Al igual que el ex ministro de Trabajo, Antonio Erman González, ayer trascendió que el defensor del pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, percibe desde 1992 una jubilación de privilegio, superior a los 3.200 pesos, mientras que no dejó de cobrar su sueldo como ombudsman, cercano a los 7.000 pesos. El ex ministro de Justicia de la administración menemista admitió que cobra un haber jubilatorio de 3.278 pesos pero, al igual que Erman, sostuvo que no se trata de un acto de corrupción, ya que lo ampara la ley. Además, adelantó que no piensa renunciar al beneficio. Mientras tanto, desde el Gobierno impulsarán cuatro proyectos en el Congreso con el objetivo de limitar y reducir las jubilaciones de privilegio: el ministro de Trabajo, José Uriburu, propuso la derogación de los regímenes de privilegio futuros, excepto para el Poder Judicial; un nuevo recorte de las jubilaciones superiores a 3.100 pesos -aún no se definieron los porcentajes-; prohibir el cobro conjunto de un sueldo como funcionario y la jubilación al mismo tiempo, y la apertura de un registro para aquellos legisladores y funcionarios que deseen renunciar a la jubilación especial.
Al igual que el ex ministro de Trabajo, Antonio Erman González, ayer trascendió que el defensor del pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, percibe desde 1992 una jubilación de privilegio, superior a los 3.200 pesos, mientras que no dejó de cobrar su sueldo como ombudsman, cercano a los 7.000 pesos. El ex ministro de Justicia de la administración menemista admitió que cobra un haber jubilatorio de 3.278 pesos pero, al igual que Erman, sostuvo que no se trata de un acto de corrupción, ya que lo ampara la ley. Además, adelantó que no piensa renunciar al beneficio. Mientras tanto, desde el Gobierno impulsarán cuatro proyectos en el Congreso con el objetivo de limitar y reducir las jubilaciones de privilegio: el ministro de Trabajo, José Uriburu, propuso la derogación de los regímenes de privilegio futuros, excepto para el Poder Judicial; un nuevo recorte de las jubilaciones superiores a 3.100 pesos -aún no se definieron los porcentajes-; prohibir el cobro conjunto de un sueldo como funcionario y la jubilación al mismo tiempo, y la apertura de un registro para aquellos legisladores y funcionarios que deseen renunciar a la jubilación especial.
