Una cantidad de organismos federales, incluido el Departamento de Justicia, investigan la violación de datos que dejó expuesta la información personal de 143 millones de norteamericanos. Se sumaron por lo menos cuatro comisiones de gobierno a la horda oficial dispuesta a despellejar al CEO Richard Smith cuando testifique en Capital Hill el mes que viene.
Pero son los funcionarios estaduales los que probablemente ejerzan el impacto inmediato más evidente. Desde que Equifax reconoció el cíber ataque, los fiscales generales de 44 estados se le fueron encima obligándola a dejar de cobrar por monitoreo de crédito y exigiéndole montañas de información sobre su respuesta al ataque. Uno de ellos ya presentó una demanda civil que exige castigo monetario y cesión de ganancias.
La veloz ofensiva legal es una demostración del poder que pueden ejercer los funcionarios legales en los 50 estados para hacer frente a delitos empresariales. Haciendo uso de su autoridad para hacer cumplir leyes estaduales que prohíben prácticas empresariales engañosas o delictivas, los fiscales generales pueden imponer multas monetarias, restitución financiera a los consumidores y acuerdos amplios para enmendar la conducta del sector.
A nivel nacional Equifax está sometida a una serie de investigaciones serias que podrían resultar en cargos criminales o enormes castigos financieros. El fiscal de Atlanta, donde Equifax tiene su oficina central ya abrió una investigación criminal sobre el hecho. La Federal Trade Commission confirmó que ya está investigando y es prácticamente segura la participación de la SEC (Securities and Exchange Commission)
