Seguros, bienes raíces y off shore, canales para lavar fondos
Los bancos centrales incluidos en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico siguen de cerca a las aseguradoras y al off shore. Recientes escándalos indican que son un eslabón débil en la cadena mundial de lavado de fondos.
Desde hace algunos años, por cierto, las autoridades financieras de Estados Unidos, Japón y la Eurozona han apretado las clavijas sobre bancos privados que no escrutan bien a clientes ni sus transacciones. Muchas de ellas son aptas para blanquear todo tipo de fondos a través de complejos mecanismos extraterritoriales creados y perfeccionados desde 1973 por esas mismas entidades. En particular, holandesas, suizas y anglosajonas.
Hoy la atención de los reguladores se dirige al seguro y a los bienes raíces, dos negocios fáciles de aprovechar como filtro para ganancias obtenidas de actividades ilícitas. De hecho, la manipulación de pólizas por parte de firmas como American International Group (AIG, clan Greenberg) apunta en ese sentido. El otro factor que torna más peligroso –y fácil- ese canal es la actividad en plazas “off shore”.
Últimamente, en verdad, “el lavado de dinero ha ido más allá de la banca y se extiende al resto de los servicios financieros. Aseguradoras e inmobiliarias inclusive”, decía Louis Fort, jefe de la Fuerza Financiera de Tareas, que opera desde la sede de la OCDE en París. En este momento, el grupo prepara un exhaustivo informe sobre los nexos entre esas actividades y el lavado, que se difundirá a mediados de junio.
Por supuesto, no existen aún métodos probados para estimar los montos ilícitos que navegan por el sistema financiero del mundo. Pero algunos expertos estiman esa masa en 2 a 3% del producto bruto mundial. Ahora bien, si entrasen en el cálculo las operaciones globales con derivativos (futuros y opciones), por sobre los propios bancos centrales, esa proporción podría llegar fácilmente a 10%. En países chicos, por ejemplo Uruguay, Paraguay o Bahamas, la economía extraterritorial supera de lejos a la local. En Transdñestria –una angosta faja entre Ucrania y Moldavia, sin existencia jurídica pero controlada desde Moscú- es directamente la única economía existente.
La ofensiva de los países centrales contra el lavado y su proyección extraterritorial empieza a preocupar al negocio “off”. En Montevideo –una de plazas más peligrosas, por su gran influencia política local y sus nexos con tráficos ilícitos de toda laya- el tema comienza a inquietar. Particularmente, a gestores, estudios y prestanombres vinculados a Buenos Aires.
Los acontecimientos en Ezeiza son seguidos con interés desde Washington. A criterio de la Casa Blanca, tráficos y actividades ilícitas relacionada con la “triple frontera” tiene su correlato financiero en Montevideo. Ahora, una incipiente campaña de opinión en favor de “la banca offshore como promotora de inversiones” pone en evidencia ciertos intereses creados.
Días atrás, la Inspección General de Justicia restringió notablemente las operaciones de sociedades extraterritoriales en la Capital federal (casi todas, registradas en meras oficinas de Montevideo). De inmediato, algún medio salió a defender la operatoria como canal de inversiones genuinas; exactamente lo que no son en ninguna parte del mundo. Mucho menos en Uruguay, donde no aportan a su deteriorada economía real. Hasta apareció una ignota consultora en bienes raíces –negocio muy proclive al “off shore”- hablando de “inseguridad jurídica”.
Desde hace algunos años, por cierto, las autoridades financieras de Estados Unidos, Japón y la Eurozona han apretado las clavijas sobre bancos privados que no escrutan bien a clientes ni sus transacciones. Muchas de ellas son aptas para blanquear todo tipo de fondos a través de complejos mecanismos extraterritoriales creados y perfeccionados desde 1973 por esas mismas entidades. En particular, holandesas, suizas y anglosajonas.
Hoy la atención de los reguladores se dirige al seguro y a los bienes raíces, dos negocios fáciles de aprovechar como filtro para ganancias obtenidas de actividades ilícitas. De hecho, la manipulación de pólizas por parte de firmas como American International Group (AIG, clan Greenberg) apunta en ese sentido. El otro factor que torna más peligroso –y fácil- ese canal es la actividad en plazas “off shore”.
Últimamente, en verdad, “el lavado de dinero ha ido más allá de la banca y se extiende al resto de los servicios financieros. Aseguradoras e inmobiliarias inclusive”, decía Louis Fort, jefe de la Fuerza Financiera de Tareas, que opera desde la sede de la OCDE en París. En este momento, el grupo prepara un exhaustivo informe sobre los nexos entre esas actividades y el lavado, que se difundirá a mediados de junio.
Por supuesto, no existen aún métodos probados para estimar los montos ilícitos que navegan por el sistema financiero del mundo. Pero algunos expertos estiman esa masa en 2 a 3% del producto bruto mundial. Ahora bien, si entrasen en el cálculo las operaciones globales con derivativos (futuros y opciones), por sobre los propios bancos centrales, esa proporción podría llegar fácilmente a 10%. En países chicos, por ejemplo Uruguay, Paraguay o Bahamas, la economía extraterritorial supera de lejos a la local. En Transdñestria –una angosta faja entre Ucrania y Moldavia, sin existencia jurídica pero controlada desde Moscú- es directamente la única economía existente.
La ofensiva de los países centrales contra el lavado y su proyección extraterritorial empieza a preocupar al negocio “off”. En Montevideo –una de plazas más peligrosas, por su gran influencia política local y sus nexos con tráficos ilícitos de toda laya- el tema comienza a inquietar. Particularmente, a gestores, estudios y prestanombres vinculados a Buenos Aires.
Los acontecimientos en Ezeiza son seguidos con interés desde Washington. A criterio de la Casa Blanca, tráficos y actividades ilícitas relacionada con la “triple frontera” tiene su correlato financiero en Montevideo. Ahora, una incipiente campaña de opinión en favor de “la banca offshore como promotora de inversiones” pone en evidencia ciertos intereses creados.
Días atrás, la Inspección General de Justicia restringió notablemente las operaciones de sociedades extraterritoriales en la Capital federal (casi todas, registradas en meras oficinas de Montevideo). De inmediato, algún medio salió a defender la operatoria como canal de inversiones genuinas; exactamente lo que no son en ninguna parte del mundo. Mucho menos en Uruguay, donde no aportan a su deteriorada economía real. Hasta apareció una ignota consultora en bienes raíces –negocio muy proclive al “off shore”- hablando de “inseguridad jurídica”.
