Opinión |
Tal vez el clima de sorda guerrilla entre el entorno presidencial y otros sectores –pero de modo muy especial con el del sindicalismo que responde a Hugo Moyano– que caracterizó a todo el mes de mayo, encuentre explicación en que es la clave de lo que vendrá. Cómo será la gobernabilidad durante el próximo periodo presidencial.
Algunas de las interpretaciones –muchas de ellas interesadas– acerca de que la Presidenta no quiere la reelección, encuentran fundamento en evitar ser un lame duck (un pato rengo) como dirían los estadounidenses al día siguiente de jurar el cargo. Sin posibilidad de reelección –dice esta versión– su poder efectivo se diluye ante un peronismo que solamente respeta una alta concentración de poder.
Pero lo cierto es que si se presenta, tiene grandes posibilidades de ganar. Y en ese caso, –sostienen otras explicaciones– tal vez prefiera dar la batalla ahora y no esperar a un nuevo periodo.
En suma, el actual Gobierno tiene una alta probabilidad de ser reelecto. Eso asegura la gobernabilidad porque, pese a naturales contradicciones y puntos débiles, esta administración tiene capacidad para controlar los factores de poder y practica una centralización de la toma de decisiones (por decretos de necesidad y urgencia, decretos ordinarios, resoluciones administrativas e influencia sobre el poder judicial). La reelección, por otra parte, le dará mayor respaldo popular y reforzará su autoconfianza; particularmente si se produce en la primera vuelta.
Del otro lado, no hay ningún partido político en condiciones de ganar aisladamente. Se formarán alianzas, por definición heterogéneas. Por otra parte, si se llega a la segunda vuelta, quien represente a los ciudadanos ansiosos de cambio recogerá el voto “anti”, que puede permitir un triunfo pero no marca el camino a seguir y abre las puertas a una prematura insatisfacción de parte de los votantes.
Además, cualquier partido actualmente opositor que llegue al Gobierno deberá enfrentar fuerzas de difícil control: sindicalismo, peronismo en la oposición y un Congreso donde no tendrá mayoría. Alfonsín, que aparece como el candidato con más chances, tendría serias dificultades para contener a su oposición. Duhalde no, pero su baja posición en las encuestas torna improbable su triunfo. Los otros candidatos (Carrió y tal vez Binner) tendrían la misma debilidad que Alfonsín, agravada por el hecho de no contar con una estructura nacional comparable a la UCR.
Profundización más que cambio
La reelección podría asegurar la gobernabilidad pero significaría la profundización de las políticas observadas hasta ahora: nacionalizaciones (Aerolíneas, las AFJP), intervenciones en las empresas donde el Gobierno ha heredado acciones de las AFJP (Techint y otras).
También restricciones al comercio exterior (Moreno), retenciones que en varios rubros conspiran contra la competitividad, retraso cambiario, desorbitados subsidios ($95.000 millones al año), medidas que atentan contra la rentabilidad (prepagas). Y además una de las mayores inflaciones del mundo, manipulación de las estadísticas, tendencia a soslayar la división de poderes (decretos de necesidad y urgencia), mantenimiento de la indisciplina social (piquetes, cortes de calles y rutas), falta de capacidad para controlar la delincuencia y una negativa al diálogo, sumada a la crispación social.
Un partido actualmente opositor solucionaría muchos de los problemas actuales. Pero por el momento no se advierte la existencia de un programa de Gobierno que asegure el crecimiento económico, la estabilidad y el comercio exterior.
Si este panorama parece exagerado o alarmista, siempre se puede hallar consuelo en la opinión de la mayoría de los economistas, aún de los que adversan al actual Gobierno, que sostienen que “los grandes números están bien y todavía todo es manejable” (imposible dejar de recordar el mismo coro sobre las bondades de la convertibilidad en 2001).
El Gobierno de los Kirchner, que comenzó en 2003, se encontró con un escenario que supo aprovechar al máximo –aunque no era de su autoría–: dólar alto, retenciones, la pesificación y la licuación de la deuda con la manipulación de los índices e intervención fuerte en el mercado de capitales. Con eso, logró tener unos años garantizados de superávit gemelos que le dieron una eficaz herramienta para mitigar las crisis.
El Gobierno al que le toque asumir en diciembre próximo se encontrará sin ese colchón que permitió posponer una serie de decisiones y tomar otras que debió haber evitado. Pero ahora, además, enfrenta otros problemas. Como la inflación y el incremento de productividad relativamente bajo en sectores a los que el dólar alto debería haber favorecido.
Garantizar la gobernabilidad en un inicio puede no ser suficiente si no hay cambios en la política económica, tanto cambiaria, como monetaria o sobre la tasa de interés. O los cambios requeridos bien vienen desde el Gobierno o son impuestos por una dura realidad.
