Por Nicolás Bridger (*)
Un ejemplo, tal vez extremo, pone de manifiesto el alcance y la importancia del desafío del tratamiento de los ancianos: los esquimales en Alaska. En función de las dificultades que impone el medio ambiente para satisfacer sus necesidades básicas (alimentos, vivienda, abrigos), las comunidades no pueden hacerse cargo de los ancianos que ya no contribuyen al grupo. Por lo tanto cuando llegan a una edad avanzada, en vez de alimentarse con lo que sus compañeros cazan o utilizar las ropas que los jóvenes fabrican, los esquimales ancianos son puestos en un iceberg para que el océano se los lleve.
Si bien afortunadamente estamos muy lejos de enfrentar un dilema de tal hondura, luego de las marchas y contramarchas del sistema previsional en los últimos 15 años la combinación de (a) factores demográficos, (b) características del mercado laboral, y (c) medidas populistas hacen al actual esquema local insostenible.
Los factores demográficos que inciden en la dinámica previsional son la caída en la tasa de fertilidad y la mayor esperanza de vida. Como se observa en el cuadro adjunto, la cantidad de nacimientos en el país viene en descenso desde 1950 y se espera que esta tendencia continúe. Por otro lado, los avances tecnológicos en salud han incrementado la longevidad de manera sistemática. La consecuencia es un envejecimiento de la población, invirtiéndose gradualmente la pirámide poblacional (menor proporción de jóvenes y mayor proporción de adultos). Vale resaltar que el envejecimiento de la población no es un fenómeno exclusivo de la Argentina, sino que ya está afectando de manera significativa a Japón y la mayoría de las naciones europeas.
El impacto de estas tendencias demográficas se agrava por la persistencia de una elevada informalidad laboral, problema que no ha sido encarado de manera eficiente durante los últimos 25 años por los sucesivos Gobiernos y que se traduce en una menor cantidad de personas que financian el sistema previsional.
Durante la última década se adoptaron medidas que presionan al alza las erogaciones fiscales, mientras que se erosionan las fuentes de financiamiento futuro. En primer lugar, en enero de 2005 se promulgó la ley 25.994 que incorporó a casi 2 millones de jubilados. Por otro lado, las dificultades del gobierno de financiar el gasto público se tradujeron en préstamos de Anses a tasas reales negativas y a financiar proyectos de dudosa generación futura de fondos (es decir que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad difícilmente pueda cumplir con el objetivo implícito en su nombre).
Las consecuencias macroeconómicas del envejecimiento de la población son:
Presión creciente sobre el gasto público, lo cual puede generar que los fondos prestables del sistema no se canalicen hacia el sector privado;
Impacto negativo sobre la tasa de fertilidad. La presión tributaria creciente puede desincentivar a las parejas a tener más hijos, retroalimentando el problema;
Impacto negativo sobre el ahorro. El incremento en la proporción de personas mayores a 65 años reduce invariablemente el ahorro agregado, lo cual reduce la masa de fondos disponibles para la inversión.
Si bien la robustez de las tendencias demográficas hace difícil eludir decisiones impopulares como aumentar la edad jubilatoria o reducir los beneficios, cuanto antes abordemos la problemática y pensemos en soluciones creativas (parciales) menor será el costo para los futuros jubilados y menor será la restricción que impondrá sobre una “nueva” Argentina.
(*) Nicolás Bridger es economista.
