Un argumento recurrente de la reforma capitalista que contribuyó a transformar a las multinacionales en activistas sociales y ambientales es que las empresasas están llenando el vacío que dejan gobiernos ineficientes y en retirada que han perdido credibilidad, dice Andrew Edgecliffe-Johnson en el Financial Times.
Según él, en ninguna parte se ve esto con más claridad que en Estados Unidos, donde los empresarios se lamentan desde hace mucho tiempo de la calidad del sistema de la educación pública, del costo de los seguros de salud y de la incapacidad del gobierno para resolver injusticias raciales, entre muchas otras cosas.
La reciente conversión de las empresas norteamericanas al capitalismo de stakeholders, en el que grupos como el de la Business Roundtable se comprometieron a tratar a los empleados, las comunidades y el ambiente como a sus inversores, redefinió la idea que tienen las empresas de sus responsabilidades sociales. Y eso coincidió con el oscurecimiento del entorno político . Por eso cuando la administración Trump se retiró del Acuerdo Climático de París, aparecieron empresas que se comprometieron a cumplir metas para lograr emisiones de cero neto. Como el gobierno republicano no logró mejorar el famoso Obama Care (Affordable Care Act) Amazon, Berkshire Capital y JP Morgan Chase intentaron (aunque finalmente sin éxito) encontrar la manera de abaratar los medicamentos recetados.
Como el debate educativo en Washington descarriló en luchas de diversa índole sin lograr soluciones, la “recapacitación” se puso de moda como concepto entre los empleadores que asumieron como suya la responsabilidad de dar a sus empleeados la capacitación que no obtenían en escuelas ni universidades. Con Joe Biden este panorama está cambiando.
Los grupos empresariales celebran algunas de las medidas del presidente, como el decreto para acelerar la transición a los vehículos eléctricos que las automotrices ya apoyan. Pero les alarma la retórica antimonopólica y la idea de que los impuestos a las empresas financien el gasto de infraestructura.
Según el columnista, esta postura está equivocada. Las empresas deben cambiar la manera de relacionarse con el gobierno. El dinero que gastan en hacer lobby y campañas de contribuciones sirv a sus intereses de corto plazo y ha creado una forma de política que premia la parcialidad, que no soluciona los grandes problemas políticos del país y que deja a las empresas con el costo de llenar los vacíos.
“Por todas partes se ven empresas que ayudan y contribuyen a un sistema que ha retirado todos los elementos de ayuda social”, dice Michael Porter, profesor de la Harvard Business School. “Ahora que cada vez más directorios asumen misiones de carácter social”, dice, “las empresas deben apoyar un plan serio y de largo plazo para crear un sistema político eficaz y funcional.
