Project 2025: el manual de poder que ordena el segundo gobierno de Trump

El segundo mandato de Donald Trump encontró un terreno preparado. Desde 2022, The Heritage Foundation articuló Project 2025, una iniciativa que combina un playbook de 900 páginas (Mandate for Leadership), una base de datos de cuadros leales y una “academia” para entrenar a futuros funcionarios. El objetivo declarado fue llegar al Día Uno con medidas listas para ampliar la capacidad de dirección presidencial sobre el aparato federal. La secuencia de órdenes ejecutivas, memorandos y designaciones de 2025 replicó, con matices, esa arquitectura previa.

El manual y su promesa

Project 2025 se presenta como un plan de transición. Su núcleo es Mandate for Leadership: The Conservative Promise, un compendio por agencia que ordena prioridades, identifica cuellos de botella regulatorios y propone instrumentos para acelerar decisiones. La novedad no reside solo en la densidad técnica del documento, sino en su pretensión operativa: convertir ideas en instrucciones, con cronogramas y primeros 180 días claramente pautados. En términos programáticos, el plan se apoya en cuatro ejes: “familia” como foco de política social; “soberanía” en fronteras y defensa; “prosperidad” vía desregulación y energía fósil; y “gobierno responsable”, entendido como control político del Ejecutivo sobre las agencias. El hilo conductor es la reinterpretación expansiva del Artículo II de la Constitución (teoría del “ejecutivo unitario”) para alinear burocracia, reguladores y fiscalías con la dirección presidencial. El dispositivo se completa con dos instrumentos de ejecución: una base de talento —un LinkedIn conservador— que filtra perfiles por lealtad y conocimientos específicos, y una Academy que estandariza la capacitación en gestión pública para designados políticos. La ambición es comprensible: reducir la curva de aprendizaje y evitar que la administración quede atada a prácticas y prioridades de carrera antagónicas con el programa electo.

De la teoría a los hechos de 2025

El vínculo entre Project 2025 y los hechos del segundo gobierno de Trump se verifica en tres planos. Primero, en la velocidad: la firma de órdenes ejecutivas en los primeros meses mostró una cadencia inusual, con rescisión de órdenes previas, creación de nuevas unidades en la Oficina Ejecutiva, y lineamientos para reorientar criterios de revisión regulatoria. La Casa Blanca priorizó áreas donde no se requiere ley —estándares técnicos, guías de cumplimiento, reglas de enforcement— y trasladó definiciones sustantivas al nivel político. Segundo, en el alcance: varias medidas buscaron reencuadrar la relación con las agencias independientes. El impulso para ampliar causales de remoción de funcionarios, revisar protecciones del civil service y re-clasificar posiciones técnicas como “de confianza” responde a capítulos específicos del Mandate. La meta es explícita: disminuir la autonomía del “Estado administrativo” y reforzar la rendición de cuentas vertical al Despacho Oval. Tercero, en las prioridades sectoriales: el giro energético hacia hidrocarburos, la revisión de estándares ambientales, la reorientación de políticas de diversidad y la agenda migratoria de mayor enforcement replican el orden de ejecución diseñado por Project 2025. Donde hay límites legales —por ejemplo, reglas estatutarias o fallos de la Corte—, la táctica elegida consiste en derogar guías interpretativas, reabrir procesos de rulemaking y sostener litigios con la expectativa de un terreno judicial hoy más favorable.

Burocracia, regulación y presupuesto

La reorganización del servicio civil es el capítulo más sensible. Project 2025 promueve reinstalar una categoría amplia de empleados “de excepción” para facilitar reemplazos y alinear equipos a objetivos presidenciales. En la práctica, esto significa que miles de posiciones técnicas podrían perder estabilidad y pasar a depender de la confianza política. El argumento a favor es claro: sin conducción jerárquica efectiva, el programa de gobierno se diluye. El riesgo, también: pérdida de conocimiento acumulado, mayor rotación y litigiosidad laboral. En regulación económica, la consigna es simplificar. Se revisan umbrales de análisis costo–beneficio, se limitan estimaciones de “beneficios intangibles” y se acotan las competencias de agencias a lo estrictamente autorizado por el Congreso. En energía y ambiente, se privilegia la seguridad de abastecimiento y la competitividad industrial vía expansión de petróleo y gas, flexibilizando límites a emisiones y aprobaciones ambientales. El giro choca con marcos estatales y con la política climática de socios comerciales; la administración apuesta a contrapesar con beneficios en precios de energía y reducción de costos regulatorios para manufacturas. El plano presupuestario combina continuidad y señales. Sin mayorías legislativas estables, no hay margen para una reforma tributaria estructural. Por eso, la estrategia se concentró en reasignaciones intra-ejecutivas, rescissions acotadas y condicionalidades administrativas sobre programas sociales. La discusión importante se traslada a la negociación presupuestaria anual, donde la Casa Blanca empuja techos de gasto y reformas de elegibilidad, mientras los comités del Congreso fijan límites y tiempos.

