domingo, 22 de diciembre de 2024

Para entender el presupuesto

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Es un instrumento central que cumple tres funciones: asigna bienes públicos a la ciudadanía, redistribuye los ingresos y define las prioridades de gasto. Dado que los recursos provienen de la sociedad, todos los individuos tienen el derecho a exigir que el dinero público se recaude y se gaste de forma transparente y de acuerdo con las necesidades de la población.

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<p><br />
Por Laura Malajovich (*)</p>
<p>&nbsp;<img alt="" src="http://www.mercado.com.ar/mercado/ro/imagenes/foto_nota_1087_4_1.jpg" /></p>
<p>Por primera vez desde la crisis de finales de 2001, la consideraci&oacute;n y aprobaci&oacute;n de la ley de presupuesto por el Congreso, no es un mero tr&aacute;mite. La discusi&oacute;n se centra en torno al estado de emergencia, las facultades extraordinarias, junto con la discusi&oacute;n sobre el alcance y la distribuci&oacute;n de algunos impuestos.<br />
Esta actitud de los legisladores que coincide ahora m&aacute;s con sus obligaciones es at&iacute;pica si se mira al reciente contexto, y da cuenta de la dimensi&oacute;n del cambio pol&iacute;tico que se ha operado en el pa&iacute;s durante este a&ntilde;o. Sin embargo, para la inmensa mayor&iacute;a de los ciudadanos, los vericuetos presupuestarios siguen siendo un galimat&iacute;as. Es conveniente que todos los argentinos sepan qu&eacute; es lo que se debate cada vez que se discute el presupuesto.<br />
Para explicar qu&eacute; es el &ldquo;presupuesto&rdquo; podemos compararlo con las finanzas de un individuo o de una familia. La posesi&oacute;n de dinero es una de las principales condiciones para poder satisfacer nuestras necesidades materiales y, dado que el dinero usualmente es limitado, es necesario ajustarlas a nuestras disponibilidades financieras. As&iacute;, lo m&aacute;s ordenado es elaborar una proyecci&oacute;n de los ingresos que se obtendr&aacute;n durante un per&iacute;odo determinado y los gastos que ser&aacute; posible hacer con ellos. En otras palabras, elaborar un presupuesto. <br />
El Estado, como cualquier individuo, debe considerar sus ingresos y egresos financieros y, consecuentemente, planificar:<br />
&bull; Los ingresos: cu&aacute;nto dinero recaudar&aacute; y c&oacute;mo lo har&aacute;.<br />
&bull; Los egresos o gastos: cu&aacute;nto dinero gastar&aacute; y en qu&eacute;.<br />
La diferencia m&aacute;s importante entre el presupuesto de una familia y el presupuesto p&uacute;blico radica en que &eacute;ste se financia con recursos de los ciudadanos, y su ejecuci&oacute;n (el gasto) afecta a todos los habitantes. Hay numerosos servicios (como, por ejemplo, la seguridad, la justicia o la promoci&oacute;n social) provistos por distintos niveles de gobierno que son esenciales para la vida en com&uacute;n y para el normal desarrollo de los individuos y la sociedad en su conjunto. <br />
El presupuesto p&uacute;blico entonces puede entenderse como un reflejo de las prioridades y pol&iacute;ticas del Gobierno. Sin embargo, el presupuesto nacional es s&oacute;lo una parte &ndash;aunque muy importante&ndash; del total del gasto p&uacute;blico del pa&iacute;s. La Argentina es un pa&iacute;s federal, con un sistema impositivo relativamente centralizado y con una estructura de gasto p&uacute;blico descentralizada. Por lo tanto, el proceso presupuestario nacional representa s&oacute;lo una fracci&oacute;n del total del gasto p&uacute;blico.</p>
<p><img alt="" src="http://www.mercado.com.ar/mercado/ro/imagenes/foto_nota_1087_4_2.gif" /><br />
<br />
