La imposición a la franja más pudiente suma respaldo social en Uruguay

El debate sobre la imposición a los sectores de mayores ingresos se reactiva en Uruguay, con fuerte respaldo social. La iniciativa del PIT‑CNT, rechazada por el Ministerio de Economía, no es un caso aislado: forma parte de una serie de propuestas fiscales similares que han emergido en América Latina en la última década, con objetivos redistributivos y de financiamiento extraordinario.

Propuesta del PIT-CNT y rechazo oficial

La central sindical uruguaya propuso un tributo específico al 1 % más rico, con destino exclusivo a programas de erradicación de la pobreza infantil. Anunciada el 1.º de mayo, la iniciativa fue acompañada por la conformación de una comisión técnica para estudiar su viabilidad. El gobierno, a través del subsecretario de Economía, Gabriel Oddone, la desestimó por considerarla “altamente inconveniente” y potencialmente perjudicial para la economía.

Opinión pública dividida

La encuesta realizada entre el 8 y el 12 de agosto por la Usina de Percepción Ciudadana, y difundida por la diaria, muestra que el 51 % de los uruguayos apoyaría un impuesto extraordinario sobre los sectores de mayor patrimonio. El respaldo es mayor entre votantes del Frente Amplio (77 %) y cae abruptamente en la base de la coalición de gobierno (29 %).

Además, el 56 % de los encuestados considera que la desigualdad económica en Uruguay es elevada o muy elevada. En contraste, el 63 % coincide con la afirmación de que “aumentar impuestos es perjudicial para la economía”, revelando una tensión entre principios redistributivos y temores a efectos contractivos.

Precedentes regionales

Argentina: Aporte Solidario Extraordinario (2020)

Durante la pandemia de COVID‑19, Argentina aprobó un impuesto extraordinario conocido como Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. La ley gravó de manera única a personas físicas con patrimonios superiores a $200 millones, con alícuotas progresivas de hasta el 3,5 %. Según datos de la AFIP, se recaudaron cerca de $247.000 millones (aproximadamente US$ 1.500 millones), destinados a programas sanitarios, productivos y educativos.

Pese al objetivo puntual, la medida recibió cuestionamientos sobre su carácter excepcional y su impacto reputacional en la inversión privada. Algunos sectores del oficialismo impulsaron su continuidad como un gravamen recurrente, sin éxito parlamentario.

Colombia: reforma tributaria de Gustavo Petro (2022)

La administración del presidente Gustavo Petro promovió una reforma estructural que incluyó aumentos impositivos para personas con ingresos mensuales superiores a 10 millones de pesos colombianos (aproximadamente US$ 2.500) y para empresas del sector extractivo. La reforma fue presentada como un esfuerzo para financiar programas sociales y cerrar brechas de desigualdad.

Pese a los cuestionamientos del sector empresarial, el Congreso colombiano aprobó una versión atenuada de la reforma, que se aplicó a partir de 2023. Las metas de recaudación no se cumplieron plenamente, pero el gobierno defendió el carácter progresivo del esquema.

Chile: reforma tributaria fallida (2023)

En marzo de 2023, el Congreso chileno rechazó el proyecto de reforma tributaria presentado por el presidente Gabriel Boric. El plan incluía un impuesto a los altos patrimonios y medidas contra la evasión. Su objetivo era ampliar la recaudación en 3,6 puntos del PIB en un período de cuatro años.

La negativa parlamentaria puso en evidencia las dificultades para avanzar en reformas redistributivas sin amplios consensos políticos. Posteriormente, el gobierno anunció que reestructuraría el proyecto y buscaría nuevos acuerdos legislativos.

Tensiones comunes: redistribución versus clima de negocios

Las iniciativas regionales comparten un diagnóstico: la concentración del ingreso y la escasa presión fiscal sobre los sectores de mayores ingresos impiden desarrollar políticas sociales sostenibles. Sin embargo, también enfrentan objeciones recurrentes: riesgo de fuga de capitales, desincentivos a la inversión privada y cuestionamientos a la seguridad jurídica.

En Uruguay, el rechazo del Poder Ejecutivo refleja una visión alineada con esta segunda perspectiva. La economía uruguaya, fuertemente orientada al agro y los servicios, muestra históricamente una estructura tributaria con predominio de impuestos indirectos. La presión fiscal total ronda el 27 % del PIB, inferior al promedio de la OCDE (34 %).

La propuesta del PIT‑CNT se inscribe en un debate que atraviesa América Latina: cómo financiar políticas sociales sin afectar el dinamismo económico ni espantar la inversión. Aunque los antecedentes muestran caminos divergentes, la presión ciudadana para revisar los criterios de equidad fiscal crece, incluso en contextos de estabilidad relativa como el uruguayo. La magnitud simbólica de una contribución al 1 % más rico excede lo recaudatorio: revela una disputa más profunda sobre el contrato social y el papel del Estado en la distribución del ingreso.