La forma de bajarlas no es como anunció el presidente, según advierte el último informe de la consultora IDESA. Hasta el año 2020, en la Argentina el impuesto a las ganancias de las empresas era de 30% al que se acumulaba 5% de imposición sobre los dividendos de los accionistas.
Esto significa que la presión tributaria total sobre el capital era de 35%. A partir del 2021, la parte del impuesto que pagan las empresas bajó a 25%, mientras que la parte de los accionistas subió a 10%. Esta reforma, impulsada por el anterior gobierno, buscaba aumentar los incentivos a invertir las utilidades manteniendo la presión impositiva sobre el capital en 35%.
Ahora se propone subir el impuesto a las ganancias de las empresas a 35% y reducir el impuesto a los dividendos al 5%. Esto hace que la presión impositiva total sobre el capital aumente al 40%. El cambio, además, reduce los incentivos a la reinversión de utilidades ya que aumenta la presión impositiva sobre las empresas.
Analistas y asesores de empresas afirman, con vehemencia, que este aumento del impuesto al capital espantará aún más las ya pocas intenciones de las empresas de invertir en la Argentina.
Una evaluación objetiva se puede trazar comparando la presión tributaria en los países desarrollados, tanto la aplicada al capital (impuesto a las ganancias) como al trabajo (contribuciones patronales), con la de Argentina. Según datos de la OECD se observa que:
- La alícuota promedio del impuesto a las ganancias de las empresas en países desarrollados es el 23%, mientras que en Argentina será del 35%.
- La alícuota promedio del impuesto a los dividendos en países desarrollados es de 18%, mientras que en Argentina será del 5%.
- En los países avanzados la alícuota promedio de contribuciones patronales es de 16%, mientras que en Argentina es del 28%.
Estos datos muestran tres cosas importantes. Primero, el nivel de presión impositiva total sobre el capital que aplicará la Argentina, luego que se apruebe la reforma, no es muy diferente al que registran los países avanzados.
Segundo, en los países avanzados se estila gravar con más énfasis a los dividendos que a las ganancias de las empresas para incentivar la reinversión de utilidades. Tercero, que la principal distorsión no se da con el impuesto sobre el capital sino sobre el trabajo. Las contribuciones patronales en la Argentina son sustancialmente más altas que en los países desarrollados.
Estos rasgos de la política tributaria hay –recuerda IDESA- que contextualizarlos en el severo problema de empleo que sufre la Argentina. Desde principios del 2018, cuando comienza el ciclo recesivo, a la actualidad se perdieron 500 mil empleos asalariados registrados en empresas privadas (300 mil con la crisis cambiaria, 200 mil con la pandemia). La mediana del salario formal a diciembre del 2020 fue de $54 mil que es el mismo monto que, según el INDEC, una familia tipo necesita para no ser pobre. Esto implica que la mitad de los salarios no son suficientes para sacar de la pobreza a una familia tipo.
El anuncio del presidente de la Nación de reducir las contribuciones patronales para las provincias del norte argentino es consistente con la evidencia. De todas formas, es una muy buena intención que se reduce a mera cosmética. Se dispuso que las contribuciones patronales en esas provincias se reduzcan sólo para los empleadores que aumenten la dotación, con un cronograma de reducción de 70% el primer año de contratación, 45% el segundo y 20% el tercero (con 10 puntos porcentuales adicionales para mujeres). Dada la complejidad y lo limitado del esquema propuesto, su intrascendencia está garantizada.
Para revertir el proceso de decadencia se necesitan medidas más estructurales. El programa de reducción de contribuciones patronales debería ser mucho más audaz aplicando mínimos no imponibles a la masa salarial de todas las empresas. De esta forma, se focaliza el beneficio en los emprendimientos más pequeños. Desde el punto de vista de atraer inversiones, más importante que bajar el impuesto a las ganancias es poner atención a la infraestructura dura (energía y comunicaciones) y blanda (buenas regulaciones en el mercado laboral y de productos, y una justicia eficiente e independiente).