Tal como se observa en el gr&aacute;fico 1, el sector p&uacute;blico argentino comprende el sector p&uacute;blico nacional, el sector p&uacute;blico provincial y el sector p&uacute;blico municipal. A su vez, el sector p&uacute;blico nacional incluye a la administraci&oacute;n nacional, a las empresas p&uacute;blicas (EP) y a los fondos fiduciarios (FF) nacionales. De acuerdo con lo estipulado por la Ley de Administraci&oacute;n Financiera, la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso nacional s&oacute;lo abarca a la administraci&oacute;n nacional, dado que las EP y los FF se manejan con regulaciones diferentes. <br />
Algo que s&oacute;lo puede parecer una simple distinci&oacute;n de nombres, implica una diferencia importante en los montos y responsabilidades involucradas. Cada nivel de gobierno tiene competencias diferentes sobre el gasto p&uacute;blico. Por ejemplo, luego de la descentralizaci&oacute;n de los servicios de educaci&oacute;n y salud, la mayor parte del gasto en estas &aacute;reas se encuentra a cargo de las provincias. <br />
En t&eacute;rminos de monto, la distinci&oacute;n es tambi&eacute;n importante. Mientras que el gasto previsto en 2008 para el conjunto del Sector P&uacute;blico argentino fue de $194.263,2 millones, las erogaciones incluidas en el presupuesto de la administraci&oacute;n nacional ascend&iacute;an a $86.518,3 millones. El gr&aacute;fico 2 ilustra estas diferencias.</p>
<p><img alt="" src="http://www.mercado.com.ar/mercado/ro/imagenes/foto_nota_1087_4_3.gif" /><br />
<br />
El presupuesto p&uacute;blico tiene una influencia muchas veces subestimada en la vida cotidiana de los ciudadanos dado que cumple tres funciones centrales: asigna bienes p&uacute;blicos a la ciudadan&iacute;a, redistribuye los ingresos y define las prioridades de gasto. Dado que los recursos provienen de la sociedad, todos los individuos tienen el derecho a exigir que el dinero p&uacute;blico se recaude y se gaste de forma transparente y de acuerdo con las necesidades de la poblaci&oacute;n. <br />
Para lograr ese objetivo, es necesario analizar c&oacute;mo se elabora y se ejecuta realmente el presupuesto. Sin embargo, una caracter&iacute;stica de los presupuestos de todos los niveles de gobierno es que, en general, su dise&ntilde;o y el lenguaje utilizado s&oacute;lo permiten que sean comprendidos por un escaso grupo de t&eacute;cnicos y especialistas. De esta manera, las decisiones p&uacute;blicas quedan reducidas a una peque&ntilde;a esfera del Estado y no reflejan de manera directa las necesidades y preferencias de la poblaci&oacute;n. Estos factores afectan la transparencia del proceso presupuestario y dificultan que la sociedad se interiorice acerca de las decisiones presupuestarias que le conciernen. Debido a esta complejidad, el derecho de los ciudadanos de conocer la asignaci&oacute;n de los recursos y de demandar una distribuci&oacute;n que garantice el cumplimiento de los derechos sociales, econ&oacute;micos y culturales, se ve seriamente limitado.</p>
<p><strong>&iquest;C&oacute;mo funciona el proceso?1</strong><br />
El proceso presupuestario en la Argentina se compone de cuatro etapas que involucran diversas actividades, negociaciones y actores. La primera consiste en la formulaci&oacute;n por parte del Poder Ejecutivo del proyecto de ley de presupuesto; la segunda se trata del debate y posterior aprobaci&oacute;n del proyecto por parte del Congreso; la tercera es la implementaci&oacute;n; y la cuarta, la evaluaci&oacute;n y control. En el gr&aacute;fico 3 se muestra un esquema simple de las diferentes etapas.</p>
<p><img alt="" src="http://www.mercado.com.ar/mercado/ro/imagenes/foto_nota_1087_4_4.gif" /><br />
<br />
