*Por Julián D´Angelo. icenciado en Administración (UBA), Posgrado en Gestión Sociourbana (FLACSO) y Doctorando (UNTREF).
A partir del principio de “igual remuneración por igual tarea” incorporado en la Constitución Nacional hace sesenta años, el proyecto buscará, mediante políticas de promoción e incentivos, el cumplimiento de este derecho, vulnerado en la práctica en perjuicio de las mujeres.
Según datos oficiales, a nivel nacional hay una brecha de 27% en el empleo y de 25% en la participación de la mujer en la economía y, en 2017, por primera vez en diez años, Argentina descendió un puesto en el ránking de paridad de género elaborado por el Foro Económico Mundial.
Por supuesto la brecha salarial varía significativamente cuando se analiza por rama de actividad, llegando en algunos casos a ser prácticamente inexistente.
Pero en el global de nuestra economía esa brecha permanece bastante inalterable debido a la mayor participación femenina en trabajos de baja remuneración que, la Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias denomina, de “cuello rosa”: enseñanza, enfermería y personal de casas particulares, entre otros.
Por eso podría parecer incoherente que el propio gobierno que promueve terminar con la brecha salarial de género, esté al mismo tiempo empecinado con otorgar en las negociaciones paritarias con los gremios docentes, aumentos salariales por debajo de la pauta de inflación.
La reducción de esta brecha no es solo una cuestión de derechos humanos y de justicia, sino también de desarrollo económico. Son numerosos los estudios que muestran que la paridad entre varones y mujeres impulsa el crecimiento de las economías y el desarrollo sostenible. Y por ello existe desde hace varios años una preocupación mundial por incrementar la participación plena y efectiva de las mujeres y, hoy en día, todas las iniciativas de responsabilidad social empresaria incluyen metas para la promoción de esta igualdad de oportunidades.
Fue uno de los ocho Objetivos del Milenio de Naciones Unidas, y ahora también se encuentra entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Estudios realizados por el Foro Económico Mundial señalan que, sin políticas activas que enfrenten estas desigualdades y dejando la respuesta únicamente en manos del mercado, la brecha salarial tardaría unos 64 años en cerrarse en Latinoamérica. Dato que parece alentador al lado de los 580 años que se demoraría en Medio Oriente y el norte de Ãfrica, pero mayor a los 47 años que le demandarían a Europa occidental.
Otro de los aspectos pendientes es el acceso de las mujeres a los cargos más altos de las empresas.
Se calcula que solo 9% de los CEO de las empresas del mundo son mujeres. Pero en Argentina ese número se reduce a tan sólo el 2% o el 3%, según cifras de la CEPAL. La Argentina es el país con menor representación femenina en los directorios empresarios de toda la región. Países como Uruguay o Colombia tienen una representación femenina diez veces superior a la nuestra.
E incluso cuando la mujer llega a los puestos de alta gerencia, ganan también 10% menos en promedio que los varones.
Es difícil encontrar empresas que implementen políticas activas que confronten ese “techo de cristal”, la norma no escrita que impide que la mujer acceda a los cargos de conducción en las empresas, o que eliminen la brecha salarial. Pero hace pocos días más de 450 directores ejecutivos, líderes gubernamentales y expertos en género, trabajo y desarrollo de 25 países se reunieron en Chile para comprometerse a impulsar los roles de las mujeres en las empresas, con la convicción de que las alianzas público- privadas son fundamentales para reducir estas desigualdades.
En nuestro país y en el mundo, leyes como el cupo de género en la representación política, han demostrado resultados muy positivos, no sólo por la calidad de la representación parlamentaria, sino también por la mejora en el trabajo legislativo a partir de la pluralidad y diversidad de abordajes y miradas sobre temas que antes estaban ausentes de nuestros debates.
Sin dudas no alcanza con una Ley, pero el abordaje legal sobre la brecha de género será un gran paso para avanzar con la solución a estas inequidades que afectan, no sólo el desarrollo humano de una gran parte de nuestra sociedad, sino que también le pone trabas a nuestro desarrollo económico como Nación.
*Julián D´Angelo es investigador y docente de grado y posgrado en materias del área de administración en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) y en la Diplomatura de Responsabilidad Social de la Universidad CAECE. Es actualmente Coordinador Ejecutivo del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad de Buenos Aires.
