Google y la difícil implementación del derecho al olvido

Google nombró, en mayo del año pasado, un comité formado por ocho expertos independientes para que le asesore sobre la difícil implementación de la decisión de la corte de la UE sobre el derecho de las personas a que se olvide determinada información. El grupo está compuesto por académicos que aclaran que no se les paga más que los gastos y que no han firmado ningún contrato ni tampoco ningún acuerdo de confidencialidad con la compañía.

El texto original de la orden sobre “derecho al olvido” exigía a los motores de búsqueda retirar información personal a menos que se la considerara de interés público. Hasta ahora Google solo aplicó el principio en sus dominios europeos. Las búsquedas que se hacen a través de Google.com, aunque se realicen en Europa, siguen mostrando resultados que se han retirado. Hay que aclarar que el material no se retira de Internet, simplemente los motores lo sacan de las listas para que no aparezcan en los resultados.

En su informe de 44 páginas publicado hoy, la mayoría del panel respalda la posición de Google. Dicen que los usuarios fuera de Europa tienen derecho a buscar información y que las restricciones a conseguirla pueden violar leyes en otros países. Pero no todos los miembros de la comisión estuvieron de acuerdo. Sabine Leutheusser, ex ministra federal de justicia en Alemania, emitió su opinión en desacuerdo argumentando a favor de una censura más estricta: “La internet es global, la protección de los derechos de los usuarios también debe ser global. Cualquier evasión de esos derechos deberá impedirse”.

Jimmy Wales explicita la visión contraria. Él escribió:

“Me opongo totalmente a una situación legal en la que una empresa comercial es obligada a convertirse en juez de nuestros más fundamentales derechos de expresión y privacidad, sin permitir ningún procedimiento adecuado para apelar a los editores cuyos trabajos se están suprimiendo”.

Wales llega incluso a pedir al Parlamento Europeo que enmiende la ley para “agregar una adecuada supervisión judicial y fortalecer la libertad de expresión”.

El informe será analizado por los funcionarios europeos, pero seguramente no acabarán aquí los choques por la controvertida ley.