El ahorro fiscal de Milei descansa en la poda de subsidios

El gobierno de Javier Milei ha hecho de la disciplina fiscal su bandera. La promesa de alcanzar el déficit cero se tradujo, más que en un crecimiento de ingresos, en una reducción drástica del gasto público. Entre los componentes de esa poda, los subsidios energéticos y al transporte fueron los principales contribuyentes al equilibrio de las cuentas nacionales.

El Informe de Tarifas y Subsidios N.º 31 del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), correspondiente a octubre de 2025, cuantifica la magnitud del ajuste. Los subsidios reales se redujeron 56% interanual, impulsados por una caída del 52% en energía y del 69% en transporte. En términos nominales, el gasto acumulado en subsidios fue de $ 4,5 billones, frente a los $ 7,1 billones del mismo período del año anterior.

El informe subraya que la reducción de subsidios explica el 42% del superávit primario acumulado hasta septiembre. Es decir, casi la mitad del ahorro fiscal proviene del recorte de transferencias a las empresas públicas de energía y transporte. El otro 58% se reparte entre la licuación del gasto corriente y la postergación de pagos a proveedores del Estado.

El ajuste no fue parejo. En energía, el 86% de las transferencias correspondió a CAMMESA y ENARSA, las dos grandes administradoras del sistema eléctrico y gasífero. En el caso de CAMMESA, las transferencias se redujeron 39% en términos reales; en ENARSA, la caída llegó al 70%. Este desplome se explica por la suspensión de importaciones de gas desde Bolivia, la baja del precio internacional del GNL y el reemplazo por gas local transportado por el Gasoducto Presidente Perito Moreno, símbolo de la nueva etapa de autoabastecimiento.

El Plan Gas.Ar, que incentiva la producción local, también sufrió una contracción: −57% nominal y −67% real. El Estado, señala el IIEP, acumula deudas con productores locales, lo que traslada parte del ajuste al sector privado.

En transporte, el panorama es aún más severo. Sin desembolsos nacionales desde febrero —tras la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior—, las transferencias se redujeron 69% en términos reales. En el AMBA, la tarifa mínima de colectivo asciende a $ 451, mientras que en el interior alcanza en promedio $ 1.279, configurando una brecha que agrava las tensiones entre jurisdicciones.

Aun con los aumentos, el sistema sigue lejos de su equilibrio económico. El costo técnico del boleto de colectivo en el AMBA se estima en $ 1.665, un 48% superior al valor regulado. Ese desfasaje se cubre con subsidios nacionales o provinciales, aunque cada vez más erosionados.

En paralelo, el informe muestra que la canasta de servicios públicos del AMBA —que incluye energía eléctrica, gas natural, agua y transporte— ascendió a $ 170.412 mensuales en octubre. El valor cayó 1,9% respecto de septiembre por razones estacionales, pero es 26% superior al de octubre de 2024. Desde diciembre de 2023, la canasta aumentó 514%, muy por encima del 171% de inflación general acumulada, lo que refleja una recomposición paulatina de tarifas hacia niveles más realistas.

Pese a esa corrección, los hogares aún pagan sólo la mitad del costo total: la cobertura tarifaria promedio es del 50%. El resto lo financia el Estado. En el caso de la energía eléctrica, los usuarios de mayores ingresos (nivel 1) cubren 80% del costo; los de ingresos medios (nivel 3), 39%; y los de menores ingresos (nivel 2), apenas 27%. En gas natural, la cobertura es 74%, 24% y 19% respectivamente.

El informe revela además que la factura de energía eléctrica promedio del país es de $ 66.874 para hogares N1, $ 47.868 para N3 y $ 41.097 para N2, mientras que la factura de gas alcanza $ 38.951, $ 30.143 y $ 27.773 según el nivel de ingresos. En conjunto, los servicios públicos representan el 10,7% del salario promedio registrado, proporción que, aunque alta, es menor a la de años anteriores.

El gobierno exhibe estos números como prueba del éxito de su “sinceramiento”. Pero detrás del equilibrio fiscal asoma un dilema político: cuánto más puede resistir el ingreso medio sin una recuperación del salario real. En octubre, el peso de las facturas energéticas sobre el salario fue de 4,4% para los hogares N1, 3,3% para los N3 y 2,9% para los N2; sin embargo, si se mide sobre el ingreso mínimo de cada grupo, la proporción trepa a 7,4% en los hogares de bajos ingresos.

La contracción del gasto en subsidios ha contribuido a la estabilización de las cuentas públicas y a la desaceleración de la inflación, pero también ha reconfigurado el mapa social y territorial del país. El transporte del interior, desprovisto de asistencia nacional, se ha vuelto el más caro de la región; la energía, aún subsidiada, comienza a reflejar su costo real; y las facturas, aunque más altas, todavía están por debajo —en términos reales— de las de 2019.

El desafío para el gobierno es político tanto como económico: sostener el equilibrio fiscal sin agotar el capital social de la población que soporta el ajuste. Si el superávit depende en un 42% de la reducción de subsidios, la consolidación fiscal no será duradera sin una recomposición sostenida de ingresos y productividad. En la aritmética del ajuste, lo que Milei ahorra en subsidios, la sociedad lo paga en tarifas.