El programa económico conducido por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar buscó cambiar reglas de funcionamiento y precios clave de la economía. El objetivo declarado combinó estabilización y transformación: reducir la inflación, disciplinar el mercado interno y reorientar la asignación de recursos hacia sectores “competitivos”, con una apertura externa más intensa y un sistema financiero desregulado.
El plan no fue una medida aislada, sino un conjunto de decisiones que se retroalimentaron. Tres instrumentos concentraron la apuesta: apertura comercial, reforma financiera y un régimen cambiario que, desde 1978, tomó la forma de la “tablita”, un cronograma preanunciado de devaluaciones.
La apertura como política de precios
La apertura comercial se implementó como un mecanismo para alterar precios relativos. Con menos protección arancelaria y mayor competencia importada, la industria local enfrentó un doble impacto: menor capacidad para trasladar costos a precios y presión directa sobre márgenes. Para el equipo económico, ese shock debía acelerar eficiencia y limitar conductas “inflacionarias” asociadas a mercados cerrados.
En la práctica, el abaratamiento de importaciones operó como ancla parcial sobre algunos precios, pero también debilitó la estructura productiva de sectores sensibles a la competencia externa, en un contexto de financiamiento caro y volatilidad macro.
La apertura, además, dependía de un factor decisivo: el tipo de cambio real. Ese concepto refiere a la relación entre precios internos y externos, corregida por el tipo de cambio nominal. Si el tipo de cambio real se aprecia (el peso “se fortalece” en términos de poder de compra), importar resulta relativamente más barato y exportar, más difícil.
La reforma financiera y el cambio de incentivos
El segundo pilar fue la reforma financiera. La liberalización de tasas de interés y la ampliación de la intermediación privada buscaban profundizar el mercado de capitales y canalizar ahorro hacia inversión. El Estado se corrió de la asignación directa del crédito y se amplió el rol de los bancos en un marco de menor regulación prudencial.
Ese cambio modificó incentivos. Con tasas elevadas —en un contexto de inflación que no cedía con rapidez—, se expandieron estrategias de colocación financiera y endeudamiento, en detrimento de decisiones productivas de largo plazo. El crédito se volvió más caro y más sensible a expectativas.
El sistema, además, quedó más expuesto a un problema típico de liberalizaciones rápidas: el descalce de plazos y monedas. Bancos y empresas tomaban deuda de corto plazo o en moneda extranjera mientras invertían o prestaban a plazos más largos y en pesos. En escenarios estables, ese esquema se sostiene. Cuando cambian tasas o expectativas, el riesgo se concentra.
La “tablita”: desinflación por tipo de cambio
A partir de 1978, la política cambiaria adoptó un instrumento central: la “tablita”. Consistía en publicar con anticipación un sendero de devaluaciones mensuales decrecientes. La lógica era simple: si el mercado conocía la trayectoria futura del dólar, las expectativas de inflación bajarían y la dinámica de precios se acomodaría a esa referencia.
Ese tipo de esquema suele producir un efecto previsible cuando la inflación doméstica es más alta que la tasa de devaluación anunciada: el tipo de cambio real se aprecia. En términos llanos, el dólar “sube menos” que los precios internos. La economía gana una sensación de orden nominal, pero acumula tensión externa.
La apreciación real favoreció importaciones y abarató viajes y consumo de bienes transables. Al mismo tiempo, encareció en dólares los costos internos y redujo competitividad exportadora. El saldo externo comenzó a depender más del financiamiento que del comercio.
Endeudamiento y fragilidad: el costo de sostener el esquema
Con apertura y apreciación real, la cuenta externa se volvió más vulnerable. La economía necesitaba dólares para sostener el nivel de actividad y, en particular, para respaldar el funcionamiento del sistema financiero. Ese flujo de divisas llegó, en buena medida, por endeudamiento externo y por el ingreso de capitales de corto plazo atraídos por tasas internas.
El resultado fue una expansión del apalancamiento. Empresas y agentes económicos se endeudaron en moneda extranjera o a tasas variables, con la expectativa de que el régimen cambiario preanunciado mantendría acotado el riesgo de salto devaluatorio. Esa expectativa, mientras duró, ordenó decisiones.
Pero el programa quedaba atado a una condición exigente: sostener credibilidad del sendero cambiario y acceso a financiamiento. Cuando cualquiera de esas dos piezas se debilitaba, el ajuste tendía a concentrarse en el dólar, en tasas o en actividad.
La crisis bancaria de 1980: el punto de quiebre
El momento crítico llegó con la crisis bancaria que se inició en 1980 y se extendió hasta 1982. El sistema financiero, ya expandido y con incentivos a tomar riesgo, enfrentó problemas de solvencia y liquidez. Las quiebras y la necesidad de asistencia oficial marcaron un quiebre del programa.
En términos económicos, la crisis bancaria fue más que un episodio sectorial. Fue una señal de que el esquema había acumulado desequilibrios: tasas altas, descalces de moneda, crédito frágil y expectativas que empezaban a cambiar. La asistencia al sistema implicó costos y obligó a redefinir prioridades.
La dinámica típica en estos casos se repite: ante el estrés financiero, sube la preferencia por liquidez, cae el crédito y se contrae la actividad. Si, además, el tipo de cambio estaba “atrasado” en términos reales, la corrección cambiaria se vuelve más probable y, con ella, el daño sobre deudores en moneda extranjera.
Deudas indexadas y transmisión del shock
En paralelo, se expandieron mecanismos de indexación de deudas que amplificaron el impacto del giro. La indexación consiste en ajustar el capital adeudado por una variable financiera —tasa o índice—, trasladando al deudor la volatilidad. En un contexto de tasas elevadas, esa estructura se transforma en un multiplicador de crisis: la deuda crece aun cuando la actividad cae.
Para hogares y empresas, ese mecanismo implicó una presión financiera que aceleró quiebras, reestructuraciones y conflictos. La economía real recibió el shock del ajuste por dos vías: costo del crédito y deterioro del empleo.
El saldo del programa: desinflación incompleta y recesión
El plan de Martínez de Hoz no logró una baja sostenida de la inflación acorde con la ambición inicial. Sí produjo una reorganización de precios relativos y una transformación del sistema financiero, pero el costo macro se volvió evidente al final del ciclo: crisis bancaria, recesión y mayor fragilidad externa.
En perspectiva, la secuencia puede resumirse en un mecanismo conocido de la macroeconomía argentina: utilizar el tipo de cambio como herramienta de desinflación en un entorno de inflación alta tiende a generar apreciación real. Esa apreciación mejora algunos precios en el corto plazo, pero erosiona la cuenta externa. Si el financiamiento no es estable y el sistema financiero está expuesto, el ajuste suele llegar por el canal más sensible: una crisis de crédito y una corrección cambiaria.
El programa dejó, además, un legado institucional. La reforma financiera de ese período marcó el funcionamiento del sistema durante décadas. Y la experiencia de apertura con atraso cambiario quedó como antecedente de un dilema recurrente: estabilizar precios sin resolver la restricción externa suele implicar una estabilidad transitoria, con salida costosa.