Migración, justicia y agencias

La agenda migratoria siguió el orden del Mandate: reforzar el control fronterizo, acelerar procesos de remoción, revisar criterios de asilo y expandir la cooperación con estados. El énfasis recayó en instrumentos administrativos: designaciones de surge operations, reasignación de recursos y directivas de prioritization. Allí donde las cortes dispusieron cautelares, el Ejecutivo ajustó procedimientos y elevó nuevas reglas para cerrar flancos de legalidad. En justicia y seguridad interna, el foco fue de conducción política. Se revisaron memorandos internos que garantizaban autonomía operativa en ciertas áreas de investigación y se redefinieron prioridades de persecución penal. El reencuadre provocó fricciones con equipos de carrera y exfuncionarios; no obstante, la señal para el resto del gabinete —y para reguladores como FTC, FCC o EPA— fue inequívoca: los titulares reportan objetivos y plazos al centro político. Respecto de agencias sociales, la propuesta más disruptiva del Mandate —eliminar el Departamento de Educación— no avanzó por requerir legislación. Sí prosperaron recortes de guías de cumplimiento y revisiones a programas de diversidad y equidad. En salud, el énfasis estuvo en revertir coberturas y definiciones regulatorias heredadas, con un abordaje incremental: primero guías, luego reglas, en paralelo a litigios.

Política, jurisprudencia y economía real

El diseño de Project 2025 supone una condición: que la presidencia concentre iniciativa y que el andamiaje judicial acepte la expansión de discrecionalidad ejecutiva. La coyuntura de 2025 —con una Corte inclinada a acotar la “deferencia” a agencias— favorece esa lectura. Aun así, el avance no es lineal. Hay frenos: leyes que exigen notice and comment y análisis de impacto, cortes que protegen ámbitos estatales o seccionales, y costos políticos de medidas impopulares. En la economía real, el efecto es heterogéneo. Sectores intensivos en energía —química, acero, refinación— se benefician de menores costos y certeza regulatoria de corto plazo. Exportadores enfrentan riesgos si los socios imponen ajustes de carbono o retorsiones. En empleo público, la incertidumbre sobre estabilidad puede afectar reclutamiento y retención de perfiles técnicos. En servicios financieros y tech, la Casa Blanca combinó desregulación selectiva con mayor escrutinio a plataformas y big tech en contenidos y competencia, un campo donde conservadores y progresistas convergen por razones distintas. El tipo de cambio institucional también tiene precios. A mayores facultades ejecutivas, mayor volatilidad ante cambios de administración: cada ciclo electoral reabre reglas y prioridades. Project 2025 asume ese costo a cambio de efectividad programática. La pregunta de fondo —propia de la teoría constitucional y de la economía política— es cuánto de esa variación están dispuestos a convalidar inversores, estados y tribunales.

Qué mirar hacia adelante

Para una audiencia de negocios, tres tableros importan. Primero, gobernanza regulatoria: cuánto avancen las reclasificaciones de personal y cuánto perduren las nuevas guías determinará la capacidad del Ejecutivo de sostener su agenda más allá de los plazos judiciales. Segundo, energía y clima: la flexibilización ambiental mejora costos hoy, pero puede encarecer acceso a mercados mañana si se consolidan aranceles de carbono. Tercero, federalismo: estados grandes —California, Nueva York, Texas, Florida— continuarán marcando diferencias de estándar que fragmentan el compliance corporativo. El balance provisorio es claro: Project 2025 no es un documento de biblioteca; funciona como protocolo operativo. La Casa Blanca de 2025 privilegiará instrumentos ejecutivos y una lectura maximalista de la autoridad presidencial para imprimir velocidad. El Congreso y las cortes definirán el techo de esa expansión. En ese triángulo —presidencia, legislativo, judicatura— se dirime la efectividad del plan y el grado de certidumbre para la inversión. En 1981, Heritage entregó a Ronald Reagan un Mandate que ordenó prioridades y aceleró decisiones. Cuatro décadas más tarde, Project 2025 buscó repetir la fórmula en un entorno más polarizado y con un ecosistema regulatorio más complejo. Su relación con los hechos del segundo gobierno de Trump no es casual: fue diseñado para ese momento político. La administración hizo suyo el método —velocidad, centralización, litigio estratégico— y avanzó en los frentes donde el margen legal era mayor. Resta observar cuánto de esa arquitectura se consolida como política de Estado y cuánto se desanda en el próximo ciclo. Para empresas y mercados, esa es la variable que más cuenta.