El cuarteto aplicó incorrectamente ciertas normas y omitió consignar datos de varias auditorías. Pero la JSA se ha limitado, hasta el momento, a filtrar determinados informes de inspección, no textos completos elevados a la Comisión Federal de Valores (Securities & Exchange Commission, SEC), de la cual depende.
Por ejemplo, Deloitte & Touche (el mayor del país en ingresos), obligó a ocho clientes a revisar balances a raíz de esas inspecciones. PricewaterhouseCoopers,, Ernst & Young (líder global) y KPMG tuvieron que hacer lo mismo.
“Esto no depara mensajes tranquilizadores para inversores y accionistas”, sostiene Lynn Turner, contadora jefe de la SEC en 1998/2001. Similares opiniones emitieron dos vocales de la entidad y otros profesionales. Pero bancas de inversión y firmas de valores han optado por el silencio.
El Congreso creó la JSA en 2002, como parte de los mecanismos fundados en la ley Sarbanes-Oxley de transparencia contable. A su vez, ésta respondía a la serie de irregularidades, fraudes, saqueos y escándalos iniciada con Enron en diciembre de 2001. El sistema estableció inspecciones en lugar del viejo sistema de “revisiones entre pares”, donde las firmas se controlaban entre sí y, por supuesto, raramente descubrían delitos.
A criterio de medios especializados, las recientes revelaciones son sólo el segundo capítulo de una divulgación más amplia, pero aun así insuficiente. El primero, un día antes, atañe a KPMG y sus fórmulas para que clientes adinerados eludan impuestos (ver “Negocios”). Pero la JSA no es tan diáfana como esperaban los legisladores pues, al divulgar las primeras inspecciones, se apresuró a aclarar que “ninguno de estos problemas afectó utilidades ni causó pérdidas importantes a accionistas”.
No obstante, los informes incluyen extensas referencias a exigencias de auditoría y contabilidad no satisfechas por los estudios. Desde irregularidades de documentación hasta balances indescifrables. Pero hará falta por lo menos un año para que el público pueda enterarse, vía la junta, de pecados mayores. “Se ignora cuántas transgresiones no se hicieron públicas por decisión parlamentaria. Pero –afirma Turner- todo deberá salir a luz, de una forma u otra”.
El cuarteto aplicó incorrectamente ciertas normas y omitió consignar datos de varias auditorías. Pero la JSA se ha limitado, hasta el momento, a filtrar determinados informes de inspección, no textos completos elevados a la Comisión Federal de Valores (Securities & Exchange Commission, SEC), de la cual depende.
Por ejemplo, Deloitte & Touche (el mayor del país en ingresos), obligó a ocho clientes a revisar balances a raíz de esas inspecciones. PricewaterhouseCoopers,, Ernst & Young (líder global) y KPMG tuvieron que hacer lo mismo.
“Esto no depara mensajes tranquilizadores para inversores y accionistas”, sostiene Lynn Turner, contadora jefe de la SEC en 1998/2001. Similares opiniones emitieron dos vocales de la entidad y otros profesionales. Pero bancas de inversión y firmas de valores han optado por el silencio.
El Congreso creó la JSA en 2002, como parte de los mecanismos fundados en la ley Sarbanes-Oxley de transparencia contable. A su vez, ésta respondía a la serie de irregularidades, fraudes, saqueos y escándalos iniciada con Enron en diciembre de 2001. El sistema estableció inspecciones en lugar del viejo sistema de “revisiones entre pares”, donde las firmas se controlaban entre sí y, por supuesto, raramente descubrían delitos.
A criterio de medios especializados, las recientes revelaciones son sólo el segundo capítulo de una divulgación más amplia, pero aun así insuficiente. El primero, un día antes, atañe a KPMG y sus fórmulas para que clientes adinerados eludan impuestos (ver “Negocios”). Pero la JSA no es tan diáfana como esperaban los legisladores pues, al divulgar las primeras inspecciones, se apresuró a aclarar que “ninguno de estos problemas afectó utilidades ni causó pérdidas importantes a accionistas”.
No obstante, los informes incluyen extensas referencias a exigencias de auditoría y contabilidad no satisfechas por los estudios. Desde irregularidades de documentación hasta balances indescifrables. Pero hará falta por lo menos un año para que el público pueda enterarse, vía la junta, de pecados mayores. “Se ignora cuántas transgresiones no se hicieron públicas por decisión parlamentaria. Pero –afirma Turner- todo deberá salir a luz, de una forma u otra”.