Como todo proceso pol&iacute;tico, existe una parte formal y otra informal, con muchas diferencias entre una y otra. La Constituci&oacute;n nacional y la Ley de Administraci&oacute;n Financiera, entre otras normas, otorgan al Poder Legislativo (PL) un rol clave en las diferentes etapas presupuestarias. Sin embargo, en la pr&aacute;ctica, el Congreso desempe&ntilde;a un papel bastante m&aacute;s d&eacute;bil que el asignado por la legislaci&oacute;n. <br />
De acuerdo con el proceso formal, el Poder Ejecutivo (PE) debe remitir al Congreso Nacional antes del 15 de septiembre de cada a&ntilde;o el proyecto de ley de presupuesto del a&ntilde;o siguiente. Los legisladores deben entonces estudiarlo e introducir las modificaciones que consideren necesarias, para luego proceder a su aprobaci&oacute;n. Sin embargo, lejos de jugar un rol central en el an&aacute;lisis y la discusi&oacute;n de la propuesta, el Poder Legislativo suele limitarse a realizar s&oacute;lo cambios marginales en las partidas que afectan a las respectivas provincias de los legisladores.<br />
Una vez que el presupuesto comienza a implementarse, la Ley de Administraci&oacute;n Financiera establece que el Poder Ejecutivo puede realizar ciertos cambios en las partidas presupuestarias, pero deja reservadas al Congreso Nacional ciertas responsabilidades, como las modificaciones que afectan el monto total del presupuesto, el endeudamiento previsto y la distribuci&oacute;n de los recursos entre las diferentes finalidades. La Ley de Responsabilidad Fiscal sancionada en agosto de 2004 tambi&eacute;n impone l&iacute;mites a las modificaciones presupuestarias. Sin embargo, es habitual que el Poder Ejecutivo se vea exento de todas estas restricciones y en la pr&aacute;ctica realice modificaciones al presupuesto sin la intervenci&oacute;n parlamentaria correspondiente. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo ha modificado unilateralmente el presupuesto por medio de decretos en diversas ocasiones utilizando los llamados &ldquo;superpoderes&rdquo;, aun luego de su aprobaci&oacute;n por parte del Congreso. <br />
Finalmente, varios actores que no son mencionados en el proceso formal desempe&ntilde;an un rol relevante en la pr&aacute;ctica. Esto incluye a los gobernadores, a los lobbies &ndash;tanto provenientes de adentro como de afuera del Gobierno&ndash; y a las instituciones financieras internacionales.</p>
<p><strong>Creaci&oacute;n de fondos especiales</strong><br />
Desde el punto de vista presupuestario, el Sector P&uacute;blico Nacional (SPN) se compone de la administraci&oacute;n nacional, las empresas p&uacute;blicas, los fondos fiduciarios y otras entidades. El Congreso s&oacute;lo aprueba el presupuesto de la administraci&oacute;n nacional, mientras que los otros dos componentes se encuentran excluidos del proceso presupuestario formal descripto en las secciones anteriores. <br />
Los fondos fiduciarios y otras entidades que no pertenecen a la Administraci&oacute;n nacional son organizaciones con autarqu&iacute;a financiera, entidad legal y activos propios, en las que el Estado es el due&ntilde;o mayoritario o tiene el control de las decisiones claves. Estas entidades pueden formular sus propios presupuestos, pero deben remitirlos a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) para su evaluaci&oacute;n. La ONP elabora un informe respecto a la consistencia entre el presupuesto y las pol&iacute;ticas, planes y estrategias del Gobierno. Los presupuestos de estas entidades son aprobados por el Poder Ejecutivo sin la intervenci&oacute;n del Congreso.<br />
Este a&ntilde;o existen 15 fondos fiduciarios y seis entidades incluidas en el presupuesto del SPN pero no en la Administraci&oacute;n nacional. Adicionalmente, hay 13 agencias (adem&aacute;s de las universidades nacionales2) por fuera del presupuesto del SPN. El gasto consolidado proyectado para los fondos fiduciarios en 2008 es de $6.170 millones, de los cuales cerca de $4.000 millones corresponden al Fondo Fiduciario para el Sistema de Infraestructura y Transporte. <br />
