EE.UU.: trampas tributarias para ricos e ingenuos
Norteamericanos de fortuna pagaron millones a dos de los cuatro mayores estudios contables del mundo, a cambio de mecanismos para eludir tributos. Ahora empiezan las demandas... porque Impuestos Internos reveló que esas ventajas no existían.
Por el momento, los pleitos son un puñado pero, según letrados y
tributaristas, pronto se desatará una ola. En efecto, el Internal Revenue
Service (IRS, la DGI estadounidense) se ha lanzado en pos de maniobras para
no pagar impuestos entre cientos, si no miles de directivos, ejecutivos, empresarios,
deportistas y gente del espectáculo. Esta clientela explica el manto de
silencio que venía cubriendo al negocio
Los estudios demandados son Ernst & Young y KPMG, que ofrecían “refugios
tributarios” -sea plazas “offshore“, sea complejos mecanismos-
para no pagar o pagar apenas una fracción de impuestos sobre altas remuneraciones,
ganancias extraordinarias, dividendos, opciones accionarias, premios, etc,
Ernst& Young les cobraba a algunos clientes hasta un millón de dólares…
sólo para venderles “menúes” sin sustento. Los estudios
y sus firmas jurídicas aliadas ganaron mucho mediante estos planes que,
supuestamente, privarían al fisco de ingresos. Ahora, los litigantes
sostienen que esos expertos debieron haber sabido que los “refugios”
se vendrían abajo al primer soplo del IRS. Por su parte, estudios contables
y legales insisten en que su asesoramiento era correcto y que los clientes eran
prevenidos por escrito acerca de riesgos.
De una forma u otra, los dos principales directivos de la telefónica
Sprint afrontan hoy deudas y multas por más de US$ 100 millones por evasión
tributaria. William T. Esrey y Ronald T. LeMay -despedidos días atrás
como CEO y presidente- les compraron planes a Ernst & Young. La firma les
había asegurado de podrían vender opciones accionarias al contado
con buen margen y estirar el pago de impuestos por hasta 30 años. No
era así y Esrey, investigado por el IRS, podría perder toda su
fortuna. Junto con ella, su prestigio: ninguna empresa tomaría un ejecutivo
tan poco escrupuloso y fácil de engañar.
Las demandas contra KPMG (el mayor estudio del mundo) y Ernst & Young radicadas
en Nueva York, Carolina del Norte y Florida tienen varios elementos en común,
aunque se trate de causas sin relación entre sí. Todas involucran
cuantiosos honorarios, a los clientes no se les permitía buscar consejo
imparcial ni divulgar arreglos. En algunos casos, los “asesores de confianza”
eran banqueros, pero en otros el papel lo cumplía el mismo contador que
preparaba las declaraciones impositivas y luego recomendaba un “menú”
vendido por su propio estudio.
Por ejemplo, tres empresarios que habían vendido un negocio sacando
alto margen le explicaron al juez que William Spitz (KPMG) había asegurado
que el esquema para minimizar pagos de impuestos sobre esas ganancias “era
a prueba de balas y usaba las propias normas del IRS contra los recaudadores
mismos”. También les dijo que no prestaran atención a la
exigencia de registrar ese tipo de esquemas. KPMG, explicaba Spitz, “no
vende refugios sino estrategias de inversión en impuestos”. Obviamente,
eso carecía de sentido, como lo señaló el IRS al rechazarlas
como “trampas sin valor alguno” (la entidad empleó el término
“scam”, derivado irónicamente de “scheme”, esquema,
plan, mecanismo o ardid).
Los estudios demandados y los que eventualmente sigan ese camino tienen la
obligación de defender al cliente si un plan vendido no funciona. Así
lo sostuvo un litigio radicado en Florida, hace seis meses, por Joseph Jacobini,
un empresario. El demandante declaró que KPMG le prohibió buscar
asesoramiento legal independiente y, además, bloqueó sus esfuerzos
para tener acceso a documentos
relativos al plan en cuestión. Hace dos semanas, el juez federal que
entiende en la causa apercibió severamente al estudio por esas tácticas
“abusivas”.
