Cumple así con el plazo que fijaba el 30 de abril como última fecha para evitar caer en default técnico, o cesación de pagos por su deuda que asciende a US$ 137.000 millones. Las pérdidas ligadas al escándalo de corrupción ascienden a unos US$ 2.000 millones mientras que las restantes pérdidas (que totalizan unos US$ 8.800 millones en el trimestre) se originaron en sobreprecios, entre otras cosas.
Se trata de la primera divulgación de estados financieros auditados desde el mes de agosto y marca un importante primer paso para recomponer el futuro de la petrolera estatal en los mercados de capitales.
Si el informe sobre ganancias es considerado creíble por los mercados, el paso siguiente será convencer a los inversores de que la compañía tiene un plan para estabilizar el flujo de caja.