Amenazas y extorsión donde la víctima resulta la empresa

Algunas organizaciones criminales suman a sus actividades ilegales la obtención de recursos de empresas y empresarios empleando métodos intimidatorios.

Por

Carmen Jordá Sanz

(*)

Esto es lo que en criminología se llama proceso extorsivo o extorsión mafiosa. La extorsión suele quedar oculta por el efecto intimidatorio que produce sobre las víctimas, que no se atreven a denunciarla. Pero no por ello no existe. Junto a otros compañeros europeos, he participado en un

proyecto de investigación

para la Comisión Europea en el que analizamos este tipo de prácticas y hemos podido determinar que las mismas se concentran en sectores económicos específicos. Hasta la crisis de 2008 los sectores manufacturero y constructor habían sido los más afectados en España por las prácticas extorsivas. Pero el estallido de la burbuja inmobiliaria y su impacto en el sector de la construcción, convirtió a la hostelería en el modelo de negocio más lucrativo. En él, las organizaciones criminales pueden multiplicar por 200 sus beneficios en cuestión de meses. Para que una empresa o sector pueda resultar atractivo para los delincuentes debe tener unas determinadas características. Así, las empresas pequeñas o con un gran movimiento de dinero en efectivo, son más propensas a sufrir la exigencia de pagos por extorsión. Además, un fuerte arraigo local dificulta evitar y rechazar las prácticas extorsivas, al no poder cambiar fácilmente la ubicación de sus negocios. Por otra parte, la participación del negocio en la economía sumergida (mediante contratación o pagos en negro) también facilita la extorsión pues reduce el riesgo de denuncia, lo que permite a las organizaciones criminales mantener su impunidad.

¿Cómo consiguen beneficios?

Las organizaciones dedicadas a la extorsión amenazan a grupos de empresas de sectores y regiones concretas. Esto, con el fin de maximizar el beneficio y abarcar el mayor territorio posible. Para ello, tienden a concentrar las prácticas extorsivas en zonas turísticas, que cuentan con numerosos negocios hosteleros muy lucrativos, o en zonas rurales, donde es más sencillo alcanzar un importante control territorial. Las organizaciones criminales suelen buscar el equilibrio entre la optimización de beneficios, mediante la exigencia de pagos o el compromiso de compraventa de bienes, y el control de gran parte del mercado. Pero sin llegar a un monopolio absoluto que levante sospechas de la policía o atraiga a otros grupos criminales. Lo que buscan es ganar, pero manteniendo un bajo perfil. De hecho, no suelen emplear violencia física sino la intimidación. Por ejemplo, cuando

visitan

los locales para

negociar

pagos periódicos (o la contratación de personal de seguridad o de proveedores de bebidas alcohólicas), acuden acompañados de sujetos de aspecto amenazante como una forma de presionar y reforzar la amenaza. En una primera fase, estos grupos delincuentes se proponen como

inversores

para la renovación del negocio u ofrecen beneficios a los familiares del empresario (por ejemplo, becas de estudios para sus hijos). En una fase posterior acuden con actitudes menos amistosas, advirtiendo de las potenciales consecuencias del rechazo de sus exigencias. A veces pueden llegar a exigir el cierre del negocio con amenazas de muerte.

¿Por qué las víctimas no denuncian?

Los hosteleros españoles que son víctimas de estas prácticas suelen considerar que es más efectivo para la continuidad del negocio no denunciar la extorsión. Solo se atreven a hacerlo cuando no son capaces de afrontar las exigencias de los delincuentes o temen por su integridad física o la de su familia. Se debe tener en cuenta la doble victimización que sufren los amenazados, tanto como empresarios como individuos. Además, las acciones intimidatorias suelen incluir amenazas de boicot y daños al local en caso de negarse a cumplir las obligaciones impuestas. En

La protección penal frente a los procesos extorsivos del crimen organizado en España

(2021) he analizado 31 casos reales de extorsión a empresas ocurridos en España en los últimos años. Además, se proponen medidas que mejoren la protección de las víctimas a partir de las prácticas contra la extorsión aplicadas en Italia, que tiene más experiencia en el tema debido a la presencia histórica de la

mafia

. Las propuestas incluyen medidas de tipo legal con las que limitar las fuentes de financiación de estos grupos criminales:

• La confiscación de bienes previa a la condena de miembros de una organización criminal.
• La introducción de los procesos extorsivos en el ámbito de la delincuencia organizada como parte de la materia de especialización de fiscales y jueces contra la corrupción y el crimen organizado.
• La potenciación de las denuncias a través de la activación de medidas de protección económica cuando esta se interpone ante las autoridades competentes.

Medidas de tipo económico y empresarial que consideran la doble victimización de los empresarios, como pueden ser:

• La protección económica de las empresas que resisten la extorsión del crimen organizado.

– La mejora en la implementación de programas especiales de protección de testigos para las víctimas que testifican contra el crimen organizado. – La reutilización social de activos procedentes de cualquier actividad del crimen organizado. Por último, se proponen medidas de tipo social, entre las que destacan:

• Promover la cultura de la legalidad a través del acercamiento de las fuerzas de seguridad a los entornos empresariales y sociales.
• Desarrollar la resistencia empresarialen bloque como forma efectiva de rechazo al crimen organizado.
• Implicar a la sociedad civil en el apoyo a quienes se nieguen a cumplir las exigencias extorsivas.

De este estudio se desprende la importancia de detectar medidas más efectivas en la lucha contra extorsión y de proteger la integridad física de los empresarios y la continuidad de sus empresas. Consecuentemente, el acercamiento de las instituciones públicas, especialmente las relativas a la seguridad ciudadana, a la sociedad, y especialmente a las víctimas, son clave para el mantenimiento del Estado social y democrático de derecho.

(*) Directora del Departamento de Criminología y Seguridad, Universidad Camilo José Cela.