El magistrado, David Baker, reveló que varios clientes de la firma la
acusaban de defraudarlos y que, de todos modos, las investigaciones de la DGI
sobre refugios tributarios eran de dominio público. “KPMG debió
admitir que su papel en estas transacciones fuese examinado sin pretensiones
de secreto o confidencialidad”, afirmó el juez.
En el tribunal federal del distrito Manhattan, cuatro empresarios de Indiana
que habían transferido un negocio ganando US$ 70 millones en 1999 demandaron
a Ernst & Young. La firma les vendió un esquema que el IRS ya había
declarado impropio. Para eludir el pago de US$ 14 millones en impuestos a las
ganancias extraordinarias, los clientes entregaron tres millones. De esta suma,
un tercio a Ernst & Young y el resto a Jenkens & Gilchrist, un estudio
jurídico de Dallas (involucrado en los casos Enron, Dunegy y El Paso)
que tenía derechos de autor por el esquema.
También se abonaron US$ 75.000 a otra firma legal, Sidley Austin Brown
& Wood, por una carta que declaraba jurídicamente viable al esquema.
Pero estos honorarios eran exagerados, pues el documento era simple copia impresa
por una computadora y entregada a otros 47 clientes. La demanda sostiene que
“el estudio contable y las firmas legales obtuvieron hasta US$ 50 millones
de 48 clientes engañados con el mismo sistema”.
El esquema de elusión tributaria vendido a los litigantes de Indiana
se llamaba “Cobra”, “currency options bring reward alternatives”
(“opciones monetarias brindan alternativas redituables”), porque apelaba
a trucos cambiarios para reducir el monto de ganancias imponibles. Pero estos
menúes no se limitan a los muy ricos. En Cincinnati, Ohio, el departamento
de Justicia estadual inició acciones para prohibir una opción
destinada a gente de clase media acomodada, clientes de la aseguradora State
Farm, e inventado por un ejecutivo de la compañía. El gobierno
había perdido no menos de US$ 30 millones en 1999-2000 a raíz
del esquema que -a diferencia de los anteriores- tuvo bastante éxito
como vía para eludir impuestos.
Por el momento, los pleitos son un puñado pero, según letrados y
tributaristas, pronto se desatará una ola. En efecto, el Internal Revenue
Service (IRS, la DGI estadounidense) se ha lanzado en pos de maniobras para
no pagar impuestos entre cientos, si no miles de directivos, ejecutivos, empresarios,
deportistas y gente del espectáculo. Esta clientela explica el manto de
silencio que venía cubriendo al negocio
Los estudios demandados son Ernst & Young y KPMG, que ofrecían “refugios
tributarios” -sea plazas “offshore“, sea complejos mecanismos-
para no pagar o pagar apenas una fracción de impuestos sobre altas remuneraciones,
ganancias extraordinarias, dividendos, opciones accionarias, premios, etc,
Ernst& Young les cobraba a algunos clientes hasta un millón de dólares…
sólo para venderles “menúes” sin sustento. Los estudios
y sus firmas jurídicas aliadas ganaron mucho mediante estos planes que,
supuestamente, privarían al fisco de ingresos. Ahora, los litigantes
sostienen que esos expertos debieron haber sabido que los “refugios”
se vendrían abajo al primer soplo del IRS. Por su parte, estudios contables
y legales insisten en que su asesoramiento era correcto y que los clientes eran
prevenidos por escrito acerca de riesgos.
De una forma u otra, los dos principales directivos de la telefónica
Sprint afrontan hoy deudas y multas por más de US$ 100 millones por evasión
tributaria. William T. Esrey y Ronald T. LeMay -despedidos días atrás
como CEO y presidente- les compraron planes a Ernst & Young. La firma les
había asegurado de podrían vender opciones accionarias al contado
con buen margen y estirar el pago de impuestos por hasta 30 años. No
era así y Esrey, investigado por el IRS, podría perder toda su
fortuna. Junto con ella, su prestigio: ninguna empresa tomaría un ejecutivo
tan poco escrupuloso y fácil de engañar.
