Parece que finalmente el pueblo norteamericano, que desde sus inicios fue ligero para desenfundar, está ejerciendo presión sobre la industria y la política para endurecer la legislación sobre portación de armas.
Remington Outdoor solicitó en Delaware la protección del Capítulo 11, una medida que le permite mantenerse en el negocio mientras reestructura su enorme deuda, de US$ 950 millones. Cuando en febrero anunció su decisión aclaró que seguirá fabricando armas y que la producción no se verá alterada por el concurso de acreedores.
Sin embargo, el proceso no le resultará fácil en medio del clima hostil que se generó en el país luego de los ataques masivos en los colegios del país.
Fundada en 1816, Remington es uno de los fabricantes de armas más antiguos y más famosos del mundo. Es propiedad de Cerberus Capital Management, que proyecta ceder la propiedad una vez terminado el concurso.
Cerberus viene intentando sin éxito vender la propiedad después de que un rifle Remington Bushmaster fuera usado para matar a 26 personas, 20 de las cuales eran niños en la masacre en la escuela de Sandy Hook en 2012.
Las ventas cayeron un tercio el año pasado luego de la elección de Donald Trump para la presidencia del país cuando miles de ciudadanos, especialmente jóvenes, salieron a las calles para realizar la protesta más grande en la historia contra la venta indiscriminada de armas. Los políticos soportan grandes presiones para que actúen y el sector empresarial también comienza a reaccionar. Citigroup implementó la semana pasada una serie de medidas que incluyen el bloqueo de la venta de armas de fuego a menores de 21 años.
