Informe regional registró 611 casos de criminalización del aborto en seis países

La iniciativa regional Salud Sin Miedos presentó el informe *Por una Salud Sin Miedos*, una investigación que analiza 611 casos de criminalización del aborto ocurridos entre 2012 y 2023 en Brasil, Chile, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay. El trabajo ubica esos expedientes dentro de un universo de 10.848 mujeres, niñas y adolescentes criminalizadas en esos seis países, y sostiene que la persecución penal se asocia a vulneraciones de derechos humanos.

El estudio aplica una metodología comparada y estandarizada, y propone el concepto de “ruta de la criminalización del aborto” para describir el pasaje desde la búsqueda de atención médica hasta la apertura de investigaciones y procesos penales. En ese recorrido, el informe señala que el ingreso al sistema de salud puede convertirse en el inicio de la persecución, que luego se extiende al sistema de justicia.

Uno de los principales hallazgos refiere al rol de los hospitales como puerta de entrada a la criminalización. En más de la mitad de los casos en los que se pudo identificar el origen de la denuncia, esta provino de personal sanitario cuando las personas acudieron a hospitales en busca de atención médica. El informe plantea que ese punto de partida incide en la relación con el sistema de salud y en la posibilidad de acceder a atención sin temor a consecuencias penales.

El documento también describe irregularidades en el funcionamiento de la justicia. En los 611 casos analizados, se registraron violaciones al debido proceso: falta de acceso oportuno a representación legal, interrogatorios sin defensa presente y procesos basados en pruebas obtenidas mediante violaciones a la confidencialidad médica, lo que además afecta la garantía contra la autoincriminación. “La judicialización de mujeres por aborto no ocurre en el vacío: es el resultado de procesos marcados por violaciones a las garantías mínimas”, dijo Selene Soto Rodríguez, asesora legal senior de Ríos.

En la caracterización del fenómeno, el informe concluye que la criminalización del aborto opera como una política discriminatoria basada en estereotipos de género. En expedientes judiciales revisados, las mujeres fueron descritas como “frías”, “calculadoras” o incluso “asesinas”, en un marco que refuerza estereotipos vinculados a roles tradicionales de maternidad y cuidado.

Otro eje del relevamiento se concentra en la transparencia estatal y el acceso a la información pública. A partir de 314 solicitudes de acceso a la información enviadas a 154 entidades estatales en los seis países analizados, el informe identificó ausencia de datos desagregados y actualizados, inconsistencias entre cifras oficiales y omisiones sobre el perfil de las personas criminalizadas.

Como propuesta, el informe plantea una hoja de ruta que incluye eliminar o reducir el uso del derecho penal en materia de aborto; garantizar la confidencialidad médica y eliminar obligaciones de denuncia del personal sanitario; asegurar defensa adecuada y debido proceso; tomar medidas para eliminar estereotipos de género en los sistemas de justicia; prevenir y sancionar la violencia obstétrica e institucional; adoptar políticas con perspectiva de género e interseccional; y fortalecer la producción de información pública y desagregada. “Este informe demuestra que la criminalización del aborto es una práctica estatal que pone vidas en riesgo”, dijo Ximena Casas Isaza, coordinadora de la iniciativa Salud Sin Miedos.