Las demandas contra KPMG (el mayor estudio del mundo) y Ernst & Young radicadas
en Nueva York, Carolina del Norte y Florida tienen varios elementos en común,
aunque se trate de causas sin relación entre sí. Todas involucran
cuantiosos honorarios, a los clientes no se les permitía buscar consejo
imparcial ni divulgar arreglos. En algunos casos, los “asesores de confianza”
eran banqueros, pero en otros el papel lo cumplía el mismo contador que
preparaba las declaraciones impositivas y luego recomendaba un “menú”
vendido por su propio estudio.
Por ejemplo, tres empresarios que habían vendido un negocio sacando
alto margen le explicaron al juez que William Spitz (KPMG) había asegurado
que el esquema para minimizar pagos de impuestos sobre esas ganancias “era
a prueba de balas y usaba las propias normas del IRS contra los recaudadores
mismos”. También les dijo que no prestaran atención a la
exigencia de registrar ese tipo de esquemas. KPMG, explicaba Spitz, “no
vende refugios sino estrategias de inversión en impuestos”. Obviamente,
eso carecía de sentido, como lo señaló el IRS al rechazarlas
como “trampas sin valor alguno” (la entidad empleó el término
“scam”, derivado irónicamente de “scheme”, esquema,
plan, mecanismo o ardid).
Los estudios demandados y los que eventualmente sigan ese camino tienen la
obligación de defender al cliente si un plan vendido no funciona. Así
lo sostuvo un litigio radicado en Florida, hace seis meses, por Joseph Jacobini,
un empresario. El demandante declaró que KPMG le prohibió buscar
asesoramiento legal independiente y, además, bloqueó sus esfuerzos
para tener acceso a documentos
relativos al plan en cuestión. Hace dos semanas, el juez federal que
entiende en la causa apercibió severamente al estudio por esas tácticas
“abusivas”.
El magistrado, David Baker, reveló que varios clientes de la firma la
acusaban de defraudarlos y que, de todos modos, las investigaciones de la DGI
sobre refugios tributarios eran de dominio público. “KPMG debió
admitir que su papel en estas transacciones fuese examinado sin pretensiones
de secreto o confidencialidad”, afirmó el juez.
En el tribunal federal del distrito Manhattan, cuatro empresarios de Indiana
que habían transferido un negocio ganando US$ 70 millones en 1999 demandaron
a Ernst & Young. La firma les vendió un esquema que el IRS ya había
declarado impropio. Para eludir el pago de US$ 14 millones en impuestos a las
ganancias extraordinarias, los clientes entregaron tres millones. De esta suma,
un tercio a Ernst & Young y el resto a Jenkens & Gilchrist, un estudio
jurídico de Dallas (involucrado en los casos Enron, Dunegy y El Paso)
que tenía derechos de autor por el esquema.
También se abonaron US$ 75.000 a otra firma legal, Sidley Austin Brown
& Wood, por una carta que declaraba jurídicamente viable al esquema.
Pero estos honorarios eran exagerados, pues el documento era simple copia impresa
por una computadora y entregada a otros 47 clientes. La demanda sostiene que
“el estudio contable y las firmas legales obtuvieron hasta US$ 50 millones
de 48 clientes engañados con el mismo sistema”.
El esquema de elusión tributaria vendido a los litigantes de Indiana
se llamaba “Cobra”, “currency options bring reward alternatives”
(“opciones monetarias brindan alternativas redituables”), porque apelaba
a trucos cambiarios para reducir el monto de ganancias imponibles. Pero estos
menúes no se limitan a los muy ricos. En Cincinnati, Ohio, el departamento
de Justicia estadual inició acciones para prohibir una opción
destinada a gente de clase media acomodada, clientes de la aseguradora State
Farm, e inventado por un ejecutivo de la compañía. El gobierno
había perdido no menos de US$ 30 millones en 1999-2000 a raíz
del esquema que -a diferencia de los anteriores- tuvo bastante éxito
como vía para eludir impuestos.