Las entidades p&uacute;blicas tienen un presupuesto que alcanza $6.940 millones y el presupuesto agregado de otras entidades no incluidas en el presupuesto del SPN es de $4.593 millones (excluyendo las universidades nacionales). La suma de estos montos representa 20% del presupuesto de la administraci&oacute;n nacional (PAN), como se muestra en el cuadro 1.</p>
<p><img alt="" src="http://www.mercado.com.ar/mercado/ro/imagenes/foto_nota_1087_4_5.gif" /><br />
<br />
El fondo fiduciario con mayor presupuesto en 2008 es el Fondo Fiduciario para el Sistema de Infraestructura y Transporte &ndash;FFSIT&ndash; (con $3997 millones) y luego el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial &ndash;FFDP&ndash; (con $1350 millones). Le sigue el Fondo Fiduciario de Infraestructura H&iacute;drica &ndash;FIH&ndash; (con $613 millones). Estos tres fondos representan 97% del total del gasto de los fondos fiduciarios.<br />
Las entidades que consolidan en el SPN pero que se encuentran por fuera del presupuesto de la administraci&oacute;n nacional (PAN) son la Administraci&oacute;n Nacional de Ingresos P&uacute;blicos (AFIP), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP), el Instituto Nacional de la Yerba Mate y la Unidad Especial de Yacyret&aacute;. <br />
Por su parte, las entidades y fondos que no consolidan en el SPN son, entre otras, el Fondo Especial de Tabaco, las universidades nacionales y el Fondo Solidario de Redistribuci&oacute;n. El primero fue excluido por ley en el a&ntilde;o 2001, como resultado de la crisis. El Gobierno nacional hab&iacute;a demorado las transferencias a las provincias por una ca&iacute;da en la recaudaci&oacute;n, por lo que los productores realizaron protestas y los gobernadores presionaron al Congreso para que sancionara una ley que resguardara estos fondos de demoras y ajustes. As&iacute;, el fondo pas&oacute; a financiarse con un impuesto especial a los cigarrillos, que se transfiere directamente a las provincias. <br />
De este modo, tal como se mencion&oacute; anteriormente, el presupuesto de la administraci&oacute;n nacional no comprende la totalidad del gasto p&uacute;blico argentino. M&aacute;s all&aacute; del gasto provincial y municipal &ndash;cuyos presupuestos se aprueban en sus respectivas legislaturas y concejos deliberantes&ndash; en la escala nacional, los presupuestos de los fondos fiduciarios y otras entidades se encuentran sujetos a la aprobaci&oacute;n del Poder Ejecutivo y no del Congreso Nacional. <br />
<br />
<strong>Aspectos centrales del presupuesto 2009<br />
Crecimiento de la econom&iacute;a</strong><br />
Como se muestra en el cuadro 2, en los &uacute;ltimos a&ntilde;os se han registrado diferencias notorias entre los supuestos plasmados en el presupuesto acerca del comportamiento del Producto Bruto Interno (PBI) y lo finalmente observado. En el a&ntilde;o 2002, se supuso una ca&iacute;da real del PBI inferior a la efectivamente registrada. Por su parte, en los a&ntilde;os de 2003 a 2007, tambi&eacute;n se subestim&oacute; la variaci&oacute;n del PBI, aunque en sentido contrario: en ese caso se supuso una pauta de crecimiento inferior a la posteriormente registrada. Para el a&ntilde;o 2008, volvi&oacute; a presupuestarse un crecimiento de la econom&iacute;a de 4% y las expectativas del sector privado a tres meses de cerrar el a&ntilde;o son de un incremento del producto superior a 7%, con lo que nuevamente se habr&iacute;a subestimado el crecimiento. <br />
Para 2009, la estimaci&oacute;n de crecimiento es nuevamente de 4%, mientras que las fuentes privadas ya calculan un aumento del producto cercano a 5,4%. El efecto de esta subestimaci&oacute;n en las finanzas p&uacute;blicas es dejar gran cantidad de recursos libres que luego pueden ser reasignados de manera discrecional por el Poder Ejecutivo y sin pasar por el Congreso.</p>
