Si bien el presente resulta complejo en materia económica, las medidas tomadas desde el gobierno y la agenda para el sector permiten proyectar perspectivas alentadoras para el desarrollo del sector que en la última década invirtió US$ 6.800 millones.
De acuerdo al informe especial sobre el comportamiento del sector de energías renovables del país titulado “Desarrollo de Energías Renovables en Argentina”, elaborado por KPMG Argentina, factores externos y la crisis económica y financiera ocurrida en 2018 impactaron en las iniciativas destinadas a la expansión del sistema de transmisión o de transporte eléctrico que es fundamental para alcanzar un despacho eficiente de la energía eléctrica generada.
“Si bien las condiciones no resultan las ideales, la relevancia de estos proyectos llevó a que el gobierno decidiera relanzar la licitación para la construcción de la línea de extra alta tensión entre las estaciones transformadoras de Río Diamante (Mendoza) y Coronel Charlone (Buenos Aires), que es la iniciativa más onerosa dentro de la carpeta de obras destinada al sector energético y que permitiría, al menos en parte, mejorar la infraestructura eléctrica local en el corto plazo”, señala el estudio.
Otra consecuencia de la crisis es que sus efectos “desalentaron la inversión y llevó a la suspensión del programa de inversión de infraestructura más ambicioso de los últimos años (Participación Pública Privada / PPP) que, en un contexto de reducción del presupuesto público destinado al gasto de capital, buscaba ser la solución para reducir el actual déficit en esta materia y continuar con el desarrollo de la obra pública.
Si bien este suceso no afectó de manera directa al programa de inversiones en EE.RR (RenovAr), que lleva dos rondas de licitaciones y alrededor de US$ 7.000 millones en inversiones (o 4.600 MW de potencia total a añadirse), sí impactó de lleno en las iniciativas destinadas a la expansión del sistema de transmisión o transporte eléctrico, que resulta fundamental para alcanzar un despacho eficiente de la energía eléctrica generada”, agrega.
A pesar de estos obstáculos, el informe destaca como positivo que el programa RenovAr ha permitido que las energías renovables contribuyan con un 4% de la potencia total instalada en 2018 (~1.460 MW) con un importante incremento de la participación en el sistema de las energías solar y eólica. La cifra del 4% a pesar de ubicarse por debajo de la meta estipulada por la Ley N° 27.191 para el añopasado (la norma estipula alcanzar el 8% de participación para fines del 2018, el 12% en 2019 y el 20% en 2025), conforma un resultado alentador y un cambio de tendencia que debería poder sostenerse a futuro. Para ello en el gobierno se estarían buscando formatos alternativos al esquema PPP con el objetivo de captar nuevos actores y llevar adelante las obras de mejora y expansión del sistema de distribución de energía eléctrica, lo que habilitaría la continuidad del programa RenovAr en el mediano plazo (con una cuarta ronda, que el gobierno confirmó para fines de 2019 y podría ser parte de esta nueva estrategia o mecanismo para el desarrollo y mejora de las redes de transmisión) y colocaría los niveles de inversión y potencia renovable instalada en una senda de convergencia con los valores estipulados en el marco legal.
El estudio analiza la evolución del sector en los últimos años destacando el interés de los inversores en el programa RenovAr. “Mientras en la primera ronda del programa se lograron adjudicar 29 proyectos, que buscan añadir a la potencia total instalada unos 1.142 MW, en las dos rondas siguientes (1.5 y 2) la cantidad de proyectos adjudicados creció a 118 (+3.324 MW), superando incluso las expectativas oficiales.
En total, la cantidad de iniciativas destinadas a generar energía limpia surgidas del programa RenovAr hasta la última ronda efectuada (2017) llegó a 126, por un monto que rozaría, en el escenario de plena realización, los 4.600 MW de potencia adicional. En la actualidad, la cantidad de instalaciones en operación asciende a 30 (11 eólicos, 10 fotovoltaicos, 5 de biogás, 3 de biomasa y 1 hidroeléctrico), en tanto que aún existen 96 proyectos en construcción, de los cuales se estima que entre 60 y 70 entrarán en el circuito comercial durante 2019″, se explica.
El informe señala los beneficios que aportan las EE.RR. en términos sociales y de bienestar, entre los cuales destaca la posibilidad de ofrecer energía a zonas no conectadas al sistema de distribución eléctrica o en donde la red no es confiable y requiere de sistemas de respaldo. “Las EE.RR son determinantes como medio para alcanzar una significativa reducción de las emisiones de carbono ligadas al crecimiento económico.
Asimismo, la variedad de fuentes a partir de las cuales puede generarse energía limpia, permite una mayor descentralización del sistema habilitando la competencia entre las fuentes de generación y el alcance de precios más competitivos. En efecto, este objetivo ha quedado plasmado de manera explícita en la reciente Ley N° 27.424 de Generación Distribuida (GD), norma que ya cuenta con la aprobación del CNA y a la cual solo resta su reglamentación.
Como se comentó previamente, la GD, además de propiciar las condiciones necesarias para la descentralización de la generación de energía, habilitará a productores de pequeña (usuarios particulares) y gran escala (actores industriales) a consumir energía autogenerada y distribuir el excedente a la red, fomentando de esta manera un cambio de paradigma que beneficiará económica y socialmente al sistema, con precios más competitivos y menores emisiones de carbono, por ejemplo”, concluye.-
