La pandemia por COVID-19 amplió las limitaciones de acceso a métodos anticonceptivos en América Latina y abrió una brecha que podría retrasar hasta 30 años el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculado con la planificación familiar, con horizonte 2030. En el marco del Día Mundial de la Salud, que se conmemora el 7 de abril, especialistas plantearon la necesidad de fortalecer la prevención y garantizar un acceso equitativo a la anticoncepción como parte de la atención primaria.
Datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señalan que, durante la crisis sanitaria, el porcentaje de mujeres con limitaciones en el acceso a anticonceptivos en la región creció de 11% a 17%. Esa variación se traduce en un retroceso para alcanzar el ODS 3.7, planteado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que proyectaba llegar a “cero necesidades insatisfechas de planificación familiar” rumbo a 2030.
El mismo relevamiento estima que 39 millones de mujeres se ven afectadas como consecuencia de la brecha en anticoncepción asociada a la limitación de los servicios de salud durante la pandemia. Antes de ese período, la región mostraba avances sostenidos en el uso de anticonceptivos modernos. Sin embargo, la interrupción de servicios por saturación, el desabasto de insumos y la caída en los ingresos de los hogares provocaron que entre 12 y 20 millones de mujeres dejaran de utilizar métodos anticonceptivos durante la crisis sanitaria.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostuvo que el uso de métodos anticonceptivos modernos varía de manera significativa entre países y repercute especialmente en poblaciones vulnerables, como adolescentes, mujeres indígenas, afrodescendientes y aquellas que viven en situación de pobreza o en zonas rurales. En esos grupos, las tasas de fecundidad resultan de tres a cinco veces superiores a los promedios nacionales, con consecuencias más adversas sobre la salud.
En ese contexto, se enumeraron métodos anticonceptivos modernos como el implante subdérmico de una varilla, los anticonceptivos orales, los dispositivos intrauterinos (DIU), los inyectables y los métodos de barrera como el preservativo. La planificación familiar fue presentada, además, como un factor que permite a las mujeres invertir en educación y mejorar su situación económica.
“El uso de anticonceptivos modernos ha sido clave para reducir la mortalidad materna, espaciar los embarazos y fortalecer la autonomía de las mujeres”, dijo la Dra. Catalina Calvo, especialista en Asuntos Científicos y Médicos para Organon Latinoamérica.
Cifras del Atlas de Políticas de Anticoncepción en América Latina y el Caribe mostraron que la cobertura efectiva de programas públicos de anticoncepción es variable: por debajo del 30% en Haití y Santa Lucía, y por encima del 70% en Chile (76%), Argentina (80%) y México (93%). La OPS también señaló que, aun con políticas públicas, muchas mujeres no acceden de manera equitativa y sostenida a métodos adecuados, y que alrededor de la mitad de las usuarias los adquiere de su propio bolsillo, lo que introduce una barrera económica.
“El acceso a servicios de salud esenciales está directamente relacionado con la posibilidad de acceder a anticonceptivos”, dijo Julio Conejero, director general de Organon Latinoamérica.