<p><img alt="" src="http://www.mercado.com.ar/mercado/ro/imagenes/foto_nota_1087_4_6.gif" /></p>
<p><strong>Inflaci&oacute;n </strong><br />
Las proyecciones sobre el aumento de precios tampoco han sido acertadas, si se las compara con la inflaci&oacute;n finalmente verificada en cada per&iacute;odo. En el a&ntilde;o 2004, se esperaba un incremento de los precios minoristas de 10,5%, mientras que la inflaci&oacute;n observada se ubic&oacute; en torno a 6,1%. Si bien esto podr&iacute;a haber conducido a una sobrestimaci&oacute;n de la recaudaci&oacute;n, como el crecimiento del PBI fue notablemente mayor al proyectado, los recursos efectivamente recaudados resultaron superiores a los estimados.<br />
Para el a&ntilde;o 2009, se prev&eacute; una inflaci&oacute;n de 10,1%. Sin embargo, las expectativas de inflaci&oacute;n de los mercados son superiores a las del Estado (las expectativas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central en realidad buscan acertar el dato oficial final). <br />
Desde la intervenci&oacute;n de los &iacute;ndices de precios en el Indec, el dato oficial ha perdido relevancia a la hora de estimar el efecto que la inflaci&oacute;n puede tener tanto sobre los ingresos como sobre los gastos p&uacute;blicos. Claramente, la percepci&oacute;n de la inflaci&oacute;n en los primeros ocho meses del a&ntilde;o 2008 ha sido considerablemente superior a los &iacute;ndices oficiales presentados mensualmente. Es por ello que, pese a que a fines de a&ntilde;o se tenga un incremento de los precios similar al presupuestado, la realidad muestra nuevamente una clara subestimaci&oacute;n. <br />
Las proyecciones del REM indican que al mes de septiembre el sector privado estima una inflaci&oacute;n cercana a 9,8% para todo el a&ntilde;o. Pero debe tenerse en cuenta que est&aacute; dado el incentivo para aproximarse a los valores oficiales, ya que el REM premia la coincidencia con el dato que se publica oficialmente. <br />
La inflaci&oacute;n estimada por consultoras del sector privado dan incrementos de los precios al consumidor cercanos a 20% para todo 2008 En este contexto &ndash;y junto con el mayor crecimiento esperado de la actividad econ&oacute;mica con relaci&oacute;n al proyectado en el presupuesto&ndash;, la recaudaci&oacute;n impositiva ser&iacute;a superior a la estimada en 2008 y, de seguirse un esquema igual, para 2009. Adem&aacute;s, la mayor inflaci&oacute;n ejerce una presi&oacute;n ascendente en determinados rubros del gasto, por lo cual el efecto no es tan claro como en el caso de la subestimaci&oacute;n del crecimiento de la econom&iacute;a.</p>
<p>1- Esta secci&oacute;n se basa en el trabajo &ldquo;&iquest;Qui&eacute;n decide sobre el gasto p&uacute;blico? Un an&aacute;lisis sobre la econom&iacute;a pol&iacute;tica del proceso presupuestario: el caso de Argentina&rdquo;, de Abuelafia, E., Berensztein, S., Braun, M., y Di Gresia, L.<br />
2- Los recursos transferidos por el Gobierno nacional a las universidades nacionales se encuentran incluidos en el presupuesto, pero los presupuestos de estas instituciones no est&aacute;n sujetos a las mismas regulaciones que el presupuesto nacional.</p>
<p>(*) Laura Malajovich es coordinadora del Programa de Pol&iacute;tica Fiscal de CIPPEC (Centro de Implementaci&oacute;n de Pol&iacute;ticas P&uacute;blicas para la Equidad y el Crecimiento) y del proyecto Lupa Fiscal, que desde 2000 monitorea el presupuesto nacional. La autora es licenciada en Econom&iacute;a, Universidad Torcuato Di Tella y <em>M&aacute;ster</em> en Desarrollo Social, University College London, Reino Unido.<script type="text/javascript"><!–
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