona con la gestión.
Y en ese aspecto es que así como los intendentes han sido visualizados como cabezas de listas nacionales electorales son diputados, los convocan a los gabinetes provinciales o aspiran llegar a Presidentes, también nunca como ahora son destituidos, abucheados.
Entre 2001 y 2002, la crisis había eyectado a 30 intendentes en todo el país, pero a partir de 2006 hubo más de 20 que “se fueron o los fueron” antes de tiempo, como: de Tartagal, Salta, Sergio Napoleón Leavy; de San José, Catamarca, Deolinda Mónica Hernández; de Balcarce, José Luis Pérez; de ciudad de Santiago del Estero, Julio Alegre, de José C. Paz, Mario Ishii; de Salto, Victorio Migliaro; de Pinamar Roberto Porretti y Blas Altieri; de San Pedro Pablo Guacone; de Azul, José Inza; de General Acha, Omar Avila; de Bahía Blanca, Rodolfo Lopes; de Necochea, Horacio Tellechea; de General Rodríguez, Marcelo Coronel; de Lomas de Zamora, Jorge Rossi; de San Francisco del Monte de Oro, Raúl Vega; de Bariloche, Omar Goye; de Salvador Mazza, Carlos Villalba; de Colonia Santa Rosa, Dardo Quiroga; de Hipólito Yrigoyen, Nicanor Sosa; de Colonia San Bartolomé, Norberto Magni; de El Soberbio, Misiones, Elio Alberto “Coleco” Kryvszuk.
